jueves, 30 de junio de 2022

México: Ya son 12 los periodistas asesinados en lo que va del 2022

Mientras la hija del último periodista asesinado en México se debate entre la vida y la muerte y sus compañeros de profesión en Tamaulipas, la violenta esquina noreste del país, intentan seguir reporteando, el gobierno federal afirmó el jueves que las críticas de Antonio de la Cruz a políticos locales es una de las líneas de investigación sobre su homicidio.

De la Cruz, de 47 años, cubría temas agropecuarios y comunitarios pero era también un tuitero muy activo en las redes sociales, a las que había subido señalamientos sobre actos de corrupción que provocaron que las autoridades le pidieran en ocasiones borrar sus publicaciones en Twitter.

"Es un atentado evidente contra la libertad de expresión", aseguró Miguel Domínguez, director de Expreso, el diario en el que trabajó De la Cruz durante más de dos décadas y que el jueves llegó a los kioscos de Ciudad Victoria con su tradicional cabecera roja sustituida por un fondo negro, la foto un De la Cruz sonriente y el titular "¡Justicia!".

En la conferencia presidencial del jueves, el gobierno federal dijo que el ataque había sido ejecutado por dos personas en una motocicleta, sin más detalles. Domínguez aseguró que fue "un ataque directo".

Según el Expreso, el reportero estaba en un vehículo junto a su hija Cinthya, de 23 años, cuando un hombre a bordo de una motocicleta se acercó a su ventana y disparó cinco veces. Una de las balas alcanzó a su hija que viajaba en el asiento del acompañante y que el jueves se encontraba con pronostico reservado, según las autoridades.

En la mira de muchos compañeros están sus críticas a los políticos locales.

"Es muy peligroso no saber de dónde viene el ataque", le dijo uno de sus colegas, Carlos Manuel Juárez, al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina.

"Nos sentimos... muy a la intemperie, no sabemos si es un tema meramente político. En Twitter hacía mucha crítica al gobierno estatal y me comentó que le pedían bajar los tuis y que él los mantenía", agregó Juárez.

El presidente, que sólo en este año ha visto cómo fueron asesinados en México 12 periodistas, reconoció que uno de los temas que se investigan son los "cuestionamientos a autoridades locales" y que por ese motivo la fiscalía federal tomó la decisión de actuar en el caso.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, subrayó que el asesinato no quedará impune pero en la ciudad ya se preparan protestas, como las muchas que se han celebrado en México después de cada asesinato y de cada condena, para que los casos no caigan en el olvido.

Domínguez dijo no conocer amenazas expresas contra De la Cruz, pero Expreso sí ha sido objeto de ataques a lo largo de su historia.

En 2012, uno de los peores años de la violencia de los cárteles, estalló un coche bomba frente a la redacción del diario y en 2018 dejaron una hielera con una cabeza humana en la que amenazaban al periódico por callar sobre las ejecuciones que ocurrían en la ciudad.

Los 12 asesinatos de reporteros este año en México, el más sangriento para la prensa mexicana, han ocurrido en distintos puntos del país, de Veracruz a Sinaloa, de Baja California a Michoacán. Sin embargo, Tamaulipas ha sido el estado donde las amenazas han marcado el actuar de la prensa local en las últimas décadas.

Fronterizo con Texas, primero estuvo inmerso en una guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas y luego entre el primer grupo, el Cártel del Noreste y muchas subcélulas. Es, además, la región por la que cruzan más migrantes de forma ilegal a Estados Unidos, uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado en este momento.

"Vivimos en un estado en el que desde hace más de una década estalló una ola de violencia que también ha afectado al gremio", explicó Domínguez a AP. "Nos hemos tenido, desafortunadamente, que acostumbrar a trabajar en esas condiciones, a extremar cuidados, a tomar ciertas consideraciones sobre lo que vamos a publicar o no".

La mayoría de quienes gobernaron Tamaulipas en los últimos 20 años han ido a prisión acusados de corrupción o por asociarse con cárteles del narcotráfico. El actual gobernador, opositor al gobierno federal, terminará su mandato en octubre y lo sucederá quien ganó las elecciones de junio, el candidato del partido del presidente López Obrador, Américo Villarreal.

En negros y con encabezado en grande: "¡Justicia! Nuestro reclamo: que caigan los asesinos", fue como el medio Expreso- La Razón de Tamaulipas, le dedico su primera plana al periodista Antonio de la Cruz, ultimado a balazos la tarde del miércoles cuando salía de su casa. 

¡Justicia! que caigan los asesinos
"Durante 23 años fuimos testigos de la limpia trayectoria de nuestro compañero… Sus compañeros de Expreso- La Razón, exigimos que se investigue y castigue a los culpables con todo el peso de la ley, sean quien sean", se exige en el sumario que también acompaña a la imagen del periodista asesinado. 

En la editorial del medio tamaulipeco, se reitera la exigencia de justicia. "El cobarde asesinato de Antonio de la Cruz nos indigna y nos recuerda las condiciones en las que deben trabajar todos los días personas buenas y profesionales como nuestro compañero". 

También, destacaron que De la Cruz era "un hombre entregado a su profesión y a su familia", por lo que exigen justicia para que este hecho no quede impune. 

"Exigimos que se haga justicia, que el crimen de nuestro amigo no quede impune como muchos otros. Que no solo se detenga a los autores materiales del homicidio, sino a quienes lo ordenaron. Queremos que se les castigue con todo el peso de la ley". 
Fuente: Agencia AP

Nueva censura a Pares TV: con ayuda de la policía TyC impidió su trabajo

El canal local no pudo tomar imágenes del encuentro de Flandria ante Gimnasia de La Plata en Rafaela. Esto ocurrió cuando -por primera vez-, el ENaCom intimó a Telecom/Cablevisión para que ponga a ParesTV en su grilla
Otro episodio de censura sufrió ayer el canal Pares TV por parte de TyC Sports. A la fuerza y con la ayuda de la Policía, evitaron que el medio de comunicación cooperativo pudiera tomar las imágenes del partido por Copa Argentina entre Flandria y Gimnasia de La Plata en Rafaela.

Desde hace varios meses, Pares se ve imposibilitado de transmitir los partidos de Flandria ante las denuncias de la señal propiedad del Grupo Clarín. Es que mediante amedrentamiento de cartas documento y la censura de su transmisión se vio imposibilitado de seguir transmitiendo en vivo los partidos de Flandria cuando estaba en la Primera B Metropolitana ante los cuestionamientos de TyC Sports.

En ese contexto, el canal lujanense viene solicitando al ENaCom que actualice el listado de "acontecimientos de interés relevante" que consagra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que debe elaborar el gobierno nacional.

Sin embargo, ayer TyC Sports fue por más e hizo echar del estadio al camarógrafo de Pares TV. La situación se dio el mismo día que por primera vez el ENaCom intimó a Telecom/Cablevisión para que levante la señal de Pares en su grilla.

"Un veedor y un escribano del ENaCom vinieron a certificar que Pares TV no está en Cablevisión y los intimó a que tienen que sumarlo a la grilla por ley", explicó Alejandro Schiaffino, relator y periodista del canal.
Un rato antes de que comience el partido en Rafaela, el camarógrafo estaba apostado en la cabina que le asignaron para tomar imágenes, "vino el productor de Torneos y le dijo que no podía grabar nada y que guardara la cámara. Ni siquiera para ponerle la placa como hacemos con todos los partidos de Flandria y después tener las imágenes para hoy. Nada de nada", explicó Schiaffino.

"Es insólito, porque hasta el propio TyC pone una cámara en los partidos de la Súper Liga, cuyos derechos son de ESPN, y después hace su propia cobertura", se quejó.

Tras las amenazas del productor del TyC, el trabajador de prensa de Pares se quedó igual en su cabina. "Pero cinco minutos antes cayeron con dos policías y lo sacaron directamente. Ni grabar un rato nos dejaron. Estábamos acreditados y nos dijeron que no, que era para el pospartido por si había conferencia de prensa".

Mientras se jugaba el partido, Pares TV recibió un correo electrónico de la organización de la Copa Argentina en donde exponían que "el medio va a ser informado y TyC Sports tomará las medidas que deba tomar por ser la Televisora Tenedora de los Derechos de Copa Argentina. Y, por otro lado, el medio va a ser sancionado para poder acreditarse en Copa Argentina". Increíble. Fuente: El Civismo

miércoles, 29 de junio de 2022

Ridículas e innecesarias exigencias a periodistas por parte de la Unión Argentina de Rugby

Trabajadores de prensa de todo el país, rechazaron las últimas disposiciones que fijó la Unión Argentina de Rugby para las coberturas de los partidos de Los Pumas, en una carta dirigida al presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, pidieron se reviertan "estas ridículas e innecesarias exigencias"
Los abajo firmantes, periodistas especializados de todo el país en la cobertura de rugby, elevamos nuestra disconformidad con los requerimientos y documentación exigidos por el Departamento de Acreditaciones de la Unión que Ud. preside, en el proceso de acreditación para cubrir los partidos de la "Copa Visa Banco Macro 2022 - Los Pumas-Escocia".

Como primer punto, nunca, en los años que llevamos cubriendo partidos organizados por la UAR (sean de seleccionados nacionales o provinciales) se nos exigió para otorgarnos la acreditación correspondiente, un seguro. Algunos colegas llevan más de 40 años ejerciendo la profesión y pueden dar fe que ni siquiera en los Mundiales, la World Rugby se animó a tanto.

No obstante pagar un monto "x" para estar asegurados no es el tema en discusión.

En segundo lugar, y acá va nuestro reclamo, no estamos de acuerdo con que a los trabajadores independientes y/o free lance se les pida presentar el último pago de Monotributo y a todos los trabajadores en relación de dependencia, la Clave de Alta Temprana (C.A.T.) porque no tiene nada que ver con la cobertura de un partido.

