Periodistas de Bolivia contra los monopolios

Por Roberto Aguirre*

Trabajadores del gremio de prensa de La Paz pretenden que la próxima Carta Magna elimine los multimedios. Un trabajo del Observatorio de Medios de la Agencia Periodística del Mercosur demuestra el ataque sistemático de la prensa boliviana contra el gobierno.

La Asamblea Constituyente boliviana avanza como una bocanada de aire, barriendo con el último polvillo de las viejas estructuras en el país del altiplano. Su búsqueda de cambios no deja espacio sin ocupar y, esta vez, son los medios de comunicación los que se ubican en el centro de la disputa: periodistas agremiados de la ciudad de La Paz, elevaron un pedido para que la próxima constitución incluya un artículo que suprima el monopolio de la prensa.

Actualmente, los medios de comunicación de Bolivia se encuentran en manos de familias tradicionales vinculadas al campo, así como de grupos políticos vinculados a la derecha santacruceña. Así lo denunció en reiteradas oportunidades el presidente Evo Morales, víctima de numerosas campañas de prensa desde que asumió su cargo.

Según la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP), las licencias que se otorgaron en años anteriores a radios y canales de televisión, propiciaron el monopolio de la información para un grupo de empresarios vinculados a intereses transnacionales, de la agroindustria y de la banca, así como a viejos partidos neoliberales que propiciaron el saqueo de las riquezas naturales y últimamente el enfrentamiento entre los bolivianos.

El secretario ejecutivo de la FTPLP, Marcelo Arce, mantuvo una audiencia pública con una de las comisiones de la Constituyente, en la que expuso los fundamentos del pedido. De esta forma, recordó los casos de Ernesto Asbún y Raúl Garafulic, que se adueñaron del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) utilizando sus respectivos medios de comunicación para hacer una campaña de desprestigio a la compañía y comprarla luego a bajísimo precio. Asimismo, señaló a las familias Monasterios y Kuljis, como quienes utilizan sus medios de comunicación para resguardar sus intereses empresariales.

La actual Constitución de Bolivia no hace mención alguna sobre el monopolio, por lo que la FTPLP propone crear una comisión evaluadora que funcione como un observatorio de medios. Esto implica que no se trata de un afán de censura o de reprimir la libertad de prensa, sino de evaluar los procesos periodísticos teniendo en cuenta la propiedad de los diarios, radios y canales de televisión, así como la información que esos medios producen y reproducen.

Desde la asunción de Evo Morales, un sector compacto de la prensa se ha dedicado sistemáticamente a boicotear cuanto proceso de cambio se ha gestado. Esto quedó cabalmente demostrado en un estudio que el Observatorio de Medios de APM, realizó en los meses de octubre y noviembre de 2006.

El trabajo se titula “La gestión de Evo Morales en la prensa boliviana”, y analiza con rigurosidad académica la cobertura periodística que cuatro diarios de ese país (Los Tiempos, La Prensa, El deber y La Razón), hicieron de hechos trascendentales como la Asamblea Constituyente, la Reforma Agraria, las negociaciones con las petroleras en el marco de la nueva Ley de Hidrocarburos, y el acuerdo con los mineros de Huanuni, luego de los incidentes.

Las conclusiones determinaron, que “en general, las notas se tornaron agresivas, apuntando contra las políticas de gobierno de Morales desde varios ángulos: intereses de las empresas privadas, mal funcionamiento de las compañías adquiridas e incapacidad estatal para administrar los recursos nacionalizados, debilidad de Morales ante la “influencia” de los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro, poco diálogo con la oposición, cierto grado de “autoritarismo”, entre otros”.

Asimismo se determinó que, en la mayoría de los casos, las críticas se debían a intereses corporativos de los multimedios, como en el caso del Grupo PRISA (dueño de los diarios La Razón, Extra, El Nuevo Día, y parte de la cadena ABC, además de numerosos medios en América Latina), cuyos vínculos con la española Repsol, motivaron su posicionamiento a favor de las transnacionales del petróleo, y en contra de las gestiones del gobierno de Evo Morales.

El fenómeno de los monopolios mediáticos es un tema recurrente en toda América Latina, donde grandes empresarios estadounidenses y europeos son dueños de gran parte de las publicaciones gráficas, radios, televisión y sitios de Internet. En este sentido, se espera que la discusión al interior de la Asamblea Constituyente de Bolivia, se extienda al resto de los países del subcontinente.

* Agencia Periodística del Mercosur, raguirre@prensamercosur.com.ar

+ Info...
La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz presentó la propuesta "Del régimen especial para una política comunicacional, propiedad de medios y recurso de ‘Habeas data en Bolivia’" para que sea tratada en la Asamblea Constituyente.
El documento destaca la necesidad de que Bolivia sea rediseñada, re­fundada e in­formada, pero esta vez en función de los intereses de las mayorías postergadas, para lo que se precisa la recuperación de las riquezas naturales, la independencia económica, la soberanía y la dignidad con miras a un sistema socialista y democrático de derecho.
La FTPLP reconoce al periodismo y a la comunicación social como instrumentos de lucha política e ideológica para marchar hacia un Estado gobernado por el pueblo y para el pueblo, en los marcos de la equidad, solidaridad, justicia y respeto a los derechos humanos.
"La línea política y de información de los medios de comunicación obedece a los intereses de los propietarios de los mismos y no a los trabajadores de la prensa y que mientras la comunicación e información son de importancia estratégica para la sociedad, la libertad de expresión es un patrimonio social del pueblo y no solamente de los profesionales del periodismo ni del usufructo de los propietarios de los medios de comunicación".

Propiedad de los medios
En el tema referido a la propiedad de los medios de comunicación en el país, el documento da cuenta que en la actualidad tienen carácter indefinido para los empresarios que hacen uso y abuso de los mismos con miras a preservar sus intereses de clase.
"El Estado tiene dominio original del espectro radiomagnético en su ámbito territorial y ejerce la potestad de otorgar concesiones a particulares (de orden individual o colectivo), o revertirlas de acuerdo a ley. Para este efecto el Estado reconoce y garantiza el control social", indica uno de los artículos.
"No es permitido el monopolio en los medios de comunicación, así como tampoco la vinculación especulativa de empresarios mediáticos con negocios de otra naturaleza que tengan evidente influencia y colusión de intereses", dice el documento.