La mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se mostró este lunes reticente a impedir que el gobierno federal contacte con las plataformas de redes sociales para que retiren contenidos que considera problemáticos en un caso sobre el esfuerzo del gobierno del presidente Joe Biden de frenar la desinformación en línea
El caso surge de una demanda presentada por los fiscales generales republicanos de Luisiana y Misuri, en la que estiman que funcionarios gubernamentales fueron demasiado lejos en sus esfuerzos por combatir la desinformación sobre las vacunas y las elecciones.
El año pasado, un tribunal inferior restringió la posibilidad de que algunos funcionarios y agencias del gobierno del demócrata Joe Biden interactuaran con compañías de redes sociales para moderar su contenido.
El fallo, que la Corte Suprema suspendió hasta conocer el caso, fue una victoria para los conservadores que alegan que el gobierno presionó o se confabuló con plataformas como Facebook y Twitter para censurar contenidos de la derecha con el pretexto de luchar contra la desinformación.
El año pasado, un tribunal inferior restringió la posibilidad de que algunos funcionarios y agencias del gobierno interactuaran con compañías de redes sociales para moderar su contenido. El fallo fue una victoria para los conservadores que alegan que el gobierno presionó o se confabuló con plataformas como Facebook y Twitter para censurar contenidos de la derecha con el pretexto de luchar contra la desinformación.
Persuasión y coerción
En representación del Departamento de Justicia ante la Corte Suprema el lunes, el procurador general adjunto Brian Fletcher dijo que existe una "distinción fundamental entre persuasión y coerción".
"El gobierno no puede utilizar amenazas coercitivas para reprimir la expresión, pero tiene derecho a hablar por sí mismo informando, persuadiendo o criticando a los oradores privados", afirmó.
El tribunal inferior, dijo Fletcher, "confundió persuasión con coerción".
El juez Samuel Alito, conservador, dijo que el expediente demostraba que los funcionarios del gobierno se habían dedicado a "molestar constantemente a Facebook y a algunas de las otras plataformas" tratándolos "como a sus subordinados".
Pero el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, también conservador, dijo que el gobierno federal no habla con una sola voz. "El gobierno no es monolítico", señaló Roberts. "Eso tiene que diluir significativamente el concepto de coerción, ¿no?".
Fletcher dijo que las interacciones entre los funcionarios de la salud y las plataformas tenían que ser vistas a la luz de "un esfuerzo para conseguir que los estadounidenses se vacunaran durante una pandemia única en la vida".
"Había una preocupación de que los estadounidenses estaban recibiendo las noticias sobre la vacuna de estas plataformas y las plataformas estaban promoviendo mala información", dijo Fletcher, y agregó que "las plataformas estaban moderando el contenido mucho antes de que el gobierno estuviera hablando con ellos".
Censura
J. Benjamin Aguinaga, procurador general de Luisiana, denunció lo que denominó "censura gubernamental". "No tiene cabida en nuestra democracia", afirmó.
La orden del tribunal inferior se aplicaba a la Casa Blanca y a una serie de agencias como el Buró Federal de Investigación (FBI), el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, así como a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
La decisión impedía que las agencias y funcionarios se reunieran con compañías de redes sociales o denunciaran contenidos supuestamente protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución sobre la libertad de expresión.
El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, acusó a los funcionarios de tratar de "dictar lo que los estadounidenses pueden y no pueden decir en Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas sobre el covid-19, las elecciones, las críticas al gobierno y más".
Algunos expertos en desinformación y en la Primera Enmienda criticaron el fallo, por estimar que las autoridades necesitan encontrar un equilibrio entre por un lado denunciar mentiras y por otro censurar contenidos o restringir la libertad de expresión.
Detalles del caso
Durante la audiencia, el abogado que representaba a los estados, Benjamin Aguiñaga, aseguró que funcionarios de la Casa Blanca, del FBI y de la agencia de ciberseguridad de EE.UU. ejercieron coerción sobre plataformas como Facebook y X (anteriormente Twitter) para que cambien su contenido.
Específicamente, Aguiñaga acusó a la Administración de Biden de haber vulnerado la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.
Antes de la audiencia, en un video publicado por su oficina, la fiscal general de Luisana, la republicana Liz Murrill, consideró que es "muy peligroso cuando el gobierno federal utiliza su poder y autoridad para impedir que la gente ejerza su libertad de expresión".
Frente a ello, el abogado que representaba al Gobierno, Brian Fletcher, defendió el derecho del Ejecutivo a presentar "argumentos persuasivos" a las grandes empresas de redes sociales y pedirles que eliminen contenido que viola sus propias reglas; pero negó cualquier intento de coerción.
Fletcher argumentó que no existe coerción, ya que en todo momento las empresas de redes sociales están "ejerciendo su propio juicio independiente" y tienen la última palabra sobre el contenido que deben retirar.
Se espera que la decisión de este caso se tome antes de que finalice el curso judicial del Tribunal Supremo en junio.
No existen normas en EE.UU.
En Estados Unidos, no existen normas que regulen específicamente los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. Ante la ausencia de esta legislación, el Tribunal Supremo está adquiriendo un papel cada vez más importante.
El pasado viernes, esta instancia estableció nuevas reglas sobre cuándo los funcionarios públicos pueden bloquear voces críticas en sus cuentas de redes sociales.
Además, hace un mes, el tribunal celebró una audiencia sobre unas leyes de Texas y Florida que restringen el poder de las empresas de redes sociales para eliminar contenido de sus plataformas.
Foto: Saul Loeb, Agencia AFP
Fuentes: Agencias AFP y EFE