Hace más de 20 años que muchos de nosotros cubrimos todo lo relacionado al rugby en nuestras provincias y, la presentación del Seleccionado Nacional, siempre es una oportunidad laboral única para los trabajadores que no están en relación de dependencia.

Ya cedimos el no poder transmitir los partidos de Los Pumas por radio o tomar imágenes por cuestiones de derecho de una empresa multimediática. Pero hasta acá llegamos.

Es una total desconsideración para los trabajadores independientes la exigencia de tener los papeles en regla como una empresa de medios.

Sin otro particular y esperando una rápida respuesta a nuestra petición, lo saludamos atte.

Gustavo Amoruso (Rugby Champagne), Cecilia Baran (Pick&Go-Rugby), Jorge Búsico (La Nación) Martin Carrasco (De Rugby Somos y R. Platense), Manuel Cardozo (Scrumcinco.com, Tucumán), Jorge Ciccodicola (Rugby Champagne), Horacio Cortés (Norte Rugby), Adrián Coronel (Tucumán Deportivo), Asociación de Prensa de Tucumán (APT), Rodrigo Chagaray (Rugby Line), Esteban Chamas (Radio La Red), Hernando De Cillia (Rugby Champagne), Francisco de Vedia y Mitre (La Previa Rugby / FM del Buen Ayre 105.3), Daniel Dionisi (Periodismo Rugby), Federico Espósito (La Gaceta de Tucumán), José María Elazarián (Tercer Tiempo TV (Salta), Martin Farcuh (A Pleno Rugby), Horacio Gambarte (Rugby Tucumano), Pablo Garello (Ovalados San Juan / La voz del rugby), Ariel Gómez (Rosario Deportes), Sergio Gómez (Después del Try, Radiofónica), Patricio Guzmán (Tercer Tiempo Noa), Tomas Gray (Tercer Tiempo Noa), Roman Iglesias Brickles (Canal 26), Mariano Jaime (Pasión & Deporte de Santiago), Claudio Leveroni (Revista Tocata y Radio Nacional), Leonardo Leveroni (Revista Tocata), Gustavo Martínez Ribó (Rugby Tucumano), Miguel Markman (Rosario, Mesa de Rugby), Leo Medvedoff (Rugby Plus), Pablo Oriz (Free Lance Medios de Salta), Osvaldo Ortiz (Rugby Tucumano), Germán Rosales (Cuarto Tiempo), Maryano Ryan (Clarín), Gabriel Sarquis (Diario Marca), Jorge Skaf (Norte Rugby), Gustavo Severo (Aquí Rugby AM 1440 Impacto) Jorge Spinassi (FM Identidad (Jujuy), Sergio Stuart (Diario Olé), Andres Vázquez (La Nación), Brian Willcham (AM 890 – RCH), Andrés Zucal Marino (Ovalados San Juan), y siguen las firmas.

Medios, precarización y concentración en Buenos Aires de recursos y contenidos

Estas problemáticas fueron planteadas como escollos para lograr un ejercicio pleno del derecho a la comunicación en la región. Así lo expuso Aixa Boeykens, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, institución sede de la Audiencia Pública de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Se realiza en Paraná, este martes y miércoles, la Audiencia Pública de la Región Centro convocada por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que conduce la periodista Miriam Lewin.

La sede del encuentro es la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que dicta la carrera de Comunicación Social, escenario en el que expusieron comunicadores, docentes, representantes de organizaciones sociales y comunitarias acerca de distintos aspectos que refieren al pleno ejercicio del derecho humano a la comunicación.

La apertura estuvo a cargo de Lewin que recordó el modo en que se crea la Defensoría, como uno de los aspectos que previó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dejada en su parte sustancial como letra muerta por un decreto emanado del gobierno de Mauricio Macri, que aún sigue vigente.

La periodista apuntó que las audiencias públicas, realizadas en distintas regiones del país, derivan en la concreción de "una radiografía de lo que quieren las audiencias" . Mencionó que se realizan informes que no son vinculantes pero que son "insumo para las políticas públicas" en materia de comunicación y medios.

Planteó que "la transformación del ecosistema de medios" en el marco de la irrupción de lo digital, deja en situación vulnerable a las audiencias. "Hoy el 20 % de los reclamos que recibimos tienen que ver con la vulneración de derechos en lo digital, en medios digitales, en redes, respecto de lo que lamentablemente no tenemos injerencia", advirtió Lewin. "Allí rigen criterios de autoregulación, en plataformas con oficinas en el exterior, empresas internacionales que no son transparentes además respecto de sus criterios de autoregulación", describió el panorama planteado.

Luego, la defensora del Público planteó el tema central del encuentro en Paraná, relacionado a los medios digitales, la concentración de la propiedad y el derecho a la comunicación, y postuló que para el organismo a su cargo "libertad de expresión no es la libertad de expresión del que tiene la antena más potente sino la de todos y todas".

Pautas y mensajes
A su turno, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boeykens, dio la bienvenida a los presentes, saludó la convocatoria y la temática abordada, evocó a Rodolfo Walsh, el periodista desaparecido que da nombre al salón auditorio en el que se desarrolla el encuentro.

"No es azaroso el nombre. Referencia a este periodista argentino, asesinado en la última dictadura cívico militar. El nombre es el reconocimiento a quien ejerció el periodismo con la convicción ética de que este trabajo ocupa un rol sustantivo en el cumplimiento y reconocimiento de los Derechos Humanos, y en ese contexto, el derecho a la comunicación", enfatizó la Decana que apuntó además que el nombre de Walsh también alude al "compromiso de nuestra Universidad pública con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que nos convoca a generar políticas que lleven a reconocer, garantizar, ampliar los Derechos Humanos".

Planteó los objetivos de la unidad académica a su cargo, respecto de la articulación con medios públicos y privados y trabajadores de la comunicación en pos de procurar "coberturas responsables y respetuosas de la ciudadanía". Puso en valor el rol de los medios comunitarios, el surgimiento de páginas digitales y la labor de los medios de la UNER, particularmente de la radio.

Advirtió Boeykens como problemáticas a abordar, en pos de garantizar el derecho a la comunicación, la decisión de la Nación de "concentrar la publicidad oficial en pocos medios que se concentran mayoritariamente en Buenos Aires" así como también el desarrollo de propuestas mediáticas que "retransmiten el contenido de Buenos Aires" sin apostar a la generación de producción local y regional.

Al respecto, el año pasado se conoció un informe oficial sobre la distribución de la publicidad oficial nacional. Entre diciembre de 2020 y agosto de 2021, la gestión de Alberto Fernández destinó 7.563 millones de pesos a los medios de comunicación. El 68 por ciento fue para el 1 por ciento de los medios en el país. Pero de esa porción más grande de la torta, el 63 por ciento fue para los que están radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recibieron 4.779 millones pesos. Los medios de la provincia de Buenos Aires, la más grande del país, recibieron 434,5 millones de pesos, es decir, más de diez veces menos que la capital. Aquí, un informe publicado por la Revista Cicatriz respecto del impacto de estas políticas en la provincia de Entre Ríos.

Por otro lado, la decana de Educación puso el acento en otro aspecto que impacta en el ejercicio de la comunicación: la situación laboral de quienes ejercen el oficio de periodista. Al respecto, en el encuentro amplió respecto del punto, en su presentación, la directora de LT 14, Silvina Ríos, fundadora y dirigente del Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc).

Boeykens afirmó que estas problemáticas "son desafíos en los que se debe continuar trabajando para garantizar una comunicación plural, de calidad, federal y diversa".

Brusco, por Bordet
La secretaria de Comunicación, Maricel Brusco, transmitió en el encuentro el mensaje de Gustavo Bordet que, en primer lugar, valoró que la provincia haya sido elegida como sede del encuentro.

"La realidad de Entre Ríos en materia de comunicación es muy diversa. Desde el gobierno de la provincia intentamos favorecer esa multiplicidad de voces. Sabemos que la comunicación es un derecho humano fundamental que, además, ayuda a conquistar y consolidar otros derechos", apuntó Brusco.

"Queremos una comunicación cada vez más respetuosa de los distintos sectores de la sociedad, una comunicación que sea plural, democrática, con perspectiva de infancia, con perspectiva de vejez, de discapacidad, que sea federal que contemple la realidad de todo nuestro territorio donde se escuchen todas la voces, nuestras voces, con sus identidades, con sus luchas y también con sus demandas", añadió la secretaria de Comunicación que abogó para que el encuentro se constituya "en un espacio para la construcción de más y mejor ciudadanía".
Fuente: Página Política

martes, 28 de junio de 2022

Derecho al Olvido: La Corte Suprema rechazó la demanda de Natalia Denegri contra Google

El máximo tribunal decidió proteger el derecho constitucional de la libertad de expresión. Pero dejó abierta la posibilidad de aplicar el derecho al olvido en otros casos.

Concretamente, no se han brindado argumentos suficientes que demuestren que una persona que fue y es figura pública tenga el derecho a limitar el acceso a información veraz y de interés público que sobre ella circula en internet, dice el fallo.

La Corte dijo que esa información resulta accesible al público de acuerdo a su propia discreción y preferencias, por lo que no es atinado considerar los datos inapropiados a la auto percepción de la identidad actual de Denegri.

El máximo tribunal tuvo en cuenta que los hechos denunciados existieron, dejó abierta la posibilidad de aplicar el derecho al olvido en otros casos y alertó sobre la falta de transparencia de los algoritmos utilizados por la demandada.

Qué se debatió
Durante los días 17 y 18 de marzo de este año, la Corte realizó una audiencia pública de carácter informativo en la cual fueron escuchados los amigos del Tribunal, el Procurador Fiscal y las representaciones letradas de cada una de las partes, interrogadas sobre diversos aspectos de la controversia.

