La periodista de La Gaceta deberá declarar en una causa en la que se insiste en acusarla falsamente de que no entregó un libro contratado por los Colegios de Abogados de Tucumán y del Sur, causa que fue archivada el 18 de marzo de este año por considerarse que los delitos que se le imputaban eran inexistentes.
El desarchivo de la causa y las citaciones a declarar se hicieron por el planteo del abogado Falú (funcionario del Poder Ejecutivo provincial), quien insiste en sostener que Benito no presentó en ambos Colegios de Abogados el libro de estilo sobre el uso del lenguaje, de utilidad para los letrados. Insiste el denunciante en que el libro no fue entregado y que, por lo tanto, el pago realizado a Benito es indebido; refiere además que todo se hizo para que la periodista publique información y direccione notas en La Gaceta en favor de amigos letrados de García Posse.
En su oportunidad, la causa archivada ya fue repudiada por importantes entidades periodísticas argentinas y sudamericanas, que interpretaron que la denuncia solo tenía como finalidad atentar contra la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo. En tal sentido, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fue contundente precisando que la denuncia era claramente "un intento de criminalizar la labor periodística". No se trata de algo inédito de la sociedad tucumana sino algo muy propio de quienes buscan desviar la atención de lo que se publica. Por su parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) sostuvo que "la denuncia va a contramano de nuestra tradición judicial y, en particular, de la despenalización de las expresiones que llevó adelante el Congreso de la Nación a partir de la condena al Estado argentino por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Kimel". También el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) coincidió con estas posturas advirtiendo que se buscaba "cercenar la cobertura de hechos de trascendencia pública"; inclusive, en un último pronunciamiento, este Foro advirtió, en función de fallos internacionales recientes, que el accionar de la Justicia podría acarrear responsabilidad estatal.
No es entendible la imputación delictual contra la periodista, porque, además de que la contratación para la redacción y entrega no es una cuestión de naturaleza criminal, el libro en cuestión fue efectivamente entregado a los dos Colegios de Abogados, lo que ocurrió un año antes de que su autora fuera denunciada (hubo un retardo respecto a la entrega pactada, pero el libro fue entregado). En su prólogo, dicho libro contiene un gran elogio de parte de una de las jurisconsultas de mayor prestigio en nuestro país, como es la constitucionalista María Angélica Gelli.
Para desarchivar la causa, a pedido del denunciante, la fiscala envió nuevos oficios a los Colegios de Abogados. Ambas instituciones contestaron que existió la contratación de la periodista, que el libro fue entregado y que se pagó lo convenido. El Colegio del Sur pagó el 100% de su deuda, mientras que el de Tucumán aún adeuda a la autora una pequeña parte.
En el prólogo del libro consta la opinión de la constitucionalista Gelli: "el libro resulta útil y motivador para todos quienes deben expresarse por escrito, en especial, para quienes deben emitir opinión redactando dictámenes o informar a públicos diversos ejerciendo el derecho a la libertad expresiva".
En este nuevo ataque del denunciante contra la periodista, también le recrimina que entrecruzó e-mails con García Posse y con otros dirigentes de ambos Colegios, en los que se proponía una comida para discutir los detalles de la realización del libro, actos que son simples y cotidianos en la vida de los periodistas.
FoPeA: "Mensaje disciplinador para el periodismo"
El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), entidad que nuclea a más de 650 periodistas de todo el país, expresó su preocupación por la citación a indagatoria de Irene Benito. "La medida busca amedrentar y deslegitimar el trabajo que realiza la periodista, además de difundir un mensaje disciplinador para el periodismo que pretenda investigar al poder", expresó la institución hoy presidida por Paula Moreno Román. "La colega de La Gaceta fue citada a declarar como imputada en una causa penal que inició un abogado designado con el rango de subsecretario del Ministerio de Economía provincial (Alfredo Falú) por el gobernador con licencia y hoy jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur. Es la primera vez que una periodista es objeto de una acción judicial de esta especie en Tucumán desde el retorno de la democracia. Benito presenta una doble vulnerabilidad: a su condición de mujer se suma su pertenencia a una minoría sexual", refirió FoPeA. Tras manifestar que resultaba llamativo el cambio de tesitura de la fiscala Mariana Rivadeneira, quien primero archivó la denuncia, la organización federal apuntó que el llamado indagatoria ocurría en un contexto de cambio de autoridades de la Corte Suprema local, que ahora es presidida por un ex funcionario de Manzur, Daniel Leiva. Y agregó: "en un sistema democrático, el mayor reaseguro de una prensa libre es la vigencia de una Justicia independiente. Este tipo de decisiones, por el contrario, atentan contra esas garantías y ponen en riesgo la libertad de expresión".
