Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019, tras la adopción de este día por la parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura (UNESCO) en el año 2015, teniendo en cuenta también que diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales de distintos lugares del mundo han adoptado y celebran el 28 de septiembre como "Día internacional del derecho a saber".
El acceso universal a la información es parte integral del derecho humano a la libertad de expresión. El derecho universal a buscar, recibir y difundir información es pilar fundamental de las sociedades democráticas.
El acceso a la información es necesario para poder tomar decisiones informadas, así como para promover la transparencia y el rendimiento de cuentas por parte de gobiernos. El acceso a la información es también clave para fomentar la participación, el conocimiento y la construcción de sociedades inclusivas e igualitarias.
La implementación de políticas eficaces que garanticen el acceso a la información pública, el fortalecimiento de medios de comunicación libres y plurales, y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel fundamental para promover el acceso a la información, consolidar la democracia y promover y proteger los derechos humanos.
Asimismo, la proliferación de noticias falsas y discursos de odio, especialmente, por las redes sociales representa una amenaza para la democracia y los derechos humanos en el mundo, de la que la región del Mercosur no está exenta, y para la que se vuelve necesario tomar acciones concretas.
En ese sentido, cabe recordar que en mayo de 2023 la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos humanos del Mercosur aprobó una "Declaración por una Cultura de Paz y Democrática para contrarrestar las Expresiones y los Discursos de Odio" y creó un Grupo de Trabajo ad hoc para seguimiento del tema. En esta declaración, las Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados reconocen que "los discursos y expresiones de odio y sus consecuencias impactan en la vida de las personas y debilitan las instituciones democráticas". Entre otros, declaran que "urge afianzar los mecanismos de cooperación regional entre los Estados parte del Mercosur y Estados Asociados, para la construcción de una cultura de Paz".
En este Día Internacional del Acceso Universal a la Información, desde el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) destacamos la importancia de adoptar las medidas necesarias para implementar políticas públicas que garanticen el acceso efectivo de todas las personas a la información para consolidar la democracia y los derechos humanos.
Instituto de Políticas Públicas en Derechos HumanosDiferencias en la conectividad e infraestructura de acceso a internet profundizan las desigualdades en la era digital
La capacidad de cualquier persona para buscar, usar y compartir información desempeña un papel fundamental en el funcionamiento y desarrollo de una sociedad. El acceso a la información constituye un componente esencial del derecho a la libertad de expresión y, en los últimos años, gracias a los avances tecnológicos, la obtención de datos en el entorno digital se ha vuelto cada vez más accesible. Sin embargo, esta facilidad también conlleva desafíos. En conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, celebrado el 28 de septiembre, queremos destacar algunos de los retos y tareas pendientes que debemos abordar para asegurar que todas las personas tengan la capacidad de buscar y recibir información de manera equitativa.
Internet y las herramientas digitales se han incorporado rápidamente a la vida cotidiana de muchas personas. Aunque han ampliado significativamente la accesibilidad a una vasta cantidad de información, dando lugar a lo que se conoce como la sociedad del conocimiento, también han exacerbado las disparidades y brechas existentes. Un ejemplo de esto son las marcadas desigualdades en la conectividad y la infraestructura tecnológica, tanto a nivel nacional como global [Robinson et al. 2020]. En Chile no todos disfrutan de un acceso estable y de alta velocidad a Internet. Varios sectores aún carecen de acceso a Internet de banda ancha. Además, el auge de las conexiones 5G oculta el hecho de que en numerosas áreas, solo se dispone de infraestructuras y dispositivos compatibles con redes móviles de menor capacidad, lo que resulta en una transmisión de datos y voz significativamente más lenta. En estas condiciones, incluso la descarga de un breve video puede demorar varios minutos. Estas diferencias en la conectividad y la infraestructura no solo obstaculizan el acceso a la información, sino que también profundizan las desigualdades en la era digital [ej., Correa, Pavez, Farías y Henzi 2023].
