viernes, 30 de mayo de 2025

Una ley para filmarnos: impulso colectivo a la industria audiovisual santafesina

El nuevo proyecto de Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica y Audiovisual de Santa Fe, elaborado por las organizaciones y trabajadores del sector, fue presentado este jueves 29 en la Escuela Provincial de Cine y TV, tras haber sido ingresado el viernes 23 de mayo en la Cámara de Diputados. Con eje en la producción, la identidad y el trabajo, el sector vuelve a decir presente.

Con la sala llena y una energía colectiva difícil de ignorar, la comunidad audiovisual santafesina volvió a dar un paso firme en su camino hacia una legislación que ampare, potencie y proyecte el trabajo de cientos de realizadores, productores, actores, actrices, técnicos y estudiantes del sector. Este nuevo proyecto de Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica y Audiovisual de Santa Fe esii una iniciativa construida desde la base por organizaciones, colectivos y trabajadores del audiovisual, que fue ingresada formalmente en la Cámara de Diputados de la provincia el viernes 23 de mayo.

El texto, que busca ser una herramienta legal efectiva para la producción, conservación y difusión de obras audiovisuales, plantea como pilares la creación de un fondo de fomento, un festival internacional un archivo provincial y el impulso a las salas y espacios de exhibición, entre otras. Lejos de un reclamo sectorial aislado, la ley representa una apuesta cultural, política y económica frente a un contexto nacional de desfinanciamiento y desmantelamiento de instituciones clave del sector desde la llegada del gobierno de Javier Milei.

Desde la Comunidad Audiovisual Santafesina se espera que el proyecto inicie prontamente su tratamiento en comisiones y avance hacia la votación en ambas cámaras legislativas. Mientras tanto, quienes hacen cine en la provincia continúan organizándose para garantizar que la producción audiovisual no sea solo posible, sino también sostenible, identitaria y colectiva.

Narrar para existir: voces del audiovisual santafesino en plano general
Federico Matteucci – Director de la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario:
"Ojalá este momento sea histórico, una nueva fundación que permita que este proyecto, que hoy se va a dar a conocer a muchos integrantes de la comunidad audiovisual, pueda realmente avanzar.

Desde la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario, desde este lugar quiero abrir las puertas de la institución, como lo estamos haciendo hoy, para generar un espacio de debate, de diálogo, de intercambio. Un espacio donde puedan encontrarse todos los sectores que conforman la comunidad audiovisual, así como también los y las representantes políticos que estén dispuestos a conversar sobre este proyecto.

Ofrezco este espacio como un punto de encuentro entre todas las partes interesadas, con la esperanza de que este proyecto pueda avanzar y lograr un resultado verdaderamente positivo en el transcurso de este año".
Gustavo Postiglione – Director, productor y guionista de cine, televisión y teatro: 
"Hace una semana hablaba de la necesidad urgente de avanzar en algo que tiene que ver con lo más esencial: nuestro trabajo, nuestras posibilidades concretas de seguir produciendo audiovisual en la provincia. Y hoy, en esta instancia, ver esta sala llena emociona. Ojalá también podamos verla así cuando exhibamos nuestras películas, cuando lo que hacemos llegue al público. Porque este proyecto no se trata solamente de una ley, sino de crear las condiciones para que el trabajo audiovisual tenga existencia real, continuidad, y proyección.

Hoy volvemos a poner sobre la mesa una propuesta que fue construida colectivamente, y que ahora debemos seguir desarrollando entre todos. Pero para hacerlo, también necesitamos tomar conciencia de la situación en la que estamos. Porque esta instancia, a la que llegamos con tanto esfuerzo, no surge de la nada. Es el resultado de años de trabajo, de lucha, de resistencia, en un contexto donde la cultura está siendo atacada de forma sistemática.

Algunos ya lo sabrán, otros tal vez no, pero hace pocos días la CONABIP —la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares— comenzó a ser desmantelada. El Instituto Nacional del Teatro atraviesa la misma situación. Y el INCAA, el Instituto Nacional de Cine, está prácticamente paralizado por decisiones políticas del actual gobierno. Estas no son amenazas abstractas: son políticas concretas de desfinanciamiento, vaciamiento y deslegitimación de la cultura. Y esto afecta directamente a compañeros y compañeras con los que trabajamos todos los días. Por eso también nos solidarizamos con ellos. Porque son parte de lo mismo. Porque lo que se pone en juego hoy es un modelo de país.

En este escenario, la cultura en general, y el audiovisual en particular, están siendo atacados de manera permanente. ¿Y qué hacemos nosotros frente a eso? Somos los que hablamos. Somos los que levantamos la voz cuando muchos actores de la política callan. Y sin embargo, necesitamos también que la política institucional nos acompañe. Porque sin su compromiso, no podemos avanzar. Lo que hoy pedimos —y exigimos— es una ley audiovisual para la provincia de Santa Fe.

Santa Fe, hoy, es una provincia desamparada en términos de política audiovisual. No hay beneficios, no hay incentivos, no hay resguardo del Estado para producir. No hay una estructura que nos permita desarrollar una actividad que, además de ser cultural, genera trabajo y movimiento económico. Por eso, hace ya unos cuantos años, desde la comunidad audiovisual decidimos organizarnos. Y eso, para mí, es fundamental. Logramos unir criterios, dejar de lado diferencias, incluso entre personas que quizás en otro momento no podían sentarse en una misma mesa. Entendimos que solo colectivamente podíamos construir algo que sirviera a todos: un proyecto de ley que genere trabajo, que promueva la industria, que amplíe las posibilidades creativas de compañeros y compañeras, y que también abra puertas para quienes egresan de las escuelas de cine.

Porque esta ley no es solo para quienes ya estamos trabajando. Esta ley es también para el futuro. Para ustedes, estudiantes de cine, que están formándose y que merecen un horizonte posible. En un país donde, paradójicamente, el cine argentino es reconocido mundialmente por su calidad —estamos entre los cinco países más prestigiosos en el ámbito cinematográfico— hoy enfrentamos un escenario desolador. Y eso, simplemente, no puede ser aceptado.

Desarrollamos esta propuesta con responsabilidad. Hablamos con funcionarios, con legisladores, con referentes de cultura y producción. El proyecto fue presentado, perdió estado parlamentario, y hoy lo volvemos a presentar. Para nosotros, eso no es empezar de cero, pero sí es volver a poner el tema en discusión. No porque creamos que nuestra propuesta es la única posible, sino porque creemos que tiene que discutirse. Que debe abrirse a todos los sectores. Y que espacios como este, esta escuela de cine, son los lugares adecuados para debatir, compartir y construir colectivamente.

La Ley de Cine no es solo una necesidad sectorial. Es una necesidad social. Pero también es una oportunidad: de diálogo, de construcción política, de pensar el futuro. Porque si el proyecto no se aprueba, nos quedamos sin ley, y con eso se nos cierra la posibilidad de planificar, de producir, de sostener la identidad cultural desde nuestro lugar. Por eso el diálogo es el primer paso. Y es clave que ustedes —los futuros realizadores, técnicos, guionistas— puedan comprender esto, explicarlo, replicarlo. Porque muchas veces la cultura es subestimada. Se la asocia solo al entretenimiento, al goce, a lo emocional. Pero no se la considera como lo que también es: trabajo. Trabajo legítimo, digno, necesario.

Nosotros defendemos nuestra actividad porque somos trabajadores. Y nuestro trabajo tiene valor. No es un capricho hacer películas. No es un hobby. Es nuestra forma de vivir, de expresarnos, de construir comunidad. Y eso, además, forma parte de la identidad de un pueblo. Porque la identidad no se hereda, se construye. Y se reafirma, sobre todo en momentos como estos, donde todo parece querer ser borrado o reemplazado por narrativas que vienen de otro lado.

Si no producimos nuestras propias historias, si no tenemos nuestras propias pantallas, si no tenemos nuestras propias políticas, entonces lo que vamos a ver, lo que se va a contar, va a ser lo que otros decidan. No vamos a ser más productores: vamos a ser solo espectadores de una historia que no es nuestra.

Por eso esta ley es fundamental. Porque no es solo fomento. Es industria, es cultura, es identidad. Es una estrategia para sostener una actividad que atraviesa a toda la sociedad. Porque la cultura es transversal. Y si no la defendemos, estamos perdidos.

Quiero subrayar algo que me parece central: lo que logramos como comunidad audiovisual es haber encontrado un punto en común. Esta ley es ese punto. Es lo que nos une. Y por eso es la ley que estamos dispuestos a defender, a debatir, y a explicar. No porque sea perfecta, sino porque es necesaria. Necesitamos el apoyo de toda la comunidad, de la sociedad en su conjunto. Porque este proyecto está pensado también para lo que viene. Para ustedes. Para el futuro.

Nosotros ya llevamos muchos años trabajando en esto. Pero ustedes, estudiantes de la escuela de Cine y Televisión, están empezando. Y merecen una ley que los contenga, que los ampare, que les permita proyectarse. Porque el futuro está ahí. Y ustedes son ese futuro. Esta ley es para ustedes".
Rubén Plataneo – Director, productor y programador: 
"Gracias al diputado Carlos del Frade, que tuvo la actitud política y el compromiso concreto de presentar, el viernes 23 de mayo a las 7 de la mañana, el proyecto de Ley de Fomento a la Producción Audiovisual de Santa Fe. Ese proyecto, que hoy vuelve a ingresar a la Legislatura, es el resultado de más de cuatro años de trabajo colectivo, que comenzó a principios de 2021. Ya había sido presentado en un período legislativo anterior por la exdiputada Matilde Bruera, y desde entonces venimos intentando, en múltiples instancias, que el contenido de ese articulado sea escuchado y atendido por legisladores y funcionarios del gobierno provincial.

