El periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, está preso desde abril de 2019 en la cárcel de alta seguridad británica de Belmarsh, al sur de Londres
Por: Oriol Sabata
Aitor Martínez es abogado del equipo legal para la defensa de Julian Assange, relata la situación personal y legal en la que se encuentra el periodista.
Aitor, los medios de comunicación apenas hablan últimamente de Julian Assange. ¿Cuál es su estado físico y mental tras 7 años encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres y otros 3 en una prisión de alta seguridad?
Julian Assange se encuentra en una situación de salud muy delicada, tanto física como mental. Después de casi siete años encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres, que no dejaba de ser un minúsculo apartamento sin acceso a la luz solar o al aire fresco, cuando fue detenido el 11 de abril de 2019 se solicitó que se le ingresara en un hospital debido a su delicado estado de salud. Incluso se viene proponiendo que se acuerde su arresto domiciliario como medida alternativa a la prisión. Sin embargo, la decisión judicial que se mantiene hasta la actualidad fue acordar su ingreso en una prisión de máxima seguridad, Belmarsh, conocida popularmente como la Guantánamo británica. A lo anterior se une que, como consecuencia de las restricciones por la pandemia del COVID, Julian Assange quedó dentro de la prisión prácticamente aislado. Por lo tanto, a los casi 7 años de encierro en la misión diplomática, se unió después su ingreso en una prisión de máxima seguridad en la que ha estado por mucho tiempo prácticamente encerrado en su celda. Esto ha conllevado que su situación de salud física y mental se haya deteriorado aún más, hasta un punto muy alarmante.
De hecho, su delicado estado de salud no es una percepción mía, que yo haya percibido claramente en las múltiples visitas que le he hecho en Belmarsh. Médicos especialistas que reportaron al District Judge durante el juicio de extradición, acreditaron que su situación de salud era muy precaria, debido a múltiples padecimientos físicos y mentales. De hecho, un conjunto de médicos incluso llegó a afirmar que podría morir en prisión si se prolongaba esta situación.
Incluso en la segunda instancia, ante la High Court, en medio de la celebración de la vista que Julian Assange seguía online desde Belmarsh al no habérsele permitido estar personalmente, en un momento, todos pudimos observar en la pantalla cómo sufría un desmayo y caía sobre la mesa. Tuvo que ser retirado por los guardas de seguridad, sacándole prácticamente en volandas de la habitación de la prisión desde la que seguía la audiencia. Posteriormente se supo que había sufrido un derrame cerebral.
Es más, incluso el Relator de la ONU contra la Tortura, Nils Melzer, visitó a Julian Assange en Belmarsh con dos médicos especializados en el tratamiento de la tortura. La conclusión a la que llegó el Relator de la ONU fue que Julian Assange se encontraba sometido a una situación de tortura, usando esa palabra, "tortura". Afirmó que jamás había visto a un conjunto de jurisdicciones que se consideraban democráticas actuar en una forma tan despiadada contra una persona. De hecho, el Relator de la ONU contra la Tortura elevó su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alertando de la situación y dando traslado de las conclusiones de los médicos especialistas que le acompañaron en la visita.
Y aquí es relevante destacar un punto que acertadamente se incluye en la pregunta, el apagón informativo. El demoledor informe del Relator de la ONU contra la Tortura, remitido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue enviado a los principales medios de comunicación del mundo. Sin embargo, la gran mayoría lo omitieron y no informaron sobre él. Hablamos de un informe de Naciones Unidas, y es necesario resaltar que este tipo de informes siempre tienen un gran impacto en los medios de comunicación. Llamativamente en este caso, la respuesta de los principales medios al comunicado de prensa del Relator de la ONU contra la Tortura fue dar la espalda a su informe. Pero más interesante aún fue la posición adoptada por Nils Melzer, que publicó oficialmente los nombres de todos los medios de comunicación del mundo que se negaron a informar sobre su trabajo. Quien quiera puede consultarlos y sacar sus propias conclusiones.
¿De qué se acusa a Assange y cuál es el riesgo que correría en caso de que se autorice finalmente su extradición de Reino Unido a Estados Unidos?
