El menor de 16 años resultó acusado de matar a un hombre de 77 años, la agobiante tarde del 24 de enero pasado. Pero antes de la acción se detalla la larga lista de desatenciones.Por Alicia Simeoni
Una compleja y perversa cadena de desatenciones, abandonos de los que se denominan estructurales y comprenden todos los aspectos de la vida, modelan a diario a la mayor parte de quienes luego ocupan la franja de menores en conflicto con la ley penal. El que sigue es un relato del devenir de movimientos de R.A.; el chico de 16 años acusado de matar a Antonio Muñoz, un hombre de 77 años que trabajaba en un negocio de Corrientes y La Paz.
Las situaciones de las que R.A. fue protagonista muestran el fracaso o por lo menos la insuficiencia que involucra a muchas personas e instituciones que intervinieron ese fatídico día, el 24 de enero pasado. R.A. está otra vez en el nefasto Instituto de Recuperación del Adolescente Rosario (Irar) sin la atención clínica y psiquiátrica que necesita, aunque no se lo deba abordar sólo con la mirada sanitarista corta que ignora todos sus otros derechos. Los muchos casos como el de R.A son una brasa caliente para el nuevo gobierno provincial que se expidió por el abordaje con la concepción que se trata de sujetos de derecho. Por otra parte el juez de Menores Nº 4 Juan José Carmona puso en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que R.A. necesita urgente atención por su problema de adicción a la droga y salud mental.
El recorrido del joven el 24 de enero, el día en que presuntamente dio muerte a Antonio Muñoz y que explicó con pesar una fuente judicial, dio cuenta de las sucesivas fallas y fracasos institucionales y familiares, una suerte de combinación explosiva que ofrece como resultado violencia y muerte. Ese jueves, alrededor de las 13, madre e hijo habían estado en audiencia con la jueza en turno, María del Carmen Musa. R.A. estaba con un cuadro agudo de diarreas, vómitos y pérdida de equilibrio. Lo revisó una médica forense y le extendió la orden para que fuera al Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" donde fue atendido y se confirmó el cuadro debido a la ingesta de drogas y alcohol. La consulta con la asesora legal del hospital señaló que no era el lugar adecuado para la atención y se consiguió una plaza de internación en el Roque Sáenz Peña. Para ese momento, 14.20 se pidió una ambulancia al SIES que hasta las 16 no había llegado. RA reclamó a su madre que lo llevara a su casa, avisaron y se fueron en taxi a la zona de La Tablada donde viven. R. ni siquiera entró en la casa, se fue rápidamente. Subió a un interno de la línea 107 y bajó en la esquina de Corrientes y La Paz. Así lo relató él mismo. Cruzó la calle y se dirigió al minimarket ubicado en la ochava noreste y le pidió un vaso con agua a Muñoz. Cuando el hombre fue hacia adentro ingresó por un espacio pequeño que permitía la reja baja y cerrada con llave. R.A. dijo que el anciano de 77 años tomó rápidamente un revolver que había en el comercio y le apuntó. De ahí en más forcejearon y el joven llegó hasta un cuchillo del tipo 'Tramontina' que estaba sobre el mostrador. Le causó varias heridas, una de ellas mortal en el cuello que le perforó la carótida. Luego sacó tarjetas del transporte urbano, también telefónicas, dinero, un celular y se llevó el revólver. La declaración que hizo ante el juzgado de Menores en turno en la segunda quincena de enero registra su relato en el que dice que salió por el mismo hueco por el que había entrado, abordó un taxi y se fue hacia La Tablada. Allí comercializó las tarjetas, compró tabletas de Rivotril y cigarrillos de marihuana. Una parte del tejido social también se beneficia, saca ventaja, compra a menos precio la más variada oferta de mercaderías robadas que siempre tienen víctimas, como en este caso fatal. Todo es parte de la economía criminal que se exhibe descarada, protegida por complicidades varias, a veces policial, judicial o política. También de una clientela que puede después coincidir con el reclamo de mano dura, a lo 'Blumberg' por seguridad. No sería posible de otro modo.
Los pasos siguientes que dio R.A. también hablan de la falta de contención. Ese día a la noche madre e hijo fueron otra vez a Tribunales para decir que policías de la seccional 16ª merodeaban su casa. Se averiguó si lo estaban buscando y la respuesta de las más altas autoridades policiales expresó que no. De ahí que a la 1.30 del viernes 25 la seccional 5ª, de calle Italia 2153 que intervino en la investigación por el asesinato de Muñoz, le extendió un certificado donde expresaba que R.A. no estaba vinculado a la causa Muñoz y por lo tanto, que no se lo buscaba sino que se procuraba encontrar a un mayor. Pocas horas después la madre volvió a Tribunales para pedir que lo internen porque, según dijo, no lo podía manejar. Antes había dicho que entre las 16.15 y las 17 -el lapso en que asesinan al hombre-, el chico estaba con ella pero, para ese momento, ya suponía que R. tenía algo que ver en el asesinato de La Paz y Corrientes. El chico había cometido dos hechos desde que había cumplido los 16 -los de antes entran en su etapa de no punibilidad- y por uno de ellos, un robo calificado, había estado en el IRAR de donde luego salió cuando su madre afirmó que podía hacerse cargo de él. R. también contó que entre el lunes 21 y el martes 22 había tomado 3 tabletas de 10 comprimidos cada una de Rivotril de 2,5 -le vendían a $ 1 cada pastilla-, más marihuana y alcohol. Después comenzó su descompostura. El viernes por la tarde lo atendieron en el Hospital Psiquiátrico Agudo Avila donde lo medicaron y volvieron a controlarlo el sábado por la mañana. Cuando regresó a su casa lo detuvieron el entonces titular de la UR II Ricardo Ruiz, el jefe de la 5ta y el de Homicidios. Un taxista había ido a la seccional y contado que a las 16.30 del jueves había llevado a un chico, "un villerito de mierda", tal su forma de describirlo, desde La Paz y Corrientes a La Tablada y que le llamó la atención su actitud.