La motivación para escribir este proyecto nació ante una situación de desamparo, no solo económico y financiero, sino también cultural, que ya veíamos agravarse desde hace años. Entendimos que el sector audiovisual santafesino no contaba con una herramienta legal que reflejara sus derechos, necesidades y particularidades. Había —y hay— una ausencia de legislación específica. Es decir, el sector no tenía un instrumento normativo que garantizara su desarrollo. Por eso lo hicimos: porque si algo tiene la fuerza de obligar al Estado a sostener un sector, es una ley.

Entonces nos abocamos a redactar ese instrumento. Lo hicimos con responsabilidad y datos, lo llenamos de sustancia y de contenido técnico. Elaboramos un texto con cinco capítulos y veinticinco artículos que describen detalladamente cómo funciona nuestra actividad: sus etapas, sus procesos, sus necesidades técnicas, sus tiempos, sus riesgos y su potencial de desarrollo. Todo lo que ustedes conocen porque lo están estudiando, y que muchos otros desconocen, lo pusimos por escrito.

El proyecto contempla todas las fases del trabajo audiovisual: desde la idea inicial y la escritura del guion, hasta el rodaje, la postproducción, la distribución, la exhibición y la circulación en festivales y mercados. Pero no solo busca que la actividad se desarrolle, sino que se potencie. Usamos esa palabra de manera deliberada: potenciar. Porque capacidades hay, conocimiento hay, talento hay, y todo eso ya está en funcionamiento, pero sin acompañamiento estatal no puede escalar, no puede consolidarse como industria.

La clave estructural del proyecto es el artículo 3, que propone la creación de un Fondo de Fomento Audiovisual. Este fondo estaría destinado a cubrir todas las etapas de la producción cinematográfica y audiovisual, con un alcance integral: desde la etapa de desarrollo hasta la exhibición. El artículo 4, a su vez, establece cómo se distribuye ese fondo: el 80% iría a la producción de obras, el 10% a la creación y sostenimiento de un Festival Internacional de Cine con sede rotativa entre Santa Fe y Rosario, y el otro 10% a la creación de una Cinemateca Provincial, que preserve y difunda todo el material audiovisual santafesino, pasado, presente y futuro.

Este fondo de fomento representa apenas el 0,089% del presupuesto provincial. Es un porcentaje ínfimo, pero con un impacto enorme. Con ese monto podríamos, cada año, financiar aproximadamente diez películas y dos series. Es un cálculo concreto, hecho con datos del sector, que muestra que es viable y eficaz. A diferencia de otras actividades económicas, la producción audiovisual requiere un volumen de inversión alto, porque combina arte, industria y tecnología. No hay forma de desarrollarla sin fondos estables y públicos.

El festival internacional que proponemos no solo permitiría mostrar nuestras obras al mundo, sino también traer obras del mundo a nuestra región y establecer un mercado de coproducción y distribución que nos conecte con otras provincias y países. Provincias como Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Jujuy ya tienen estructuras similares en funcionamiento. Santa Fe, siendo la segunda provincia exportadora del país, con el segundo mayor PBI luego de Buenos Aires, todavía no cuenta con un sistema de fomento audiovisual estructurado. Es hora de que lo tenga.

El tercer eje central del proyecto es la creación de la Cinemateca Provincial. No podemos seguir dejando que nuestras producciones queden archivadas en discos duros personales o se pierdan con el tiempo. La Cinemateca garantizaría la recolección, la preservación y la difusión del acervo audiovisual santafesino.

Por supuesto, todo esto requiere una estructura administrativa. Por eso también está prevista la designación de una Autoridad de Aplicación, que tendría la función de coordinar los fondos, el festival y la cinemateca. Propusimos que esta autoridad se articule entre el Ministerio de Producción y el Ministerio de Cultura, con una división de funciones ya estipulada en el articulado. Esta articulación es clave, porque refleja la doble naturaleza del audiovisual: como industria productiva y como bien cultural.

Además, al igual que la Ley Nacional de Cine, este proyecto incluye la creación de un Consejo Asesor, compuesto por representantes de las distintas asociaciones del sector. Este consejo tendría el rol de acompañar y asesorar a la autoridad de aplicación en la organización de concursos, en la asignación de recursos del fondo y en las decisiones estratégicas que hacen al crecimiento de la industria.

Por último, el proyecto prevé que, una vez votada, la ley deberá ser reglamentada por el Ejecutivo provincial en un plazo de 90 días. Ese paso es esencial para que el fondo se active, para que se cree la estructura de gestión, y para que finalmente se ponga en marcha.

Venimos trabajando en esto desde hace cuatro años. En ese tiempo, tuvimos decenas de reuniones con legisladores, senadores, funcionarios de cultura y producción, de distintos partidos. Avanzamos, retrocedimos, insistimos. El año pasado, en diciembre, la primera presentación del proyecto perdió estado parlamentario. Pero no bajamos los brazos. Hoy volvemos con más fuerza y con más legitimidad.

Lo que pedimos ahora es claro: que el proyecto empiece a ser tratado. Que pase por las comisiones de Cultura, Economía, Asuntos Constitucionales. Que ingrese al recinto de Diputados y luego a Senadores. Y que finalmente se convierta en ley.

A todos los estudiantes, realizadores, productores, técnicos, docentes y trabajadores del sector: necesitamos que se sumen a este esfuerzo. Que propulsen, reclamen, exijan. Que lo hagan visible. Esta ley no solo impulsa una actividad: garantiza derechos. El derecho al trabajo, el derecho a la cultura, el derecho a producir nuestras propias historias".
Carlos del Frade – Diputado del Frente por la Soberanía*: "La verdad es que tengo el privilegio de estar acá, y quiero explicar por qué es un verdadero privilegio. Nosotros, como bloque, somos de los que más proyectos de ley presentamos en la historia de la legislatura. Y también, hay que decirlo, los que más hemos fracasado. Pero esta es la primera vez que presentamos un proyecto de ley junto a estudiantes, con pibas y pibes que están formándose. Y eso lo convierte en una esperanza concreta, no es solo resistencia: es esperanza encarnada.

Que ustedes le den forma y sostén a este proyecto impulsado por trabajadoras y trabajadores del sector audiovisual es maravilloso. Tal vez no lo vean ahora, porque no están en el día a día de la dinámica legislativa, con leyes, pedidos de informe, proyectos de comunicación. Pero les aseguro —y lo digo junto a nuestra querida compañera Ana Laura Pinto, que coordinó este trabajo con enorme dedicación— que esto es excepcional: ver a jóvenes comprometerse con su pasión, con su futuro laboral y artístico, es profundamente conmovedor. Gracias también a la escuela por recibirnos.

Ahora bien, el proyecto ya tiene número de expediente: 56.370. Anótenlo, repítanlo, difúndanlo. No solo sirve para jugar a la quiniela —aunque también—, sino para que lo reclamen. Escríbanle al gobernador Maximiliano Pullaro, a la ministra de Cultura, Susana Rueda; al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini y al ministro de Economía, Pablo Olivares. Digan: "Queremos que se trate el proyecto 56.370". Así se logra avanzar. La experiencia nos lo enseñó: la expropiación del edificio para la Escuela Carlos Guido y Spano fue posible porque las y los estudiantes presionaron desde afuera. Los funcionarios no pudieron ignorar esa oleada de reclamos. Así se ganan las leyes: de afuera hacia adentro, no al revés.

Este proyecto es necesario porque siembra futuro. Y no hay nada que proyecte más futuro que el arte, el cine, la producción audiovisual. No estamos hablando de un lujo: estamos hablando de trabajo, de cultura, de identidad.

Y lo digo con total claridad: no estamos pidiendo un favor. Estamos exigiendo fomento para una industria que genera empleo, valor simbólico y arraigo. No somos delirantes. ¿Sabían que empresas como Dreyfus no pagan Ingresos Brutos? ¿Y nosotros no podemos pedir una Ley de Cine? Es absurdo.

Entendemos que el contexto es difícil. Otras industrias también están golpeadas —basta con mirar lo que ocurre en General Motors—, pero por eso mismo tenemos que defender lo nuestro. Apostar a nuestra capacidad de trabajo, a nuestra dignidad como laburantes y como creadores de sentido colectivo.

Esta cruzada no va a ser fácil. De hecho, si me preguntan, el fracaso está garantizado... si no peleamos. Pero si salimos a militar este proyecto por fuera de la Legislatura, si hacemos presión social, si lo convertimos en una causa de ustedes, podemos lograrlo.

Y quiero que piensen en esto: el presupuesto de la provincia de Santa Fe es de 10 billones 400 mil millones de pesos. Un número de catorce cifras: 10.400.000.000.000 pesos. ¿Saben cuánto se destina al Ministerio de Cultura? El 0,12%. Doce centavos cada cien pesos. Nada. Casi simbólico.

Santa Fe es la principal exportadora del país: el 40% de las exportaciones nacionales salen de nuestra provincia. Pero también somos una potencia cultural. Desde Fernando Birri en adelante, tenemos una historia cinematográfica extraordinaria. ¿Cómo no vamos a apostar a esta ley?

Este proyecto va a entrar por la Comisión de Cultura y también por la de Industria. Pero vamos a pedir el giro a Asuntos Constitucionales, porque ya se trató anteriormente en esas comisiones. Constitucionales es la comisión que permite que un proyecto se trate en el recinto. Y aunque somos una minoría, si hay presión desde afuera, hay chances reales.

Así que insisto: tomen el ejemplo de la Guido y Spano. Si ustedes se organizan, si presionan, si lo hacen visible, ¿quién dice que antes de fin de año no tengamos media sanción en Diputados? Y después, bueno, veremos cómo abordamos el debate en el Senado. Pero lograr la media sanción sería una bandera enorme para esta escuela, para la comunidad audiovisual santafesina, para la cultura.

Estamos profundamente felices. Porque en tiempos tan duros como los que vivimos, apostar a una Ley de Cine junto a ustedes es una verdadera celebración.
 
