Por Osvaldo Nemirovsci *
Es importante que los grandes contenidos pendientes merezcan la atención de los argentinos. Por eso quienes venimos trabajando en la elaboración de una nueva Ley de Radiodifusión observamos que hoy se percibe un tiempo en que se unen una ciudadanía que se acerca al tema y la firme decisión de avanzar en ese sentido que exhibe el gobierno nacional. Una nueva ley es un instrumento ineludible para encarar el diseño público que nos ponga de cara a lo que deben ser las comunicaciones en una sociedad moderna y democrática.
La actual ley es otra vetusta herencia de la dictadura y lleva su impronta doctrinaria autoritaria, que se manifiesta desde la conformación original del órgano de aplicación hasta la regulación de los contenidos. Además, no posee un equilibrio entre derecho y tecnología, no contempla Internet, cable, modulación de frecuencia, satélite, televisión de alta definición y digitalización, y carece de una instancia de defensa del público usuario, no contemplado como parte integrante del mundo comunicacional.
La radiodifusión es mucho más que un espacio de mercado, por lo que el Estado debe garantizar que el modelo comercial no predomine sobre el comunitario o sobre el privado sin fines de lucro. Asimismo, una ley que regule ese vasto espacio debe naturalmente contemplar propuestas de los más variados sectores, como las de la Coalición y sus 21 puntos, la de los empresarios y trabajadores del universo de los medios, las de universidades, cooperativas, movimientos originarios, radios comunitarias, autoridades provinciales, etcétera.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, desde el Congreso prefiguramos un proyecto de ley que contemplaba esos consensos, pero la coyuntura distaba de ser la actual. Estamos seguros de que hoy se pueden incorporar novedosas miradas.
Para elaborar una nueva ley, un tema clave es efectuar una interpretación adecuada desde la filosofía y el derecho administrativo. No se puede plantear el modelo de comunicación desde una óptica exclusivamente liberal, como el de la subsidiariedad del Estado. Los ejes ideológicos tienen que tener anclaje en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural e informativa. Por eso, entre las cuestiones más importantes a regular deben estar la producción regional, el respeto al público usuario, límites a la audiencia potencial en áreas de cobertura primaria, la diversidad informativa y de esparcimiento, el rol de los medios de gestión pública, la accesibilidad regional y social a la información y la concentración de licencias. También es apropiado fijar un concepto de bidireccionalidad que regule los deberes del emisor y los derechos del receptor.
Un avance significativo en materia de libertad de expresión sería el de crear la figura del ombudsman. Su función debería ser la de proteger a los usuarios en esa suerte de contrato virtual que se establece entre ellos y los medios. Inhibido expresamente de actuar sobre los contenidos, el ombudsman debería intervenir, por ejemplo, cuando se incumplen los horarios previstos, cuando se viola el horario de protección al menor o cuando se producen hechos de discriminación.
También debería recuperarse el ejercicio administrador del Estado en el espectro radioeléctrico. No debe perderse de vista que las frecuencias de radiodifusión no son propiedad de ningún titular de licencias, sino un patrimonio de la humanidad y una construcción social del pueblo argentino; el Estado, en algunos casos, las da en uso con modalidad de gestión privada. Como filosofía de la ley, deberían fijarse los modos de gestión de los medios, que la actual ley no contempla. Estos deben ser el público, el privado con fines de lucro y el privado sin fines de lucro. Pero también debe haber lugar para medios de gestión autónoma, como los de las universidades. Se debe reservar espectro para cada uno.
La radiodifusión no es sólo un espacio para hacer negocios: es un modo de vinculación entre la gente y es un ejercicio del derecho humano de la comunicación. Si bien las modificaciones realizadas a la ley de la dictadura resultan insuficientes, cabe resaltar que durante la gestión de Néstor Kirchner se obtuvo un avance fundamental: el Congreso logró la modificación del artículo 45 y abrió así el espectro a sociedades no comerciales y de capitales sociales.
La sanción de una nueva Ley de Radiodifusión es una deuda que se debe saldar. No se trata de dar respuesta a una situación coyuntural, sino de elaborar una norma racional, justa, solidaria y democrática, con la que todos los argentinos puedan hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.
* Ex presidente de la Comisión de Comunicaciones en Diputados.