El chico declaró que tiró el arma en la zona de 'La Lagunita', cerca del Acceso sur y el puerto y que con su madre quemaron la ropa porque estaba manchada con sangre. También dijo que quemó el dinero robado porque tenía las mismas manchas. ¿No estaba en ese estado el billete que R.A. dio al taxista?. Como sea el conductor cobró el viaje y de allí fue a informar a la policía. El chico fue detenido y se comunicó a la Justicia que el caso estaba resuelto. La indignación social por la muerte de Antonio Muñoz fue tan grande como recortada y miope en muchas voces que prácticamente pedían más sangre. Casi no se escucharon palabras que permitieran tener otra visión, que hablara de las complicidades culturales, sociales y políticas que hicieron posible la violación de todos los derechos de niñas, niños y adolescentes, la exclusión, los prejuicios, la marginación y el aprovechamiento durante tantos años. Resultó 'bueno y útil' que se detuviera a un culpable que permite mantener intacta la que es una problemática estructural.
"Urgente tratamiento"
El juez de Menores 4 Juan José Carmona firmó en el mediodía del viernes un decreto dirigido a la Dirección del Menor en conflicto con la Ley Penal y al IRAR en el que se refiere al chico R.A. y dice que atraviesa una situación crítica que "requiere de un urgente y adecuado tratamiento por su problema de adicción a la droga y por su salud mental". Ese tratamiento adecuado no encuentra en el IRAR el sitio pertinente. Carmona también expresó que para el caso mencionado "no se cuenta en la actualidad con instituciones que lo puedan implementar y tampoco se tienen informes de tratamiento hasta el momento".
El magistrado Carmona pidió la articulación con los servicios sociales de la provincia, del Equipo de Infancia y Adolescencia de Salud Mental y habló de la dificultad que se presenta para la jurisdicción en casos similares al de R.A."Se requiere de profesionales médicos, psicólogos y de las internaciones que se consideren para que la única modalidad coercitiva que afronte el chico sea el cautelamiento que lo proteja y también proteja a terceras personas"
Un sistema responsable
Por Juan Lewis*
Ante graves sucesos delictivos protagonizados por adolescentes es común escuchar un reclamo bienintencionado de reacciones estatales de carácter asistencial, médico, psiquiátrico, educativo o de otras características diversas al abordaje propiamente punitivo y sancionador. Ese punto de vista no parece incorrecto en una lectura inicial del problema. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos pues la historia demuestra que muchas veces ha servido para encubrir el funcionamiento de un auténtico sistema penal subterráneo (y como tal, desprovisto de las garantías propias del derecho penal).
A la vez, la pretensión de disfrazar decisiones relativas a la seguridad y la responsabilidad legal con un ropaje clínico, psicológico, educativo o asistencial pretendidamente beneficioso para el niño, no hace otra cosa que ocultar la real naturaleza del problema y consecuentemente devienen ineficaces todas las respuestas esperadas desde dichos ámbitos y, como es obvio, también desde el punto de vista de la seguridad. En otras palabras, si se trata de infracciones penales, no parece conveniente confundir la naturaleza de las reacciones.
Si es necesaria una sanción, que ello se diga claramente y se discuta conforme los criterios y garantías acumulados en torno a la cuestión penal. Si por el contrario, se presenta un problema de naturaleza médico, educativo o asistencial, entonces que ello se defina conforme las reglas de tales disciplinas y el Estado deberá provocar una intervención de acuerdo a esos criterios científicos.
El derecho penal mínimo exigido por la Convención de los Derechos del Niño en sus artículos 37º y 40º para el área de la justicia penal juvenil no implica tales disfraces y eufemismos, sino la valiente tarea de reservar las intervenciones punitivas a aquellos conflictos excepcionales que no puedan canalizarse socialmente de otra forma. Por el contrario, definiciones rápidas y superficiales de problemas presuntamente psiquiátricos o de adicciones o educativos sobre los que se reclaman intervenciones con encierro, no hacen otra cosa que extender la privación de la libertad a ámbitos que según tales mismos criterios quizás deberían ser tratados de otra manera conforme las pautas científicas habituales en tales disciplinas, y la mayoría de las veces sin encierro.
*Subsecretario de Asuntos Penales, Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia de Santa Fe.
Fuente: Rosario/12
Foto: El Ciudadano
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