*Presentó el proyecto de ley por segunda vez, tras haber perdido estado parlamentario la propuesta original de la exdiputada Matilde Bruera
Ana Taleb – APPAS (Asociación de Productoras y Productores Audiovisuales de Santa Fe Provincia): 
"Nos conformamos hace cinco, casi seis años, justo antes de la pandemia. Desde APPAS, lo que buscamos es generar un espacio donde podamos dialogar y nuclear a realizadores y realizadoras integrales, así como a productores y productoras, con una mirada que se diferencia de la concepción tradicional del productor como sinónimo de empresa. Esto tiene mucho que ver con la idiosincrasia del sector audiovisual en nuestra provincia.

En relación a la Ley de Cine, pienso en lo fundamental que es hoy discutir los fondos regionales en Argentina, especialmente en un contexto donde el INCAA está paralizado. Es clave que podamos generar oportunidades para que estudiantes de cine participen en rodajes, en películas. Doy clases en la escuela, y muchos me cuentan que nunca tuvieron la oportunidad de trabajar como meritorios o aprendices, roles que son el primer paso para ingresar a una producción audiovisual. Y es ahí, en el hacer, donde realmente se aprende este oficio.

Algunos se preguntarán por qué no se van a Buenos Aires si quieren hacer cine en Argentina. Pero justamente, la lucha por una Ley de Cine provincial tiene que ver con eso: con poder hacer cine acá, en Rosario donde elegimos vivir, en esta provincia. Poder escribir guiones, filmar, producir, contar nuestras propias historias desde nuestro lugar. Que no vengan de afuera a contarlas por nosotros.

También se trata de profesionalizarnos como técnicos y técnicas, de tener trabajo, de generar cultura e identidad. Si no peleamos nosotros por esta ley, nadie lo va a hacer por nosotros. Puede venir alguien con el discurso de que nuestra propuesta es demasiado ambiciosa, pero no lo es. Es simplemente lo que nos corresponde. Porque una Ley de Cine no solo genera trabajo: sostiene la cultura y garantiza nuestros derechos, también los culturales.

Y eso es una batalla que debemos dar, más aún ahora, en un contexto nacional donde incluso se está discutiendo el rol de la Constitución. La Ley de Cine es también el derecho a la cultura. Y esta ley no es solo nuestra: es de ustedes, de los estudiantes de cine.

Carlos Golti – Prosecretario Gremial del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina: "Quiero ir directo al punto: esta es una actividad económica altamente rentable, con un potencial enorme y una capacidad inmensa de generar puestos de trabajo. No solo hablamos de los empleos directos —técnicos, actores, extras—, sino también de todo un entramado de sectores que se benefician con cada producción audiovisual.

Una inversión en cine y televisión impacta desde un chofer de taxi hasta empresas proveedoras de tecnología de punta. Se trata de una cadena muy amplia que incluye alquiler y venta de equipos específicos, catering, hotelería, transporte, locaciones, construcción, vestuario y muchísimo más. Son muchas las personas y sectores que se ven beneficiados directa e indirectamente por esta industria.

Y es importante recalcar esto, porque estamos en un momento donde parece que si no se habla de dinero, no se habla de nada. Bueno, hablemos de dinero: esto genera plata, y mucha. Y esa riqueza puede quedarse en nuestra provincia. No todo tiene que ser biodiesel y soja. El audiovisual también puede mover la economía santafesina. Y no estamos hablando de algo que viene de afuera: lo podemos hacer nosotros. Mejor dicho, ustedes. Porque esta lucha es por el futuro, y ese futuro lo representan ustedes, los y las estudiantes, las nuevas generaciones.

Además, esta industria no solo genera trabajo: tiene un valor agregado que no muchas otras tienen. Genera identidad. Promueve nuestra narrativa como nación. Somos nosotros quienes tenemos que contar nuestras historias. Si no lo hacemos nosotros, vendrán otros a contarlas desde miradas ajenas.

Por eso es fundamental que participemos activamente, no solo por nuestro futuro laboral y el sustento de nuestras familias, sino por lo que esto representa culturalmente. No somos ambiciosos ni delirantes: estamos pidiendo políticas de fomento para una industria concreta. Pensemos que empresas como Dreyfus* no pagan ingresos brutos. Es una locura.

Sí, el contexto es difícil. Sabemos que muchas industrias están atravesando momentos complicados —basta ver lo que está pasando con los compañeros de General Motors—, pero nosotros tenemos que apostar por lo nuestro. Apostar a nuestra capacidad de trabajo, a nuestra dignidad como trabajadores y trabajadoras, y como generadores de identidad.

Esta cruzada no va a ser fácil. Pero si frenamos, va a ser aún más difícil. Así que adelante. Sigamos".
 
*Louis Dreyfus Company (LDC) es una de las mayores empresas del país. En General Lagos tiene el segundo puerto privado más grande de Argentina, además de una planta en Timbues dónde tiene una planta de procesamiento de oleaginosas
Luciana Labrasa – Presidenta de la Cámara de Empresas Productoras Audiovisuales de Santa Fe: 
"Quiero destacar que incluso personas que no forman parte directa de la comunidad audiovisual se solidarizaron con nosotres y aportaron su conocimiento para que este proyecto pudiera llegar a esta instancia. Desde nuestro punto de vista —y creo representar a quienes integramos la Cámara— este es un proyecto muy sólido, porque contempla todo el proceso productivo: desde subsidios para el desarrollo de guiones, hasta la creación de mercados donde posicionar obras y encontrar financiamiento para producirlas.

Somos un sector diverso. Hoy acá hay representantes de tres organizaciones diferentes dentro del audiovisual santafesino. El hecho de que existan organizaciones ya habla de un sector consolidado, que necesita espacios colectivos, que construye comunidad. Este proceso nos puso a todos en la necesidad de sentarnos, dialogar, consensuar, y lo logramos. Por eso creemos que también deberían hacerlo quienes tienen responsabilidades en la función pública.

Y no lo decimos desde un lugar de soberbia, sino desde la experiencia concreta: desde la praxis. Queremos una ley que no solo sea posible, sino que también sea útil. Porque una ley "posible" pero mal diseñada no le sirve a nadie. Esta actividad es cultural, sí, pero también es económica, y genera trabajo. No solo para quienes estudiamos o nos especializamos en esto, sino para mucha más gente, a lo largo de toda la cadena productiva.

También me quedó resonando algo que se dijo acá: que un proyecto se trata cuando hay más de uno presentado. Me parece bien que se presenten todos los proyectos que hagan falta; eso demuestra que el tema es relevante. Pero también es clave que exista una base social movilizada. Que hagamos ruido, que levantemos la voz, que vayamos y digamos: "¡Dale, somos un montón!". Porque también es cierto que estudiar para insertarse en una industria que está destruida, sinceramente, no es algo que se pueda recomendar con entusiasmo. Entonces movilicémonos para construir futuro.

Entiendo que en un contexto de tanta hostilidad, el ánimo decae. Nos cuesta sostener la energía. Pero les hablo —y me hablo también— para decir: tratemos de levantarnos. De entender que si no lo hacemos nosotros, si no arrobamos, si no etiquetamos, si no usamos las redes, nadie más lo va a hacer por nosotres. Hoy, parte de la militancia pasa por el teléfono. Y si no se visibiliza, no existe.
Gracias por estar acá. Para quienes llevamos muchos años en esta actividad, verlos y verlas comprometidas es algo que realmente valoramos muchísimo. A mis colegas que también se acercaron: fuerza para todos".

Mario Herrero – Asociación Argentina de Actores, delegación Rosario: "Generalmente, la mayoría de quienes trabajan en el sector audiovisual están detrás de cámara, pero frente a cámara estamos nosotras y nosotros: actrices y actores. Y, como decía, cuando se necesita generar experiencia, somos nosotros quienes tenemos que estar trabajando.

Me comprometo a movilizar, a través de los distintos colectivos y grupos de WhatsApp que tenemos, para que desde nuestro sector también impulsemos esta iniciativa. Es fundamental que acompañemos el proyecto de ley y generemos un movimiento conjunto con ustedes.

En su momento se habló de la posibilidad de realizar diez películas y dos series por año. Eso sería excelente para nuestra comunidad, especialmente considerando el contexto actual, donde la cultura está siendo atacada. El Instituto Nacional del Teatro está siendo desmantelado: han despedido a la mayoría de sus delegados en todo el país. La Ley Nacional del Teatro también está siendo avasallada; hoy solo se ejecuta el 30% de lo que la ley establece. Esto no es casual: hay una intención clara de destruir el entramado cultural.

Por eso necesitamos organizarnos, movilizarnos y mostrar todo lo que la cultura puede generar. La comunidad audiovisual y el cine son un núcleo potente. Desde nuestro lugar podemos contar lo que somos, lo que hacemos cada día, porque nadie mejor que nosotros para transmitir nuestra realidad.

Este proyecto es muy importante también porque genera trabajo. Una sola película implica empleo para muchas personas: actrices, actores, docentes, técnicos, transportistas, y tantos otros rubros. Eso es lo que necesitamos: trabajo digno y sostenido.

Así que vamos para adelante. Ojalá esta ley se apruebe lo antes posible".
Matías Gómez – Abogado (Asesor del proyecto de ley): 
"Me sumé a este proyecto desde mi rol como abogado, intentando aportar desde lo técnico, pero sobre todo, desde el compromiso. Fue un proceso de aprendizaje enorme. Pude conocer de cerca al sector, sus necesidades reales. Más allá de mi amor personal por el cine y el audiovisual, entendí la dimensión de esta industria como generadora de empleo, como espacio de dedicación y esfuerzo colectivo.

A veces, a las ocho de la noche, agotados, seguíamos discutiendo estrategias, puliendo el proyecto. Esas horas de trabajo, esas discusiones intensas, me hicieron pensar que este tipo de experiencias son las que realmente pueden refundar la política. Porque claro, existe el sistema de partidos, las elecciones, las estructuras formales. Pero también existen estas otras formas de participación política: genuinas, comprometidas, colectivas.

