Columna de opinión del activista, biólogo, licenciado en filosofía e investigador del CONICET Guillermo Folguera, emitida en el programa Señales de Aire Libre, Radio Comunitaria, sobre la modificación de la Ley de Glaciares -impulsada por el gobierno de Javier Milei- y sus consecuencias ambientales, sociales y políticas en Argentina
Sin embargo, con la votación de esta semana en Diputados se dio media sanción a una modificación que, en los hechos, implica vaciar la Ley de Glaciares. ¿Por qué hablamos de vaciamiento? Porque se le quita el espíritu fundamental de protección a una ley que fue aprobada inicialmente en 2008, vetada en ese momento y finalmente sancionada en 2010. Esta ley incluye el Inventario Nacional de Glaciares y ambientes periglaciares, realizado por el IANIGLA, como herramienta clave para su resguardo.
La modificación propone, en cambio, dejar la potestad en manos de los gobernadores provinciales, quienes, ante el pedido de una empresa minera, podrían redefinir o excluir áreas protegidas, reduciendo todo a un trámite burocrático: un estudio de impacto ambiental que incluso podría ser realizado por la propia empresa interesada.
¿Qué implica este nuevo escenario? La votación en Diputados confirma no solo la modificación de la ley, sino también el traslado del conflicto a las provincias. La resistencia y la defensa de los glaciares no terminan: se reconfiguran en disputas territoriales que, de hecho, ya existen en nuestro país.
En los últimos años, Argentina ha vivido importantes levantamientos provinciales en defensa del agua: en Jujuy, con comunidades de la Puna junto a docentes; en Mendoza, con el "Mendozazo" de 2019 contra la megaminería; y en Chubut, con movilizaciones masivas.
En diciembre del último año, la megaminería fue aprobada en Mendoza. Esto se vincula con lo que hoy ocurre a nivel nacional, aunque no elimina la conflictividad territorial. Las imágenes de la represión en Mendoza el último miércoles fueron brutales y evidencian no solo el avance de proyectos mineros, sino también la intensidad del conflicto social que generan. Algo similar podría ocurrir en Chubut, donde la megaminería sigue prohibida en varias localidades. Recordemos el plebiscito de Esquel en 2003, donde la población rechazó este tipo de explotación.
También habrá avances en el plano judicial. La provincia de La Pampa ya presentó una demanda al considerarse afectada por esta modificación, y organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación de Abogados/as Ambientalistas están llevando adelante la demanda colectiva más grande de la historia para defender el agua. El escenario es incierto: la relación entre corporaciones y poderes del Estado genera escepticismo sobre la eficacia de estas acciones. Aun así, se abre un panorama de gran preocupación, porque estamos hablando, ni más ni menos, que del agua.
Hablar del agua es hablar de algo irremplazable: de nuestra vida cotidiana, de la posibilidad de que existan comunidades, de la producción y, en definitiva, de la vida misma. Es la condición básica para cualquier forma de existencia.
El alineamiento de muchos legisladores con intereses mineros implica, en los hechos, avalar la contaminación de fuentes de agua, la desaparición de ríos —como ya ocurre en Catamarca—, el aumento de temperaturas extremas, la pérdida de nieve y hielo, y la degradación de los ecosistemas.
Frente a esto surge una pregunta inevitable: ¿qué podemos hacer a nivel nacional? Y en esa pregunta aparece un desafío colectivo.
¿Qué seremos capaces de hacer para enfrentar esta situación? Ya no se trata solo de la Ley de Glaciares, la Ley del Fuego o la Ley de Bosques. Estamos ante un escenario global cada vez más degradado, en el que Argentina muestra niveles alarmantes de contaminación y problemas de salud asociados.
Esta problemática nos involucra a todos. Nadie puede quedar al margen de una situación tan crítica como la posibilidad de quedarnos sin agua.
Quedarse sin agua es quedarse sin vida. Ese fue uno de los ejes centrales de la campaña en defensa de los glaciares.
Un abrazo enorme a quienes están escuchando desde Rosario y a las comunidades de Santa Fe, que han demostrado una gran solidaridad con las provincias andinas. Entender que nadie se salva solo y que la salida es colectiva ha sido uno de los pilares de esta lucha, y lo seguirá siendo.
Seguimos. De eso se trata.
