Este tipo de mensajes son burdas operaciones periodísticas que construyen una agenda para perseguir y judicializar a las comunidades originarias que reclaman por sus derechos en el sur del país, y es coincidente con el debate en el Congreso por la prórroga de la Ley 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas.
De acuerdo a la ley 23.592, la propaganda del racismo es un delito federal y penaliza los actos discriminatorios por motivos como raza, religión, nacionalidad o ideología, entre otros. Estas empresas de medios, que reproducen informaciones falsas y están en un abierto conflicto con nuestro marco constitucional, encabezan las listas de medios que reciben más financiamiento a través de la Pauta Oficial.
Llamamos a las y los trabajadores de prensa a no reproducir o compartir esta metodología completamente contraria a la labor y al oficio periodístico. Nuestra tarea como comunicadores y comunicadoras es bregar por el derecho a una información fidedigna para el conjunto de la población.
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa
Pedido a la Defensoría del Püblico
Por la presente, los abajo firmantes, nos dirigimos a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, para denunciar el programa Periodismo Para Todos (PPT) (Canal El trece), de Jorge Lanata, por la emisión del pasado domingo 24 de octubre del 2021, que con el título “Indios al ataque” publicitó un “informe” que atentó contra los pueblos originarios.
En el marco de una campaña mediática desatada esta última semana contra el pueblo mapuche y sus reclamos, PPT difundió en la noche de ayer un mensaje racista e irresponsable, calificando a los mapuches de terroristas, de vándalos, y se los negó diciendo que se trata de “seudomapuches”.
Es preocupante la circulación de este tipo de mensajes que niegan la existencia de otras culturas hablando de terrorismo, de atentados. Se violan disposiciones legales internacionales, nacionales y provinciales. El programa ignora la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, ignora también la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, donde indica que se reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” que garantiza la “posesión y propiedad comunitarias de las tierras”.
Fundamentada en Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Defensoría del Público tiene la función de promover la protección de derechos. En este sentido, existen pasos a seguir ante una cobertura periodística de asuntos relacionados a pueblos originarios que violan disposiciones fundamentales y el respeto a la audiencia.
Por ello, como ciudadanos y público de radio y televisión nos sentimos agredidos por este nivel de cinismo y violencia mediática que promueve e incita un trato discriminatorio por motivos culturales. Repudiamos la estigmatización con la que se está intentando construir la idea del “enemigo interno” en nuestra sociedad, consideramos esto un atentado mediático contra las comunidades originarias y esperamos el pronunciamiento de la Defensoría del Público.
Pablo Llonto - DNI 13859152 - Periodista - Abogado - Profesor
Ernesto PalmeiroDNI 44483259 - Producción de radio - Estudiante universitario.
Winni Righi - DNI 43317404 - Producción radial - Estudiante universitaria.
Gustavo Capra - DNI 11787983 - Periodista.
Ricardo Righi - DNI 14125128 - Periodista.
Hugo GulmanDNI 11027145 - Periodista.
Gabriela PiovanoDNI 17523790 - Medica - Periodista.
Roxana BalsariniDNI 18546891 - Locutora
Cecilia Lloret - DNI 31782351 - Comunicadora.
Gustavo Cano - DNI 25513455 - Periodista
Guillermo Sanchez - DNI 30218880 - Periodista - Musico
Santiago Mayor - DNI33346563 - Periodista
Fernando Tebele - DNI 21731757 - Periodista
Beatriz Flejsz - DNI 14033279 - Productora
Virtudes Della Santa - DNI 20357524 - Comunicadora Popular.
Alejandra Dandan - DNI 22001607 - Periodista
Gustavo Cibreiro - DNI 25236159 - Periodista
Santiago Barros - DNI 25495729 - Periodista
Valeria Cantor - DNI 20201464 - Periodista
Sergio Bailone - DNI 16180541 - Periodista
Raúl Montenegro - DNI 7630299 - Biólogo - Nobel Alternativo
Alicia Torre - DNI 5110157 - Comunicadora.
Mariana Dufour - DNI 18568380 - Periodista - Educadora
Pablo García - DNI 20435634 - Periodista - Productor
Rodrigo Lescano - DNI 35930333 - Periodista
Cyntia García - DNI 23116306 - Periodista - Profesora
Carlos Bordagaray DNI 8565765 - Periodista
Jorge Pardés - DNI 14867487 - Periodista
Mariela Dobal - DNI 26704664 - Periodista.