En el caso, la cuestión en debate se centró en determinar si una persona pública que estuvo involucrada en un tema de interés público tiene un "derecho al olvido" por el cual pueda solicitar que se desvincule su nombre de determinados contenidos que la involucran.

Denegri alegó que por el paso del tiempo los datos han perdido dicho interés y que, a su criterio, resultan inapropiados a la auto percepción de su identidad actual y, en consecuencia, lesionan sus derechos al honor y a la intimidad.

También se debatió si, por el contrario, la medida de desindexación de información ordenada restringe indebidamente el derecho a la libertad de expresión, tanto en su faz individual como colectiva.

Qué tiene en cuenta el fallo
La Corte tuvo en cuenta que la Constitución Nacional garantiza una amplia protección a la libertad de expresión, la cual tiene un lugar preeminente en el marco de las libertades constitucionales, entre otras razones, por su importancia para el funcionamiento de una república democrática y para el ejercicio del autogobierno colectivo del modo por ella establecido.

Esta libertad comprende el derecho de transmitir ideas, hechos y opiniones a través de internet, herramienta que se ha convertido en un gran foro público por las facilidades que brinda para acceder a información y para expresar datos, ideas y opiniones.

El Tribunal recordó que ya ha destacado la indudable importancia del rol que desempeñan los motores de búsqueda en el funcionamiento de internet, en tanto actúan como una herramienta técnica que favorece el acceso al contenido deseado por medio de referencias automáticas.

La importancia que tiene la libertad de expresión en el sistema constitucional hace que el Tribunal considere que toda restricción, sanción o limitación a la libertad de expresión debe ser de interpretación restrictiva, dice el fallo de la Corte.

Y agrega que toda censura previa que sobre ella se ejerza padece de una fuerte presunción de inconstitucionalidad y, por ende, la carga argumentativa y probatoria de su necesidad pesará sobre quien invoca dicha restricción.

La aplicación de estos principios a la función que desempeñan los motores de búsqueda puede llevar a concluir que una eventual decisión judicial de desindexar ciertas direcciones respecto de un resultado —y, de ese modo, hacer cesar su repetición— "implicaría una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional".
El máximo tribunal realizó una audiencia pública de dos jornadas en las que escuchó a las partes y a organizaciones y juristas, con argumentos a favor y en contra del derecho al olvido
No se puede cancelar la historia
La Corte consideró que, si bien es cierto que la eliminación de contenidos web difiere conceptualmente de la supresión de una de las vías de acceso a ellos, no cabe descartar de antemano que, en determinadas circunstancias, los efectos de ambos sobre el discurso público pueden resultar igualmente gravosos.

En esta causa, los contenidos cuestionados por Denegri –y que la involucran− se vinculan con la amplia cobertura mediática que tuvo el "caso Coppola", que incluyó a diferentes personajes del deporte y de la vida pública argentina, y que concluyó con la destitución y condena penal de un juez federal y de funcionarios judiciales y policiales.

En ese marco, Natalia Denegri cobró notoriedad por su vinculación con el "caso Coppola" y por su participación en programas de entrevistas que efectuaban la cobertura mediática de sus avances, notoriedad que mantiene hasta la actualidad.

Para la Corte, concluir que por el mero paso del tiempo la noticia o información que formó parte del debate público pierde ese atributo pone en serio riesgo la historia como también el ejercicio de la memoria social que se nutre de los diferentes hechos de la cultura, aun cuando el pasado se nos refleje como inaceptable y ofensivo para los estándares de la actualidad.

Ante las tensiones entre el derecho al honor y la protección de la libertad de expresión, la Corte sostiene que esta última goza de una protección más intensa, siempre que se trate de publicaciones referidas a funcionarios públicos, personas públicas o temas de interés público por el prioritario valor constitucional que busca resguardar el más amplio debate respecto de las cuestiones que involucran a personalidades públicas o materias de interés público como garantía esencial del sistema republicano.

En ese escenario, no existe espacio suficiente para producir una lesión ilícita del derecho al honor mediante la difusión de información veraz vinculada con un asunto de interés público y referida a una persona pública, de modo que se autorice una restricción al ejercicio de otro derecho fundamental como lo es la libertad de expresión.

Tampoco se advierte, dice el fallo, que la difusión de la información cuestionada importe una grave afectación de la privacidad. Tal como se ha manifestado en el dictamen del Procurador Fiscal, la protección de la privacidad no alcanza a aquellos aspectos de la vida personal que el titular consiente revelar al público.

Mientras que en los precedentes "Rodríguez, María Belén", "Gimbutas" y "Paquez" se pretendía la eliminación o desindexación de las vinculaciones —y sugerencias de búsquedas y thumbnails derivadas— consideradas ilícitas, la pretensión de la actora en autos no se fundó en la ilicitud de las publicaciones periodísticas y videograbaciones en las que participó.

Por otra parte, dijo la Corte, el presente pronunciamiento no implica desconocer que el creciente uso de herramientas de tecnología informática y, en particular, de sistemas que podrían incluirse dentro de la categoría "Inteligencia Artificial" (IA), suscita numerosos interrogantes respecto de su campo de aplicación a la luz de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos.

En base a la forma en que Google manifestó que aparecen los resultados, se podría generar un cierto perfil de las personas que podría condicionar la composición de lugar que el internauta se hará de la identidad de la persona auscultada. De ahí la necesidad de asumir hacia el futuro la problemática de ciertos aspectos del funcionamiento de los algoritmos de los que se sirven los motores de búsqueda, para que resulten más entendibles y transparentes para los usuarios, hoy sujetos a la decisión de aquellos.

Ahora van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El abogado de la periodista argentina, Martín Leguizamón, aseguró en AM750 que la sentencia de la Justicia implica un "retroceso muy grave" en materia de derechos humanos. Leguizamón, sostuvo que este fallo implica un "retroceso muy grave" y adelantó que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La demanda de la periodista y productora Natalia Denegri contra Google pretendía lograr que, a la hora de buscar su nombre, se la desvinculara definitivamente de los contenidos que la relacionan con el "caso Coppola". En el fallo que se conoció este martes, la Corte Suprema rechazó el pedido bajo el argumento de que limitar los contenidos implicaría una lesión a la libertad de expresión. 

"El juez de primera instancia había fijado una fórmula para impedir el acceso a esos contenidos que no significaba que si se desindexen o desaparezcan", explicó Leguizamon. Esto, desde la perspectiva del abogado, no significaría una vulneración a la libertad de expresión.

Por otro lado, el letrado aseguró que "la libertad de expresión no es un derecho absoluto" y sostuvo que en este caso debería ponderarse el derecho al honor de una menor de edad debido a que el hecho ocurrió cuando Denegri tenía 19 años (en 1996, la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años). 

Según Leguizamon, la propia Corte admite "que los buscadores generan ciertos perfiles de las personas que podrían coincidir o no con la composición del lugar del internauta y que vulnera la intimidad y la identidad de la persona", con lo cual la decisión de los magistrados es "contradictoria". 

Por último, adelantó que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que la sentencia "pone en juego los derechos humanos".

Declaración de Google Argentina luego del fallo de la Corte por Natalia Denegri
Desde su filial en Argentina emitieron un comunicado luego de conocido el fallo de la Corte. Este el texto completo:
"Valoramos positivamente el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia que confirma su fuerte compromiso con la libertad de expresión e información en Internet y el derecho de los ciudadanos a buscar y acceder a contenidos de interés público. Ratifica así que los motores de búsqueda como Google cumplen un rol esencial para la libertad de expresión, pues potencian el ejercicio de su dimensión social. Coincidimos además en que el mero paso del tiempo no implica que las noticias ni la información pierdan su relevancia ya que son fundamentales para el ejercicio de la memoria social".
Especialistas en libertad de expresión, con argumentos a favor y en contra del fallo contra Denegri
Especialistas en libertad de expresión y derecho informático se refirieron a la decisión de la Corte Suprema de revocar fallos anteriores que le ordenaban a Google desindexar contenidos sobre la conductora y productora de TV, Natalia Denegri, que la vinculaban al escándalo conocido como "caso Coppola".

El docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Conicet Martín Becerra consideró hoy que la Corte Suprema "estableció un fuerte umbral para invocar el 'derecho al olvido'", en su decisión de revocar los fallos que en primera y segunda instancia le ordenaban a Google desindexar contenidos sobre la conductora y productora de TV, Natalia Denegri, que la vinculaban al escándalo conocido como "caso Coppola".

En diálogo con TelAm, Becerra sostuvo que "la Corte Suprema no usó la expresión 'derecho al olvido' en el fallo, claramente plantea que en casos de interés público no cabe usar la figura del 'derecho al honor' para limitar la libertad de expresión; no dice que no se va a usar para nada el 'derecho al olvido', pero marca que no aplica ante una figura pública en un caso de interés público".

"El fallo tampoco aborda la cuestión de género que no estuvo considerada en los fallos de primera y segunda instancia, el tema sí estuvo presente en la audiencia pública tanto en la presentación de los abogados de Denegri como en las preguntas de los jueces de la Corte pero no se citó en los argumentos", apuntó.

El investigador remarcó que "la Corte fue clara respecto de que en torno a la libertad de expresión está el derecho individual de quien se expresa y el derecho social a acceder a esos contenidos, y también fue muy interesante su parrafada final en la que cuestiona la opacidad y falta de transparencia de los mecanismos con los que el algoritmo del motor de búsqueda de Google jerarquiza un contenido sobre otro; es una ventana de oportunidad para dar en nuestro país el debate sobre el funcionamiento de los motores de búsqueda que hoy se da en la Unión Europea".

