domingo, 28 de abril de 2024

Santa Fe: La reforma del Código Procesal Penal arrasa con todas las garantías constitucionales

La última reforma del Código Procesal Penal en la provincia de Santa Fe ha sido oficialmente implementada desde el pasado miércoles 24, tras su aprobación por parte de la legislatura provincial. Esta nueva legislación fue publicada en el Boletín Oficial y contempla cambios significativos en muchos de los artículos del código y termina otorgando mayores facultades a la policía, a los fiscales y a los jueces. En las Señales, dialogamos con Matilde Bruera, abogada de Derechos Humanos, profesora titular de Derecho Penal de nuestra Universidad Nacional de Rosario, ex defensora pública y diputada provincial, mandato cumplido.

Usted ha calificado en las redes muchos de estos cambios como inconstitucionales
Sí, hubo reformas importantes, algunas bienvenidas como el juicio por jurado. En ese aspecto hace mucho que se venía reclamando, es una forma de darle participación a la sociedad, pero lo que pasa es que el juicio por jurado no condice con las otras reformas que se han hecho. Han desarmado el proceso penal que se había implementado a partir del año 2014, que era un proceso penal más moderno, más democrático, etc. Lo preocupante de estas reformas es que, algo que vos señalabas. Esto que otorga mayores facultades a la policía, sobre todo, porque le da una independencia investigativa y una iniciativa investigativa que no corresponde. Pero lo más grave de todo es que habilita a detener a una persona -según las situaciones-, hasta 30 días sin imputarle ningún delito. Eso está prohibido por la Constitución Nacional. La Constitución de la provincia de Santa Fe dice claramente que en 24 horas, como máximo tiene que tener control judicial. Tener una persona 30 días sin imputar es tenerla sin control judicial. Porque, aunque el mismo artículo dice que hay que controlar la legalidad, ¿es imposible controlar la legalidad si no se sabe por qué fue detenido? ¿Qué es lo que va a controlar un juez? No va a controlar nada. O sea, al juez se le recortan facultades. Se están recortando las facultades judiciales. Entonces, un fiscal va a detener a una persona y cuando el juez le pregunte por qué la detuvo, va a decir que todavía no hay nada para imputarlo. Eso ni en la época de la dictadura se hacía, pero no se escribía. Ahora lo escriben sin ningún pudor. Es vergonzoso. Y encima, los jueces penales han sacado un protocolo donde incluso habilita a controlar la legalidad virtualmente, lo cual es una barbaridad. ¿Cómo van a controlar la legalidad de una detención, sin imputación y virtualmente? Eso realmente es arrasar con todas las garantías constitucionales. Eso va a ser impugnado por los defensores públicos, por los abogados privados, seguramente. Y eso se va a ganar. Tarde o temprano se va a declarar inconstitucional este proceso, porque eso no resiste ninguna norma sobre el proceso penal, realmente.

Muchos aprovechan el sábado para salir, un grupo de jóvenes se encuentra con un operativo policial, un policía los detiene, les pide documentos, uno no lo lleva, y ese joven puede estar detenido por horas, simplemente por ¿resistencia a la identificación?
Eso es otra reforma que incorpora, que es lo que era una norma de la Ley Orgánica de Tribunales, que era la detención por averiguación de antecedentes, la pasaron al Código Procesal Penal, lo cual también es una barbaridad y es inconstitucional, porque un Código de Procedimiento no puede decidir detenciones, y menos por no identificarse. Y eso ahora lo pasaron al Código Procesal Penal. Es una barbaridad, realmente se va a declarar inconstitucional en algún momento, yo no creo que pase la Corte Suprema de la provincia, pero no creo que la Corte admita semejante barbaridad. Pero, mientras tanto, puede hacer mucho daño poner en riesgo la libertad y la integridad física de las personas, y no sirve absolutamente nada para controlar la seguridad, porque para controlar la seguridad no hay que detener a cualquiera por la calle, para controlar la seguridad hay que tener una estrategia, hay que saber a dónde se apunta y hay que saber que si se detiene a alguien se lo detiene, porque es narcotraficante, o porque está sospechado de narcotraficante, o de homicidio, lo que sea. No se puede detener a cualquiera a ver si le encuentro algo dentro de 30 días. Eso es una falta de eficacia en materia de seguridad, que después lo sufre la gente en la calle, porque a la gente le están matando los parientes, los hijos, los hermanos, los trabajadores que salen a manejar colectivo o salen a manejar taxi, están sufriendo esa violencia y los legisladores votan cualquier cosa, con una falta de seriedad absoluta.

Ya hemos tenido muchos casos, con algunos "errores" de la policía haciendo intervenciones en casas particulares donde entraron en lugares de manera equivocada. Ahora, a lo mejor, alguien tiene un mismo vehículo que es el que la policía está buscando y pueden reventarte la casa, meterse sin autorización para simplemente constatar si ese vehículo es o no es el que ellos están buscando.
Sí, porque además, esa es otra norma que incorporaron, que es que si bien para allanar un domicilio se necesita una orden judicial, se pueden allanar domicilios contiguos sin orden, lo cual es una barbaridad. Se puede ingresar a la casa de una persona sin que lo diga un juez. Además, esto se junta con la falta de imputación. Supongamos, detienen a una persona sospechada de narcotráfico pero no la imputan. Entonces, ¿cómo van a hacer para allanarle el domicilio si no la imputan? O sea, esto en realidad es impunidad para el crimen, el crimen grave, y es un atropello para la gente común. Que le puedan allanar el domicilio sin orden judicial o detenerlo sin el control judicial, realmente no resiste ninguna norma del Estado de derecho, y se supone que estamos en un Estado de derecho.