Acá hay un recorrido de años, impulsado por compañeras y compañeros que vienen militando esta causa. Hoy el contexto es diferente, la crisis se agudizó. Pero justamente por eso, estas experiencias son aún más necesarias. Que estudiantes vivan una experiencia de participación política real; que referentes, actores, actrices y trabajadores del sector tengan protagonismo; que se pueda actualizar esa práctica militante, creativa, colectiva: eso es refundar la política.

Por supuesto, está la batalla legislativa, con su calendario institucional. Pero también está la disputa simbólica, la de reinstalar en la sociedad el valor de la cultura, especialmente en una ciudad como esta, que tiene una tradición de políticas culturales. Podremos criticarla, querer mejorarla, pero existe, y es valiosa si la comparamos con otras provincias del país. Esa discusión merece volver a los espacios públicos, merece ser parte del debate social.

Yo me involucré porque creo en la causa, no en la espera pasiva de que tal o cual dirigente venga a "salvarnos". Por eso quiero transmitir fuerza y apoyo a quienes, después de largas jornadas de trabajo, igual se sientan a pensar cómo seguir. Hay que dar esta pelea, entendiendo que requiere tiempo y estrategia.

Porque esta no es solo una ley: es una propuesta que compromete derechos humanos, el derecho al trabajo, y sobre todo, el derecho a la cultura. Y nuestra ciudad, nuestra provincia, se merece eso.

Por eso, también es fundamental participar en la Comisión Constituyente, instalar este debate con fuerza. La ley tiene que ser la realización concreta del derecho a la cultura. Tenemos que convocar a todas las fuerzas políticas. Las leyes más importantes, las que cambian estructuras, son transversales. Se necesita construir mayorías.

Más allá de nuestras convicciones y de nuestra tradición de acompañar proyectos populares, tenemos que construir una estrategia legislativa sólida: sumar, invitar, abrir el juego a todos los referentes posibles.

En definitiva, esta es una instancia para refundar la política. En la práctica, en el modo de vivirla, en cómo nos involucramos. Y eso —para mí— es lo más valioso de todo este proceso".
Fotos: Señales, gentileza Mariano Antenore

"Todo va bien": La Nación de Costa Rica convierte su portada en un grito de alerta por la libertad de prensa

En el Día Nacional del Periodista, el diario más influyente del país lanza una contundente protesta contra el hostigamiento del presidente Rodrigo Chaves a los medios independientes
Este 30 de mayo, el diario La Nación de Costa Rica dedicó su portada completa a una poderosa denuncia contra los ataques a la libertad de prensa por parte del presidente Rodrigo Chaves. Bajo el lema irónico "Todo va bien", el rotativo utilizó un diseño sobrio en blanco y negro para advertir sobre los peligros del autoritarismo y la censura en el país.

La frase se repite decenas de veces en la portada como un eco de los discursos oficiales que buscan minimizar la crítica y acallar las voces incómodas. Acompañando la imagen, un editorial contundente señala: "¿Conoce un país donde todo va bien, según los periódicos? Ese es el sueño de gobiernos autoritarios o populistas: medios sumisos, sin preguntas incómodas, sin investigaciones, sin rendición de cuentas".

La crítica de La Nación no es velada. El editorial hace referencia directa a los ataques verbales y políticos del presidente Chaves contra medios independientes como La Nación, CR Hoy y Teletica, a los que ha acusado repetidamente de manipular información y de estar al servicio de intereses "corruptos". En varias ocasiones, ha tildado a la prensa de "canalla" y ha insinuado que ciertos periodistas deberían ser llevados ante la justicia, lo que organizaciones internacionales han interpretado como una amenaza a la libertad de expresión.

El diario también comparó el discurso y la estrategia del mandatario costarricense con la de líderes conocidos por su autoritarismo, como Nayib Bukele (El Salvador), Donald Trump (EE. UU.), Xi Jinping (China), Nicolás Maduro (Venezuela), Vladimir Putin (Rusia) y Daniel Ortega (Nicaragua).

"Lo primero que se ataca cuando se quiere concentrar el poder es la prensa libre", afirma el editorial.

La acción simbólica de este 30 de mayo cobra aún más fuerza al coincidir con el Día Nacional del Periodista en Costa Rica, fecha que recuerda el atentado con explosivos perpetrado en La Penca, Nicaragua, en 1984. Aquel ataque —atribuido a agentes infiltrados del régimen de Daniel Ortega— dejó cuatro periodistas muertos y más de veinte heridos, en su mayoría costarricenses, marcando una herida profunda en la historia del periodismo regional.

Frente a este panorama, La Nación reafirmó su compromiso con el periodismo independiente: "Sin preguntas no hay respuestas; sin prensa no hay acceso a la verdad, y sin verdad no hay democracia".

jueves, 29 de mayo de 2025

Mirko Rafael Buchín 1932 – 2025

Mirko Buchín fue un gran maestro de teatro, autor, actor, director, docente y figura fundamental de la cultura rosarina y santafesina
Nacido en 1932 en Juan Bernabé Molina, Santa Fe, Buchín dedicó su vida al arte en todas sus formas. Desde muy joven abrazó el teatro, la educación, la dramaturgia y el cine como vehículos de expresión, pensamiento y sensibilidad. Su trayectoria fue extensa, profunda y vital, marcada por su compromiso con la palabra, la escena, la docencia y la cultura popular.
 
Formación, docencia y pensamiento teatral
Se formó en Rosario, donde cursó Filosofía y Letras, y se graduó como Profesor Nacional de Teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Fue convocado por instituciones de prestigio para compartir su saber: dictó cátedras como Práctica Escénica III, Historia del Teatro I e Introducción a la Obra en la Universidad Nacional de Córdoba, y se desempeñó como profesor adjunto en la cátedra de Introducción al Lenguaje de las Artes Combinadas y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

En Rosario fue docente del Estudio de Comedias Musicales del Teatro El Círculo, y profesor en la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, donde también ofreció cursos, talleres y conferencias a lo largo de décadas, a través de la universidad y del Fondo Nacional de las Artes. Entre los temas que abordó se cuentan el miedo en el escenario, la historia del teatro, el arte escénico, la ópera, el teatro musical, la formación del actor y los clásicos dramáticos.

Participó como jurado en múltiples certámenes nacionales: concursos docentes en la UNC, becas del Fondo Nacional de las Artes, dramaturgia de Argentores, y certámenes de la Subsecretaría de Cultura de Santa Fe.
Dramaturgo y autor

  • Fue un dramaturgo prolífico y reconocido, autor de obras memorables como:
  • La casa de Ula, Premio Argentores 1971
  • La linterna, Premio Teatro Sha de Buenos Aires
  • La valija del rompecabezas
  • La leyenda del gauchito Gil (musical)
  • Por simpatía
  • Víctor en el país
  • Haciendo patria
  • Hay sapos que no son feos
  • La caja del almanaque, Primer Premio en la I Bienal de Obras Teatrales Argentinas
  • El tucán escocés, Premio en Necochea al Teatro para Niños
  • Las ocultas intenciones
Publicó en revistas como Talia de Buenos Aires, donde apareció su ensayo El arte del silencio: Marcel Marceau, y escribió el prólogo para Casa de muñecas / Espectros de Henrik Ibsen.
 
La novela que se volvió película: Chechechela
Su novela, Chechechela, fue llevada al cine en 1986 bajo la dirección de Bebe Kamin (Los chicos de la guerra), con un guion coescrito por Buchín. La historia cuenta sobre un famoso vecino de la ciudad supo decir que caminando por la peatonal Córdoba, al ver pasar a una mujer uno se pierde… se pierde la que viene detrás. Y si la que viene detrás, son todas las mujeres que habitan la ciudad, y tienen los modos propios del barrio, que pueden ser de zona sur como Arroyito, y una voz y una cadencia de una música que no sabemos reconocer porque es tan nuestra, y si esa mujer, esa chica, tiene grandes sueños y objetivos concretos para su vida, esa chica es Chechechela. La película fue protagonizada por la actriz Ana María Picchio acompañada por Víctor Laplace, Tina Serrano, Ana María Giunta, Juan Manuel Tenuta, la rosarina María Fiorentino y gran elenco.
Cineasta fanático
Buchín tuvo varias incursiones en el universo audiovisual, sobre todo en sus últimos años. Fue parte de:
  • La noche del crimen (1987), ficción televisiva dirigida por José María "Cocho" Paolantonio, basada en un cuento de Mateo Booz, junto a Pepe Soriano
  • Los teleféricos (2010), cortometraje de Federico Actis, incluido en el ciclo Historias Breves 6 del INCAA
  • Cuatromil (2012), corto de Elena Guillén
  • Severino (2019), bajo dirección de Gastón Calivari
  • Pájaros negros (2020), miniserie dirigida por Jesica Aran
Teatro: la vocación de toda su vida
Dirigió y actuó en numerosas puestas teatrales, entre ellas: Jettatore de Gregorio de Laferrère, La lección de Eugène Ionesco, Fiebre de heno de Noël Coward, Severino el cruel de Roberto Arlt, El casamiento de la Laucha de Roberto J. Payró, Así es (si les parece) de Luigi Pirandello, Yerma de Federico García Lorca y Nuestros hijos de Florencio Sánchez. También trabajó en obras como Muertas de hambre, El canillita, Fama, Robin Hood, Balada de los tres inocentes, Corazón de bizcochuelo y El cadáver del Sr. García, muchas de ellas adaptaciones o creaciones colectivas del teatro independiente rosarino.

Fue fundador de la sala Caras y Caretas, inaugurada en Rosario en 1973 con Mientraiga de Payró, y dirigió el Grupo de Teatro Universitario.

