lunes, 12 de julio de 2021

Equidad los Géneros en Medios Audiovisuales: Los riesgos de un uso discrecional

El pasado 8 de julio el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.635 de Equidad de Género en los Medios de Comunicación. El objetivo es promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada. Roberto Gargarella, Jurista, sociólogo y doctor en Derecho y Jurisprudencia da su opinión sobre esta norma

Una primera cuestión general, que funciona como principio básico en el tema, es que el Estado tiene la obligación de dar a conocer sus tareas, y por eso tiene un deber de transparencia, información, y publicidad. Un hecho que debe ser incluido aquí, inmediatamente luego, es que el Estado pasa así a intervenir en un área ultra sensible, cual es la que tiene que ver con los derechos constitucionales en general, y uno en particular, que ranquea entre los más relevantes: el derecho de libre expresión. Y esto cambia todo el asunto, porque todo movimiento del Estado en el área es tan importante como riesgo, en particular a la luz de la historia de nuestro país. Otro hecho, paralelo con el anterior, que califica el principio general enunciado, es que los medios de comunicación privados han pasado a depender significativamente de los aportes estatales, lo que agrega tensión a la intervención estatal. Nada de esto sirve para descalificar el principio enunciado, pero sí para rodear de alarmas a los movimientos que haga el Estado en la materia: el Estado puede pasar a guiarse, como sabemos, por intereses particulares, relacionados con el gobierno de turno, incluyendo el de dificultar la expresión de los medios que lo critican, y a favorecer la de los que lo defienden, distorsionando de ese modo el corazón de su misión en el área, y poniendo en riesgo al mismo estado de derecho. Por eso es que se necesitan fuertes controles sobre el accionar estatal (judiciales, entre otros) y justificaciones claras y fuertes de parte del Estado, en relación con lo que hace.

Dicho lo anterior: no está mal que el Estado favorezca la igualdad de género, y desaliente los mensajes sexistas, machistas, discriminadores. Y si el Estado da incentivos, también económicos (premios, por caso), para que se deje de lado el lenguaje que discrimina, o para alentar discursos respetuosos de los derechos humanos, esa iniciativa puede, en principio, justificarse, aún si se aplica, también, a medios privados. Pero, otra vez, nunca perdemos de vista los riesgos que la tarea involucra, ni dejamos de evaluar esos riesgos a la luz de la historia argentina. Aquí, y en particular en las últimas décadas, el Estado ha tomado repetidas iniciativas para silenciar o castigar -desalentando- a los medios que no le eran afines, a la vez que ha premiado indebidamente a los medios favorables. Buena parte de los problemas generados por la llamada "Ley de Medios", tuvieron que ver con ese uso discrecional de los resortes a su favor, como bien anticipó y supo señalarle la Corte Suprema.

Ahora bien, considerando lo anterior, podemos mirar específicamente la normativa apuntada, que va más allá de resguardar los derechos humanos, o desalentar la discriminación de genero, para pasar a defender una política "perfeccionista", que es mala por ese objetivo (imponer, en los hechos, un modo de pensar en la materia, que no es universalmente defendible, en el marco de una sociedad plural y multicultural), y que es peor por la vaguedad con la que está formulada, lo cual la convierte en una herramienta deseable y fabulosa para quienes quieren manipular los recursos del Estado para hostilizar a los medios críticos y generar una malla de medios oficialistas, favorables al propio discurso gubernamental. Por estas últimas consideraciones, la normativa resulta de tonos fuertemente inconstitucionales, y merecería por tanto ser impugnada judicialmente, si es que el gobierno no la reelabora, para ponerla en línea con sus objetivos legítimos y constitucionales.
Fuente: Diario El Litoral

Ver también: Se promulgó la Ley de Equidad de Géneros en los Servicios de Comunicación Audiovisual