Es necesario modificar las figuras penales de calumnias e injurias para evitar que sean utilizadas para limitar la libertad de expresión, garantizada también por estándares internacionales, dicen el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el periodista Eduardo Kimel, condenado por injurias. En Salta, en septiembre pasado, dos periodistas fueron condenados a prisión en suspenso en juicios por calumnias e injurias promovidos por el gobernador Romero y el cantor Chaqueño Palavecino.
Garantizar la libertad de expresión todavía requiere, en la Argentina, ciertas reformas legislativas. Eso es lo que se acaba de peticionar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de la primera causa argentina de libertad de expresión que llega a este tribunal internacional.
Críticas a funcionarios
Se trata del caso del periodista Eduardo Kimel, que junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó su alegato la semana pasada ante la CIDH, reclamando que se modifique la legislación local para evitar que las figuras de calumnias e injurias se utilicen para limitar la libertad de expresión y silenciar las críticas contra funcionarios.
Esas fueron, en efecto, las figuras que utilizaron contra el periodista por criticar la actuación de un juez en el caso de la “Masacre de San Patricio”, ocurrida durante la última dictadura militar.
“Este es un caso paradigmático, porque permite pensar que se puede lograr que las figuras legales de calumnias e injurias argentinas se adecuen a los estándares internacionales”, destacó Andrea Pochak, directora adjunta del CELS, que acompañó a Kimel en su declaración de la semana pasada en Bogotá, Colombia. Y explicó: “Estas figuras, que se encuentran en los artículos 101 y 103 del Código Penal, son ambiguas y demasiado amplias, lo que le permite a un juez condenar a una persona por realizar simples críticas”.
Público y privado
En efecto, Kimel fue procesado y condenado en la Argentina por criticar, en un libro que escribió sobre la Masacre de San Patricio, al juez que investigó el caso, que no tuvo ningún condenado. “El único condenado por esa masacre fue el periodista que lo investigó, y sólo por criticar en 20 líneas (de las más de 100 páginas que contiene el libro), al juez que no investigó adecuadamente la masacre”, recalcó Pochak.
Según explicó la directora adjunta del CELS, la principal falencia de las figuras de calumnias e injurias en el sistema penal argentino es que “no hacen distinción de cuál es el sujeto pasivo de las críticas, y no se distingue entre si esas críticas afectan la vida pública o privada”. Al respecto, Pochak destacó: “La supuesta protección del honor de la persona criticada debería ser menor cuando se trata de una persona pública”.
En este mismo sentido, Pochak señaló otra de las falencias de estas figuras legales: “Las normas argentinas tampoco distinguen el contenido de esas críticas, que puede ser información de interés público. Otra vez estamos en el terreno de la libertad de expresión: cuando se trata de manifestaciones de interés público las normas deberían ser menos restrictivas, de lo contrario estarían violando este derecho, no sólo constitucional, sino también explícito en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Caso paradigmático
Según Pochak, el caso Kimel no sólo es paradigmático para el país, sino que también es el primer caso que permite, entre los países de la región, discutir la necesidad de adecuar las normas de cada país con la Convención Americana de Derechos Humanos. “Pero no sólo las normas penales, sino también las civiles”.
Kimel, que declaró ante CIDH el 18 pasado, fue procesado penalmente durante 9 años y obligado en el plano civil a pagarle una indemnización al juez que lo demandó. El alegato del periodista duró más de una hora y se refirió a los daños que la condena representó para él tanto a nivel profesional como personal.
Si bien Pochak reconoció que, en la actualidad, “hay cierta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de otros Tribunales que han empezado a limitar las normas de calumnias e injurias a favor de la libertad de expresión”, también se refirió a la situación en las provincias del país: “Todavía hay muchos periodistas y ciudadanos comunes que son perseguidos por la Justicia que les censura su libertad de expresión”, enfatizó.
Esta fue la razón por la que las partes pidieron a la Corte que resuelva las medidas concretas que el Estado argentino tendrá que adoptar para reparar las violaciones sufridas por Kimel. El fallo del tribunal regional podría conocerse el mes próximo.
Fuente: Salta Noticias
