Como respuesta, los comunicadores aludidos por el periodista apelaron al recurso de la judicialización invocando una presunta amenaza que los coloca en el lugar de víctimas, cuando han sido ellos los señalados como instigadores de una violencia verbal que se dirige sistemáticamente contra todo aquello que afecte intereses del poder concentrado.
La cuestión que se pone de manifiesto con este caso es la ausencia de una normativa moderna y actualizada –en línea con las regulaciones más avanzadas del mundo- que aborde y prevenga el daño de los discursos mediáticos violentos. Las enormes asimetrías del mercado infocomunicacional de la Argentina, con una excesiva concentración del poder mediático, permiten la circulación dominante de discursos que incitan al odio social y político.
La Convención Americana –al igual que numerosos pactos internacionales y regionáles- declara que las expresiones de odio no permanecen bajo la tutela del artículo 13 y exige que los estados miembros proscriban esta forma de expresión.
Según el tratado, con rango constitucional en la Argentina, "Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional".
La Coalición por una Comunicación Democrática repudia cualquier recurso que tienda a normalizar o avalar la impunidad para los discursos de odio o violentos, ejercicio que amenaza la faz colectiva del derecho a la libertad de expresión. Asimismo, la CCD reclama un ejercicio responsable y respetuoso del periodismo y la comunicación, que evite los discursos de odio dirimiendo las diferencias con información fehaciente.
Coalición por una Comunicación Democrática, agosto de 2022
