domingo, 5 de junio de 2022

Grave atentando de la justicia riojana contra la libertad de expresión y de prensa

Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja repudiamos y alertamos sobre el grave accionar de la Justicia riojana en contra de la libertad de expresión y de prensa, quien este domingo con una orden de allanamiento al domicilio de la periodista Manuela Calvo secuestró todos sus elementos de trabajo para impedir que se refiera al caso Arcoíris, donde se denuncia el abuso sexual a una menor de 4 años por parte de su abuelo paterno.
Cabe recordar que la comunicadora Manuela Calvo ya había sido intimada hace 2 meses por la Justicia riojana para que no se pronuncie sobre el caso Arcoíris, y en un claro hecho de censura previa prohibió el estreno de un corto ficcional que hablaba, en general, de casos de abuso sexual infantil y las revinculaciones forzosas con los denunciados. En aquel entonces también se le ordenó que retire de las redes sociales todo el material referido al caso, disposición que fue cumplida por la comunicadora.

Nuevamente y acudiendo a un extremo recurso judicial como el allanamiento y secuestro de los materiales de trabajo, la justicia riojana intenta prohibir la difusión de información y acallar todo lo referido un caso emblemático en nuestra provincia que, desde hace tres años los movimientos, organizaciones y medios feministas vienen denunciando por vulnerar el derecho de las infancias.

Consideramos que, bajo la supuesta “desobediencia a la autoridad”, que alega la jueza María Eugenia Torres del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género N° 1 de La Rioja, no puede vulnerarse un derecho supremo como es la libertad de expresión o libertad de prensa en nuestro sistema democrático. Mucho menos considerando que el interés superior de la niña no es lo que se dirime en la causa que cita la jueza en su orden de allanamiento al domicilio particular de la comunicadora.

El artículo 43 de la Constitución Nacional expresa claramente que "no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística", lo cual se está violando peligrosamente con el secuestro de las computadoras, teléfono, notebook y discos de la periodista que contenían información sobre el caso.

También advertimos la llamativa, y muy poco común, premura de la justicia de La Rioja para actuar y ordenar un allanamiento (un domingo por la mañana) en la casa de una comunicadora que viene reflejando el caso al igual que muchas otras en la provincia. Y es mucho más llamativa cuando no tuvo la misma celeridad en este y tantos casos que se denunciaron la violación a los derechos de las infancias.

Consideramos un antecedente gravísimo que en menos de tres meses y sin precedente en otros casos de nuestra provincia, la Justicia Riojana a través de distintos jueces/juezas, fiscales y otros operadores de justicia, haya naturalizado el uso de recursos judiciales para atentar contra los derechos de libertad de expresión o de prensa, reconocidos y protegidos en nuestro país a través de tratados internacionales.

Exigimos:
La urgente intervención de autoridades y organismos provinciales, nacionales e internacionales de Derechos Humanos para proteger el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística en todas sus formas.

Que se devuelva en las mismas condiciones que fueron secuestrados todos los elementos, ya que se trata de las herramientas de trabajo diario de la comunicadora Manuela Calvo.

El cese de la persecución judicial riojana a comunicadoras feministas que vienen reflejando en sus agendas y en los medios la vulneración a las infancias.

El cese de las violencias que vienen sufriendo por este caso la madre de la menor, las abogadas, las comunicadoras y todas las personas que se pronuncian sobre el tema.

Finalmente advertimos que este recurso judicial en contra de una comunicadora afecta a todas las personas que ejercemos el periodismo con perspectiva de género y derechos, y se convierte en un grave riesgo para el sistema democrático y el ejercicio de la profesión en nuestra provincia", expresa el comunicado de prensa.

Por su parte, el secretario de la Defensoría del Público, Pascual Calicchio, escribió en su Twitter:
En tanto, la Secretaría de la Mujer y Diversidad de La Rioja expresó en Twitter: La madre de la menor había presentado "medidas cautelares" para proteger a la niña y relató que "vio al abuelo paterno" aunque pesa sobre él una "prohibición judicial".

Más de quinientas personalidades y organizaciones de todo el país habían lanzado una campaña para solicitar al Poder Judicial riojano que proteja a la niña, conocida con el nombre ficticio de Arcoíris, luego de que el caso se difundiera por los medios.

El CiSPren rechaza persecución judicial a la periodista Manuela Calvo
El Círculo de la Comunicación y la Prensa de Córdoba –CiSPren- adhiere a los numerosos repudios contra la Justicia riojana por allanar el domicilio de la periodista Manuela Calvo para impedir que avance en su investigación sobre el abuso sexual de una nena de 4 años por parte de su abuelo paterno.  

Este domingo 5 de junio, la Justicia riojana ingresó con una orden de allanamiento al domicilio de la periodista Manuela Calvo y secuestró todos sus elementos de trabajo para impedir que se refiera al caso Arcoíris, donde se denuncia el abuso sexual a una menor de 4 años por parte de su abuelo paterno. 

De esta manera, la justicia riojana continúa intentando prohibir la difusión de información y acallar todo lo referido a un caso emblemático que involucra los derechos de las infancias.

Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja difundieron un comunicado donde además recordaron que la comunicadora fue intimada judicialmente hace dos meses para que no se pronuncie sobre dicho caso
"En un claro hecho de censura previa la Justicia riojana le prohibió el estreno de un corto ficcional que hablaba, en general, de casos de abuso sexual infantil y de las revinculaciones forzosas con los denunciados. En aquel entonces también se le ordenó que retire de las redes sociales todo el material referido al caso, disposición que fue cumplida por la comunicadora".

Desde el CiSPren manifestamos nuestro apoyo total a Manuela Calvo y advertimos sobre la gravedad constitucional que implica atentar contra la libertad de expresión y/o de prensa en plena democracia. 
La Justicia no puede ser utilizada para intentar acallar las voces que velan por el cumplimiento de los derechos de las personas y especialmente, como en el caso de Arcoiris, de las infancias.

La persecución judicial contra la compañera no es un hecho aislado, por el contrario forma parte de una forma de operar del sistema judicial que incumple su obligación de aplicar la perspectiva de género y que abusa de sus herramientas para beneficiar y perpetuar el patriarcado.

Fianlmente el CiSPren adhieren a las exigencias planteadas por la Red de Comunicadoras de La Rioja
a las