A Julian Assange se le acusa en el Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, de 18 cargos, 17 de los cuales se encuentran bajo la Ley de Espionaje de 1917, una ley que se aprobó en Estados Unidos para perseguir espías en la Primera Guerra Mundial, y que no registra precedentes de aplicación a un periodista simplemente por publicar información veraz que acreditaba la comisión de crímenes de guerra.
Los cargos, que ascienden a una pena potencial de 175 años de cárcel, son un atentado directo a la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información en el mundo. Ambos son derechos reconocidos universalmente, en todos los tratados internacionales de derechos humanos, y en las constituciones de todos los países civilizados. Es más, la propia Constitución de los Estados Unidos los protege en su Primera Enmienda. De hecho, todos recordamos casos paradigmáticos de absoluta protección a la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos en Estados Unidos, como el caso Watergate o los Papeles del Pentágono, donde los periodistas que publicaron esa información, no sólo no fueron perseguidos penalmente, sino que incluso fueron premiados.
Y es que la libertad de prensa es un derecho fundamental en las democracias. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental, controlar y fiscalizar el ejercicio del poder por parte de nuestros gobernantes. Sin medios de comunicación libres, amordazados por un poder que puede disponer perseguirles cuando publiquen material que les afecte, en un contexto con periodistas despojados de la protección de la libertad de prensa, nos dirigimos hacia regímenes totalitarios. Y es aquí donde se resiente la otra cara de la moneda, el derecho de acceso a la información, que garantiza que los ciudadanos podamos controlar las acciones de nuestros gobernantes, exigirles responsabilidades, y depositar o no la confianza en ellos sobre la base de decisiones informadas gracias a contar con medios libres que nos exhiben las acciones de nuestros gobernantes. Por lo tanto, de materializarse la entrega de Julian Assange, se habría asentado un peligrosísimo precedente para la libertad de prensa en el mundo, y por ende, para el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos, erigiéndose un peligroso velo de desconocimiento de las acciones de nuestros gobernantes tras la mal llamada "Seguridad Nacional".
Lo cierto es que detrás de la "Seguridad Nacional" no se pueden esconder crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos contra la población civil, como reveló WikiLeaks. Los reportes de ejecuciones extrajudiciales, de torturas sistemáticas como las de Abu Ghraib, o las condiciones de detención en Guantánamo, era un material que revelaba gravísimos crímenes tipificados en el derecho internacional. Crímenes sobre los que los tratados internacionales imponen una obligación de persecución internacional. Por ello es importante resaltar que WikiLeaks simplemente cumplió con su deber al publicar información remitida a la agencia de noticias por sus fuentes, ya que revelaba la comisión de crímenes sobre los que pesa una obligación universal de persecución.
A título de ejemplo, ya forma parte de la retina colectiva de toda la humanidad las imágenes de aquel helicóptero Apache que sobrevolaba un barrio de Bagdad cuando, como si estuvieran jugando a un videojuego, los militares norteamericanos decidieron disparar contra civiles, matando a muchos de ellos, incluyendo a dos periodistas de la agencia Reuters. Además, después, un vehículo con un padre y sus hijos camino a la escuela, al parar a socorrer a los heridos, fue igualmente tiroteado entre las risas de los uniformados de Estados Unidos. El padre murió y los menores quedaron heridos.
Llamativamente, por los crímenes de guerra revelados por WikiLeaks, ningún militar norteamericano ha sido procesado, ni siquiera sometido a investigación, y sin embargo el periodista que los reveló enfrenta 175 años de prisión bajo la Ley de Espionaje.
¿Asistimos a una represalia de Estados Unidos por la revelación de sus crímenes de guerra?
WikiLeaks supuso una revolución en el mundo de la comunicación. En un mundo en el que arrancaba la "postverdad", con medios de comunicación muy cuestionados, apareció esta agencia de noticias online. Su gran valor añadido fue crear un sistema informático de cortafuegos que permitía que cualquier persona que tuviera información relativa a crímenes, corrupción o demás abusos de poder, pudiera remitirla en forma segura, sin que nadie, ni la propia organización WikiLeaks, pudiera saber quién era el emisor de esa información. Esa innovación tecnológica daba una garantía de protección a los conocidos como "whistleblowers", traducidos al español comúnmente como denunciantes o alertadores, ya que históricamente en la mayoría de los casos, lejos de perseguir a los perpetradores, ellos mismos habían acabado represaliados.
