jueves, 24 de junio de 2021

Las redes, la desinformación y su incidencia en las campañas electorales entraron en debate

El odio en las redes sociales convertidas de facto en un espacio público no regulado, los desafíos de Internet a las categorías de lo estatal y la pugna de miradas alrededor de la difusión de "fake news" fueron abordados este jueves por académicos, legisladores y representantes de las gigantes tecnológicas Facebook y Google en el foro "Atrapados en la red: Las noticias falsas y los discursos de odio como amenazas para la convivencia democrática".

El debate realizado de forma virtual fue organizado por el Consejo Económico y Social (CES) con motivo de la adhesión de Argentina al Pacto Internacional por la Información y la Democracia, impulsado por Francia y Alemania, al que ya se sumaron 43 países de todo el mundo.

Especialistas y legisladores coincidieron hoy que "las redes sociales tienen una entrada democrática" aunque "su funcionamiento no necesariamente propende" a ello, al participar de un panel sobre la "Desinformación del espacio público democrático y su incidencia en las campañas electorales" en el marco de un Foro sobre Noticias Falsas organizado por el Consejo Económico y Social (CES).

En este marco, analizaron la necesidad de "educar" para poder identificar una noticia falsa.

"Las redes tienen una entrada democrática pero su dinámica no necesariamente propende a lo democrático y se dan dos fenómenos, el de concentración, ya que muy pocos hacen nodos, y el de jerarquización, pocos encuadran el debate", sostuvo Mario Riorda, de la Universidad Austral, primer expositor del segundo panel del foro internacional que organizó el Consejo Económico y Social.

El catedrático arrancó su exposición aportando tres datos curiosos: "de los 11 mil tuits que Donald Trump lanzó a las redes siendo ya Presidente, la mayoría fueron ataque y autoalabanzas y gran parte falsos".

"El 38% de esos mensajes fueron falsos y Twitter le dio de baja a su cuenta", detalló Riorda como primer ejemplo.

Dio cuenta luego de un estudio realizado durante siete años en la Argentina y dijo que en ese período, de los tuits analizados, "el 49,86% fueron falsos, sin sustento; el 24,44% tenía verdades a medias o directamente ocultamientos y uno de cada cuatro discursos, un 25%, era verdadero".

Analizando los discursos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a 10 meses de haber asumido, "el 56% de sus discursos en todo lo que es chequeable era falso o engañoso, es decir mentiras a medias", dio como tercer ejemplo Riorda.

A partir de allí se hizo una distinción entre la "mentira política industrial", como un "ejercicio de propagación estimulada, sea legal o no, de una saturación informativa desde una acción deliberada, sinónimo de desinformación", de la "mentira política institucional", que es la que parte de "la propia política en primera persona y de los propios medios de comunicación en primera persona".

Riorda dejó claro así que "no toda desinformación es una fake news" y llegado el punto del análisis de la desinformación en las campañas aseguró que "entre el 50 y el 64 por ciento de la ciudadanía manifestó confusión con lo que lee en las redes en un proceso electoral".

"Pero ante la duda -completó- la mayoría termina decidiendo, apelando al sesgo de confirmación, con lo cual, el pensamiento es 'si está cerca de lo que creo, no importa si es verdad, igual lo comparte'".

Moderados por el juez de la Cámara Electoral Alberto Dalla Vía, fueron parte del panel también la diputada del PRO Carla Piccolomini; el senador del Frente de Todos Alfredo Héctor González Luenzo y Olga Cavalli, de Argensig.

Piccolomini se refirió al avance de la tecnología y sostuvo que "se amplió el número de participantes y no se puede controlar lo que se dice y por cuál canal se dice", al tiempo que agregó que la "desinformación suele ser ordenada" por alguien para ocasionar un daño dando "información falsa, sesgada o manipulada que concentra la polarización".

"Muchas veces reproducimos mensajes que no colaboran, se van haciendo sociedades cada vez más polarizadas", remarcó la diputada.

Para abordar esta problemática, la especialista en TIC e Internet, Olga Cavalli, hizo foco en la necesidad de fortalecer la autoregulación, mejores prácticas, mejorar el proceso de cooperación y la formación multidisciplinaria.

"Si hay 1.500 millones de personas que entran, hay que tener inteligencia artificial para poder hacer esta tarea de control y por eso se necesitan transparencia en los algoritmos", sostuvo Cavalli.

En tanto, el senador Luenzo dio cuenta que hace cuatro años que en el Congreso vienen trabajando el tema y alertó que "cuando hablamos de desinformación el límite es la libertad de expresión".