Como régisseur, montó óperas en Rosario, otras ciudades del país y en el Salón Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires, coordinando la dirección escénica e interpretativa con los músicos y cantantes.

Reconocimientos
Además de sus premios por obras teatrales, recibió distinciones como:
  • Premio a la Trayectoria del Instituto Nacional del Teatro (2004)
  • Ciudadano Ilustre de Rosario (2008), declarado por el Concejo a pedido del Grupo El Búho
  • Distinción por sus 25 años de trayectoria de Argentores (2022)
  • Premio Erminda Benítez de Lambruschini de la UNR (2024)
Despedidas institucionales y afectivas
Su partida generó homenajes sentidos en todo el país: 
Facultad de Humanidades y Artes (UNR): "Mirko, se autodefinía como una persona con tres nacionalidades: ‘mi viejo era serbio, mi madre croata y soy argentino por el aire y la comida’. Decía: 'En el teatro es fundamental la palabra. Si lo gestual pasa a primer plano y prescinde del texto, ya no es teatro, es pantomima'."

Asociación Argentina de Actores y Actrices: "Despedimos con profundo pesar a Mirko Buchín, actor, autor, docente y director teatral, figura emblemática de la cultura santafesina, cuya obra dejó una huella imborrable en todo el país."

AMSAFE: "Mirko fue maestro de actrices y actores, amigo y compañero de tantas y tantos docentes. Deja un legado imborrable en la escena teatral de Rosario y del país."

Comuna de Juan Bernabé Molina: "Despedimos con profundo pesar a nuestro Ciudadano Ilustre. Su legado, compromiso y amor por nuestro pueblo permanecerán siempre en la memoria de quienes tuvimos el honor de conocerlo."

Miguel Ángel Spinelli (Radio Noventa, J.B. Molina): "Anoche falleció Mirko Buchín. Se cumplió su deseo: ‘que la muerte me encuentre vivo’. Vivió felices 92 años, murió en paz, con su J.B. Molina siempre en su corazón."
Liliana Gioia (actriz y amiga): "No permitiré que esta tristeza disminuya la dicha de haberte tenido tan cerca como maestro, director, dramaturgo. Te vas por la puerta grande, la muerte te sorprendió viviendo: enseñando, estudiando idiomas y arte, haciendo ejercicio. Te llevo en mi corazón, con gratitud infinita."

miércoles, 28 de mayo de 2025

Periodismo bajo presión: charla abierta sobre libertad de expresión en tiempos libertarios

En el marco del Día de les Periodistas y Trabajadorxs de Prensa, el Sindicato de Prensa Rosario invita a participar de la charla-debate "La libertad de expresión hoy", que se realizará el próximo miércoles 4 de junio a las 17 hs en la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (Maipú 1065). La actividad es con entrada libre y gratuita.

El encuentro contará con la participación de Damián Loreti y Graciana Peñafort, dos referentes en el campo del derecho a la comunicación, quienes reflexionarán sobre el estado actual de la libertad de expresión y los derechos asociados en el contexto del gobierno de Javier Milei.

Durante la actual gestión, se ha registrado una baja tolerancia a las críticas y el uso frecuente de discursos estigmatizantes desde el poder. Diversos informes —como el de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA— advierten sobre un clima de creciente hostilidad hacia la prensa: agresiones a comunicadoras, ciberacoso, formas de tecnocensura, y políticas que vulneran derechos laborales y comunicacionales, favoreciendo la concentración mediática.

Sobre les disertantes:
Damián Loreti: abogado, doctor en Ciencias de la Información y docente universitario. Fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y es un referente en legislación sobre libertad de expresión.
Graciana Peñafort: abogada, docente y legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. Fue coautora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N.º 26.522, y defensora de los derechos comunicacionales en el ámbito público y legislativo.

El evento propone abrir un espacio de análisis y participación en defensa del periodismo libre y el derecho ciudadano a la información.

Una escuela nacida de un sueño colectivo

Nota de opinión del Padre Daniel Siñeriz en el programa Señales, en Aire Libre, Radio Comunitaria
La reciente inauguración de la Escuela Primaria Gobernador Ingeniero Miguel Lifschitz es una buena noticia. Pero más allá del corte de cinta, es justo y necesario contar toda la historia. Porque esta no es solo una obra de gobierno: es el resultado de una lucha larga, constante y profundamente colectiva.

Todo comenzó hace décadas, cuando la realidad del barrio Nuevo Alberdi Oeste era muy distinta. Muchos chicos tenían que cruzar la ruta y la vía del tren para ir a la escuela. Algunos, incluso desde zonas rurales, caminaban hasta 20 cuadras. En esas condiciones, la idea de tener una escuela en el propio barrio no era un lujo, sino una necesidad urgente.

Cuando llegué al barrio en 2005, una mujer llamada María Elena García —que ya no vivía allí pero mantenía un fuerte vínculo— me planteó su preocupación. Junto con Esther Roldán, histórica secretaria del centro de salud, venían gestionando desde hacía un par de décadas la posibilidad de contar con una escuela propia. Ellas fueron las primeras impulsoras de esta causa, mucho antes de que se hablara del tema en los despachos oficiales. Esa fue la primera experiencia de gestión ciudadana, algo fundamental para destacar, ya que incluso el ministro de Educación mencionó en su discurso que esta demanda debió haberse atendido mucho antes, dada la historia y el reclamo sostenido de los vecinos.
Si retrocedemos un poco más, cuando aún funcionaba el ferrocarril, la zona de Nuevo Alberdi Oeste era la más importante del barrio: allí se encontraban la comisaría, la escuela, un club y la estación del tren, que condicionaba todo. Incluso había un cine. Esto ocurrió hace unos 40 o 50 años.

Con el auge del transporte en colectivo, el desarrollo se desplazó hacia el otro lado de la ruta, concentrándose allí toda la actividad.

En 2005 comenzamos a atender esta inquietud relacionada con la escuela, y en 2008, junto con la gente de Giros, realizamos una encuesta visitando hogares para determinar cuántos chicos vivían en la zona. Presentamos esos resultados, que mostraban que entre 700 y 800 niños cruzaban a diario la ruta y las vías para asistir a la escuela del otro lado, confirmando la urgencia de una solución local.

Tras numerosas gestiones y años de trabajo, alrededor de 2018, los vecinos presentaron un reclamo firmado por 1.500 familias solicitando la construcción de la escuela, fortaleciendo aún más la demanda.
Entonces fuimos recibidos por la ministra de Educación de ese momento, Claudia Balagué, quien tomó la decisión política de que la escuela debía construirse. No se sabía aún dónde, pero surgió la posibilidad de un terreno perteneciente al arzobispado, junto a la capilla del barrio. El 5 de febrero de 2019, viajé a Santa Fe por encargo del obispo para firmar el boleto de cesión del terreno a la provincia. Dos días después, hubo un acto con autoridades de todos los niveles: parecía que el sueño finalmente se concretaba.

El terreno donde se construyó la escuela fue adquirido en su momento por las Hermanas Franciscanas Capuchinas del Colegio San Francisco de Asís, de Alberdi. Allí levantaron la planta baja de lo que originalmente habían proyectado como una escuela. Con el tiempo, ese edificio pasó a funcionar como capilla y albergó diversas dependencias destinadas a múltiples funciones. Durante más de veinte años, también operó en ese espacio un aula radial perteneciente a una escuela para adultos de la Provincia. Posteriormente, parte del terreno fue vendido al Estado provincial para la construcción de la nueva escuela.
Sin embargo, con el cambio de gobierno, todo se volvió a frenar. Durante la gestión del gobernador Omar Perotti se licitó la obra, pero surgieron múltiples obstáculos: vandalismo, demoras y una antena de telefonía que debió ser trasladada. No fue fácil. Recién en esta última gestión provincial se reactivó la obra y se concretó.

No fue una escuela cualquiera. En poco tiempo se levantó un edificio modelo, inspirado en discusiones sobre urbanismo en contextos de violencia, tomando como ejemplo a Medellín, donde se planteó que los mejores servicios deben estar en los lugares más vulnerables, no en los barrios acomodados. Ese fue el espíritu de esta obra.
La escuela cuenta con un polideportivo semicubierto con áreas de vestuario, un espacio de huertas, y aulas con aire acondicionado que pueden agruparse de a dos mediante paneles rebatibles, permitiendo adaptarse a distintos usos. También dispone de un comedor amplio y acogedor, una cocina equipada, y una huerta. Un detalle no menor: el edificio está provisto de un techo con paneles solares que no solo abastecen su consumo energético, sino que también inyectan energía a la red. Además, cuenta con calefacción por piso radiante con aporte solar.

Frente al ingreso se encuentra un salón de usos múltiples, con acceso independiente al funcionamiento escolar, pensado también para el uso abierto por parte de la comunidad.

En muchos sentidos, es una obra de arte. Un ejemplo de cómo debe actuar el Estado cuando piensa en grande y con dignidad.
Hoy, los dos edificios vecinos se alzan como mojones que marcan, en la geografía de los sueños, el paso del tiempo y la perseverancia de una comunidad.

Pero repito: esta escuela no fue solo una decisión política. Fue, sobre todo, una conquista de la comunidad. De los vecinos y vecinas que no bajaron los brazos. De las maestras, los chicos, los padres. De quienes soñaron y gestionaron durante años. De quienes nos encargamos de "quitarle el sueño" a Miguel Lifschitz, como solía decir, para que este se hiciera realidad.

En los comunicados oficiales no se mencionó ni a la comunidad ni a quienes llevamos adelante este proceso. Por eso me ocupé de convocar a quienes participaron activamente y no habían sido invitados al acto inaugural. Porque esta historia tiene protagonistas concretos. Y no se trata de figurar: se trata de honrar el esfuerzo colectivo.

