La persecución contra el periodismo tiene tres modalidades que en mi opinión, sobre todo la persecución legal e institucional, se agravarán si Bukele impone sus caprichos autoritarios y -violando flagrantemente la Constitución de El Salvador- accede a un segundo mandato presidencial. Es más, anticipo una ofensiva feroz contra medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil y todo lo que disienta del sentido único oficialista.
Durante la última campaña electoral en Estados Unidos muchos periodistas y medios advertían que, en caso de reelegirse Donald Trump, el periodismo estaría en grave peligro. La alerta no era una exageración, pues se basaba en las amenazas del entonces presidente norteamericano de impulsar "leyes contra la difamación" y modificar las protecciones a los periodistas previstas en la Primera Enmienda de la Constitución, para poder demandarlos.
El gobernante de extrema derecha anunció que en un eventual segundo mandato promovería "leyes contra la mentira" y señaló que los medios críticos de su gestión "tendrían problemas". Con estas leyes "podremos demandar a quienes escriban artículos negativos y haremos mucho dinero", expresó varias veces Trump, con el cinismo y falta de escrúpulos que lo caracteriza.
La misma preocupación del periodismo estadounidense y la misma advertencia sobre el segundo mandato de Trump aplican en nuestro país con un segundo mandato de Nayib Bukele, si concreta su reelección inconstitucional en 2024. No solo porque -como seguidor del expresidente estadounidense- el mandatario salvadoreño comparte la misma actitud antiprensa y de intolerancia a la crítica, sino porque tenemos razones propias a partir de las amenazas y ataques digitales, físicos y legales del bukelismo contra el periodismo nacional documentadas por el gremio periodístico, medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil.
Especialmente importantes son los registros del centro de monitoreo de agresiones contra la prensa instalado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), pues constituyen el seguimiento más permanente y sistemático de las vulneraciones contra la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a la información pública.
El pasado 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión, escribí sobre tres problemáticas de la comunicación que afectan al periodismo. El primero es el histórico problema de la concentración mediática que afecta la pluralidad y diversidad de informaciones, análisis y opiniones sobre los temas de interés de la población.
Dije que el problema de la concentración de medios es de larga data, pues comenzó con la entrega de las primeras frecuencias de radio (durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez) y de televisión (dos décadas después y siempre por gobiernos militares) a empresarios privados que formaron consorcios mediáticos funcionales a los grupos oligárquicos y gobernantes de turno.
Telecorporación Salvadoreña (TCS), fundada por el fallecido empresario Boris Eserski, sigue dominando la televisión abierta, controlando el 37% del espectro radioeléctrico, según un estudio de la Superintendencia de Competencia realizado en 2015. Le siguen, muy atrás, el Grupo Megavisión, del empresario Antonio Safie; y la Red Salvadoreña de Medios (RSM), del magnate mexicano Ángel González. TCS también acapara pauta publicitaria, audiencias, contenidos premium y goza de todas las ventajas de ser el "primer jugador".
En radio, cinco grupos controlan la mayoría de frecuencias, los más grandes son el del ex presidente Tony Saca y el de su tío José Luis Saca; en contraste, las radios comunitarias comparten una sola frecuencia fragmentada unas veinte veces en todo el país. Esta concentración mediática ha sido altamente perjudicial para la deliberación democrática porque impidió expresarse a diversos sectores de la población y permitió a las élites empresariales (y sus servidores políticos) imponer en debate público la agenda neoliberal.
A esta concentración de medios privados ahora se suma un consorcio de medios estatales (dos radios, una televisora y un periódico impreso) que, junto a una gigantesca estructura digital, conforman un arrollador aparato de propaganda gubernamental, muy alejado de la visión de medios públicos. El sometimiento a la narrativa oficialista por la mayoría de medios privados y todos los medios estatales limita severamente las posibilidades para el periodismo.
El otro problema tiene que ver con la vorágine de desinformación, fenómeno que no es nuevo pero con el dominio de las plataformas digitales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok) se desbordó y ahora representa una de las peores amenazas para el periodismo, sobre todo la propaganda disfrazada de información que compite con la información verdadera.
Como todo régimen populista, demagógico y autocrático, el bukelismo ha institucionalizado la mentira como política de comunicación a través de estrategias de desinformación. Así impone su agenda autoritaria, construye percepciones distorsionadas de la realidad, moldea a su conveniencia el imaginario de la gente y contrarresta al periodismo.
Y finalmente el problema referido precisamente a los bloqueos y restricciones a la libertad de expresión e información que menoscaban de manera directa el ejercicio periodístico. Entre las más graves están el cierre del acceso a la información y la persecución contra medios que publican información sobre la actuación de funcionarios señalados de corrupción en el uso del dinero público o de negociar con las maras.
Las tres persecuciones contra la prensa
La persecución contra el periodismo tiene tres modalidades. La primera es la persecución física que incluye agresiones contra periodistas durante coberturas, bloqueo a la participación en conferencias de prensa, acoso contra periodistas mujeres, decomiso de material fotográfico y audiovisual, privación de libertad, seguimientos, vigilancia y espionaje telefónico.
La segunda es la persecución digital relacionada con las acciones de descalificación, estigmatización, difamación, discursos de odio y ataques digitales contra periodistas y medios a los que el gobierno considera "opositores" por revelar información que quiere mantener oculta o simplemente por no someterse a la agenda y al discurso oficial. Estas agresiones suelen venir de activistas del bukelismo, funcionarios y hasta del propio presidente.
Y la tercera es la persecución legal referida a la aprobación de reformas o leyes "mordaza"; es decir, disposiciones que propician la censura y autocensura. Entre éstas están las modificaciones a los códigos Penal y Procesal Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas que restringen informar sobre las pandillas; así como las reformas a las leyes de Escuchas Telefónicas y de Telecomunicaciones que legalizan el espionaje contra periodistas a través de los "agentes digitales encubiertos".
Otras formas de persecución legal son también todas las acciones institucionales orientadas a afectar el rol de los periodistas y medios, por ejemplo: reservas ilegítimas de información, políticas de asignación publicitaria basadas en el criterio de "premio o castigo", negación de concesiones de frecuencias para medios comunitarios, auditorías fiscales o laborales arbitrarias y montaje de casos penales.
Mi opinión es que estas tres formas, sobre todo la persecución legal e institucional, se agravarán si Bukele impone sus caprichos autoritarios y -violando flagrantemente la Constitución- accede a un segundo mandato presidencial. Es más, anticipo una ofensiva feroz contra medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil y todo lo que disienta del sentido único oficialista.
Esta ofensiva, incluso, puede ser inmediatamente después de las elecciones aprovechando la "euforia del triunfo" y la "legitimidad" que Bukele sentirá para ir contra quienes no están con él (y "con el pueblo"). En el caso de periodistas y medios que hacen periodismo (no propaganda ni relaciones públicas) la arremetida podría incluir cierre de medios, encarcelamiento de periodistas y aprobación de leyes aún más restrictivas para una aniquilación total del periodismo salvadoreño.
Ahí está la advertencia: el periodismo podría terminarse si Bukele es reelecto.
Fuente: Gato Encerrado