Un grupo de más de 40 medios de comunicación del Chaco autoconvocados presentaron un pedido de acceso a la Información Pública ante el gobierno provincial para que se transparente el multimillonario presupuesto ejecutado en pauta publicitaria oficial. En paralelo, se pidió una audiencia con el gobernador, Leandro Zdero, para informarle sobre la gravísima situación económica que atraviesan las empresas periodísticas autogestivas, comunitarias y cooperativas que fueron discriminadas en el reparto de la pauta durante su actual gestión.
Más de 40 medios de comunicación del Chaco autoconvocados presentaron este lunes, un pedido de audiencia al gobernador, Leandro Zdero, para hacerle conocer la dramática situación en la que se encuentran decenas de medios comunitarios, cooperativos y autogestivos de la provincia a partir de la eliminación o reducción de la pauta publicitaria determinada por la actual gestión.
Señalaron que esta política discriminatoria en la distribución de pauta publicitaria oficial pone en riesgo la continuidad de muchas de estas empresas, en alerta a cientos de puestos de trabajo directo o indirecto y en emergencia a la libertad de prensa y expresión.
El pedido de audiencia al gobernador, que incluye una propuesta para el inicio de una mesa de diálogo con el sector, fue acompañado por un documento que sienta la postura Asociación de Medios de Comunicación del Chaco (en formación) y una primera nómina de adherentes compuesta por 23 empresas comunicadoras (entre ellas, Revista Litigio), con la intención de sumarse al menos 20 más.
"Asfixia y hostigamiento"
"Desde el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno de Juntos por el Cambio comenzó una estrategia de hostigamiento, persecución y asfixia financiera contra los que despectivamente llaman ‘medios (de comunicación) chicos’", señalaron en el documento presentado al gobernador.
"Queremos dejar en claro que unánimemente hemos coincidido en que el esquema de la gestión anterior para nada era el ideal. De hecho, generó inequidades e injusticias que lejos de corregir el Gobierno actual, sólo la han profundizado. Los mismos medios que hoy se benefician con pautas exorbitantes, son las mismas que concentraban más del 40 por ciento del presupuesto anual en la gestión anterior. Es decir, el cambio y lo nuevo, fue peor", compararon.
"Porque además vino cargado acciones negativas para la gestión en danza. Fue el mismo secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, encargado de la comunicación y prensa oficial, quien agravió e insultó a cientos de comunicadores y propietarios de radios comunitarias y portales de noticias llamándolos ‘truchos’ y vanagloriándose de una supuesta depuración por la que terminan pagando justos por pecadores", afirmaron.
Titulares de medios de comunicación comunitarios, autogestivos y cooperativos solicitaron una audiencia con el gobernador
"A sospecha por la falta de información, esta masiva baja de contratos se vincula más a una persecución por razones políticas que a la necesidad de reducir gastos. Y se evidenciaría en el hecho de que las discretas pautas recortadas o eliminadas terminaron engrosando las ya abultadas arcas de no más de 10 medios concentrados. Esto no es otra cosa que suprimir la pluralidad de voces y alimentar un mensaje único en el que el ciudadano, más temprano que tarde, ya no tendrá voz. Y la única que se escuche sea la del poder, en todas sus formas y cómplices", indicaron.
"A los agravios, la persecución y la asfixia financiera debe sumarse también el destrato en el peregrinar de los damnificados por entablar un diálogo que permita, al menos, conocer las razones por las que fueron castigados. El aumento de las tarifas de los servicios que son vitales para el sostenimiento de esas empresas periodísticas también suma dramatismo a la situación. Sin el dinero que recibían regularmente desde hace años, y del que fueron despojados decenas de medios, se hace imposible pagar las facturas de luz y servicios de internet, por ejemplo", señalaron.
"Pedidos de audiencia sin respuestas. Audiencias pactadas que no se respetan. Postergaciones. Chicanas y burlas que, en la amarga espera de ser escuchados, se convierten en humillación. Debe existir en la Secretaría de Asuntos Estratégicos un registro de estos pedidos. ‘Medios truchos’, ‘medios que no califican’ y ‘medios que sólo reproducen’ o ‘hacen copy paste’ son sólo algunas de las frases con las que desde los asuntos estratégicos del Ejecutivo chaqueño buscaron deslegitimarnos, para así, legitimar su accionar más lindante a lo dictatorial que a lo democrático", remarcaron.
Pedido de informe
En simultáneo al pedido de audiencia, este grupo de medios elevó al secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, un pedido de acceso a la información pública para conocer los fondos destinados al presupuesto de pauta publicitaria, el destino de ese dinero y el criterio para la distribución de la pauta. Esta presentación está garantizada por Ley y establece un plazo para su respuesta de 15 días, con la posibilidad de prorrogarse por el mismo período, de manera fundada. El trámite se realizó ante la Oficina de Gobierno Abierto, encargado de estas solicitudes.