Celebro profundamente esta escuela. Pero más celebro el ejemplo que deja: cuando el Estado se articula con una ciudadanía organizada, los sueños se convierten en derechos. Y esa es la lección que no debemos olvidar.
Daniel Siñeriz Griffa 

martes, 27 de mayo de 2025

Informe sobre informantes

Por: Marcelo Pereira
En Uruguay son habituales las condenas y advertencias contra el llamado "periodismo de periodistas", que incluye la publicación de comentarios sobre la labor de colegas. Hay lo que el diccionario de la Real Academia Española define como un tabú: la "condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar", por el imperio de tradiciones que se parecen, en este caso como en otros, a un pacto de silencio para la impunidad corporativa.

Es muy discutible que el tabú nos beneficie de algún modo legítimo; lo indudable es que perjudica a la sociedad en su conjunto. Y más aún cuando el silencio encubre a empresas que coartan nuestro trabajo. Por eso es importante la declaración del colectivo Encuentro de Periodistas ver imagen, sobre presiones –aceptadas en varios casos– contra la difusión de que dos desconocidos incendiaron una camioneta de Francisco de Posadas, empresario del grupo de medios Magnolio*.

Quienes se dedican a la medicina o a la docencia trabajan para que otras personas puedan gozar, respectivamente, de sus derechos a la salud y la educación. El periodismo es esencial para que cualquiera pueda ejercer su derecho a la información.

Compartimos el derecho a la expresión con los demás seres humanos, pero la finalidad más relevante de nuestra tarea profesional no es que nos expresemos libremente, sino que aportemos insumos para que la convivencia social y las decisiones ciudadanas se desarrollen a partir de información de calidad: obtenida, verificada, comprendida y transmitida al máximo de nuestras capacidades y a partir de una formación específica. Por eso, el periodismo bien hecho es progresista. Aumenta la calidad de la democracia e incluso resulta indispensable para que ella exista.

En el periodismo uruguayo hay gente de distintas generaciones, dedicada a diferentes tareas y –felizmente– con opiniones contrapuestas sobre gran cantidad de asuntos, pero que en su inmensa mayoría comparte valores y criterios básicos. Valores y criterios que siempre han sido combatidos por fuerzas poderosas, en nombre de diversas ideologías o por crudos intereses, y que en estos tiempos afrontan nuevas amenazas.
La publicación de informaciones falsificadas, a menudo en escala industrial; los intentos de convertir en sinónimos “periodista” y “ensobrado”; las alianzas entre grandes empresarios de las redes sociales y dirigentes políticos; la brutal concentración de la propiedad de los medios de comunicación; los usos poco éticos de la inteligencia artificial y otros peligros no atentan sólo contra nuestros derechos como periodistas, sino también contra los del conjunto de la ciudadanía.

La Asociación de la Prensa Uruguaya tiene una agenda muy cargada de cuestiones estrictamente sindicales, y los esfuerzos que realiza en su terreno específico acotan la posibilidad de que aborde otros temas. Varias organizaciones de la sociedad civil aportan a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a información, pero no pueden incidir directamente para que los problemas se resuelvan. Los organismos estatales suelen prestarles más atención a las empresas periodísticas que a quienes trabajamos en ellas, y adjudicarles tareas de control de contenidos con frecuencia empeora la situación en vez de mejorarla.

En el elenco político no es raro que los intereses individuales, sectoriales o partidarios de corto plazo pesen más que la necesidad estratégica de fortalecer al sistema de medios en su conjunto, para bien de la convivencia democrática.

Lo que nos queda es organizarnos. En la diaria asumimos que la autogestión cooperativa es la mejor garantía de la independencia periodística, pero no se nos ocurre que sea la única forma de defenderla, y conocemos bien los costos del camino que emprendimos hace dos décadas. Tampoco pensamos que nuestra manera de trabajar asegure los mejores resultados, ni que justifique los errores que cometemos (aunque nos llene de orgullo que esos errores sean totalmente nuestros y no el resultado de decisiones patronales). Hay más de una manera de hacer las cosas bien y tenemos que aprender de otras experiencias.

La clave es que seamos capaces de encontrarnos e intercambiar con respeto y franqueza sobre dificultades, dudas, propuestas y posibilidades de acción colectiva. Que nos propongamos contrapesar la disgregación y la competencia con cooperación y diálogo. Pero esto, siendo mucho, no es suficiente. Hace falta el respetable público.

En la medida en que no se trata sólo de defender nuestros derechos como periodistas, sino de lograr mejores condiciones para garantizar derechos sociales, reunirnos entre colegas no basta. También es fundamental que en la sociedad se sepa qué hacemos y cómo lo hacemos, qué dificultades nos impiden ser más útiles y qué se puede hacer al respecto. Que la gente nos haga saber qué opina de nuestro trabajo y que se haga oír donde no decidimos, reclamando un mejor servicio.

*Francisco de Posadas, un empresario que en los últimos años se convirtió en un poderoso jugador del sistema de medios en el país gracias a la compra de numerosos medios de comunicación. Actualmente, Magnolio controla las radios El Espectador Deportes (810 AM y 92.5 FM), FM Del Sol, Azul FM (Montevideo y Maldonado), y Disney FM.
Ilustración: Federico Murro
Fuentes: La Diaria, Señales

Periodistas de Corrientes repudia el apriete y las amenazas contra José Machado

Desde la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC), repudiamos "el apriete y las amenazas" realizadas por parte del el exgobernador y candidato de Encuentro Por Corrientes (ECO), Ricardo Colombi, al trabajador de prensa de Digital Santo Tomé TV, José Carlos Machado, al cual el senador provincial buscó obligarlo a que le realice una nota periodística.

El reconocido trabajador de prensa de Santo Tomé, se encontraba realizando la cobertura de la inauguración de la planta de biomasa San Alonso, en Virasoro, cuando al llegar al lugar fue abordado por referente político, quien le cuestionó la negación a hacerle una entrevista por su visita la localidad, en carácter de candidato a gobernador de Corrientes.

Ante la negativa de Machado, Colombi lo increpó y lo amenazó diciéndole: "Ya vas a ver vos, después del 10 Diciembre", fecha en que, el tres veces gobernador de Corrientes, supone asumirá nuevamente como titular del gobierno de la provincia.

Desde a APC repudiamos este amedrentamiento por parte de un político, ya que el criterio periodístico y la libertad de expresión son dos conceptos que van de la mano y que no se negocian, estando relacionados a los intereses de la comunidad, a la que el periodismo se debe.

Exigimos, además, que tales se respeten, como así también la labor que hace cada trabajador de prensa en todo el territorio provincial, teniendo en cuenta que no siempre el interés de la comunicación de los políticos es ecuánime con el de la población en general.

No podemos tolerar estas prácticas de la vieja política, en la que el apriete y las amenazas eran moneda corriente. Desde nuestra organización sindical, ponemos de relieve nuestro compromiso con la democracia y las buenas prácticas periodísticas, pero por sobre todas las cosas, enalteciendo la tarea de informar a la ciudadanía con libertad, verdad, recisión y respeto.

Radio Pública de EE. UU. demanda a Donald Trump por recorte de fondos: "Nos castiga por informar"

La Radio Pública Nacional (NPR) y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS) acudieron a la justicia tras el decreto con el que Trump interrumpió su financiación. Alegan una violación a la libertad de expresión y a la separación de poderes consagrada en la Constitución
Por: David Bauder  
La Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y tres de sus estaciones locales presentaron una demanda el martes contra el presidente Donald Trump, argumentando que su orden ejecutiva destinada a recortar la financiación a la red de 246 estaciones viola su libertad de expresión y se basa en una autoridad que él no posee .

Trump emitió la orden a principios de este mes, ordenando a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB, por sus siglas en inglés) y a las agencias federales que cesen la financiación directa o indirecta de la NPR y el Servicio de Radiodifusión Pública (PBS, por sus siglas en inglés). El presidente y sus partidarios argumentan que los informes noticiosos promueven un sesgo liberal y no deberían ser apoyados por los contribuyentes.

"La finalidad de la Orden no podría ser más clara: tiene como objetivo castigar a la NPR por el contenido de noticias y otros programas que al presidente no le gustan y congelar el libre ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda por parte de la NPR y las estaciones de radio públicas individuales en todo el país", se indica en la demanda. Ésta fue presentada en un tribunal federal en Washington por la NPR y tres entidades de Colorado — Colorado Public Radio, Aspen Public Radio y KUTE, Inc., elegidas para mostrar la diversidad del sistema en áreas urbanas y rurales.

"Al basar sus directrices en el contenido de la programación de la NPR, la orden ejecutiva busca forzar al organismo a adaptar sus estándares periodísticos y decisiones editoriales a las preferencias del gobierno si desea continuar recibiendo financiación federal", dijo el martes Katherine Maher, directora ejecutiva de la NPR.

En la demanda se indica que Trump ataca a una corporación privada sin fines de lucro

En la demanda se alega que Trump emprende acciones para oponerse a la CPB, una corporación privada sin fines de lucro establecida para distribuir fondos federales a la NPR y el PBS, y destinada a proteger el sistema contra la interferencia política. El Congreso asignó 535 millones de dólares anuales a ese organismo para 2025, 2026 y 2027.

En respuesta a la demanda, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields, dijo que la CPB "está creando medios para apoyar a un partido político en particular con el dinero de los contribuyentes", por lo que Trump ejerce su autoridad de conformidad con la ley. "El presidente fue elegido con un mandato para garantizar el uso eficiente del dinero de los contribuyentes, y continuará usando su autoridad legal para lograr ese objetivo", dijo.

Trump no ha ocultado sus sentimientos sobre la NPR, calificándola en abril como una "máquina de desinformación liberal" en una publicación en redes sociales.

La batalla legal parecía inminente, dado que los directores de la NPR y el PBS reaccionaron a la medida de Trump con declaraciones de que creían que era ilegal. La ausencia del PBS en la presentación del martes indica que los dos sistemas impugnarán esto por separado; el PBS aún no ha acudido a los tribunales, pero es probable que lo haga pronto.