Bárbara Peñaloza, abogada especialista en derecho informático, se opuso al fallo de la Corte señalando, a través de Twitter, que "la Corte finalmente se expide sobre el #DerechoalOlvido, usando (*copiando) argumentos del siglo pasado, anteriores a la existencia de los buscadores, para no reconocerlo y sin un ápice de perspectiva de género".

"Pura decepción", aseveró Peñaloza, quien agregó que el Código Civil y Comercial de la Nación "dice que el consentimiento para disponer de los derechos personalísimos no se presume, es de interpretación restrictiva, y libremente revocable (art 55)".

Por este motivo, "supone la CSJN que, como no se invocó vicio alguno, no se puede concluir que la publicación de actos grabados y emitidos en programas de televisión (hace más de 20 años) no haya sido consentida... La Corte extiende y presume un consentimiento que no se expresó", prosiguió.

El máximo tribunal "patea para el futuro, siendo que es una problemática más que presente, la necesidad de asumir ciertos aspectos del funcionamiento de los algoritmos que usa los motores de búsqueda, los que están sujetos solo a la decisión de estos…", continuó Peñaloza.

La abogada consideró que "era esta la oportunidad de hacerlo, la perdieron espantosamente" y agregó que la sentencia es buena "para estudiar el vicio de la contradicción, al menos".

Por otro lado, la directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo, Agustina del Campo, se mostró a favor del fallo de la Corte a través de Twitter y señaló que "sostiene la CSJN que la difusión de info merece tanta protección como la info misma (...). Si bien desindexar no es eliminar, dice la CSJN el impacto en la circulación de info puede ser equivalente".

"La CSJN correctamente sostiene que la información de interés público, sobre personas públicas tiene un margen de protección especial en nuestro derecho constitucional, interamericano y comparado", continuó.

La Corte "también sostiene que la calificación subjetiva en torno a la calidad de la info no puede ser un parámetro para la censura y que la opinión de la actora respecto de esa info no es motivo suficiente para justificar la desindexación", consideró.

A su vez, sostuvo que "tampoco hay mención alguna al argumento de género, que hizo parte central de las presentaciones en audiencia".

Google vs. Denegri: La Corte falló en coincidencia con varios de los argumentos presentados por la ADC
Esta semana la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Civil que había reconocido a Natalia Denegri el “derecho al olvido” en su acción contra Google. Los magistrados se manifestaron a favor de la libertad de expresión y el acceso a la información por sobre el derecho al honor. La Asociación por los Derechos Civiles había presentado un amicus curiae y participado en la audiencia pública con argumentos muy similares a los destacados por la Corte en su fallo.

La ADC hizo un fuerte énfasis en la importancia de que este caso está enmarcado en un tema de interés público. Los actos protagonizados por Denegri en la década de los ‘90 formaron parte del conocido caso “Coppola”, que marca una época y forma parte del archivo histórico de la ciudadanía.

El argumento central expuesto por la organización, y destacado por la CSJN en su decisión, fue que ante las tensiones entre el derecho al honor y la libertad de expresión, esta última goza de una protección más intensa siempre que se trate de publicaciones veraces referidas a funcionarios públicos, personas públicas o temas de interés público.

Otro punto clave al que hizo referencia la Corte, y que surge de las exposiciones de la organización, tiene que ver con la caracterización de la libertad de expresión como un derecho a expresar ideas pero también a poder recibirlas. Aquí prima el derecho de la ciudadanía a acceder a información de relevancia pública, sin importar mayormente si hoy en día pueda resultar contraria a los intereses de sus protagonistas.

Desde la ADC sostenemos que no existe un derecho subjetivo de las personas públicas, en temas de interés público, a exigir la desindexación o restringir información disponible al público en los motores de búsqueda.
Foto: Bernardino Ávila
Fuentes: Diario Río Negro y TelAm

domingo, 26 de junio de 2022

Velan en Brasil a periodista británico asesinado en la Amazonía

Phillips, de 57 años, fue asesinado a tiros el 5 de junio junto al experto indigenista Bruno Pereira mientras recorrían la Amazonía
Alessandra Sampaio, esposa del periodista británico Dom Phillips, llega junto a su madre Maria Lúcia Farias Sampaio

El periodista británico Dom Phillips, fue velado este domingo por familiares y amigos; el periodista fue asesinado junto a Bruno Pereira, experto indigenista mientras hacía un reportaje sobre pesca ilegal.

"Dom será cremado en el país que amaba, Brasil, al que había escogido como hogar", dijo entre lágrimas la viuda de Phillips, la brasileña Alessandra Sampaio, tras una ceremonia reservada a los amigos y familiares en el cementerio Parque da Colina, en Niterói, cerca de Rio de Janeiro.

Phillips, de 57 años, fue asesinado a tiros el 5 de junio junto al experto indigenista Bruno Pereira, de 41, cuando regresaban de una expedición en el Valle del Javarí, un lugar remoto de la selva amazónica considerado peligroso por la presencia de narcotraficantes, la pesca y extracción de oro ilegales.

Sampaio agradeció a los indígenas que ayudaron en la búsqueda, a la prensa y "a todas las personas que se solidarizaron con Dom, Bruno" y sus familias.

"Seguiremos con atención todos los desdoblamientos de las investigaciones, exigiendo justicia", afirmó.

"Renovamos nuestra lucha para que nuestro dolor no se repita, así como el de las familias de otros periodistas y defensores del medioambiente que siguen en riesgo", concluyó Sampaio, fundiéndose en un abrazo con los miembros de su familia y la de Phillips, vestidos de negro.

El funeral de Pereira fue celebrado el pasado viernes en su estado natal de Pernambuco (noreste de Brasil), rodeado de emotivos rituales indígenas. Estos pueblos lo consideraban un "hermano" por su labor en defensa de sus territorios.

Apasionado por la Amazonía
Phillips vivía en Brasil desde hacía 15 años. Además de ser colaborador regular del diario The Guardian, trabajó para The New York Times, The Washington Post y Financial Times.

Apasionado por la Amazonía, de la que escribió decenas de reportajes, Phillips se encontraba en la región del Valle del Javarí, guiado por Pereira, para trabajar en un libro sobre conservación ambiental y desarrollo local, con apoyo de la fundación estadounidense Alicia Patterson.
Dom Phillips y el experto Bruno Araújo Pereira

Pereira, que trabajó durante muchos años en la agencia gubernamental de asuntos indígenas de Brasil (Funai), estaba al servicio de organizaciones indígenas locales, trabajando en un proyecto para ayudarlos a denunciar las invasiones de sus tierras por parte de madereros, mineros y cazadores ilegales.

Por este trabajo, Pereira había recibido amenazas de muerte.

Tres sospechosos fueron arrestados por el crimen, incluido un pescador que confesó haber enterrado los cuerpos y condujo a los investigadores hasta el lugar, más de diez días después de que Phillips y Pereira fueran vistos por última vez a bordo de una lancha.

Los restos mortales fueron identificados y entregados a las familias el pasado jueves.

Ese mismo día, la Policía Civil de Sao Paulo anunció la prisión de un cuarto sospechoso que se presentó ante las autoridades diciendo que había participado en el crimen.

Pero la Policía Federal, que conduce las investigaciones, afirmó que fue puesto en libertad porque su versión de lo ocurrido era "poco creíble e inconexa" con lo investigado hasta el momento.
Fotos: Agencia EFE
Fuente: Agencia AFP

Ver también: Desaparición de un periodista y un experto en Brasil debe alentar a proseguir su trabajo. Brasil: Identifican el cuerpo del indigenista desaparecido Bruno Pereira, Brasil: Restos del periodista inglés y del experto indigenista son entregados a familiares

sábado, 25 de junio de 2022

Colombia: Ganó Petro, ganó el país, pero perdió el periodismo

Noticias Caracol, RCN Noticias y Revista Semana demostraron durante esta contienda electoral que lo importante no es la verdad de los acontecimientos, sino la defensa a ultranza de los intereses particulares de los medios
Por: Joaquín Robles Zabala*
El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Ganó como ganan los grandes: contra todos los pronósticos, contra la godarria** más godarria de América Latina, contra los empresarios que se oponían a su llegada a la Casa de Nariño, contra los partidos tradicionales, ese otro cáncer que lleva más de 200 años en el poder y que temía perder su inmensa lista de privilegios. Les ganó a las encuestadoras y sus encuestas amañadas (no hubo una sola que lo diera ganador en la segunda vuelta). Les ganó a los uribistas pura sangre que pregonaban en las redes y medios amigos que el líder de la Colombia Humana “jamás sería presidente de Colombia”. Les ganó a los canales de noticias, cuyo sesgo a la hora de informar fue más que evidente. Se ganó el voto de los indecisos y en las últimas semanas recorrió el país de norte a sur y este a oeste. Habló con campesinos, pescadores, mototaxistas, vendedores ambulantes y madres de familia sin trabajo. Fue una travesía impresionante, una bofetada a una clase dirigente perversa que lleva toda una vida republicana gobernando para los más ricos, que decreta exenciones de impuestos para empresas con capitales gigantescos y grava los alimentos de la canasta básica alimenticia de los más pobres.