Supongamos, cosa que nunca va a ocurrir, que hay alguna denuncia anónima de una persona implicada en delitos graves, que vive en un edificio de Puerto Norte. ¿La policía puede ingresar sin autorización y poner a todo el edificio bajo sospecha?
Eso está pensado para los barrios populares, porque el Código dice que tiene que tener una orden judicial para ingresar a un domicilio. Después sí puede allanarlos contigo. Ahora, esto que vos preguntás es muy inteligente. ¿Van a allanar todo un edificio, por ejemplo, de Puerto Norte? No, no van a allanar un edificio de Puerto Norte, todos los departamentos, sin orden judicial. Sí lo van a hacer en los barrios populares, ¿no? Donde las casas a lo mejor están separadas por un pasillo y además son mucho más humildes. Estas son normas de control de los barrios populares. Son normas que no tienen nada que ver con la investigación del narcotráfico, ni de los sicarios, ni todo esto que estamos sufriendo en Rosario, y que sí es necesario pensar seriamente, y no con estos mamarrachos que se votan.

Hay una excusa de crear nuevas herramientas para perseguir el delito, pero finalmente quedamos expuestos a posibles abusos de las fuerzas de seguridad.
Sí, por supuesto. Sí, las nuevas herramientas en realidad son viejas herramientas. Estos introducen como es el informante, el agente encubierto, esas son tácticas policiales más viejas que la escarapela. Lo que pasa es que ahora las legalizan. Nunca sirvieron para nada, porque estas estrategias de informantes y demás, o agentes encubiertos, en primer lugar se introducen en la vida privada de las personas sin control judicial. O sea que desde ya van a generar nulidades en los procesos penales. Pero además, siempre generan corrupción esas metodologías, porque no se sabe quién es el informante, para quién trabaja el informante, si el informante realmente es informante o es alguien de otra banda, etc. Siempre se genera eso y en la práctica siempre ha resultado así un fracaso estas supuestas herramientas modernas. 

Tendremos que estar muy atentos y con mucho cuidado
¡Si! Y hay que hacer los planteos jurídicos que corresponden. Yo espero que los defensores públicos lo van a hacer y los privados también. Hay que hacer un planteo de inconstitucionalidad muy serio porque es inaceptable. Siempre durante los periodos autoritarios se ha peleado que cuando una persona es detenida, inmediatamente sea trasladada frente a un juez. Por eso existe el Hábeas corpus, ese es el origen del Hábeas corpus. Claro. El origen del Hábeas corpus es justamente una batalla contra estas prácticas policiales. Esto se ha usado muchas veces por la policía o por gobiernos autoritarios. Ahora, un gobierno democrático sabe que no se pueden atropellar así los derechos, pero además que no sirven, no sirven para nada. Y lo que deja claro esto es que nunca en la historia de Santa Fe hubo tantos presos y nunca hubo tantos homicidios. Así que no tiene nada que ver tener muchos presos con el control del delito. Creo que hay que pensar estrategias mucho más serias, hay que tomar modelos de otros países que han sido exitosos y ciudades donde se combinan las medidas de seguridad con medidas sociales. Por ejemplo, urbanizar los barrios, llevar derechos en serio, no planes o parches. Donde realmente haya derechos sociales, la gente acceda a una urbanización digna, donde tenga los servicios esenciales, donde haya educación pública para los chicos, que para los chicos a los 15 años no sea una salida contratarse como sicario, sino que un chico que tenga otro futuro, posibilidades de otro futuro. Bueno, esas cosas hay que pensarla en serio.
Y hasta que no ocurra un caso, ¿no se puede plantear la inconstitucionalidad de todo esto?
Hay que plantearla cuando apenas se usen las facultades. Lo que es preocupante también es el protocolo que han resuelto los jueces penales, que además habilita -eso también es inconstitucional-, que se controle la legalidad de una detención en forma virtual. Lo que es antiguo es no controlar, por más que la virtualidad sea moderna, la pantallita ve lo que le muestran, no ve lo que pasa totalmente. Eso cualquier persona que trabaja de juez debería saberlo. Eso es inadmisible, los defensores no deberían aceptar ese tipo de control. Yo entiendo que pueda ser difícil trasladar presos, y sobre todo presos de alto perfil. Bueno, se traslada inmediatamente el juez al lugar donde la persona está detenida, y la ve, y habla con ella a solas y lo escucha, y además tiene que saber por qué lo detuvieron. Así se controla la legalidad, si no, ¡es una mentira!

Por último, y corriéndote del tema que veníamos charlando, como profesora titular de Derecho Penal, esta semana conocimos el Proyecto de los Libertarios, donde fomentan una campaña de vigilancia masiva con denuncias anónimas a partir de una web para tratar de frenar los supuestos adoctrinamientos en la universidad pública. Quería tener tu opinión sobre esto
Me parece una barbaridad, espero que no se apruebe, eso también atrasa, atrasa 70 años, es de la época del macartismo, la denuncia anónima por cuestiones políticas, habría que volver a leer esa famosa novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, había que denunciar a los que leían, o una película hermosa que se llama La lengua de las mariposas, de la época del franquismo, donde el maestro, que es un maestro democrático, es denunciado por algunos alumnos. Es una barbaridad, en la universidad pública no se adoctrina, en la universidad pública hay libertad de cátedra, y hay profesores con distintas opiniones, y muchos de los que plantean esto han salido de la universidad pública, o sea que si se adoctrina mucho éxito no ha tenido en la universidad pública, como dice un colega de la facultad, si en nuestra facultad se adoctrina, hay algunos que no han prestado atención en clase.
Foto: Franco Trovato Fuoco