Mauro Llaneza - DNI 30564690 - Periodista
Astor Vitali - DNI 34828525 - Periodista
Giuliana Crucianelli - DNI 38919566 - Periodista
Laura Ines Méndez - DNI 25076743 - Comunicadora Social
Olga Burgos - Comunicadora Social... Siguen las firmas
Enviar adhesión a pllonto@gmail.com
Repudio a la violencia y a la campaña racista y estigmatizante hacia el pueblo Mapuche/Mapuche-Tehuelche
Un conjunto de equipos de investigación pertenecientes a diferentes Universidades, unidades ejecutoras y centros de investigación del CONICET, quienes trabajamos con el pueblo originario mapuche/mapuche-tehuelche, deseamos fijar postura frente a los hechos de los últimos días y a la vez repudiar la nueva operación de criminalización, desarrollada sugestivamente en plena campaña electoral.Repudiamos cualquier forma de violencia, como el incendio producido en el Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón, hecho que nada tiene que ver con las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche/mapuche-tehuelche, cuyo diálogo con la sociedad no indígena, se ha construido a lo largo de décadas sobre la base de mutuo enriquecimiento. Pero además, con relación a este caso concreto, nos preocupan algunas cuestiones específicas. En primer lugar, que aun cuando el gobierno provincial no cuenta con pruebas concretas respecto a quienes han sido los responsables del incendio del Club Andino, funcionarixs y medios de prensa caracterizaron al acontecimiento como “terrorismo” y acusaron a todo un pueblo (de más de 300.000 integrantes distribuidos en varias provincias) del hecho. En segundo lugar, y ligado a lo anterior, nos preocupa el racismo, la ignorancia y los prejuicios que, tanto sectores del periodismo como de la función pública sacaron a relucir contra todo el pueblo mapuche.
Llama la atención que estos hechos tengan lugar y adquieran centralidad mediática -bajo una operatoria similar a la ocurrida en el año 2017- en un contexto en el que se está debatiendo la prórroga de la Ley 26.160 de “emergencia territorial indígena” en el Congreso de la Nación, pero además, a escasos días de las elecciones. Ello nos lleva, como mínimo, a preguntarnos si no se trata de un “escenario” ideal, montado para quienes obtienen un rédito electoral a partir de la criminalización y estigmatización del “otro”; en este caso, del pueblo originario mapuche/mapuche-tehuelche. También nos preguntamos si, en este particular contexto y frente a las enormes dificultades económicas de vastísimos sectores sociales en la región -tras años de recesión económica, con grandes problemas de trabajo, de precariedad laboral, dificultades para satisfacer las necesidades básicas--, ciertos sectores no habrán encontrado en un histórico “chivo expiatorio” la forma de sacar el foco sobre la falta de soluciones a los problemas antes descritos.
Como es habitual en estas situaciones, comienzan a circular una serie de falacias, tergiversaciones y discursos estigmatizantes que buscan generar sentimientos de odio y racismo en vastos sectores de la población. Por todo lo expuesto, como especialistas en el tema en cuestión, nos vemos en la obligación de responder a estas falacias que circulan por estas horas.
Diversas investigaciones arqueológicas demuestran la milenaria presencia de contactos entre los pueblos indígenas ubicados a ambos lados de la cordillera de los Andes, evidenciando complejos procesos de interacción social de larga data. En esta misma línea, estudios histórico-antropológicos ponen de manifiesto que la cordillera pasó a erigirse como frontera varias décadas después de la constitución de los Estados nacionales. En efecto, la reiteración de muchos apellidos indígenas en lo que actualmente se conoce como Chile y Argentina y de familias que quedaron divididas con la conformación de la cordillera como frontera, son indicativas de la movilidad que ha existido en toda la Patagonia. De ahí la falacia en que incurren quienes niegan la presencia ancestral del pueblo mapuche, clasifican en términos nacionales a pueblos indígenas que existían con anterioridad a la creación reciente de las naciones y hablan de una supuesta invasión en sentido Oeste-Este, negando procesos muy complejos, de gran profundidad temporal.
La preexistencia del pueblo mapuche.
Existen también citas de los partes de campaña escritos por los militares que efectuaron el avance violento sobre sus territorios a fines del suche/mapuche - tehuelche está ampliamente documentada. Para citar solo algunos ejemplos, podemos recordar que cerca de la zona de conflicto, al norte del lago Nahuel Huapi hay testimonios escritos de la presencia de caciques pehuenches (parcialidad del pueblo mapuche) hacia fines del 1700. Los documentos del siglo XIX dan cuenta también de la presencia de las actuales comunidades que hoy habitan el lugar. En la zona de Bariloche diferentes evidencias -memorias indígenas y documentos estatales- indican que desde 1870 ya estaban asentadas algunas de las actuales comunidades. Es decir, varias décadas antes de la efectiva presencia del Estado y la consolidación de la frontera con siglo XIX -violando los pactos firmados entre el Estado y los caciques que se reconocían como autoridades en la Pampa y la Patagonia argentina-, que testimonian cómo expulsaron hacia Chile a los mapuche que habitaban el sur argentino.