Por eso, los dueños del país no ahorraron esfuerzo en hacerlo ver como un monstruo, un monstruo que desaceleraría la economía, espantaría la inversión extranjera y nos regresaría a la Edad de Piedra. “Piensen en un país sin celular, sin moto, sin carro, sin gasolina, sin energía eléctrica, sin mercado y sin trabajo que crearán si votan mal el domingo. Eso sí sería duro”, trinó el exministro de Hacienda y exgerente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry en un intento desesperado por desinformar a los colombianos. “Ingeniero es mejor que guerrillero”, había escrito antes para exaltar la portada de la Revista Semana. “Cualquiera, menos Petro”, fue el caballito de batalla de esa ultraderecha recalcitrante, representada por Álvaro Uribe Vélez y un establecimiento que montó como presidente hace cuatro años a un mamarracho como Iván Duque Márquez. Sin el desastroso gobierno de éste, hay que dejarlo claro, es probable que Gustavo Petro no hubiera podido llegar al palacio de gobierno. El asesinato de casi cien colombianos en las protestas ciudadanas por la Fuerza Pública, el crecimiento acelerado de la pobreza monetaria (21 millones de ciudadanos pasando hambre) y un número amplio en la miseria (siete millones, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE), fueron apenas la punta de ese iceberg gigantesco que amenazaba con hacer colapsar la institucionalidad del Estado. No es exagerado lo afirmado por una de las hijas de Petro a un medio español en el sentido de que la eventual llegada de Rodolfo Hernández a la Casa de Nariño llevaría al país a una ola de protestas como la se dio el año pasado. La razón es sencilla: detrás del corruptísimo exalcalde de Bucaramanga estaba todo el abanico de corruptos que antes estuvo en la campaña de Federico Gutiérrez, unidos a los partidos políticos que llevaron a Iván Duque al poder.

De manera que no era difícil colegir que un futuro triunfo de Hernández desataría toda la rabia contenido por esa mayoría de colombianos excluidos, abandonados por el Estado, por Dios y todos los santos que se veneran a lo largo ancho de este país del Sagrado Corazón. No era difícil deducir que Hernández, que se vendió ante los ciudadanos como anticorrupto, era, en realidad, un corrupto más, imputado por la Fiscalía por el delito de corrupción. Decir, pues, que el exalcalde de Bucaramanga se quitaría la piel para combatir a un clan mafioso como el de los Char, o el de los Aguilar o el de los Gnecco, era razonar con el corazón.

Para ellos, Gustavo Petro no solo seguía siendo el “guerrillero” del M-19, no solo seguía siendo el amigo de Hugo Chávez y Fidel Castro (aunque estos hubieran muerto), no solo seguía siendo la representación del “castrochavismo”, sino también el denunciante, desde su curul de senador de la República, de las relaciones existentes, pero mil veces negadas, de una gran mayoría de funcionarios del Estado con los grupos narcoparamilitares y militares que asesinaron a miles de jóvenes colombianos indefensos bajo la premisa de que “no estaban recogiendo café”.

Ganó Gustavo Petro, es cierto. Ganó la democracia. Ganaron los “nadie”. Ganaron los habitantes de esas grandes regiones del país abandonadas por el Estado. Ganaron los campesinos que, bajo la lluvia o el sol inclemente, salieron el domingo 19 de junio a cumplir con el deber constitucional del voto. Ganaron los estudiantes a los que Petro les prometió mejorar sus condiciones de estudio y a los que les aseguró que crearía nuevas universidades y nuevos colegios. En fin, ganó Colombia porque no se presentaron mayores incidentes de violencia durante “la fiesta democrática”. No obstante, hay que decirlo, perdió el periodismo. Perdieron credibilidad los grandes canales de noticias. Perdieron por mal informar a los colombianos, por inclinar la balanza de los hechos a favor de los candidatos afines al establecimiento. Noticias Caracol, RCN Noticias y Revista Semana demostraron que lo importante no es la verdad de los acontecimientos, sino la defensa a ultranza de los intereses particulares de los medios.

*Profesor universitario y magíster en comunicación

**"La godarria es, según el Diccionario de Americanismos, el conjunto de godos o conservadores. Es decir, aquellos grupos, personas y partidos que veneran el capital, proclaman el lucro como filosofía, combaten la presencia reguladora del Estado, ceden el control de nuestras vidas a los mercados, desconfían de los pobres y los distintos, meten a Dios en la cama y defienden valores de clase, intolerancia, insolidaridad y discriminación", Daniel Samper Pizano

Fuente: Publimetro

viernes, 24 de junio de 2022

Viviana Mariño 1970 - 2022

"Se apagó un motor de máxima potencia", contaron desde la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación y agregaron: "Vivi deja un vacío enorme... A los que hacemos ANCCom, nos lega una responsabilidad: tendremos que hacer mucha fuerza colectiva para compensar el motor que hace unas horas se apagó". A los 51 años, falleció la periodista Viviana Mariño, agenciera, comprometida, de energía implacable. Con una vasta trayectoria en distintos medios, desde el 6 de enero de 2020 se desempeñaba como Gerenta periodística de la Agencia de Noticias TelAm

Generosa, radiante, comprometida, con una polenta inigualable, periodista de raza. Así, y con muchos más calificativos, la definen -la definimos- todos y todas a Viviana Mariño, quien falleció este viernes a los 51 años.

Gerenta de Periodismo, jefa de redacción, de la agencia TelAm desde el 6 de enero de 2020, dedicó los últimos años de su vida a dignificar y reconstruir el servicio de la agencia de noticias TelAm, que la gestión macrista se había encargado de diezmar.

Mamá, docente, periodista y luchadora también, en todos los frentes, Viviana Mariño, como tantos otros compañeros y compañeras del gremio, formó parte de un aguerrido grupo de trabajadores y trabajadoras de prensa que se puso al hombro al diario Tiempo Argentino tras su vaciamiento empresario y lo volvió a poner de pie, bajo el formato de una cooperativa, en 2016. Toda una definición que habla de sus protagonistas, ella incluida.

De esa batalla, Viviana Mariño saltó a otra no menor, la de volver a levantar la agencia pública de noticias no solo desde el punto de vista periodístico sino en su tejido interior, pulverizado tras el despido de 357 trabajadores durante la administración de Cambiemos -del que justamente este domingo se cumplen cuatro años- y su posterior reincorporación, conquistada por la lucha y la vía judicial.

Aquí, desde su espacio de conducción periodística en la agencia pública de noticias, Viviana Mariño se manejó como siempre lo había hecho: la puerta de su oficina siempre abierta, el teléfono siempre en línea, la mirada atenta sobre el trabajo de cada uno, pero desde el llano, para empujarlo, motivarlo y ponerlo en valor. Ponía toda su energía y parecía inagotable: días de semana, feriados, verano, invierno, mañana, tarde, noche, sin pausa.
El mismo compromiso, la misma convicción y los mismos principios unían como un hilo conductor su reivindicación de lo público -como espacio potente y transformador- tanto en su rol en la agencia TelAm como en la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la que se graduó como licenciada en Ciencias de la Comunicación y que siguió transitando luego, con pasión hasta sus últimos días, como docente de la cátedra Taller de Expresión III -primero como interina y después con un cargo ganado por concurso, unánime, en 2012- y como co-coordinadora de la Anccom, la agencia de noticias de la universidad, semillero de periodistas.
"A Vivi la sorprendió el cáncer mientras trabajaba en ANCCom. Se reservó esa noticia, la compartió con muy pocos. Sin perder su eterna sonrisa, continuó formando periodistas, aportando su creatividad y rigurosidad profesional. Decidió ignorar tanto el Alien que le crecía adentro como los efectos de los tratamientos invasivos. Solo se corrió de la labor cotidiana cuando encaró un nuevo y merecido desafío para coronar su carrera profesional: asumir como gerenta de Noticias de TelAm", contó ANCCom.
Nació y creció en el partido bonaerense de Morón. En pocos días, el 8 de julio, iba a cumplir 52 años. Buena parte de esa vida la compartió con el también periodista Fernando Piana, padre de sus dos hijos, una de 14 años y otro de 18.

El nombre de Viviana Mariño es de esos que el público no conoce pero que sí circulan en las redacciones. De perfil bajo pero presencia implacable, dio sus primeros pasos en el periodismo cuando todavía era estudiante -allá en la "post adolescencia" como alguno definió- haciendo colaboraciones, hasta que finalmente pudo lograr lo que tantos ansían en esta profesión, que es entrar a una redacción, a "la cocina de la noticia", que en su caso fue la agencia Noticias Argentinas.

Tras largos años en NA, allá sobre el fin de siglo, en el '98, Viviana se sumó a la primera época del diario Perfil, en la sección Política, donde cubrió peronismo. Sin embargo, en poco tiempo ese proyecto periodístico con formato diario y de papel naufragó, y, entonces, volvió por un corto período a NA, donde se desempeñó como acreditada en la Casa de Gobierno.

Luego, Mariño trabajó unos diez años como corresponsal en Buenos Aires para los diarios La Voz del Interior, de la provincia de Córdoba, y Los Andes, de Mendoza, ambos del grupo Cimeco.

Y, a partir de allí, siguió su historia más reciente: la de sus inspiradoras clases en la UBA; y la de la lucha en Tiempo Argentino -en sus redacciones, y en las calles, tras su vaciamiento y cuando una patota lo atacó para acabar con la autogestión-; y, luego, la de TelAm, en ambos casos para poner de pie y reconstruir.

Prolija, rigurosa, obsesiva, con mirada aguda, incansable, atenta a los más mínimos detalles y a las grandes cosas, generosa, buena gente, motivadora, atenta, precisa, plural, cultora del trabajo en equipo. Todas cualidades que vamos a extrañar con creces en la redacción de la agencia pública de noticias, donde su huella sin duda quedará marcada para siempre. El ritmo arrollador de las noticias por un momento se detuvo con esta triste, dolorosa e irreparable novedad. Y los llamados y mensajes de colegas se empezaron a multiplicar: de Tiempo, de NA, de Perfil, de la UBA y de muchos lugares más. Nadie lo puede creer. Nadie deja de llorar.

Esta nota se termina, hay que seguir escribiendo, informando como ella hubiese querido.
Fuentes: ANCCom, TelAm

Brasil: Restos del periodista inglés y del experto indigenista son entregados a familiares

Indígenas brasileños rinden tributo al periodista inglés y el experto indígena asesinado en el Amazonas.