Y gracias a este innovador sistema de recepción de información de fuentes, garantizando absolutamente su anonimato, no tardó en llegar información de marcado interés público que acreditaba corrupción bancaria en Islandia o Suiza, ejecuciones extrajudiciales en Kenia, crímenes medioambientales en Costa de Marfil, o censura a internet en China, entre otras relevantes publicaciones de WikiLeaks. Ningún país de la comunidad internacional abrió una causa penal contra este trabajo de periodismo de investigación, toda vez que las publicaciones estaban amparadas por el absoluto derecho que tienen los medios, en el marco de la libertad de prensa, a publicar información veraz proveniente de sus fuentes cuando versa sobre hechos de interés público. Sólo un país de la comunidad internacional desató una persecución política sin precedentes contra la agencia de noticias WikiLeaks, y ese país fue Estados Unidos.
Por lo tanto, es evidente que la persecución desplegada desde la jurisdicción norteamericana es una venganza, e incluso diría, una advertencia para todos los medios del mundo, tratando de dar una lección al fundador de WikiLeaks para que nunca más un medio se atreva a desnudar las acciones militares de Estados Unidos y exhibir sus vergüenzas ante el mundo. Y para dar esa lección al mundo, indiscutiblemente han utilizado al eslabón más débil de la cadena, Wikileaks, ya que no olvidemos que las publicaciones de los Irak War Logs y los Afgan War Diaries se hicieron en asociación con medios como el New York Times, Der Spiegel, El País o The Guardian, aunque Estados Unidos ha seleccionado como objetivo exclusivamente a Assange, como forma de erigir un ejemplo que atemorice al resto de medios.
Pero además la venganza de Estados Unidos contra Julian Assange no sólo se ha desatado por las publicaciones de Irak y Afganistán, sobre las que efectivamente se basan los indictment ante el Distrito Este de Virginia. De igual forma, esa venganza se incrementó después de la publicación de paquetes de información tremendamente relevantes, como la publicación en 2017 de "Vault 7", dándose a conocer los sistemas masivos de intromisión en los dispositivos privados de las personas por parte de las agencias norteamericanas de inteligencia.
Recientemente, periodistas norteamericanos han publicado, con información proveniente de múltiples agentes de la CIA, e incluso con afirmaciones de autoridades como el ex jefe de contra-inteligencia, William Evanina, que tras la publicación de "Vault 7", la CIA, bajo la dirección de Mike Pompeo, proyectó secuestrar e incluso asesinar a Assange dentro de la Embajada de Ecuador en Londres, así como eventualmente a algunos otros de sus colaboradores. Es más, incluso ese plan salió de la CIA y llegó a la Casa Blanca, donde según se ha relatado finalmente fue parado por algunos consejeros jurídicos.
¿Qué pasos se espera que de el equipo legal de Assange para protegerlo?
El proceso extradicional en Reino Unido es largo y complejo y actualmente nos encontramos en las últimas instancias.
En un primer momento la extradición se ventiló frente al District Judge, al cargo de Vanessa Baraitser. En aquella vista finalmente se decidió no proceder a la entrega de Julian Assange, argumentando la jueza Baraitser que se oponía a la entrega por el régimen penitenciario que sufriría Julian Assange en Estados Unidos, bajo el sistema SAM (Special Administrative Measures), por su ingreso en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Colorado, un régimen que no cumple con los estándares de derechos humanos europeos. Además, resaltó igualmente la jueza Baraitser en su fallo el delicado estado de salud de Julian Assange, lo que le llevaría a una situación en la que podría morir en prisión o incluso cometer suicidio.