Existen también citas de los partes de campaña escritos por los militares que efectuaron el avance violento sobre sus territorios a fines del suche/mapuche - tehuelche está ampliamente documentada. Para citar solo algunos ejemplos, podemos recordar que cerca de la zona de conflicto, al norte del lago Nahuel Huapi hay testimonios escritos de la presencia de caciques pehuenches (parcialidad del pueblo mapuche) hacia fines del 1700. Los documentos del siglo XIX dan cuenta también de la presencia de las actuales comunidades que hoy habitan el lugar. En la zona de Bariloche diferentes evidencias -memorias indígenas y documentos estatales- indican que desde 1870 ya estaban asentadas algunas de las actuales comunidades. Es decir, varias décadas antes de la efectiva presencia del Estado y la consolidación de la frontera con siglo XIX -violando los pactos firmados entre el Estado y los caciques que se reconocían como autoridades en la Pampa y la Patagonia argentina-, que testimonian cómo expulsaron hacia Chile a los mapuche que habitaban el sur argentino.
Entre las explicaciones empleadas para poner en duda el carácter “originario” del pueblo mapuche, se recurre al argumento largamente refutado que afirma que presuntamente “los mapuche exterminaron a los tehuelche”. No hay ninguna evidencia científica que permita confirmar esta falacia, desmentida por diversas crónicas históricas que aluden a sus relaciones comerciales y parentales y por la histórica convivencia entre mapuches y tehuelches en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz. De hecho, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro en los ultimos años adoptó la denominacion mixta de Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, de una forma integradora, para representar mejor la composición de sus comunidades.
Como miembros de la comunidad científica instamos a la opinión pública en general, a los medios masivos de comunicación y a las personas del gobierno involucradas a abordar la temática con la complejidad y responsabilidad ética que se merece. Denunciamos la gravedad de algunos mensajes mediáticos que intentan imponer la idea de "amenaza" -que presuntamente incluiría al conjunto del pueblo mapuche- y son empleados para negar sus derechos, contribuyendo a las situaciones de violencia que se vienen registrando en estos días.
Para finalizar, denunciamos la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que están siendo vulnerados hoy, en particular en la comunidad Quemquemtrew en Cuesta del Ternero. Los hechos denunciados abarcan innumerables actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra pobladores pacíficos, incluyendo la violencia física contra mujeres, niños y niñas, la ocupación y utilización de la escuela 211 como base policial, generando una situación de avasallamiento de los derechos de las infancias y de toda la comunidad educativa que está fuera de todo marco legal. Y especialmente el virtual sitio a la comunidad, ejecutado por las fuerzas de seguridad provinciales con el fin de acorralar por el hambre y el frío a sus habitantes, provocando daños intencionales a un grupo de personas, atribuyéndose la potestad de castigar a un grupo humano sobre el cual no se ha expedido la justicia ni se visualiza tampoco un interés genuino por parte del poder político de dilucidar la situación.
Reclamamos que cese toda forma de violencia y se haga efectivo lo estipulado en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), las constituciones provinciales, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y todo el marco normativo nacional que refiere a los derechos del pueblo originario mapuche, mapuche tehuelche y los restantes pueblos. Alentamos también a los legisladores nacionales a sancionar la prórroga de la ley 26.160 actualmente en tratamiento en el Congreso y a dictar la ley de propiedad comunitaria indígena.
Firman:
Firman:
Cátedra extensión Rural AUSMA Universidad Nacional del Comahue
Grupo de estudios sobre “producción de Estado, alteridad y conflicto en Norpatagonia. IIDYPCA- CONICET-UNRN
Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS-CONICET-UNCo).
Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH CCT CONICET-CENPAT).
Grupo de Investigación “Trayectorias migratorias y laborales en territorios rurales y urbanos del Norte de la Patagonia” (FADECS-UNCo).
Proyecto Unidad Ejecutora “La (re)producción de las desigualdades en la Patagonia Norte. Un abordaje multidimensional” (IPEHCS-CONICET-UNCo).
Grupo de Investigación “Transformaciones territoriales y relaciones interétnicas en el desarrollo turístico de la Patagonia Norte” (Facultad de Turismo, UNCo).