Los problemas de acceso desigual también están estrechamente vinculados a cuestiones de usabilidad y al modo en que diversos sitios web son desarrollados sin tomar en cuenta las distintas necesidades y capacidades de sus usuarios. Muchas veces encontramos que una página web ha sido diseñada exclusivamente para pantallas grandes, como las de computadores, sin una adaptación adecuada para dispositivos móviles, que poseen pantallas considerablemente más pequeñas. Un ejemplo adicional de este problema es la falta de consideración hacia las personas con discapacidades visuales o auditivas [Goggin 2021]. Es común encontrar contenido en internet en diversos formatos que no incluye características de accesibilidad, como texto alternativo para imágenes o subtítulos en videos.
También hay importantes brechas en la calidad de la información a la que se puede acceder. En muchos casos, la información de calidad —como un paper científico con evaluación de pares o un riguroso reportaje periodístico de investigación– están detrás de un muro de pago y solo se puede acceder a ella a partir de una suscripción [James 2017]. En cambio, la desinformación y sus parientes cercanos, como la propaganda, los rumores, las conspiraciones, las medias verdades y la información sesgada suelen estar ampliamente disponibles de manera gratuita [Bachmann y Valenzuela 2021]. La información ayuda a los ciudadanos a navegar su entorno y es un elemento clave de la participación política en democracia, por lo que desigualdades en acceso a la información tiene consecuencias en la vida política y cívica de las personas [Valenzuela et al. 2019].
Es más, los esfuerzos de ciertas plataformas sociales para combatir la desinformación y el contenido tóxico —por ejemplo, discursos de odio— suele estar centrado en países desarrollados, con el resto del mundo a la saga y en la periferia de la atención. Igualmente, el acceso a sus datos para fines de investigación científica también es desigual y se concentra en Estados Unidos y la Unión Europea [Evans y Reimer, 2009]. Esto es aún más problemático en un contexto en el que las agencias que promueven a escala global el desarrollo científico así como las sociedades científicas y revistas académicas promueven políticas de «ciencia abierta».
El acceso a la información supone que los datos estén disponibles. En una época en la que se promueve la transparencia activa, los datos abiertos y la rendición de cuentas, la capacidad de acceder a la información necesaria para tomar decisiones, planificar y gestionar eficazmente los recursos se vuelve aún más crucial. Aunque el acceso a las tecnologías y la disponibilidad de infraestructuras que faciliten su uso son pasos significativos para reducir la brecha de acceso a la información digital, estos no son suficientes para resolver el problema por completo. Existen diversos factores que influyen en la calidad del acceso de las personas, como la educación, la alfabetización digital, el ancho de banda, el hardware y el software, e incluso el diseño de los sitios web.
Las nuevas tecnologías tienen el potencial de impulsar el acceso a la información y ayudar a los ciudadanos a obtener los datos que necesitan. Sin embargo, es importante reconocer que el acceso a la información va más allá de la mera disponibilidad de datos; implica garantizar que todas las personas tengan la capacidad y las herramientas para utilizar y comprender esa información de manera efectiva. En última instancia, lograr un acceso equitativo a la información digital requiere un enfoque integral que aborde tanto los aspectos tecnológicos como los educativos y sociales.
En resumen, el acceso universal a la información es un desafío multidimensional. En el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, debemos reflexionar sobre la importancia de este derecho y la necesidad de abordar las brechas existentes en conectividad, usabilidad y calidad de la información. Si bien las tecnologías han ampliado las posibilidades de acceso, queda mucho trabajo por hacer en términos de educación digital, infraestructura y diseño inclusivo. Solo a través de un enfoque integral y colaborativo podremos garantizar que todas las personas puedan ejercer plenamente su derecho a acceder, utilizar y comprender la información en la era digital.
*Firman esta columna: Ingrid Bachmann, Teresa Correa, Juan Carlos Castillo, Sergio Toro y Sebastián Valenzuela (Núcleo Milenio de Desigualdades y Oportunidades Digitales - Nudos).
Fuente: Ciper Chile