"El PBS está considerando todas las opciones, incluida la acción legal, para permitir que nuestra organización siga proporcionando programación y servicios esenciales a las estaciones miembros y a todos los estadounidenses", dijo el martes el portavoz del organismo, Jeremy Gaines.

Trump ha emprendido otras disputas legales con organizaciones de noticias
"La intención es clara: el decreto busca castigar a NPR por el contenido de noticias y otros programas que desagradan al presidente", declaró la directora ejecutiva de NPR, Katherine Maher, en un comunicado. "Defendemos los derechos constitucionales, la libertad de prensa y un público informado", añadió Maher. La directiva calcula que 43 millones de personas en Estados Unidos escuchan los programas de NPR cada semana. PBS estima que 36 millones ven mensualmente sus programas de televisión en una emisora local.
Los intentos del presidente de desmantelar fuentes de noticias administradas por el gobierno como Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty también han provocado batallas legales.

El gobierno ha tenido pugnas con la prensa en varios frentes. La Comisión Federal de Comunicaciones investiga a ABC, CBS y NBC News. The Associated Press también acudió a los tribunales después de que la administración restringiera su acceso a ciertos eventos en respuesta a la decisión de la organización de no renombrar el Golfo de México como decretó el mandatario.

En la demanda se indica que el 11% del presupuesto de Aspen Public Radio es proporcionado por la Corporación para la Radiodifusión Pública. El porcentaje de la Colorado Public Radio, una red de 19 estaciones, es del 6% y el del KUTE, de 19%. Esa estación fue fundada en 1976 por la tribu india Southern Ute.

La NPR señala que la orden intenta prohibir que las estaciones individuales de su sistema usen dinero federal para comprar programación de ese organismo, como "All Things Considered", el programa vespertino de noticias más escuchado en el país, además de su contraparte matutina "Morning Edition" y programación cultural como los conciertos Tiny Desk.

La orden "interfiere directamente con la independencia editorial al exigirles que busquen programación en otros lugares", dijo la demanda.

La NPR dice que también proporciona servicios de infraestructura a cientos de estaciones de radio públicas y que, sin ella, el área de cobertura de éstas se reduciría. También constituye la columna vertebral de los sistemas de alerta de emergencia en todo el país.

"La radiodifusión pública es una base insustituible de la vida cívica estadounidense", dijo Maher. "En su mejor momento, refleja nuestra nación de vuelta a sí misma en toda nuestra complejidad, contradicciones y puntos en común y conecta a nuestras comunidades a pesar de sus diferencias y divisiones".

NPR y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS) se financian con fondos públicos estadounidenses y donaciones privadas.

Desde que regresó al poder, en enero, Trump ha lanzado ataques y críticas contra los principales medios de comunicación estadounidenses, alegando que no son imparciales y son "enemigos del pueblo".

A principios de este mes, el magnate republicano firmó un decreto que ordena a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CBP), que aporta fondos a la NPR y PBS, dejar de financiar a esas cadenas.

El gobierno de Trump considera que esos medios "han alimentado el partidismo y la propaganda de izquierda con dinero de los contribuyentes".
Foto: Agencia AFP
Fuente: Associated Press

Debate: los bots no tienen libertad de expresión, los humanos sí tienen responsabilidad

A partir de un editorial sobre el caso de un adolescente que se suicidó tras interactuar con un bot, el diario El Espectador, de Colombia, plantea una pregunta clave para nuestra era tecnológica: ¿pueden las empresas escudarse en la libertad de expresión para evitar responder por los daños que causan sus sistemas de inteligencia artificial? La respuesta no está en los algoritmos, sino en las decisiones humanas que los diseñan. El editorial y la respuesta de un lector:
¿Qué pueden y, más importante aún, qué no pueden decir estos sistemas? Y cuando causan un daño, ¿quién es responsable? ¿Hay algún responsable?

Los límites de la libertad de expresión de la IA
¿Los bots de inteligencia artificial tienen derecho a la libertad de expresión? Esa es la pregunta en el corazón de un caso en Estados Unidos que involucra la muerte de un adolescente que fue víctima de suicidio. Según la jueza del proceso, Anne Conway, "no se encuentra preparada" para considerar que la producción de modelos de lenguaje pueda considerarse como un discurso protegido por la Constitución de ese país. Sin embargo, eso puede cambiar en el futuro. Ante las vertiginosas evolución y sofisticación que este tipo de herramientas tecnológicas están adquiriendo, la pregunta involucra a todos los países del mundo. ¿Qué pueden y, más importante aún, qué no pueden decir estos sistemas? Y cuando causan un daño, ¿quién es responsable? ¿Hay algún responsable?

La influencia de la inteligencia artificial en nuestras vidas viene en aumento. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que con el paso de los años las personas han cambiado las palabras que usan para referirse a la inteligencia artificial. Si antes la llamábamos "computadora" o "motor de búsqueda", ahora se utilizan palabras como "amiga", "profesora" o "asistente". Hay un 41 % de aumento en palabras cálidas para explicar la relación que se entabla con estas tecnologías. La Asociación Americana de Psicología ha estudiado también que las personas están utilizando estas herramientas para pedir consejos e incluso buscar apoyo en problemas de salud mental. Es decir, para millones de personas la inteligencia artificial, con sus modelos de lenguaje, es una compañía diaria.

El caso en cuestión no podría ser más trágico y urgente, así como una muestra de esta tendencia. Sewell Setzer III tenía 14 años y utilizaba de manera obsesiva Character AI. Esta plataforma crea bots modelados en personajes reales y ficticios que están diseñados para comunicarse con verosimilitud. En el caso de Setzer, su personaje le decía que lo amaba, era sexualmente explícito, lo manipulaba emocionalmente y le decía que fuera a visitarla en un mundo de fantasía. En ese contexto, Setzer fue víctima de suicidio. La última "persona" con la que habló fue su bot.

No es el único caso. Hay otra demanda similar contra la empresa por los daños que produce en la salud mental de adolescentes. La familia de Setzer, por su parte, está buscando que se responsabilice a Character AI por la muerte del joven, por la creación de personajes sin salvaguardias para evitar tragedias, por permitir que sus modelos de lenguaje digan lo que se les antoje y sean manipuladores, y por no cerciorarse de que son solo adultos los que usan la plataforma. La defensa de la empresa es, básicamente, que lo dicho por los bots está protegido por la libertad de expresión y que no se pueden responsabilizar del mal uso que hagan sus usuarios de esta.

El debate no es sencillo. Aunque se comprende el riesgo que este tipo de herramientas tienen para personas vulnerables, y que Character AI debe responder por su propia negligencia, también es cierto que es un medio de expresión construido sobre discursos típicamente protegidos por los derechos constitucionales. Es probable que se necesiten regulaciones como las que existen para evitar, por ejemplo, apología de crímenes, pero también es cierto que la falta de transparencia de sus empresas creadoras hacen muy difícil la intervención de las autoridades. Estamos en un nuevo salvaje oeste tecnológico, con muchas preguntas y, ante todo, con los riesgos a flor de piel.

Cartas de los lectores
No, los bots no tienen libertad de expresión
Por: J.C.:
He leído con atención su editorial del 24 de mayo, que plantea si los bots de inteligencia artificial deberían tener derecho a la libertad de expresión. Esta pregunta, lejos de ser filosófica, revela una confusión peligrosa: los bots no son personas ni sujetos de derecho. Son herramientas creadas, entrenadas y operadas por seres humanos. Por tanto, no tienen derechos, y menos aún el de la libertad de expresión, que nace de la dignidad humana y está destinado a proteger a los ciudadanos frente al poder, no a blindar a las empresas tecnológicas frente a su responsabilidad.

El caso de Sewell Setzer III, el adolescente que se suicidó tras interactuar con un bot de Character AI que le decía que lo amaba, lo manipulaba emocionalmente y lo incitaba a una fantasía suicida, no es una anécdota: es una alarma. La empresa responde que no puede ser responsable de lo que "digan" sus modelos, y que esas expresiones estarían protegidas constitucionalmente. Pero eso es un abuso retórico. No se puede invocar la libertad de expresión para justificar la ausencia de filtros, el diseño irresponsable y la desprotección de los usuarios más vulnerables.

Este no es un debate sobre censura, sino sobre responsabilidad. No se trata de lo que los bots "quieren decir" —porque no quieren nada—, sino de cómo son programados, con qué objetivos y sin qué límites. Si un bot expresa amor sexualizado a un menor, eso no es un error de usuario, sino una falla grave del sistema, y tras esa falla hay decisiones humanas y comerciales.

Decir que estamos en un "salvaje oeste tecnológico" no puede servir de excusa. Regular no es impedir la innovación, sino ponerle barreras al daño. En ningún otro ámbito —ni en la medicina ni en la publicidad infantil— se permite el nivel de impunidad y opacidad que hoy gozan algunas plataformas de IA generativa.

Por eso, la pregunta central no es si los bots tienen derecho a expresarse, sino quién responde por ellos cuando causan daño. Lo que necesitamos no es expandir los derechos a las máquinas, sino reforzar las obligaciones de sus creadores. No podemos seguir aceptando que las empresas tecnológicas se escuden en la neutralidad algorítmica mientras los usuarios, especialmente los menores, enfrentan las consecuencias emocionales y psicológicas de interactuar con sistemas diseñados para simular afecto, seducción o intimidad sin control.