Grupo Interdisciplinario de Estudio en Políticas Públicas Participativas, Interculturales e Interseccionales (GIEPPPII)
Programa “Etnicidades y Territorios en redefinición” (ICA-FFyL-UBA) - Asignaturas Antropología Sistemática II (Antropología Económica) y Seminario de Antropología Social: Antropología Rural del Dto. de Cs. Antropológicas - FFyL-UBA.
Claudia Briones, IIDyPCa (UNRN/CONICET)
Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS)
Proyecto UBACYT 2020-20020190100136BA “Memorias, resistencias y agencias políticas de comunidades y colectivos indígenas: trayectorias en contextos post genocidas” (ICA-FFyL-UBA).
Grupo de Estudios de la Frontera Sur (ICA-FFyL-UBA)
Equipo Niñez Plural (ICA, FFyL, UBA/ FTS, UNLP- CONICET).
Equipo Arqueología de Pampa Occidental (IDECU- Museo Etnográfico- CONICET- UBA).
Red de investigador@s en Genocidio y política indígena en Argentina (RIGPI)
Grupo de Investigación sobre territorialidades, alteridades y agencia colectiva en norpatagonia (GITAAC).
Núcleo de Estudios sobre Identidad y Cultura (IEHSOLP, CONICET-UNLPam) y Proyecto de Investigación “Campos culturales y campos de interlocución: procesos de identificación, tensiones y actores en un espacio regional (La Pampa y Norpatagonia, siglos XX y XXI)”, Instituto de Estudios Socio-Históricos (IESH, UNLPam).
Programa de “Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios” (PROARHEP) del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján (UNLU)
Cátedra "Historia Social de América. "Entre la memoria y la desmemoria". Procesos sociales, políticos y económicos de la región pampeano-patagónica: desde los primeros pobladores hasta la formación del estado nación", Facultad de Humanidades, UNMdP
La CTA Autónoma repudia la criminalización institucional y mediática del pueblo mapuche
Desde la Central manifestamos nuestro absoluto rechazo a la campaña estigmatizante contra la comunidad mapuche y el intento de vincular a sus integrantes con el reciente incendio registrado en el Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón.
Exigimos al gobierno rionegrino y a los medios de comunicación hegemónicos que cesen las operaciones de criminalización en contra del pueblo mapuche por los hechos violentos registrados durante los últimos días que han provocado múltiples acusaciones sobre esta comunidad originaria sin prueba alguna.
También exigimos un freno a la utilización de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra los pobladores que pacíficamente ocupan tierras ancestrales.
Funcionarios y periodistas han calificado recientemente como “terroristas” a integrantes de la comunidad mapuche, una afirmación totalmente alejada de sus reivindicaciones históricas y que deja al descubierto, una vez más, prejuicios e ignorancia.
A su vez, advertimos una llamativa coincidencia entre esta operación de desprestigio y el debate por la prórroga de la Ley 26.160 de “emergencia territorial indígena” en el Congreso de la Nación.
Desde la CTA Autónoma nos solidarizamos con todo el pueblo mapuche, reiteramos nuestro pedido para que cese la violencia institucional y mediática, y exigimos se respete lo estipulado por la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, y los convenios internacionales sobre la protección y el resguardo de los derechos de las comunidades indígenas.
Desde la Central manifestamos nuestro absoluto rechazo a la campaña estigmatizante contra la comunidad mapuche y el intento de vincular a sus integrantes con el reciente incendio registrado en el Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón.
Exigimos al gobierno rionegrino y a los medios de comunicación hegemónicos que cesen las operaciones de criminalización en contra del pueblo mapuche por los hechos violentos registrados durante los últimos días que han provocado múltiples acusaciones sobre esta comunidad originaria sin prueba alguna.
También exigimos un freno a la utilización de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra los pobladores que pacíficamente ocupan tierras ancestrales.
Funcionarios y periodistas han calificado recientemente como “terroristas” a integrantes de la comunidad mapuche, una afirmación totalmente alejada de sus reivindicaciones históricas y que deja al descubierto, una vez más, prejuicios e ignorancia.
A su vez, advertimos una llamativa coincidencia entre esta operación de desprestigio y el debate por la prórroga de la Ley 26.160 de “emergencia territorial indígena” en el Congreso de la Nación.
Desde la CTA Autónoma nos solidarizamos con todo el pueblo mapuche, reiteramos nuestro pedido para que cese la violencia institucional y mediática, y exigimos se respete lo estipulado por la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, y los convenios internacionales sobre la protección y el resguardo de los derechos de las comunidades indígenas.
Miriam Liempe, Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios
Pedro Peidro, Secretario General