Mencionó el acoso en la corte de la Nación
Daniel Dessein, presidente del Directorio de La Gaceta y de AdEPA, Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, recordó el jueves, en la Corte de Justicia de la Nación, el caso de acoso judicial que padece la periodista Irene Benito. Esta mención ocurrió en la entrega del Premio de Periodismo Judicial que otorgan las instituciones mencionadas, y que este año ganaron los periodistas Gustavo Rodríguez (La Gaceta) y Martín Angulo (Infobae). "Irene Benito lo ganó en 2011, distinción que reforzó su destacada labor en una especialidad que también le acarreó un acoso judicial denunciado por entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa", dijo Dessein.
Una denuncia que criminaliza al periodismo
Criminalizar a de la prensa se dirige a remover un escollo que enfrenta el poder en sus diferentes expresiones dado el deterioro de las instituciones de control.
La citación a prestar declaración como imputada de una periodista de La Gaceta no registra antecedentes en estos 38 años de democracia y de vigencia del orden constitucional en Tucumán. Los vaivenes y tiempos impresos a la causa penal, que empezó hace ya dos años; la ola de difamación a la que estas acciones dieron lugar en las redes sociales y en aparatos de comunicación afines al Gobierno así como las contradicciones advertidas en la propia Fiscalía sugieren que por detrás hay una intención de presionar al periodismo que investiga al poder.
La acusación parte de afirmar que la periodista no entregó el texto original de un manual de escritura para letrados, afirmación que es falsa, porque la entrega se cumplió a los dos Colegios de Abogados de Tucumán, y ello está acreditado. En este sentido, la falsa denuncia omite incorporar el informe y respuesta completa y afirmativa del Colegio de Abogados del Sur a la Fiscalía. El denunciante refiere la existencia de una manipulación orquestada para beneficiar periodísticamente, por medio de La Gaceta, a Francisco García Posse, ex presidente del Colegio de la Capital. La denuncia deja a la vista que su interés es impugnar la actividad que la periodista cumplió en causas con trascendencia institucional como "Teves", "Rigourd", "Mayol" y "Pedicone". Además de ser el fruto de un trabajo del equipo de La Gaceta, tales publicaciones gozan de plena vigencia puesto que su veracidad y calidad no han sido cuestionadas.
Esta denuncia se da en el ámbito de abundantes déficits institucionales y de falta de garantías judiciales, y abona la idea de que persigue silenciar a la prensa libre en materias que tienen una incidencia directa en la cosa pública. La perspectiva de un periodismo servil es dramática para Tucumán, una provincia que descendió en las últimas décadas en los indicadores de desarrollo humano, y cuya falta de oportunidades alienta el éxodo de emprendedores y de las nuevas generaciones. La criminalización de la prensa se dirige así a remover uno de los últimos escollos que enfrenta el poder en sus diferentes expresiones dado el deterioro de las instituciones de control. Con esas presiones se intenta silenciar a los periodistas para ocultar causas, hechos y actos, de modo que la ciudadanía no se entere de lo que ocurre en el interior del Estado. "Si a las personas se les niega el amplio acceso a la información, y se las priva de la posibilidad de influir y recibir la influencia de las opiniones ajenas -ha dicho el constitucionalista fallecido Gregorio Badeni-, la expresión de sus ideas no será libre y sin libertad de expresión no puede haber decisión democrática".
En agosto de este año, al fallar en el caso "Bedoya Lima", la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó que la protección del periodismo es una de las obligaciones centrales asumidas por los países que suscribieron el Pacto de San José de Costa Rica, entre ellos la Argentina. Esa jurisprudencia pone el acento en la necesidad de prestar especial atención a la situación de vulnerabilidad de las periodistas. "Los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana (o Pacto de San José), obligaciones específicas a partir de la Convención de Belém do Pará, las cuales irradian sobre esferas tradicionalmente consideradas privadas o en las que el Estado no intervenía", dijo el tribunal. Y añadió: "como consecuencia de los ataques a las periodistas, el público pierde voces y puntos de vista relevantes, y, en particular, voces y puntos de vista de mujeres, lo cual, a su vez, deriva en un incremento en la brecha de género en la profesión periodística, y ataca el pluralismo como elemento esencial de la libertad de expresión y de la democracia".
En el mismo pronunciamiento, la Corte Interamericana reiteró que, para que la prensa pueda desarrollar su rol de control periodístico, debe no sólo ser libre de impartir informaciones e ideas de interés público, sino que también debe ser libre para reunir, recolectar y evaluar esas informaciones e ideas. El estrado internacional con competencia en la Argentina advirtió: "sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios".
Las posturas de los Colegios de Abogados
La denuncia del abogado Alfredo Falú por la contratación de los Colegios de Abogados a la periodista Irene Benito para escribir un libro de estilo fue archivada el 18 de marzo de 2021 por la fiscala conclusional III, Mariana Rivadeneira; fue desarchivada el 22 de abril de 2021, ante una nueva presentación de Falú.
