Julian Assange, el fundador de Wikileaks, lleva casi cuatro años en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh. Una de las últimas veces que se le vio en público era arrastrado por cuatro agentes hacia un furgón policial frente a la embajada de Ecuador en Londres, tras pasar 2.487 días encerrado tratando de evitar ser extraditado a Suecia. Ahora agota su último cartucho contra su extradición a Estados Unidos. Si el Tribunal Supremo británico rechaza su apelación, podría ser condenado a hasta 175 años de cárcel. La decisión podría anunciarse en las próximas semanas. "¿Preguntas como está Julian?", suspiraba su mujer, Stella Assange, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, la semana pasada. "Sufre profundamente. No hay motivo para que esté en prisión. Y los cargos contra él en EE.UU. ponen el peligro a nuestras democracias", denunciaba.
El australiano Julian Assange es una figura controvertida. Para sus defensores es un activista contra la corrupción y las violaciones de los derechos humanos capaz de jugárselo todo para exponer la verdad. Para algunos gobiernos es un hacker fanático que ha puesto en peligro la seguridad del Estado. Este pulso lleva disputándose 12 años, cuando gracias a los documentos filtrados por la soldado Chelsea Mannings el mundo supo sobre los crímenes cometidos por el ejército estadounidense en las guerras de Irak y Afganistán. Desde su creación, WikiLeaks ha expuesto casos de espionaje entre aliados, tramas de corrupción al más alto nivel y hasta los correos de la campaña demócrata del 2016. "¿Cómo se puede condenar a alguien por publicar la verdad?", se preguntaba Stella Assange.
"Ningún editor, periodista o fuente en cualquier parte podrán defenderse si se sienta este precedente"
"Desde los Papeles del Pentágono a los Papeles de Panamá , parte del periodismo más importante de las últimas décadas –incluidas investigaciones que han ganado premios Pulitzer— ha ocurrido porque es legal publicar documentos secretos incluso si sus fuentes los obtuvieron por medios ilícitos. Es la base del periodismo de investigación", sostiene Miren Gutiérrez, periodista y profesora de la Universidad de Deusto que trabajó varios años en investigación financiera en Panamá. EE.UU. acusa a Julian Assange de violar la Ley de Espionaje, una norma de la Primera Guerra Mundial que nunca se había utilizado para encausar a un editor. El activista se enfrenta a una vida entera privado de libertad no por filtrar, sino por publicar. Algo que su esposa subrayó en numerosas ocasiones para alertar de la peligrosidad del caso para el futuro del derecho de expresión y publicación y que, según ella, no es suficientemente comprendido ni por el público en general ni por la mayoría de los periodistas.
Muchos defienden que este es un caso mucho más grande que Assange. "La publicación por parte de WikiLeaks de cientos de miles de documentos secretos que exponían crímenes de guerra y violaciones de los derechos reveló al mundo información de interés público. Si es extraditado será el primer editor juzgado por la Ley de Espionaje, que no permite defenderse con el argumento del interés público. Ni él ni ningún otro editor, periodista o fuente en cualquier parte del mundo podrán defenderse de forma adecuada si se sienta este peligroso precedente", sostenía en la BBC Rebecca Vincent, directora de operaciones de Reporteros Sin Fronteras.
"¿Cómo se puede condenar a alguien por publicar la verdad?", se pregunta Stella Assange
Stella Assange afirma que es un caso extraterritorial. "Ni Julian es ciudadano estadounidense ni estuvo en su territorio en el momento en que los cables salieron a la luz. Además, se publicaron en medios europeos. Las acusaciones contra él podrían ser aplicadas contra cualquier otro periodista europeo", advertía . Hace unas semanas, los cinco periódicos que revelaron los cables de WikiLeaks en el 2010 – New York Times, Le Monde, The Guardian, Der Spiegel y El País– publicaban un editorial conjunta advirtiendo de que se estaba sentando un "precedente peligroso". "Obtener y divulgar información sensible cuando sea necesario en el interés público es una parte central del trabajo de los periodistas. Si se criminaliza ese trabajo, nuestro discurso público y nuestras democracias se debilitan significativamente", defendían.
"No sé qué pasará con Assange, pero ni hay razones legales para enjuiciarlo ni sería un buen precedente para el periodismo. Dudo que Biden quiera que este juicio forme parte de su legado", afirma Gutiérrez. Ya han pasado tres administraciones por la Casa Blanca desde la publicación del Cablegate . Pese a que no le faltaron ganas, Barack Obama concluyó que no podía perseguir a Assange porque estaba protegido por la Primera Enmienda (libertad de expresión y de prensa), algo que cambió con la llegada de Donald Trump. No sólo decidió ir contra él a través de la Ley de Espionaje, sino que la CIA llegó a barajar su secuestro y asesinato. Ahora muchos no entienden que la administración Biden siga con el caso. "Más allá de todos los argumentos sobre la libertad de prensa, ¿quieren mandar a una persona al país que quería matarle y que estaba tomando medidas para hacerlo?", denuncia su esposa.
Foto: Hannah McKay
Fuente: La Vanguardia