La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, elaborada por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) y difundida este 3 de mayo, da cuenta de fortalezas que los argentinos han podido construir a lo largo de cuatro décadas de democracia, pero también expone deficiencias que se tornan estructurales.
Dos aspectos centrales de la libertad de expresión en la Argentina remiten a logros colectivos, de acuerdo a la clasificación de RSF realizada sobre la base de encuestas exhaustivas a periodistas, sociólogos, abogados y académicos, entre otros referentes.
Por un lado, su Constitución y su legislación garantizan la libertad de expresión de acuerdo a altos estándares internacionales. Los denominados delitos de opinión, como calumnias, injurias y desacato, fueron eliminados del código penal hace años. La preservación de las fuentes y el secreto profesional están ampliamente protegidos por la ley, la censura directa no está contemplada y tampoco tienen lugar exigencias administrativas abusivas para el ejercicio profesional.
Como es sabido, la letra de la ley no es suficiente a la hora de garantizar derechos. Aquí entra en juego el segundo aspecto que permite a la Argentina ubicarse en una posición de relativa solidez en el contexto internacional: el alto valor que tiene la libertad de expresión entre sus ciudadanos. En forma creciente desde 1983, la sociedad, los periodistas, en particular, y la dirigencia democrática, en general, han demostrado capacidad de reacción ante ataques graves a la libertad de expresión.
En este punto, cabe hacer una aclaración. Los derechos a la información y a la libertad de expresión enfrentan acechanzas en la Argentina, pero no hay homicidios de periodistasen lo que va del siglo, los ataques físicos graves son esporádicos, la censura se ve forzada a buscar mecanismos sutiles y no se registran encarcelamientos a causa del ejercicio profesional. Ésta, lamentablemente, no es la realidad en muchos países ni la tendencia en América Latina, de allí que Argentina se ubique entre los de mejor clasificación de la región (29 entre 180 países analizados).
Con esta salvedad, mencionaremos preocupaciones que nuestra organización hizo públicas en los últimos años. Muchas de ellas están relacionadas a la falta de sustento económico y voluntad política de fomentar la diversidad.
En 2019, RSF elaboró un exhaustivo informe que dio cuenta de una concentración de la propiedad de los medios inaceptablepara la pluralidad informativa. El trabajo expuso que los medios de comunicación están en pocas manos y tienen intereses cruzados con negocios lucrativos en las áreas de las telecomunicaciones, la obra y los servicios públicos y la medicina privada, entre otros. A veces, la opacidad impide conocer quiénes son los verdaderos propietarios y el Estado actúa con negligente complicidad.
La concentración tiene un territorio: el área de Buenos Aires prevalece mucho más allá de lo debido sobre el resto del país a la hora de la producción y tematización de la información.
La publicidad oficial y privada suele ejercer una presión contraria a la libertad de expresión. Gobiernos de todos los signos y niveles jurisdiccionales disponen de presupuestos voluminosos que reparten con criterio arbitrario, confundiendo publicidad oficial con los legítimos subsidios que puede utilizar un Estado para garantizar la diversidad. Los estamentos privados también caen en la práctica de premios y castigos para orientar opiniones y procurar silencios.
La precariedad laboral y económica torna débil al ejercicio periodístico. En las provincias más necesitadas, suele haber una nítida colusión de intereses de las autoridades políticas y las elites empresariales. No es casual que los hechos de violencia —incluidos los abusos policiales y los ataques parapoliciales— y las represalias laborales contra periodistas sean más frecuentes y más graves en las provincias y ciudades con mayor pobreza.
Los poderes fácticos suelen encontrar eco en los tribunales para acallar periodistas por vía de la represalia económica. A falta de herramientas penales, optan por demandas civiles que penden como una amenaza extorsiva. RSF ha alertado sobre interpretaciones absurdas y abusivas del derecho por parte de jueces permeables.
Hace años que la confrontación política argentina deriva en un debate crispado y poco constructivo, y los medios no sólo no son ajenos, sino que contribuyen a esa cacofonía. Como una consecuencia potenciada por las redes sociales, la discusión se particulariza sobre la figura de periodistas que no siempre tienen la libertad, ni la capacidad económica, ni el sosiego para defenderse de ofensas y hacer su trabajo en condiciones aceptables.
Los medios públicos y comunitarios pueden ser baluartes de la ampliación de horizontes en un marco de pluralidad, no como subsidiarios de lo que los privados no hacen, sino como protagonistas del ecosistema informativo. Para cumplir esa función, resulta indispensable que el Estado implemente formas de gobierno de los medios públicos que trasciendan el color partidario de la Casa Rosada y que eleve la vara de la calidad de los procedimientos informativos. Lo mismo cabe para las provincias y los municipios. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 establece lineamientos al respecto. Hace falta el compromiso de todas las fuerzas políticas para cumplirlos y tornarlos permanentes.
Grandes actores de Internet han censurado contenidos y emisores amparados en el secretismo de sus decisiones. El Estado no debe descansar en la decisión de esos gigantes de la red para enmarcar el debate público, sino que debe ser articulador de regulaciones transparentes y democráticas.
Un aspecto problemático es que algunas de las limitaciones a la libertad de prensa señaladas transcurren entre gobiernos de distinto signo, que expresan cosmovisiones diferentes. A veces, los objetivos y los intereses conspiran contra la prensa libre; y otras, falla la praxis. El resultado puede ser similar.
Apoyada en fortalezas cruciales que el pueblo argentino supo conseguir tras el fin de la dictadura, la dirigencia tiene la posibilidad de avanzar más decididamente en el camino del derecho a la información.
Fuente: Agencia TelAm