Los puntos requeridos son los siguientes:
1) Indicar el monto total de la pauta publicitaria oficial asignada por el gobierno del Chaco a los medios de comunicación, incluyendo portales web, diarios en formato físico, televisión, radio, plataformas, programas de streaming y otros similares en el período que va desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 10 de septiembre de 2024.2) Detallar a cuáles medios de comunicación el gobierno provincial asignó pauta publicitaria oficial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 10 de septiembre de 2024. Indicar razón social, CUIT y domicilio real.2.a) Enumerar los criterios se tomaron en cuenta para el otorgamiento de la pauta publicitaria oficial a los medios mencionados en el punto 2.2.b) Detallar el monto de publicidad oficial otorgado a plataformas multinacionales (Meta, Google, etc.) y a productoras que se encuentran fuera del territorio provincial. Indicar razón social, CUIT y domicilio real.4) En base a las declaraciones periodísticas realizadas por el secretario Resico, quien aseguró que dio de baja "200 medios que no existían", que sólo se dedicaban a "replicar noticias de otros medios" y que "eran truchos", brindar los nombres de los medios que fueron dados de baja por esta cuestión y las pruebas que sustentan dicha decisión.4.a) Indicar los nombres de los medios de comunicación que percibían pauta publicitaria hasta la gestión anterior, pero por razones que no encuadran en las características señaladas por el funcionario en el punto 4, desde el gobierno provincial se decidió no renovarle la publicidad oficial.4.b) Explicar los motivos por los cuales la actual gestión de gobierno no continuó con la pauta publicitaria oficial a los medios de comunicación mencionados en el punto "4.a".
La solicitud formulada se fundamenta en lo dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública N°1774-B, en sus artículos 1° y 2°, la Ley de Creación de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública N°2486-A, en sus artículos 2° y 3°, así como en el derecho contemplado en artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 19.1 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Antecedentes
Vale destacar que la inexistencia de una normativa provincial que regule la distribución equitativa de la publicidad oficial (que no es más que los fondos que se otorga a los medios para la difusión de actos de gobierno) provoca un agujero negro en donde no existen parámetros para justificar su otorgamiento o su quita. La discrecionalidad es total. Sin mencionar la opacidad del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO), el cual no cuenta con información pública accesible sobre los montos otorgados y las empresas que lo reciben.
De todos modos, está claro que la discrecionalidad no puede ser utilizada para castigar a un medio por su línea editorial. Y esto es algo que la doctrina internacional condena fuertemente. Como ya lo tiene dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su documento titulado "Principios sobre la regulación de la pauta oficial y la libertad de expresión", la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial es uno de "los primeros mecanismos de censura indirecta", una forma de restricción ilegítima de la libertad de expresión, ocultada bajo acciones aparentemente legítimas.
En su declaración de "Principios sobre la libertad de expresión", la CIDH complementa esta postura al establecer que "la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley".
No sólo la doctrina repudia la política de usar la pauta para premiar o castigar. Uno de los principales antecedentes a nivel local es el caso Editorial Río Negro S.A. contra Provincia de Neuquén, decidido por la Corte Suprema de Justicia de Argentina en septiembre de 2007.
Dicho caso trataba sobre una demanda iniciada por el diario Río Negro contra la Provincia de Neuquén, cuyo gobierno había suspendido la pauta oficial en dicho medio de comunicación como consecuencia de una denuncia de corrupción que había publicado el periódico. En dicha oportunidad, la Corte Suprema entendió que, si el Estado decide distribuir publicidad oficial, debe hacerlo con base en dos criterios constitucionales: no puede manipular la publicidad, dándola y retirándola a algunos medios con base en criterios discriminatorios y tampoco puede utilizar la publicidad como un modo indirecto de afectar la libertad de expresión.
El criterio expresado por la Corte Suprema de Argentina en el caso Río Negro fue replicado por la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de Argentina, que resolvió un reclamo de Editorial Perfil en contra del Estado Nacional por haber sido excluida del reparto de pauta oficial como consecuencia de su postura crítica.
En esa oportunidad, los jueces de la Sala IV sostuvieron que el gobierno debe "evitar las acciones que intencional o exclusivamente estén orientadas a limitar el ejercicio de la libertad de prensa y también aquellas que llegan indirectamente a ese resultado. Es decir, basta con que la acción gubernamental tenga ese objetivo para que se configure un supuesto de afectación de dicha libertad. Es por ello, que no resulta necesario la asfixia económica o quiebre del diario". Estos casos fueron precedidos por detallados estudios que documentaron, a través de pedidos de acceso a la información pública, los mecanismos de distribución de la publicidad oficial.
Fuente: Revista Litigio