Como sociedad, no podemos permitir que el lenguaje técnico desplace la ética. La libertad de expresión protege a las personas, no a las simulaciones. Y la protección de los más vulnerables no es un obstáculo para el progreso: es la condición de su legitimidad.
Foto: EFE - Hannibal Hanschke
Fuente. Diario El Espectador

lunes, 26 de mayo de 2025

Argentina en venta: del trabajo al lavado, del Estado al garito

La nueva ley de blanqueo vuelve a poner en el centro el perdón al dinero sin preguntas. Mientras se reprime a trabajadores y se vacían empresas, se consolida un modelo donde la especulación y el delito económico ocupan el lugar del desarrollo y la producción

Por: Carlos del Frade, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe
En vísperas del 25 de mayo, da la sensación de que asistimos a una nueva disolución de la Argentina. Una crisis profunda, marcada por un gobierno que vuelve a legitimar sin pudor cualquier origen del dinero. Como decía Julio Grondona, el eterno presidente de la AFA: "nunca se pregunta por el origen del dinero". Pero ahora no es una frase suelta, sino una política de Estado en la cancha grande de la realidad nacional.

Con esta nueva ley de blanqueo, el país se encamina a convertirse en un centro de especulación financiera, tal como pretendía la dictadura cívico-militar: marginar el trabajo, la producción y el desarrollo para priorizar un negocio fácil y sin control. Esto se evidencia claramente cuando, tras la movilización de los trabajadores en Río Grande, el gobierno nacional envió inmediatamente a las fuerzas federales. Estas fuerzas no protegen las fronteras ni actúan ante la entrada de media tonelada de cocaína en el puerto de Vicentín, en San Lorenzo, pero sí están dispuestas a reprimir a jubilados y trabajadores que se movilizan.

En ese contexto, esta nueva ley de blanqueo responde a una necesidad que ha marcado toda la agenda, incluso del propio gobierno nacional: traer dólares, sumar a los que presta el FMI y luego asignar esos fondos a un destino que está muy lejos de las necesidades reales de nuestro pueblo.

En medio de esto, al perdonarse la pregunta sobre el origen del dinero, se está legitimando cerca del 50% de la economía ilegal, gran parte vinculada a tres negocios ilícitos muy arraigados en Argentina y en la provincia de Santa Fe: la trata de personas, el contrabando de armas y el narcotráfico.

Este es el mismo modelo que ya ha destruido el tejido social en países como Colombia, México, Brasil, Ecuador y Perú. No es especulación: es historia.

Con esta ley, se consolidará el desarrollo de estos tres negocios ilegales de arriba hacia abajo, aunque la lupa siempre se posará sobre los eslabones más bajos, porque en realidad lo que se busca es control social, no mayor seguridad.

Argentina incumple tratados internacionales con esta medida, como el firmado con el GAFI (Grupo de Acción Financiera), al que adhirió en 1991, durante el menemato. Esto nos ha llevado a la ridícula cifra de menos de 20 casos de lavado de dinero vinculados al narcotráfico en más de 30 años desde esa adhesión. Sin embargo, el problema existe, y se extiende además a todo lo relacionado con los sistemas bancarios. Mientras se endurecen las penas en nombre de la "lucha contra el crimen organizado", se blanquea el capital que lo financia. Una contradicción que expone con crudeza el doble estándar del poder.

El sistema bancario, gran cómplice de esta estructura, sigue lavando dinero sin controles. Según Naciones Unidas, que lo reafirma cada 26 de junio, Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico, se estima que el 30% del dinero en bancos proviene del narcotráfico. Mientras tanto, en Santa Fe, Maximiliano Pullaro habla de adherir a las políticas del gobierno de Javier Milei, pero sin mecanismos claros, sin leyes provinciales que lo respalden y sin jueces que lo soliciten. La mentira como modo de gestión.

En forma simultánea, tienen que salir a dar explicaciones el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el ministro de Economía, Pablo Olivares, anunciando que intentarán conformar una especie de comité de seguimiento, porque las alertas no funcionan, a pesar de que Santa Fe tiene una de las historias más significativas de lavado de dinero, como lo demuestra el caso del Banco Integrado Departamental. En 1995, se lavaron mil millones de dólares. Desde entonces hasta hoy se prometieron numerosas agencias antilavado, pero con estos nuevos anuncios, hechos a las apuradas para contrarrestar la gravedad de esta nueva medida de blanqueo, queda claro que no funcionan, no trabajan en profundidad o simplemente no existen.

El gobierno de Milei nos tiene acostumbrados a una mentira completamente ajena a la realidad. El pasado 13 de mayo, Patricia Bullrich afirmó que ya habíamos adherido a la mal llamada Ley Antimafia en Rosario. Eso es una locura. En primer lugar, porque dicha adhesión debe realizarse a través de una ley de la Legislatura, y ni siquiera se ha iniciado ese trámite. No hay ningún hecho concreto que lo respalde. Bullrich firmó una resolución basada en una supuesta información secreta de la inteligencia del Ministerio de Seguridad, según la cual Rosario pasaría a ser una ‘zona de investigación especial’. Todo absolutamente irreal, sin relación con lo que verdaderamente ocurre.

Por eso tengo la sensación de que no solo estamos ante la sepultura de la verdad, sino también frente a un gobierno que avanza con el objetivo de atraer inversiones ilegales y transformar a la Argentina en un país sostenido por dos grandes negocios: la explotación minera en la cordillera y la actividad portuaria. En el medio, un gran garito, como el paño verde de una ruleta global, donde lo financiero se impone por completo sobre lo productivo.

Estamos ante una economía que seguirá creciendo en la informalidad, y eso va a ser muy duro para los trabajadores. Muy duro. En Totoras hay una gran preocupación por el vaciamiento de Verónica, una histórica empresa láctea. Se cortaron todas las líneas de pago en la ciudad y en gran parte del departamento, lo que está causando un daño profundo. Hay familias que ya no pueden pagar siquiera los alquileres. Y, como suele ocurrir, todo esto está silenciado por los grandes medios de comunicación.

Cuando le planteé esta situación al ministro de Trabajo, Roald Báscolo, me respondió que el tema había sido tomado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Eso es alarmante, porque cuanto más lejos esté la solución, más difícil será. Ni hablar de algún tipo de aporte solidario para acompañar a los trabajadores de la provincia de Santa Fe.

Todo este contexto favorece la pérdida de empleos formales, el crecimiento del trabajo en negro y la degradación general de las condiciones laborales. En poco tiempo, ni siquiera sabremos con certeza cuánto vale cada cosa: el precio dependerá de la voluntad arbitraria de quien lo fija.

Además, esta medida puede habilitar el financiamiento de violencias en los sectores más marginados, precisamente en aquellas zonas que ahora, paradójicamente, se catalogan como "de investigación especial" en el marco de la mal llamada Ley Antimafia.

Por sobre todas las cosas, porque los grandes capitales —que manejan cajas tanto legales como ilegales— operan con total impunidad. Creo que el caso más emblemático, que sintetiza esta realidad, es el del puerto de Vicentín. Aunque la planta estaba parada, funcionaba para el narcotráfico: exportaba cocaína. Ya no le importaba si exportaba cereal o no. Ahora volvió a importar, pero lo que queda claro es que allí se llevan adelante ambos negocios, el legal y el ilegal.

Ese modelo va a verse favorecido. Nadie preguntará por lo ilegal, porque esa es la decisión tanto de la política nacional como provincial. En ese contexto, Argentina se encamina a convertirse cada vez más en un territorio destinado al lavado de dinero.

Alguna vez explicamos que la particularidad de Santa Fe en el desarrollo de bandas narcopoliciales barriales tenía una raíz estructural: fue la provincia que más temprano y con más decisión organizó el esquema de lavado de dinero. Un ejemplo claro es la privatización del Banco Provincial de Santa Fe, que fue entregado a los hermanos José y Carlos Rohm, quienes terminaron presos en Estados Unidos por lavado de dinero del narcotráfico.

Esa fue una señal clara de hacia dónde íbamos. Hoy, esa lógica no solo se profundiza, sino que se expande y se democratiza: toda la Argentina comienza a configurarse como un destino ideal para lavar dinero.

Se está impulsando una ley que endurece las penas y los procedimientos contra las organizaciones criminales. Sin embargo, al mismo tiempo, se implementan políticas de blanqueo que terminan beneficiando a los mismos actores que dicen combatir.

Cuando Pablo Olivares, el Ministro de Economía de la Provincia, afirma que "no puede ser que el 1% realice actividades ilegales, dañando al 99% que hace las cosas bien", me surgen dudas. ¿Por qué habla del 1%? ¿Dónde entra, por ejemplo, el caso Vicentín?

Como siempre, la realidad tiene dos caras, como una moneda. Por un lado, hay una política económica absolutamente permisiva con cualquier tipo de delito económico, sin rendirle cuentas a nadie. Por el otro, una mano cada vez más dura hacia los sectores populares y medios.

Se está negando información sobre la resolución 572 firmada por Patricia Bullrich. Nosotros estamos denunciando eso: la presentamos nuevamente, ahora como un pedido de informe. Cada vez hay más censura en la provincia de Santa Fe. Es algo impactante, muy grave, cómo se ha degradado la situación democrática en la provincia.

Lo que debe quedar claro es que esa resolución —la 572— no se sabe bien por qué se aplica. Creo que Patricia Bullrich lo hizo con fines políticos. Fue el 13 de mayo, antes de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue con ese objetivo: generar un efecto político.

Pero después, la ley —la mal llamada Ley Antimafia— establece con claridad, en su artículo 15, que su aplicación está sujeta a una invitación por parte de la Legislatura provincial. Esa invitación, en este caso, nunca llegó. Por eso digo que es irreal. Es una gran mentira.

Además, la ley indica algo más: quien debe solicitar su ejecución es un juez federal o el gobernador. Ninguno de los dos hizo tal pedido. No hay ningún juez federal en la provincia que haya solicitado aplicar esa ley.

Le pregunté a la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y le pedí su posición sobre el tema. Me respondió que no existía ningún tipo de pedido ni interés en la aplicación de esa ley por parte del MPA.

Quedó clarísimo: es una enorme mentira de la señora Patricia Bullrich.

Columna de opinión emitida el sábado 24 en el programa Señales