El velorio del experto indigena Bruno Pereira será este viernes, en el Cementerio Morada da Paz, en Paulista, Pernambuco. Mientras que el funeral y la cremación del cuerpo del periodista británico Dom Phillips tendrá lugar el domingo, en el Cementerio Parque da Colina, en la localidad brasileña de Niterói. Un cuarto sospechoso del crimen se entregó a la policía.

Los cuerpos del periodista británico Dom Phillips y el indigenista Bruno Pereira, asesinados en la región del Valle del Yavarí y desaparecidos desde el 5 de junio, fueron entregados este jueves a sus familias, mientras un cuarto sospechoso ha sido arrestado por la Policía brasileña.

La familia de Dom Phillips confirmó, este jueves por la mañana, que el cuerpo del periodista tenía previsto llegar a las 15.00 horas (hora local), al aeropuerto de Galeão, en Río de Janeiro. La Policía Federal de Brasil informó el miércoles que el cuerpo de Bruno Pereira también sería entregado a los familiares este jueves.

El velorio del indigenista Bruno Pereira será este viernes, en el Cementerio Morada da Paz, en Paulista, Pernambuco, a partir de las 9.00 horas (hora local). La cremación está prevista para las 15.00 horas (hora local). El momento de la despedida estará abierto solo para familiares y amigos.

Para honrar a Bruno, el cementerio Morada da Paz ha puesto en marcha una página web para que el público en general pueda enviar mensajes en memoria del indigenista.

Los familiares del periodista inglés Dom Phillips también han informado que el funeral y cremación del cuerpo del corresponsal tendrá lugar el domingo, de 9.00 a 12.00 horas (hora local), en el Cementerio Parque da Colina, en la localidad brasileña de Niterói. El acceso también está restringido a familiares y cercanos.

Cuarto sospechoso
El cuarto sospechoso de participar en el asesinato Bruno Pereira y Dom Phillips, se entregó a la policía de Sao Paulo este jueves. Se trata de Gabriel Pereira Dantas, quien fue llevado al Segundo Distrito Policial de la ciudad y posteriormente ha sido detenido.

Según fuentes policiales, el sospechoso admitió haber participado en el crimen. Él dice que solo ayudó a pilotar el bote de los criminales. "Acabo de sacar (los dos cuerpos del bote), estaba desesperado", explicó Dantas en un vídeo que ha mostrado a los agentes de Policía.

Dantas ahora será remitido a la guardia de la Policía Federal brasileña, responsable de investigar el caso, junto con la policía de Amazonas.

Amarildo da Costa Oliveira, alias "Pelado", confirmó a la Policía Federal el lugar en el que había enterrado los cuerpos, además de esconder la embarcación en la que viajaban, por lo que los cuerpos de seguridad brasileños hicieron una reconstrucción de la ruta.

Un testigo clave afirmó que vio al sujeto cargar una escopeta y hacer un cinturón de municiones poco después de que Phillips y Pereira salieran de la comunidad de Sao Rafael para Atalaia do Norte, en la mañana en la que fueron vistos por última vez.

"Pelado" es conocido en Brasil por sus antecedentes por amenazas y coacciones a los pueblos indígenas. El caso de la desaparición del periodista y el indigenista se prolongaba desde el pasado 5 de junio, cuando fueron vistos por última vez en la comunidad de Sao Rafael, dentro de las tierras indígenas del Valle del Yavarí.
Foto: Agencia AP
Fuente: Agencia AFP


Ver también: Desaparición de un periodista y un experto en Brasil debe alentar a proseguir su trabajo. Brasil: Identifican el cuerpo del indigenista desaparecido Bruno Pereira

La ONU concluye que la periodista de Al Jazeera murió por disparos de fuerzas israelíes

Shireen Abu Akleh fue asesinada el pasado 11 de mayo durante una incursión israelí en inmediaciones del campamento de refugiados de Yenín.

Naciones Unidas aseguró este viernes que, según sus informaciones, la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, de Al Jazeera, murió por un disparo de las fuerzas israelíes el pasado 11 de mayo.

"Todas las informaciones que hemos recabado corroboran que los disparos que mataron a Abu Akleh y que hirieron a su colega Ali Sammoudi provenían de las fuerzas de seguridad israelíes y no de tiroteos indiscriminados de palestinos armados", afirmó la portavoz del Alta Comisionada de la ONU para los DD. HH., Ravina Shamdasani.

"No hemos hallado ninguna información que sugiera que hubiera actividad alguna de palestinos armados cerca de los periodistas", destacó Shamdasani, considerando que es "profundamente inquietante que las autoridades israelíes no hayan abierto ninguna investigación judicial".

La periodista palestino-estadounidense llevaba un chaleco antibalas con la palabra 'prensa' estampada y un casco, pero la bala le alcanzó justo debajo de este.

La comunicadora estaba en las inmediaciones del campamento de refugiados de Yenín, bastión de las facciones armadas palestinas donde las fuerzas israelíes efectuaban una incursión.

La funcionaria recordó que las normas internacionales de derechos humanos exigen una investigación rápida, exhaustiva, transparente, independiente e imparcial de todo uso de la fuerza que cause la muerte o lesiones graves.

"De conformidad con nuestra metodología mundial de vigilancia de los derechos humanos, nuestra oficina inspeccionó material fotográfico, video y audio. También visitó el lugar, consultó a expertos, examinó las comunicaciones oficiales y entrevistó a testigos", señaló la portavoz de Michelle Bachelet.

"Nuestras conclusiones indican que no se hizo ninguna advertencia y que no hubo tiroteos indiscriminados en ese momento y lugar", expresó Shamdasani, indicando que los periodistas llevaban equipos de protección claramente marcados.
Foto: Raneen Sawaf - Reuters
Fuente: Agencia AFP

jueves, 23 de junio de 2022

Periodistas de Salta repudian el ataque a un periodista

El periodista Raúl Costes denuncia en el Concejo Municipal lo ocurrido
Una investigación periodistica iniciada por un comunicador de Salvador Mazza llegó a límites insospechados en esa zona fronteriza con Bolivia. Tras entregar pruebas al interventor del municipio de Salvador Mazza, Adrián Zigaran, sobre posibles irregularidades en el sistema de Verificación Obligatoria Vehicular, y este revelar quien se las dio, el periodista comenzó a recibir amenazas anónimas. El funcionario había publicado la denuncia en redes oficiales del municipio y propias, donde daba a conocer al periodista Raúl Costes como la fuente de información, e incluso difundió datos privados y personales del comunicador. Repudio de Periodistas de Salta.

La Asociación de Periodistas de Salta -APeS- repudia el accionar del interventor de la Municipalidad de Salvador Mazza, Adrián Zigarán, quien en sus perfiles de redes sociales, se presenta como "Dirigente, Periodista y Funcionario", por romper los principios éticos y jurídicos del ejercicio del periodismo, de preservación de las fuentes de información.

Tras exponer públicamente al periodista de Salvador Mazza, Raúl Costes,-en este caso "la fuente de información", como la persona que le había hecho entrega de audios, capturas de conversaciones vía WhatsApp, copias de anotaciones hechas a mano, todas referidas a la manera de operar de un grupo de empleadxs de ese municipio, entre ellxs la encargada del Puesto de Control, Noelia Arenas, lxs que, supuestamente, negociaban el paso de camiones de gran porte sin que tributaran el anticipo de Actividades Económicas, una tasa que percibe el municipio de frontera y que implica alrededor de 2 millones de pesos de recaudación diaria, el interventor-periodista Adrián Zigarán, descalificó, tanto la información sobre supuestos hechos de corrupción, como a su fuente, el periodista Raúl Costes.

Nuestra Constitución Nacional ampara la libertad de expresión y de prensa, sin censura previa, en el art.14 y amplía de manera explícita este derecho, en el art.43 "No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística".

El interventor-periodista, Zigarán, ignora-entre muchas otras cosas- que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos- que se sustenta en históricas convenciones, cartas, protocolos, documentos, que estructuran las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos - sostiene la vigencia del resguardo o secreto de las fuentes periodísticas, instituto flagrantemente violado por el funcionario.

Zigarán, publicó en redes sociales, desde la más absoluta irresponsabilidad o en protección de probables intereses políticos y/o económicos, el nombre de su fuente periodística, y todos los datos sobre supuestos delitos contra el erario público, que su fuente le proporcionó. Situando de este modo, al periodista Raúl Costes y su familia, en una situación de extrema vulnerabilidad. Ejercer el periodismo en las fronteras- donde el tráfico de estupefacientes, crímenes por narcotráfico, tráfico y trata de personas para explotación sexual y laboral, delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de niñas mujeres y personas con identidades sexuales y de género diversas, contrabando de bienes y divisas, tráfico de influencias, apropiación ilegal de tierras pertenecientes a pueblos originarios, perpetrados por grupos de poder o mafiosos, configuran la realidad cotidiana- es ejercer un oficio insalubre y de mucho riesgo.

La decisión del interventor del municipio de Salvador Mazza, nos deja más preguntas que respuestas. El ámbito para ventilar datos, documentación sobre posibles delitos, no son las redes sociales, sino la justicia. Mucho más, con los antecedentes de su predecesor Rubén Méndez, imputado en varias causas, entre ellas, malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. Zigarán dejó muy claro, públicamente, que llegaba a Salvador Mazza como interventor, no ‘’como sheriff’’. Quienes leemos con perspectivas polisémicas, nos preguntamos, ¿qué quiso decir el hoy interventor de Salvador Mazza, cuándo afirmó que su labor se reduciría a cumplir tareas de interventor y no "de sheriff"? El término "sheriff" no existe en el corpus enciclopédico de la Real Academia Española, pero, en atención que el lenguaje es la herramienta que los pueblos usan y modifican para designar sus realidades, el campus virtual establece que sheriff es:

1.-) En los condados de Estados Unidos, representante de la justicia encargado de mantener el orden público y hacer cumplir la ley.

