El Parlamento uruguayo tiene a estudio una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Convendría que todos los ciudadanos estuvieran informados sobre un tema que tiene mucha trascendencia. Para empezar, en el derecho internacional se han definido las ondas radioeléctricas como patrimonio de la humanidad. Esta definición comporta un corolario: los casi 200 gobiernos del mundo sólo son administradores, no son propietarios. Pero no fueron así definidas sólo por el derecho internacional; también nuestro derecho positivo recogió esa formulación cuando legisló sobre ondas comunitarias.
Las ondas posibilitan informarse, cultivarse, entretenerse (estos, por ejemplo, son los fines de la BBC según su fundador), y también pueden producir consumidores pasivos o ciudadanos dóciles, según quiénes dispongan los contenidos de los mensajes.
Simplificando, los gobiernos han acordado reservar ciertas ondas para la seguridad pública, mientras que otras ondas pueden ser otorgadas a empresas privadas. Aquí hay que hacer un paréntesis para recordar que –desde el punto de vista económico– hay estados capitalistas que, juntos, representan 80% de la población del planeta, mientras que los estados llamados comunistas llegan al 20% restante. En el grupo de los primeros surge, como primer dato relevante, que internet y dos de las agencias internacionales de noticias más importantes de Occidente son privadas, motivo por el cual reflejan en forma directa los esquemas ideológicos de las sociedades de competencia; por ello los contenidos de la información internacional que vehiculan influyen deformando.
Por esta razón nos manejamos con esquemas clasificatorios diferentes. Oímos hablar de gobiernos democráticos o totalitarios (cuando el enfoque es político) o de países desarrollados y subdesarrollados (si el enfoque es económico), pero no suele mencionarse que la radio y la televisión son consideradas un servicio público no sólo en países comunistas, sino también en muchos países capitalistas.
Hay que agregar también, para precisar, que dos expotencias coloniales europeas, Francia y Gran Bretaña, tienen agencias de noticias internacionales (AFP y Reuters), que, no obstante su dependencia política, en función de la competencia muestran mayor independencia que las estadounidenses respecto de ciertos conflictos concretos.
La televisión debería ser un servicio público. Si estuviéramos en una situación semejante a la que experimentó el país con el primer batllismo, a comienzos del siglo XX, esta idea no sería utópica.
En suma, para abordar la problemática de nuestra futura ley de comunicación audiovisual conviene, previamente, advertir nuestra pequeñez y los condicionamientos externos que tenemos.
En Uruguay, la noción de servicio público en comunicación audiovisual es casi inexistente. Es cierto que tenemos la radio Clásica y el canal 5 (del Sodre) y que también emite TV Ciudad (de la Intendencia de Montevideo), a lo que habría que agregar Vera (de Antel). Pero es indudable que predominan los tres canales privados de la capital.
Para situarnos mejor frente a esta realidad, hay que recordar que la televisión ha ido ganando terreno no sólo porque es aparentemente gratuita, sino porque atrae por la visión y la audición. Ahora se ha ido expandiendo de los hogares privados a espacios públicos o de acceso a salas de espera, etcétera, con programas sintéticos sostenidos siempre con publicidad.
La ausencia de debate ha colaborado a naturalizar esta realidad. Predomina la idea de la libre expresión del pensamiento, que equivocadamente se aplica a los programas y los mensajes que emite quien invirtió en una empresa un gran capital, cuyo propósito primero no es prestar un servicio (como se suele fundamentar), sino obtener el beneficio que le proporciona la publicidad.
Es por esto que la televisión debería ser un servicio público. Si estuviéramos en una situación semejante a la que experimentó el país con el primer batllismo, a comienzos del siglo XX, esta idea no sería utópica, pero es posible que la retome una nueva generación.
*Roque Faraone es escritor y docente
Simplificando, los gobiernos han acordado reservar ciertas ondas para la seguridad pública, mientras que otras ondas pueden ser otorgadas a empresas privadas. Aquí hay que hacer un paréntesis para recordar que –desde el punto de vista económico– hay estados capitalistas que, juntos, representan 80% de la población del planeta, mientras que los estados llamados comunistas llegan al 20% restante. En el grupo de los primeros surge, como primer dato relevante, que internet y dos de las agencias internacionales de noticias más importantes de Occidente son privadas, motivo por el cual reflejan en forma directa los esquemas ideológicos de las sociedades de competencia; por ello los contenidos de la información internacional que vehiculan influyen deformando.
Por esta razón nos manejamos con esquemas clasificatorios diferentes. Oímos hablar de gobiernos democráticos o totalitarios (cuando el enfoque es político) o de países desarrollados y subdesarrollados (si el enfoque es económico), pero no suele mencionarse que la radio y la televisión son consideradas un servicio público no sólo en países comunistas, sino también en muchos países capitalistas.
Hay que agregar también, para precisar, que dos expotencias coloniales europeas, Francia y Gran Bretaña, tienen agencias de noticias internacionales (AFP y Reuters), que, no obstante su dependencia política, en función de la competencia muestran mayor independencia que las estadounidenses respecto de ciertos conflictos concretos.
La televisión debería ser un servicio público. Si estuviéramos en una situación semejante a la que experimentó el país con el primer batllismo, a comienzos del siglo XX, esta idea no sería utópica.
En suma, para abordar la problemática de nuestra futura ley de comunicación audiovisual conviene, previamente, advertir nuestra pequeñez y los condicionamientos externos que tenemos.
En Uruguay, la noción de servicio público en comunicación audiovisual es casi inexistente. Es cierto que tenemos la radio Clásica y el canal 5 (del Sodre) y que también emite TV Ciudad (de la Intendencia de Montevideo), a lo que habría que agregar Vera (de Antel). Pero es indudable que predominan los tres canales privados de la capital.
Para situarnos mejor frente a esta realidad, hay que recordar que la televisión ha ido ganando terreno no sólo porque es aparentemente gratuita, sino porque atrae por la visión y la audición. Ahora se ha ido expandiendo de los hogares privados a espacios públicos o de acceso a salas de espera, etcétera, con programas sintéticos sostenidos siempre con publicidad.
La ausencia de debate ha colaborado a naturalizar esta realidad. Predomina la idea de la libre expresión del pensamiento, que equivocadamente se aplica a los programas y los mensajes que emite quien invirtió en una empresa un gran capital, cuyo propósito primero no es prestar un servicio (como se suele fundamentar), sino obtener el beneficio que le proporciona la publicidad.
Es por esto que la televisión debería ser un servicio público. Si estuviéramos en una situación semejante a la que experimentó el país con el primer batllismo, a comienzos del siglo XX, esta idea no sería utópica, pero es posible que la retome una nueva generación.
*Roque Faraone es escritor y docente
Fuente: La Diaria