Allá por el 2013 en la Argentina discutíamos la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese momento era una legislación en la materia de comunicaciones innovadora, había sido elogiada por buena parte de los organismos internacionales de Derechos Humanos, en términos de resguardos a la libertad de expresión e información.
La Corte Suprema dictaminó finalmente la constitucionalidad de la ley, luego de una audiencia publica donde quedó en evidencia de qué estábamos hablando.
Por la demandante, que no era otro que el holding empresario que todos conocemos como “Grupo Clarín”, no se presentó ninguna asociación de medios argentina. Es fácil entender porqué. Ninguna asociación podría plantarse ante la Corte y decir que el Grupo Clarín no poseía entonces –y mas aún hoy— una posición dominante de mercado ni que no desarrollaba practicas predatorias. No había empresa de medios argentina que no hubiese sido víctima de esas maniobras. Más aun, en el equipo de Clarín estaba un excelente economista llamado Carlos Winograd. Que muchos años antes había sido secretario de Defensa de la Competencia, durante el gobierno de De la Rúa. Y como tal había firmado una de las primeras resoluciones, aplicándole una multa al Grupo Clarín por colusión.
Por el Estado y a favor de la constitucionalidad de la norma se presentaron como amicus curiae, entre otros, organizaciones de derechos humanos y universidades nacionales.
En esa oportunidad histórica, la Corte votó a favor de la constitucionalidad de la ley de servicios de Comunicación Audiovisual. Lo hizo contra todos los pronósticos que se publicaban en los diarios, que sostenían que en un “fallo salomónico” –y vaya uno a saber a qué carajo llamaban salomónico— la Corte preservaría los privilegios del Grupo Clarín. No fue el caso, aunque dos años después vendría Mauricio Macri y dejaría sin efecto, mediante un decreto de necesidad y urgencia, partes sustanciales de dicha norma. Eso sí fue salomónico: el decreto en cuestión cortó la ley por la mitad y suprimió casi totalmente toda regulación antimonopólica.
Pero volvamos a aquellos días del 2013. Cuando la Corte emitió su fallo a favor de la ley, su entonces presidente Ricardo Lorenzetti pretendió salir a dar explicaciones. Quiso salir en el programa de radio de Jorge Lanata y este se negó.
La revista Noticias entrevistó a Lanata a propósito de lo sucedido y este respondió: “(…) Ahora Lorenzetti quiere hablar. Yo me pasé la vida llamándolo y no salió al aire. Entonces, no es que yo no quiero hablar con Lorenzetti: no quiero darle en este momento 52 puntos de share para que diga su versión de las cosas”.
A decir verdad, yo no le compraría un auto usado a Lorenzetti, pero hay que reconocerle su empeño en sobrevivir, aun cuando ese empeño lo llevó a hacer cosas horribles. Pienso esto y me acuerdo, entre muchas cosas, de la foto de Lorenzetti flanqueado por Moro y Bonadío. Pienso en Mario País siendo demorado en su jura como miembro del Consejo de la Magistratura, para destituir a Eduardo Freiler como juez. Y pienso en la llamada Doctrina Irurzun, que no es una doctrina ni su autor es Martin Irurzun, como bien relató Irina Hauser en su libro sobre la Corte Suprema.
La prensa argentina se ha erigido en juez y parte, además de ser un actor político. Juzga, condena o absuelve sin pruebas y según sus propios o contingentes intereses. Empuja a los funcionarios judiciales a cambiar sus decisiones. Recuerdo una simpatiquísima historia sobre una empresa de medios que adquirió una de las empresas que emite los resúmenes de tarjetas de créditos en la Argentina. Luego de esa compra, cuenta la leyenda que un periodista se presentó en un determinado juzgado y le contó con espanto a su señoría que había recibido una denuncia anónima sobre el nivel excesivo de gastos que tenía el juez. El periodista le hizo saber que de ningún modo publicaría semejante infamia. Desde ese día en adelante, el periodista y otros operadores judiciales tuvieron abiertas para siempre las puertas del juzgado… y los oídos del juez en cuestión.
El efecto de poder de la concentración mediática tiene, además de todo, un efecto disciplinador sobre los funcionarios públicos, sobre los empresarios y sobre buena parte del poder permanente de la Argentina, del que también los medios de comunicación –o mejor dicho, sus dueños— forman parte.