2.-) Representante de la corona en un condado británico que se encarga de mantener el orden y hacer cumplir la ley."en la Edad Media el sheriff era una especie de gobernador estrechamente vinculado a la corona".

Obviamente, Adrián Zigarán no es representante de justicia alguna, ni manifestó intenciones de hacer cumplir la ley. Y, por ejercer funciones designadas por el gobernador, su mandante (en este caso la "corona"), Zigarán responde a los mandatos del Poder Ejecutivo antes que a los mandatos, derechos y necesidades del pueblo de Salvador Mazza. Por eso la indiferencia, la irresponsabilidad, de exponer al periodista Raúl Costes y su familia, divulgando datos que debieron permanecer en estrictos márgenes de confidencialidad y ser presentados ante la justicia en tiempo y forma. Restando legitimidad a la labor periodística, en esa manera de proceder.

Si el interventor, dirigente, funcionario, periodista Zigarán, manejara los conocimientos básicos sobre la naturaleza de las fuentes de información, sabría que solo cuando existe la atribución directa, puede mencionarse fuente e información y que nunca debe mencionar la fuente, cuando la atribución es con reservas, caso que comprende a la información proporcionada por el colega Raúl Costes.

Si bien es cierto que en la era de las redes sociales, de uso de dispositivos varios vinculados a internet, se complejiza la reserva de las fuentes de información, es inaceptable que un funcionario- aun cuando no haya sido elegido por el voto popular-desconozca la naturaleza jurídica del secreto de la información periodística.

No desconocemos, los debates de académicxs, y juristas que diferencian el "Secreto de la Información Periodística" del "Secreto Profesional", aunque en algún punto ,pueda generarse la intersección.

En el Título V,Delitos contra la libertad, artículo 156, el Código Penal de la Nación Argentina establece "Será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa".

Mucho para analizar
El caso atípico en que un periodista-de reconocida trayectoria-se convierte en "fuente" de un funcionario, quien debió acudir de inmediato a la justicia, pero eligió hacer públicas en sus redes sociales la fuente y la información, que podría ser de interés público.

Al funcionario Adrián Zigarán, ¿le corresponden las implicancias jurídicas,de violación del art. 156 del Código Penal? Creemos que si. Sin justa causa, reveló, e ironizó sobre la información proporcionada por el periodista Raúl Costes. ¿Si causó daño?, evidentemente, si. En representación del gobernador Gustavo Sáenz, Adrián Zigarán dañó el prestigio y la seguridad del colega Costes y toda su familia. Con el agravante que no es la primera vez que Zigarán ataca a trabajadorxs de prensa.

Desde la Asociación de Periodistas de Salta (APeS) expresamos el más enérgico repudio contra el accionar de Adrián Zigarán, hacemos pública nuestra preocupación y la hacemos extensivas al Gobierno de la Provincia de Salta, quien, evidentemente, sigue sosteniendo a este funcionario con graves antecedentes de ataques reiterados a periodistas de la localidad norteña.

Desde APeS, instamos al Gobernador Gustavo Sáenz a rever el accionar de su funcionario, quien además ostenta el título de periodista, pero en la praxis, lo único que hizo desde que llegó al poder, fue ejercer continuos actos de censura y violencia contra periodistas locales, por lo tanto, es inadmisible que se siga fomentando la cultura de la censura y la violencia contra quienes ejercen el derecho de informar.

Nos inquieta e indigna que, en este período de la administración Gustavo Sáenz Gobernador, las prácticas de censura a la libertad de expresión, negación al derecho de información, violencias reiteradas contra colegas de distintas localidades de la provincia, se hayan profundizado.

Por lo expuesto, y amparadxs por las prescripciones de la Constitución Nacional, tratados internacionales con rango constitucional, decretos y leyes de la Nación, APeS, Asociación de Periodistas de Salta exige:

1.- Cese inmediato del hostigamiento-acoso del interventor del municipio de Salvador Mazza Adrián Zigarán- contra el colega Raúl Costes, su familia y colegas que ejercen su oficio-profesión, en esa localidad.

2.- En virtud que los ataques contra la prensa independiente se profundizaron durante la gestión de Gustavo Sáenz Gobernador, solicitamos, urgente intervención del Ministro de Seguridad de la Provincia, Abel Cornejo. Sugerimos reunión con el Ministro, Foro de Intendentes e integrantes de las distintas asociaciones, sindicatos de Comunicadorxs Sociales, Periodistas, Trabajadorxs de Prensa, a los efectos.

3.- Solicitamos la intervención de los distintos organismos de Derechos Humanos de Salta, para que se expresen públicamente sobre el cercenamiento a la libertad de expresión en la provincia y respalden con hechos concretos, nuestras acciones y decisiones.

4.- Porque el Estado debe garantizar la pluralidad de voces, exigimos la inmediata distribución equitativa de pauta publicitaria oficial.
Comunicadorxs Sociales, Periodistas, Trabajadorxs de Prensa Unidxs, Jamás serán vencidxs!!
APeS, Salta, 23 de junio 2022

Solidaridad de la LADH
Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos - Filial Salta,  nos solidarizamos con el trabajador de prensa, Raúl Costes, por el hostigamiento, amenazas y persecución al que se encuentra sometido por su condición de periodista responsable y militante de la verdad, esa verdad que desde los organismos de Derechos Humanos instamos a que la prensa lleve adelante y desde allí investigue e informe.

Esta no es la primera vez que el periodista Raúl Costes sufre amenazas, ya hay antecedentes de este tipo de hostigamientos e incluso atentados contra el trabajador, esto no es otra cosa que la práctica de las instituciones estatales que sistemáticamente quieren callar y disciplinar al periodismo que compromete desde su seria investigación a quiene ocupan espacios de poder, muestra de ello es la denuncia que en el día de la fecha hiciera el interventor de la municipalidad de Salvador Mazza, olvidando lo que el artículo 23 de la C.P. prevé. 

Sabemos que la libertad de expresión es un derecho humano, que no vamos a permitir sea avasallada por los gobiernos de turnos en sus tres Poderes, ni por los medios hegemónicos que trabajan al servicio de estos, vamos a acompañar cada reclamo que desde este sector se conozca y sea causal de violación a sus derechos como trabajador o trabajadora y al pueblo que debe conocer la verdad.

Desde esta organización de Derechos Humanos, exigimos el cese de los atropellos a lxs periodistas y comunicadorxs de la provincia de Salta, atropello que se lleva a cabo desde las instituciones del estado o a través de ellas de manera sistemática. 

Asimismo exigimos la intervención del Ministro de Seguridad Abel Cornejo en la investigación y la inmediata garantías constitucionales que le competen para lograr el bienestar del periodista Raúl Costes y su familia. 

Es por esto que además acompañamos la resistencia a ser colegiados, a la necesidad de ser libres en sus expresiones y repetimos que la bulla es el grito de libertad que ningún sistema debe acallar.

miércoles, 22 de junio de 2022

Basta de precarización y multifunción en la TV

El micrófono abierto que da cuenta de las condiciones laborales por detrás de las cámaras
Por: Gabriela Pachi

En los últimos días se hizo viral un video donde, en Canal 26, a partir de un micrófono que quedó abierto, se escucha a un trabajador exaltado insultar, dejándonos a los espectadores la típica escena de “papelón” al aire a lo que nos tiene acostumbrados la televisión en vivo.

Pero ese micrófono abierto, ese “error”, ese “papelón”, dice muchas cosas que vienen sucediendo detrás de las cámaras de forma sistemática en las últimas 2 décadas (al menos): la multifunción y la precarización laboral en la televisión.

En su momento el boom del cable, los noticieros 24hs, el vivo sistemático, móviles y la producción de contenido permanent, marcan una etapa de la televisión que requiere de una enorme mano de obra calificada que las patronales de los grandes multimedios de este país no están dispuestos a pagar.

Es a través de los acuerdos por empresa, que facilita el Sindicato Argentino de Televisión, donde de manera solapada avanza la precarización con la multitarea, la baja salarial y la quita de los descansos, poniendo como excusa el avance de la “tecnología”. Al punto que hoy, los móviles ya son simples reporteros precarizados con celulares y auriculares que transmiten a través de un zoom gratuito.

El sonidista que putea, lo hace porque no solo se ocupa de operar una consola de sonido, sino que también se ha hecho costumbre que musicalicen, pongan y chequeen los micrófonos y hasta les carguen las pilas. Todo esto a cambio de un “plus por multifinción” que en la mayoría de los casos no cubre ni el 10% del salario de otro trabajador que debería estar realizando alguna de esas tareas. En esas condiciones, los errores son cantados.

En mayor o menor medida, dependiendo el medio y su pauta oficial, la supresión completa de puestos de trabajo en la TV, a través de la multitarea, se aplica a todas las áreas técnicas y de producción. A esto hay que sumarle que la caída salarial es una constante desde hace muchos años. La idea de que un trabajador de televisión “gana bien” forma parte de un mito.

A pesar del acuerdo reciente entre el sindicato y cámara patronal, que frena temporalmente la sangría salarial, la realidad cotidiana del laburante de TV no ha cambiado un ápice. Aun tenemos categorías que cobran básicos bajo la línea de pobreza y es una condición casi sine qua non que los laburantes de TV tengamos que tener más de un empleo para poder llegar a fin de mes; trabajando 12hs diarias, utilizando los descansos o compensatorios para las changas y tomando las horas extras que sean necesarias para que el recibo de sueldo no se convierta en una “carilina”.

También hay que decir que el monotributo ha llegado para quedarse y ya son muchas las señales que utilizan este método precarizador para tomar empleados, que cumplen con la misma carga horaria y de trabajo (o incluso mayores) que los que están en planta. En un mismo canal podés encontrar dos tipos de trabajadores: el que está por convenio y el que no, y trabaja cuando el del convenio puede parar, por ejemplo.