El denunciante había expresado que en 2015 el presidente del Colegio de Abogados, Francisco Ramón García Posse, le pagó $30.000 a Benito "como anticipo para un libro que nunca apareció, causándole un perjuicio económico a la entidad profesional". En la denuncia se acompañó una factura emitida por Benito el 3/6/2019 por $30.000 y se indicó que el vencimiento para la entrega del libro había sido pactado para el año 2016, pero la entrega no fue cumplida. El denunciante refirió que el daño económico era evidente y que García Posse "es amigo íntimo de Arnaldo Ahumada, quien a su vez es defensor del imputado Rigourd en la causa: "Rigourd Jorge Alejandro S/Estafa". Según la denuncia, "para favorecer a Ahumada, García Posse promueve que el Colegio de Abogados en el marco de la causa Rigourd realice denuncias en contra del Ministerio Público Fiscal, en tanto que Benito le daría difusión periodística a la estrategia de victimizar a Rigourd".
Desestimación primera
La fiscala Rivadeneira solicitó al Colegio de Abogados un informe en donde se precisara el pago a Benito y que se indicara si fue cumplida la contraprestación en tiempo y forma. El Colegio, a través de su presidente Marcelo Billone, respondió el 14/12/20 que el Consejo Directivo aprobó el 21/10/15 el ofrecimiento de Benito de escribir un "libro de estilo" en razón del Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Se precisó que el monto total de la encomienda era de $80.000 que debían ser abonados en partes iguales por los dos colegios (Capital y Sur) y que se le pagó un anticipo de $30.000. El informe de Billone aclara que no se firmó un convenio y que la encomienda fue entregada por Benito a ambos colegios en diciembre de 2019, resaltando que el Colegio de Abogados no se consideraba víctima en la presente causa.
En su resolución disponiendo el archivo de la causa, la fiscala Rivadeneira expresó que "de los elementos obtenidos e incorporados hasta el momento surge que el hecho denunciado no tipifica delito alguno del Código Penal"; y que las conductas aludidas en las que habría incurrido Benito, "no configuran ninguno de los elementos exigidos por los tipos penales de Atentado a la autoridad pública, Administración fraudulenta y Amenazas agravadas". Tampoco surge -añadió- que hayan existido actos de disposición gravosos para el Colegio. "En cuanto a la entrega del libro resulta claro que el mismo fue efectivamente entregado aunque con demoras, lo cual por sí mismo no configura ningún tipo penal".
"En base a lo descripto la resolución de archivo estimó que la actividad realizada por la Dra. Benito correspondería al ejercicio de su profesión como periodista y comunicadora, motivo por el cual fue contratada para la redacción del libro para el Colegio de Abogados". La fiscala remarcó "la necesidad e importancia de proteger de ataques desmesurados e inverosímiles a derechos de raigambre constitucional tales como la Libertad de Expresión y particularmente la Libertad de Prensa". Mencionó finalmente que "el propio presidente del Colegio de Abogados del momento del informe, Marcelo Billone, dijo expresamente que la Institución no se consideraba víctima en las presentes actuaciones y que, habiéndose renovado las autoridades del Colegio no se realizó ninguna presentación al respecto". Por ello, desestimó la denuncia y ordenó su archivo.
Desarchivar y ampliar la causa
Ahora, el abogado Falú pidió que se desarchive la causa y la amplió, acusando a Billone, ex presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, "por los delitos de encubrimiento y/o falsificación ideológica de instrumento privado o bien los que surgieran de la investigación". Dijo que en su informe del 14 de diciembre de 2020 Billone había expresado que la obra encomendada fue recibida por él y por Ángel Fara del Colegio del Sur en diciembre de 2019, "lo que no consta en el Colegio de Abogados de Tucumán", y "señalando aventurada y falsamente" que el Colegio capitalino "no se considera víctima en la causa". Dijo que "por entonces esa suma representaba más de 3.000 dólares". Añadió que "el informe de Billone es falso por cuanto se manifiesta que se pactaron diferentes prórrogas, lo que no se encuentra documentado en modo alguno".
Nuevos pedidos de informes
La fiscala Rivadeneira dispuso dejar sin efecto el archivo de la causa y libró nuevos oficios a los Colegios de Abogados para que remitan copia del convenio con Benito, para que informaran si a la fecha se encuentra cumplida la obligación asumida por Benito, y cuales fueron los pagos efectuados a Benito. Al Colegio de Abogados de Tucumán también le pidió copia del acta de sesión del 04/11/2020.
El 3 de mayo, el Colegio de Abogados de la capital, con firma de su presidente, Rodolfo Gilli, respondió que el plazo máximo para la entrega del libro era junio de 2016, "antes de la feria judicial de invierno, plazo que no fue cumplido, existiendo a la fecha en este Colegio sólo un bosquejo de libro correspondiente a la obra encomendada". Por su parte, el Colegio de Abogados del Sur, mediante nota de Gustavo Adolfo Geria Lépore, respondió que el 16 de diciembre de 2019 le fue entregado a Ángel Fara, entonces presidente del colegio, "una impresión en soporte papel del libro de referencia". También dijo que en esa gestión se abonaron los honorarios de Benito mediante cheque el 2 de junio de 2016.
Fuente: La Gaceta