Sin embargo, esa sentencia fue recurrida por las autoridades de Estados Unidos ante la High Court. En ese momento, en forma claramente interesada y al ver que se había perdido la prima instancia, las autoridades norteamericanas ofrecieron un conjunto de vagas garantías diplomáticas. Afirmaron en esa apelación que estudiarían que a Julian Assange no se le aplicara el régimen SAM, se vigilara un potencial suicidio, e incluso que tendrían en cuenta una solicitud de eventual cumplimiento de condena en su país de origen. Desde su defensa aportamos infinidad de casos extradicionales en Europa en los que Estados Unidos, cuando vislumbra que puede perder una extradición, ofrece esas garantías diplomáticas, aunque posteriormente, cuando la persona se encuentra en su territorio, esas garantías se violaban reiteradamente. Yo mismo por ejemplo aporté un análisis de los casos de vulneraciones de garantías diplomáticas comprometidas por Estados Unidos con la Audiencia Nacional española, destacando los casos Mendoza o Biondo. Sin embargo, sorpresivamente la High Court decidió en un escueto fallo, huérfano de argumentación jurídica, que esas garantías diplomáticas otorgadas por Estados Unidos eran suficientes, por lo que procedía a autorizar la entrega. Posteriormente, la apelación presentada por la defensa ante la Supreme Court, nuevamente en forma sorpresiva, ni siquiera fue admitida, por entender la máxima autoridad judicial británica que no había ningún "point of law" a debatir.
A partir de ahí el proceso extradicional pasó a la fase gubernativa, en la que el poder ejecutivo británico debía pronunciarse. Esta etapa fue muy visible por ejemplo en el caso Pinochet, donde los jueces británicos acordaron la entrega a las autoridades españolas en un primer momento. Pero fue posteriormente en la fase gubernativa, que se dilucida ante el Home Secretary, cuando Jack Straw decidió bloquear la entrega de Pinochet y permitirle que fuera a Chile argumentándose su delicado estado de salud. Aun cuando, como todos pudimos ver, al llegar a la capital chilena, Pinochet se levantó de su silla de ruedas y escenificó ante el mundo que su salud no era la que había fingido.
Pues bien, en el caso de Julian Assange, al llegar el caso al Home Secretary, en esta ocasión contando con contundentes informes médicos, incluso con los reportes del Relator de la ONU contra la Tortura, la responsable del Home Secretary, Priti Patel, acordó su entrega a Estados Unidos.
Y a partir de ahí se unieron dos apelaciones, denominadas "cross appeal", ante la High Court. La primera de ellas, la apelación contra la decisión de entrega del Home Secretary. Y la segunda apelación, contra la primera decisión del District Judge, pero en concreto, contra todos los elementos que no fueron resueltos favorablemente por la jueza Vanesa Baraitser.
Por lo tanto, es ahora, en esta apelación ante la High Court, donde se van a discernir los elementos fundamentales de este proceso extradicional, como por ejemplo: la significación de persecución política del caso; la falta de doble incriminación, al no proceder en la legislación británica una punición contra un periodista bajo una norma de espionaje por publicar información veraz proveniente de fuentes anónimas; lo relativo a la vulneración al derecho a la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información; la clara vulneración al principio de proporcionalidad, al encontrarnos ante potenciales penas de 175 años de cárcel simplemente por ejercer el periodismo; la falta de conexión extraterritorial norteamericana con unas publicaciones realizadas en el extranjero y por un extranjero; o lo relativo al espionaje presuntamente desplegado dentro de la Embajada de Ecuador en Londres por la CIA, a través de la empresa de seguridad española que prestaba allí sus servicios, una causa que se investiga en la Audiencia Nacional española.
En breve se van a dilucidar todos estos elementos nucleares de la extradición en la High Court. Pero es necesario destacar que, si se perdiera esa instancia, aun se podría apelar ante la Supreme Court, donde ya nos encontraríamos ante la última instancia de pronunciamiento en Reino Unido.
Sin embargo, al margen de las autoridades británicas, si se agotaran las instancias internas, el caso podría ser sometido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que Reino Unido sigue siendo parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Y de hecho ya se ha presentado una primera demanda ante el tribunal de Estrasburgo, en relación a la primera parte de la extradición que ya agotó las instancias internas.
Por lo tanto, aun quedan varias instancias en el marco del proceso extradicional que se está batallando en Reino Unido, instancias nacionales pero también internacionales. Por lo tanto, resta decir que su equipo legal agotará todas las instancias que sean necesarias para que por fin se pare este sinsentido jurídico que no sólo afecta a Julian Assange, sino que afecta a la libertad de todo el mundo.
Fuente: La Nueva Revolución