La tercerización es moneda corriente en los trabajadores que hacen móviles, y se le suma a esta categoría los trabajadores audiovisuales de las plataformas de streaming, que laburan de forma esporádica para productoras que tercerizan para Amazon, Disney o HBO y demás multinacionales. Este nuevo espectro de trabajadores que quiere abarcar el gremio no tienen siquiera el derecho a una afiliación o el uso de la obra social. ¿Algo más?

La reforma laboral que exigía Tetaz el año pasado, en un programa de TV, es la misma que firmó Pignanelli en Toyota y la que quiso imponer Macri y no se lo permitimos. En la TV, es un hecho que se viene produciendo hace años y los principales responsables son la triada de siempre: gobiernos que ajustan, patrones que embolsan y gremios que tranzan y no luchan.

Frente a esta realidad abramos el micrófono y digamos basta! Los laburantes de TV debemos recuperar los sindicatos y terminar con la decadencia que venimos padeciendo hace años. Vamos por un paro nacional de todos los sindicatos y un plan de lucha de ocupados y desocupados por el salario, el trabajo, contra el hambre y la precarización laboral.
Fuente: La Naranja TV

Vuelven a hablar del relanzamiento de la TDA con mayor variedad y contenido

Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), habló con LT14 Radio Nacional Paraná, sobre la Televisión Digital Abierta (TDA) ante las consultas y los reclamos de quienes poseen el servicio y el cual presenta inconvenientes. Si bien la TDA no depende del ENaCom y sí de Jefatura de Gabinete, desde el Ente, se espera un “relanzamiento”, y el objetivo es incorporar más contenido del que ya tiene, con mayor variedad.

López indicó que la TDA se ve, aunque resta “arreglar algunas de las estaciones que a veces, por falta de mantenimiento, que ocurrió con el macrismo, pero que aún no se han reparado, quedan fuera de servicio y el objetivo es tener antes de fin de año todo solucionado”.

El funcionario, mencionó también que se espera un relanzamiento de la TDA, que incluya más contenido y variedad de lo que ya posee y lamentó que no haya una decisión política que se ocupe del tema. “Además, no venimos de la política de Cristina, donde la TDA estaba ahí arriba, sino que venimos de cuatro años de Macri donde se la ocultó y la invisibilizó y no le puso un solo peso para poder mantenerla”, expresó.

La TDA llega al 85 por ciento del territorio argentino, y es para quienes no pueden o no quieren pagar el servicio de televisión. “Antes del Mundial debería haber un relanzamiento y una puesta a punto”, dijo.

Por último, López informó que el viernes habrá un encuentro con autoridades de la TDA para saber si habrá una decisión política de distribución de antenas, ya que hoy adquirirlas tiene un costo de tres mil pesos.
Fuente: LT14

Nueva constitución en Chile: Proponen declarar a las telecomunicaciones de interés público

En Chile, el gobierno de Gabriel Boric evalúa de manera concreta avanzar con una empresa estatal de telecomunicaciones, tal como lo prometió en su campaña para llegar a la presidencia, con la intención de llegar a las zonas de difícil acceso y no rentables. A partir de un artículo, con la firma de Magdalena Espinosa, publicado por el Diario Financiero, se da cuenta del objetivo de declarar de interés público a las telecomunicaciones. Un régimen patrimonial en infraestructura de telecomunicaciones, que tensiona a los privados, dice el matutino con respecto a esta norma.

La declaración de este sistema como de “interés público” es vista como un factor que complejizará a futuro la distinción en cuanto a quienes son los titulares o dueños, sostienen.

Para expertos, la propuesta de nueva Constitución amplía la presencia del Estado sobre la red desplegada y entrega señales para la creación de empresas regionales.

Borrador y los artículos principales
Artículo 85
◼ 1. Toda persona tiene derecho al acceso universal a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación.

◼ 2. El Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado, con condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas, a los servicios básicos de comunicación.

◼ 3. Es deber del Estado promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones, servicios de conectividad y tecnologías de la información y comunicación. La ley regulará la forma en que el Estado cumplirá este deber.

◼ 4. El Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital, y en sus dispositivos e infraestructuras.

◼ 5. El Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. Las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán determinados por la ley.

◼ 6. La infraestructura de telecomunicaciones es de interés público, independientemente de su régimen patrimonial.

◼ 7. Corresponderá a la ley determinar la utilización y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico.

Constitución vigente
La actual Carta Magna no hace referencia a la industria de las telecomunicaciones y ni siquiera se refiere al tema del aprovechamiento de su recurso central, como es el uso del espectro radioeléctrico.

La regulación del sector se concretó a través de la Ley General de Telecomunicaciones que data del 2 de octubre de 1982, normativa donde se estipula el uso del espectro para concesionarias televisoras, radiodifusoras y operadores móviles y fijos.

La instalación, operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones, también están sometidas a otras normas contenidas en la misma ley, además de acuerdos y convenios.

internacionales de telecomunicaciones vigentes en Chile. En total, hay 31 decretos y regulaciones vigentes en la industria que son el marco de temas como la portabilidad numérica, las condiciones de funcionamiento bajo emergencia y la infraestructura neutra.

Esta última data de 2014 y tiene como objetivo promover la compartición de antenas en el sector. La puesta en marcha de esta regulación hizo crecer a grandes empresas como American Tower o Torres Unidas y, en los últimos años permitió la creación de filiales mayoristas de otras compañías como Movistar Chile y Mundo.

El fortalecimiento del rol del Estado y sus efectos en la competencia e inversiones
Dentro de su obligación de asegurar acceso libre, equitativo y descentralizado, la activa función asignada al sector público en telecomunicaciones es vista con atención por la industria, al igual que las implicancias de los futuros cambios legales sobre el espectro. Para otros, el marco propuesto establece las garantías necesarias para superar las brechas de conectividad.

En los últimos 30 años el desarrollo de las telecomunicaciones en Chile ha ido de la mano de las grandes empresas que, a través de concesiones, se comprometen a cubrir el territorio nacional.

En este escenario, en el período comprendido entre 2015 y 2022 se generó un verdadero salto en materia de cobertura a través del modelo de contraprestaciones. Este corresponde al establecimiento de obligaciones a los operadores privados de instalar internet rural por el hecho de haber obtenido cuotas de espectro en los concursos de bandas radioeléctricas.

En relación a los cambios para la industria que introduce el borrador de la nueva Constitución, la consultora Asociada Domo Legal y exasesora de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), Verónica Bustos, señaló que el inciso 6 del artículo 85 fue el generó “más nervios” entre las compañías del sector. Esto, debido a que esa disposición declara a la infraestructura de telecomunicaciones como de "interés público", independientemente de su régimen patrimonial.

"Una de las premisas de este texto constitucional es autorizar a las organizaciones regionales a ejercer actividades económicas independientes del mercado. Ahora el Estado es empresario y en telecomunicaciones nunca se ha tenido una injerencia mayor”, indicó la experta.

A su juicio, el hecho de definir que la naturaleza jurídica de la infraestructura de telecomunicaciones como de "interés público" implica un problema en términos de que complejiza la distinción de su titular o dueño.

Sin embargo, la abogada fue enfática en que este inciso no necesariamente abre la puerta a una expropiación, pero sí advierte que aumenta la presencia de manera importante del gobierno sobre la industria.

"En el caso del espectro radioeléctrico, toda su aplicación quedará finalmente regulada en la ley que deba dictarse para tal efecto, de ahí radica la incertidumbre que ello implica para el mercado", agregó la abogada, dado que el marco propuesto en el borrador podría modificar de manera importante la Ley General de Telecomunicaciones.

Efectos sobre la industria
El director ejecutivo de Consultores G&A, Daniel Gurovich, comentó que la industria chilena es una de las más competitivas en el mundo, con cuatro operadores fuertes en el segmento móvil y más de seis en banda ancha.

“El borrador constitucional desincentiva las inversiones privadas desde la mirada competitiva, porque da señales sobre la proliferación de creación de empresas públicas en regiones, las cuales serán reguladas posteriormente en leyes. El problema en concreto es general cuando estas mismas empresas tienen ventajas de despliegue”, explicó Gurovich.

El profesional -que asesora a grandes compañías de la industriaafirmó que dada la madurez del mercado es impracticable crear empresas públicas para cubrir las necesidades de zonas lejanas, porque no son rentables e irán a pérdida.

A su juicio, un camino más adecuado sería generar un mecanismo de subsidios a la demanda, o bien formar alianzas entre los dos sectores para poder continuar con la disminución de la brecha digital.

Condiciones para disminuir la brecha
En el lado opuesto, Pedro Huichalaf -académico de la Universidad Mayor y exsubsecretario de Telecomunicaciones durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet-, explicó que los criterios abordados en la propuesta de nueva Constitución no deberían ser un desincentivo para la competencia.

A su juicio, era necesario establecer como garantía la conectividad para eliminar la brecha digital en Chile.

“La Constitución establece un derecho, como la luz o el agua, y después vía leyes se baja el mecanismo para cumplir. El antiguo documento no decía nada y yo siempre fui de la idea que tenía que estar plasmado de alguna manera. En el caso de países como México y Perú, eso está escrito y representa una gran ventaja para efectos de combatir la desigualdad”, detalló Huichalaf.

A juicio del exsubsecretario de Telecomunicaciones, el único punto controversial -pero que finalmente fue eliminado por el Pleno de la Convención Constituyente en última instancia-, fue cuando el curso de la elaboración de las propuestas se estructuró un artículo que establecía al espectro radioeléctrico como un “bien común”.

“Esta categoría jurídica no existe en la ley y eso es un problema porque desnaturaliza la forma que se utiliza el espectro”, indicó al respecto Huichalaf.