Un repaso, para contextualizar: en diciembre de 2017, en el marco de la reforma previsional que motivó protestas generalizadas y fue reprimida en las inmediaciones del Congreso Nacional, el Gobierno de Cambiemos le puso fecha de vencimiento a varias asignaciones específicas. La ley N° 27.432 de reforma tributaria fijó, así, para diciembre de 2022, la caducidad del impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
Por eso corre peligro no sólo el funcionamiento de la Defensoría del Público, sino también la continuidad del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) destinado a medios comunitarios e indígenas y otras políticas públicas desarrolladas a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música y el Instituto Nacional del Teatro.
"De concretarse lo dispuesto por esta norma, se produciría una grave afectación de nuestra soberanía cultural y un severo retroceso para la protección del derecho a la comunicación de las audiencias en todo el país", afirmaron.
La Defensoría del Público pasaría a depender de las partidas asignadas discrecionalmente por las diferentes gestiones a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, cuando en la actualidad depende de una Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, con representación de diferentes fuerzas políticas.
Esto pondría en riesgo su autonomía e independencia institucional, imprescindibles para cumplir su función como organismo de protección de derechos humanos.
En ese sentido solicitaron a quienes integran el Poder Legislativo Nacional "que tomen las medidas necesarias para revertir esta situación. Apoyamos el tratamiento y la sanción del proyecto de ley presentado por el Diputado Pablo Carro, que extiende la vigencia de las asignaciones específicas previstas en los incisos b), e) e i) del artículo 4 de la Ley 27.432".
"Defender estas asignaciones presupuestarias que hacen posible el trabajo de la Defensoría es defender los derechos de las audiencias de radio y televisión, así como los derechos de cada trabajadora y trabajador que hacen posible la implementación de estas políticas. Por eso exigimos la eliminación o prórroga del plazo de caducidad de las asignaciones específicas en riesgo", cerraron.