Según versiones publicadas este fin de semana en distintos medios de comunicación, la disolución de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual habría sido incorporada al proyecto de Ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos", como medio de negociación, a cambio de revertir el cierre de otras entidades de la cultura.
Rechazamos de pleno esa posibilidad, pero además reclamamos al Congreso Nacional ser consultados en el marco del debate, posibilidad que se le dio al resto de los organismos públicos involucrados.
La Defensoría del Público es un organismo que desarrolla sus funciones en el marco del Poder Legislativo. La Defensora, Miriam Lewin, fue nombrada por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización y tiene mandato vigente hasta el próximo 24 de junio.
Un organismo de derechos humanos que escucha a las audiencias, atiende sus reclamos y defiende su derecho a expresarse y a estar bien informadas, no puede ser disuelto simplemente por una línea de una ley que indica: "Deróganse los artículos 19 y 20, Capítulo V de la Ley Nro 26522".
Solicitamos enérgicamente a las diputadas y diputados poder ser escuchados y que conozcan nuestro trabajo, antes de votar este proyecto.
Cuando una persona percibe que en un medio de comunicación se difunde información inexacta o que vulnera sus derechos, reclama ante la Defensoría y ésta interviene facilitando el diálogo y la reparación, sin que esto involucre sanción alguna.
Esta Defensoría cuenta con personal especializado, profesionales de la comunicación ultracalificados que trabajan para dar respuesta a los reclamos de las audiencias y capacita a periodistas, agencias de publicidad, organismos de la sociedad civil, radios, canales de televisión, a pedido de los medios de comunicación más diversos.
Trabajamos en alianza con periodistas de todos los medios audiovisuales, organismos internacionales como, con universidades públicas y privadas, convocamos audiencias públicas presenciales y virtuales en todo el país, para escuchar sus necesidades y opiniones.
Fuimos convocados nacional e internacionalmente para participar de debates actuales sobre el acceso a la comunicación de personas con discapacidad, comunicación y salud mental, información sobre el delito de trata de personas y los medios de comunicación y las infancias.
La nueva Ley Ómnibus busca cerrar la Defensoría del Público
La versión actualizada del proyecto que debate el Congreso de la Nación incluye la eliminación del organismo que defiende derechos de las audiencias de radio y TV
"¿De dónde son?’" preguntó la movilera y le acercó le micrófono a una pareja que viajaba en subte porteño. Wari Rimachi, de la comunidad originaria Ayllu Mayu Wasi, le contestó. Ella, trabajadora del programa "Bien de mañana" emitido por canal Trece conducido por Fabián Doman, no entendió, "ahh que habrá querido decir", dijo y el panel, desde el piso festejó. Él insistió: "Argentina tiene que aprender a hablar el idioma de los indios". Ella persistió: "claro, a ver dígame una palabra en indio". "En originario", le enseñó él.
La escena se hizo viral. El tono discriminatorio y burlón indignó a las audiencias, tanto que batió récord de reclamos. Desde la Defensoría del Público inmediatamente se pusieron en contacto con la productora del programa, les dieron una capacitación, les compartieron recomendaciones para coberturas respetuosas, se reunieron con la pareja afectada y obtuvieron un pedido de disculpas.
"El saldo fue absolutamente positivo, en lugar de una demanda judicial contra el medio, nosotros obtuvimos una reparación y una toma de conciencia", explica Miriam Lewin a cargo de la Defensoría del Público. Como en muchos otros casos, este organismo actuó en defensa de las audiencias.
Cuando una persona percibe que en un medio de comunicación se difunde información inexacta o que vulnera sus derechos, tiene la posibilidad de reclamar ante la Defensoría del Público para que intervenga y facilite el diálogo y busque una reparación.
En el primer texto del proyecto de Ley Ómnibus no se nombró a la Defensoría del Público, pero si lo hizo una versión del dictamen que podría tratar el Congreso de la Nación. El texto actualizado incluye la derogación de los artículos 19 y 20, Capítulo V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la mal conocida "Ley de medios". De aprobarse este dictamen, este organismo reconocido a nivel internacional, dejaría de existir.
"Intentan construir a la Defensoría como moneda de cambio", dice Lewin, "meten una cuña entre el sector de la comunicación y el sector de la cultura, diciendo que con el cierre de la Defensoría esos fondos irían al cine, al teatro, a la música o al arte. Si uno rasca un poco la cáscara de la nueva versión de la Ley Ómnibus se da cuenta que no es así".
"Nosotros no nos financiamos con fondos del Ejecutivo", explica Miriam Lewin, "no le estamos sacando plata al Estado para otras políticas. Nosotros nos financiamos con un poco menos del 5% en la práctica de los gravámenes que pagan los propietarios de medios de comunicación".
"A la Defensoría del Público", continúa Lewin, "las audiencias pueden recurrir cuando se sienten enojadas, se sienten invisibilizadas o maltratadas en los medios de comunicación. No es adecuado atacar a un periodista o una periodista que comete un error a través de las redes sociales porque esto promueve violencia. Y más cuando se hace desde un lugar de poder. Lo ideal es recurrir a la Defensoría del Público que ha sido reconocida internacionalmente".
Fuentes: Defensoría, Diario Río Negro