En los últimos años, la Relatoría Especial ha recibido estimaciones anuales sobre órdenes mordaza y prohibición de libros en instituciones educativas de todo Estados Unidos. Informes de organizaciones de la sociedad civil indican que entre enero de 2021 y octubre de 2024 se aplicaron en 23 estados 47 órdenes mordaza en escuelas de primaria a secundaria, así como 10 restricciones adicionales en instituciones de educación superior. Estos informes también sugieren que al menos 10.000 prohibiciones de libros habrían sido documentadas en el año escolar 2023-2024, marcando un aumento de casi el 70% en comparación a las 3.300 prohibiciones en 2022-2023, que a su vez habrían aumentado a partir de 2.500 en 2021-2022. Gran parte de los planes de estudio y las obras literarias prohibidas o severamente limitadas se centrarían en el racismo, la orientación sexual, la identidad de género, los derechos reproductivos y la violencia de género. Florida, Texas, Pensilvania, Wisconsin y Tennessee han sido identificados por la sociedad civil como los estados con mayores niveles de censura educativa.
La Oficina del Relator Especial también ha tomado conocimiento de presuntos casos de autocensura, en los que instructores y bibliotecarios, temiendo sanciones por parte de empleadores y autoridades, se han abstenido de enseñar contenidos o mostrar obras consideradas “impugnadas” o previamente censuradas en otras jurisdicciones. Además, la Oficina ha recibido informes adicionales sobre nuevas restricciones en los planes de estudio y en la compra de libros, la eliminación preventiva de asignaturas de los programas escolares y de libros de las colecciones de las bibliotecas, la relegación de determinados títulos a secciones restringidas de las bibliotecas, y la cancelación de actos académicos y literarios, como conferencias, talleres, visitas de autores y ferias del libro. A través de su correspondencia con los EE.UU., la RELE ha sido informada del papel del Departamento de Educación en la investigación de estos asuntos y la protección de los derechos civiles de los estudiantes.
Los estudios recibidos por esta Oficina afirman que la legislación estatal sería uno de los principales impulsores de la censura educativa. Múltiples leyes estatales incluyen ahora disposiciones sobre “adecuación a la edad” que han sido supuestamente utilizadas por las autoridades y residentes locales para impugnar legalmente planes de estudios y libros considerados “explícitos” o “sensibles” para los menores. Otras leyes y políticas estatales, incluidas órdenes ejecutivas, han citado la “diversidad de puntos de vista”, la “neutralidad institucional” y la “división” como justificaciones para restringir u obligar a que se incluyan determinados contenidos en las aulas y bibliotecas. Estas nuevas normativas también habrían establecido procedimientos para supervisar y objetar los planes de estudios, adquirir y retirar material didáctico, e imponer directrices curatoriales a instructores y bibliotecarios.
La RELE ha considerado que una sociedad libre y democrática se define por su capacidad de autorreflexión amplia, pluralista y vigorosa. Las órdenes de mordaza educativas y las prohibiciones de libros, como explicó el Relator Especial en diciembre de 2023, sofocan el discurso público, en particular sobre cuestiones críticas como la discriminación, la estigmatización y la difusión de información errónea y desinformación relacionadas con la raza, la identidad de género, la orientación sexual, los derechos reproductivos y la violencia de género. En octubre de 2022, la CIDH y su Relatoría Especial instaron a EE.UU. a fomentar las condiciones para un discurso público genuino sobre asuntos que afectan a toda la ciudadanía, asegurando la inclusión de voces diversas para abordar las tensiones y fricciones que surgen inherentemente en la sociedad de una manera abierta y pacífica, respetuosa de los derechos humanos.
Esta Oficina está especialmente alarmada por el impacto desproporcionado que tienen los contenidos frecuentemente censurados en las escuelas primarias, secundarias, universidades y bibliotecas públicas sobre los estudiantes, académicos y autores de grupos históricamente marginados. Estas personas se ven ahora privadas de ver reflejadas sus luchas y contribuciones a la sociedad en los planes de estudio y los materiales educativos, al tiempo que pierden oportunidades fundamentales en los espacios de aprendizaje para fomentar la empatía, el pensamiento crítico, la sensibilización y el cambio social. En consonancia con los estándares interamericanos de lucha contra la discriminación, los Estados tienen el deber de salvaguardar las distintas formas de expresión de los grupos excluidos durante mucho tiempo del discurso público, promover la conservación de la memoria colectiva, y fomentar una mayor tolerancia y respeto en la sociedad.
La RELE enfatiza que, tal como se detalla en los estándares interamericanos relevantes sobre menores, la libertad de expresión es un derecho reconocido para todos los individuos, independientemente de su edad. Este derecho, consagrado en el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, desempeña un papel crucial en el fomento de la capacidad de los niños y adolescentes para pensar de manera independiente sobre los asuntos que les afectan y para entender el mundo a través de su propia visión. A nivel individual, les permite expresar e intercambiar ideas, mientras que, a nivel colectivo, facilita su capacidad para buscar, recibir y difundir información, explorar diversos puntos de vista, y participar en la sociedad como ciudadanos informados. En la esfera de la educación superior, los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica indican que imponer restricciones estatales a la investigación, discusión o publicación de ciertos temas, así como limitar el acceso a publicaciones, bibliotecas o bases de datos físicas y en línea, constituye censura previa. Tales acciones no cumplen con los estándares democráticos de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.
A pesar de los reiterados llamados, la Relatoría Especial lamenta que las condiciones necesarias para una deliberación pública amplia, pluralista y vigorosa—incluso sobre temas considerados controvertidos, chocantes o inquietantes por algunos—sigan sin cumplirse, y recuerda a las autoridades estadounidenses la necesidad crítica de respetar los derechos humanos y defender los estándares y principios interamericanos sobre libertad de expresión. Por último, la RELE advierte que la censura educativa plantea riesgos significativos a largo plazo para las generaciones futuras, ya que restringir el acceso, la discusión y la difusión de información para niños, adolescentes y adultos jóvenes socava su capacidad de convivir y prosperar en sociedades diversas y complejas que aún requieren marcos institucionales sólidos para combatir la intolerancia, promover la inclusión social y fomentar el entendimiento intercultural.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y desarrollo de los sistemas democráticos.