miércoles, 17 de enero de 2024

El DNU y Ley Ómnibus proponen un escenario desolador para la comunicación comunitaria

El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), Juan Salvador Delú, expuso en el Congreso Nacional y advirtió: "Está en juego un sistema plural de medios, el acceso a la información, el desarrollo cultural y la facultad de un pueblo de seguir contando historias que sean un sitio donde plantarse cuando vengan tiempos aún más difíciles". Su mensaje:
Soy del Foro Argentino de Radios Comunitarias, de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, y de Unidos por la Cultura. Qué tiempos difíciles que estamos viviendo. Qué lastimoso que a 40 años de retomada de la democracia, estas sean las formas para discutir las normas y reglas sobre las cuales transitar la vida. Y si bien, vuelvo a agradecer la oportunidad de hablar en nombre de cientos de trabajadores de la comunicación y la cultura, uno siente que esto es una mímica de participación ciudadana, a las corridas, a las apuradas.

Creemos en otras formas de gestar, de fortalecer la democracia. Allá y hace tiempo, cuando comenzamos a escribir los primeros puntos por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplace la de la dictadura, fortalecida por el menemismo, recorrimos la Argentina con foros, lo discutimos en la justicia y el ámbito internacional por años, y nos decían que era poco. Eso nos decían lo mismo que ahora en 15 días en el DNU y el proyecto de ley más grande de la historia. Discutir sin tiempos, normas que hacen a la vida civil toda.

Es irrespetuoso cuando nos dicen que la cultura y la comunicación no son urgentes, pero sí urgente su derogación. Nos vienen a correr con las prioridades a nosotros, que las prioridades las conocemos perfectamente, ya que somos parte de las comunidades afectadas por la crisis. ¿O para qué creemos que fueron creados los medios comunitarios, los centros culturales comunitarios, los centros deportivos? ¿Para qué creemos que se abren todos los días nuestras radios y televisoras? ¿Para qué pensamos que se abren todos los días centros deportivos en cada rincón de la Argentina? Son esos espacios los que hacen la diferencia en muchos lugares donde no hay otra cosa. Contienen a pibes y a pibas, espacios de formación, de aprendizaje, de crecimiento, y muchas veces son el último bastión para motivarlos, contenerlos, y que por ejemplo no caigan en el narcotráfico.

La sumatoria del DNU y el proyecto de ley Ómnibus propone un escenario desolador para la comunicación comunitaria en el tiempo que viene. Además del decreto que suspende la pauta publicitaria presentada como un ajuste para los privilegiados, pero a quienes más traerá problemas son a los sectores que históricamente fueron más discriminados de la pauta publicitaria. Poca mella le hará a los sectores concentrados en la comunicación que han usado la pauta para seguir creciendo y las presiones al sistema político para aumentar los negociados.

El decreto cuestionado afecta directamente el derecho del pueblo de recibir información de las decisiones de Estado.

Hay apoyo a la concentración mediática. El reciente DNU elimina el límite de licencias audiovisuales a nivel nacional. La decisión de eliminar la regla de Must-Carry en TV. Priva a las audiencias del derecho de acceso a señales y contenidos que por razones comerciales o de abuso de posición dominante, los operadores pueden no incluir en sus grillas. Esta es una decisión que afecta fuertemente además las fuentes de empleo.

La promoción de la diversidad debe ser objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. Ya en el 2016, la corte interamericana recordó al Estado argentino que la legislación debe respetar el principio de no regresividad que rige en materia de derechos humanos. Los oligopolios mediáticos deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia.

Necesita del enfrentamiento de ideas la democracia, del debate, la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático. La decisión del Presidente va en contra de estos derechos y vulnera, por tanto, la libertad de expresión al propiciar la concentración mediática sin límites. Ya para el 2018 en Argentina, 4 grupos mediáticos reunían el 74% de los diarios, el 56% de la TV abierta y el 53% de las radios. Los niveles solo van en aumento.

El proyecto de ley establece la delegación de facultades al Ejecutivo para habilitarlo a tomar decisiones de todo tipo respecto de los fondos fiduciarios públicos y recursos destinados a asignaciones específicas.

El Congreso Nacional ya había aprobado por ley la prórroga de estas asignaciones por 50 años. De aprobarse, el Presidente se encontraría habilitado para adoptar una medida regresiva que afectará el fomento de los medios sin fines de lucro gestionados por organizaciones indígenas de una serie de instituciones vinculadas a la defensa de los derechos y promoción de la cultura.

Dos comentarios más. A los diarios cooperativos, también los golpea el DNU que deroga la ley 26.736 que había nacido para declarar la utilidad pública a la producción de papel de diario y regulaba la distribución igualitaria del papel para diarios en todo el país. La derogación autoriza a Papel Prensa a dejar de producir papel para diarios y desabastecer la producción nacional del insumo básico.

Para finalizar, y no menos importante, el protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vía de circulación, criminaliza la protesta y amenaza abiertamente con la represión de toda demostración ciudadana en la vía pública. Son los propios medios de comunicación que desempeñan un papel fundamental en el proceso de rendición de cuentas de hechos de violencia cometidos en prácticas sociales para condenar las agresiones, dar seguimiento sobre los hechos y al estado de las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos.

Cabe destacar, en línea con el protocolo, el caso del periodista Rodrigo Savoretti, detenido en la provincia de Córdoba cuando intentaba entrevistar al jefe del operativo después de una brutal represión, que fue golpeado, reducido, detenido y incomunicado. Acusado justamente de resistencia a la autoridad e entorpecimiento del tráfico. Lo cual no deja de ser llamativo, teniendo en cuenta que en el proyecto de ley justamente la resistencia a la autoridad es parte de las modificaciones penales que intentan realizar.

La modificación de la pena de prisión en este delito aumenta un 300% en su pena máxima y un 1.200 en la pena mínima. Como bien señala la Asociación Pensamiento Penal, la resistencia a la autoridad es una figura que la policía suele utilizar como un comodín, sin prueba independiente más allá del testimonio del propio personal policial. Lo que le sucedió a Savoretti es un botón de muestra, algo que se puede transformar en norma si el proyecto se aprueba.

Una vez más, diputados y diputadas, está en juego un sistema plural de medios, el acceso a la información, el desarrollo cultural y la facultad de un pueblo de seguir contando historias, que sea en un sitio donde plantarse cuando vengan tiempos aún más difíciles, para unir a los distanciados, para reconstruir todo aquello que se ha roto.

En los tiempos que vienen, se mueve una de las instituciones más grandes que tiene la Argentina, que es la calle. Y sepan que si finalmente es el fin de semana que se trate esta ley, todas las asambleas que hay convocadas para el sábado se van a transformar en una gran movilización popular a las puertas del Congreso. Honremos 40 años de democracia. Rechacemos la ley Ómnibus y el DNU.