A su vez, remarcó que la "autoregulación fracasó" y adujo que la "desinformación está tarifada, el odio está tarifado" por lo que hay que ir hacia la "corregulación" y en ese contexto son los Estados los "que tienen que involucrarse pero como bloque regional, como lo hace Europa", sentenció el senador.

Luenzo además planteó un interrogante: "¿Por qué lo que decimos en las redes a alguien no se lo decimos en la cara, personalmente?. Siguiendo la teoría freudiana, les estaría faltando el súper yo a las redes, porque nos comportamos de otra forma en las redes".

Otros participantes
Participaron la jefa de la Unidad de Política Audiovisual y de Medios de la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de Comunicaciones (DG Connect) de la Comisión Europea (CE), Krisztina Stump; el vicepresidente de Políticas Públicas de Facebook América Latina, Pedro Less; la jefa de Política Pública y Asuntos Gubernamentales Google Cono Sur, Eleonora Rabinovich, y la diputada francesa del partido La República En Marcha, Naïma Moutchou.

Los ponentes abordaron el panel "¿Cómo evitar la propagación de noticias falsas a través de las plataformas digitales?" en el que los conceptos de "privacidad", la protección de datos y patentes y los riesgos sobre el derecho a la información en este espacio digital funcionaron como eje.

Desde Bruselas, Stump se centró en las campañas electorales europeas y una estrategia implementada desde el 2018 para combatir la información falsa y sus derivados.

Se trata de un código autoregulatorio de prácticas que incluye medidas en distintos ámbitos, la desmonetización de la información a través del escrutinio y transparencia de la publicidad en temas políticos, medidas para contrarrestar la conductas manipuladoras y orientadas a empoderar a la comunidad.

Pedro Less, de Facebook América Latina, abordó las políticas de esa plataforma sobre desinformación y la delgada línea entre regulación y libertad de expresión.

En primer lugar manifestó sus reticencias al nombre del foro "Atrapados en la red" y señaló por el contrario el aspecto liberador de Internet "por su descentralización, ubicuidad y bajas barreras de entrada", que le permite dar acceso al conocimiento y diversas opiniones a gran parte de la humanidad.

La empresa posee -subrayó- una política corporativa de derechos humanos que rige todos los aspectos de actuación y citó como ejemplo lo que ocurrió en Myanmar que, tras el golpe de Estado de febrero último, retiró el acceso de los militares a la plataforma.

Con estas palabras, Less dejó clara su postura a favor de que una compañía privada tenga potestad para bloquear unilateralmente a usuarios, por fuera de una regulación estatal, un tema en candente debate desde que varias redes sociales eliminaron las cuentas del exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, al acusarlo de incitar a la violencia durante el asalto al Congreso el 6 de enero de este año.

En la misma línea, la representante de Google, Eleonora Rabinovich, expresó el compromiso del gigante tecnológico con la democracia y el combate a la desinformación.

Para Rabinovich, la misión de Google es "organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil para todos".

"Trabajamos de la mano con las autoridades electorales en todo el mundo y en particular en América latina vamos a firmar un acuerdo de colaboración con la Cámara Nacional Electoral (CNE), como hicimos en el año 2019, para brindar información electoral relevante y estamos articulando", dijo.

También destacó iniciativas para combatir los abusos y las información, que implican la remoción de contenidos "que incumplan nuestras políticas".

"Los videos que mientan sobre requisitos para votar, o qué pretenden interferir son bajados. En lo que va del año ya borramos 30 millones de vídeos de YouTube", argumentó.

Por último, la diputada francesa Naïma Moutchou, en tono más crítico, dijo que en su país la desinformación es considerada "un flagelo" y destacó lo fácil que es difundirla, invocando estudios que aseguran que las noticias falsas se propagan seis veces más rápido que una información verdadera.

"Facebook compartió información falsa antes de las elecciones francesas", señaló y recordó asimismo la participación de las grandes corporaciones tecnológicas en las falsas campañas del Brexit (2016), el realizado en España por el referéndum de independencia de Cataluña (2017) y las elecciones europeas (2019).

La legisladora insistió en que se trata de una cuestión de orden público y, aunque indicó que hay en su país una ley de lucha contra la propagación de la información y la manipulación de la información, "no están plenamente adaptadas a las nuevas tecnologías".

Por último, subrayó la responsabilidad de las plataformas "que tienen un rol central" en la propagación de información y en un proyecto de ley que busca que éstas precisen quiénes son y quiénes están detrás de los contenidos pagos, además de transparentar el monto y el origen de los financiamientos.
Fuente: Agencia TelAm