Una parte de ese efecto disciplinador lo hemos visto con el tema de la pandemia por el Covid-19. En particular con las vacunas. La campaña en contra de las vacunas chinas y la vacuna rusa ha sido fuertemente motorizada desde los medios de comunicación concentrados. Y bien saben los políticos argentinos que, si desean obtener prensa, ser repetidores de los mensajes de la prensa se la garantiza. De esto dieron testimonio múltiples políticos, y de todos los signos, cuando contaron “que los llamaban cuando hablaban mal del gobierno y dejaban de llamarlos si hablaban bien”.
Lo mismo ocurre con el apoyo sobreactuado a la vacuna de Pfizer. Porque —y digámoslo también— algunos políticos argentinos y algunos medios de comunicación tienen una natural afinidad con intereses que no son necesariamente argentinos.
No me voy a poner paranoica y decir que además de perseguir la presunta ganancia política de ser vocero de las medidas anticuarentena, también cuestionaban las medidas para que con el creciente aumento de casos y de muertes el país aceptase cualquier condición y cualquier precio por ciertas vacunas. Y que políticos y medios de comunicación formaron parte efectiva de ese plan.
Mas allá de mi paranoia en materia de emergencia y vacunas –como suele decir mi mamá: “Que yo sea paranoica no quiere decir que no me persigan”—, quiero contar algo más sobre el efecto disciplinador de los medios de comunicación. Es el efecto disciplinador sobre los funcionarios públicos.
Toda persona que se sienta en un despacho oficial y quiere tener una carrera política sabe que una de las llaves es su buena relación con los medios de comunicación. Porque en caso contrario, tal vez vea muerta prematuramente su carrera política. Creo que el único caso reciente que contradice esta hipótesis es el de Cristina Fernández de Kirchner. Porque no hay prensa ni editorial que pueda vencer, en el tiempo, al amor de un pueblo por una dirigente que lo dio todo para defender y cuidar sus intereses.
Pero cuando la estigmatización mediática no alcanza, los medios también juegan la ficha de la judicialización de las conductas del funcionario publico. Escribo esto y pienso en CFK imputada como jefa de una asociación ilícita por enviar leyes de presupuesto al Congreso de la Nación. O en mi amigo Aníbal Fernández, acusado de un delito atroz y que nunca recibió siquiera unas disculpas cuando se demostró que todo era falso.
Entre los muchos funcionarios perseguidos por medios de comunicación que conozco, voy a contar un caso reciente que conozco porque soy abogada en ese caso. Es el caso de Martín Sabbatella, ex presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y quien tuvo la misión de aplicar la ley de servicios de comunicación audiovisual. Lo querella el Grupo Clarín en virtud de la medida que en su momento tomó el directorio del AFSCA, respecto a que el Grupo Clarín debía llevar adelante la adecuación de oficio de sus licencias.
Expliquemos. Una vez declarada constitucional la Ley de Servicios de comunicación audiovisual, debían proceder a adecuarse a los términos antimonopólicos de dicha ley e informar qué licencias de medios que tenían en exceso iban a vender… y venderlas. Resulta que el Grupo Clarín propuso un sistema de división de licencias en seis unidades de negocios diferentes. Y eso fue aprobado por el AFSCA. Los problemas surgieron cuando Clarín presentó quiénes comprarían cada una de esas unidades de negocios. Porque de los informes societarios que acompañaron surgía que en los hechos no se dividían, sino que había creado un complejo entramado de sociedades de modo tal que por medios directos o indirectos seguían controlando una mayor cantidad de medios de los que la ley permitía. Para ser claros, un fraude a la ley.
La sanción ante dicha maniobra fraudulenta era la iniciación de un proceso de adecuación de oficio, es decir que el Estado tomaba intervención directa en la venta de las licencias en exceso. Por esa resolución el Grupo Clarín demandó a buena parte del Directorio del AFSCA y de sus funcionarios, por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario publico y abuso de autoridad.
Como no podía ser de otro modo, la causa cayó en el juzgado de Bonadío. Y aun me impacta lo que pasó el día que fue Martín Sabbatella a dar su declaración indagatoria. En ese momento ya habían declarado todos los imputados. Sabbatella declaró y llegado el momento de contestar preguntas, dijo que aceptaba contestarlas. El secretario que tomaba la indagatoria se puso pálido y se levantó de la silla para ir a preguntarle al juez qué hacer. Tan escrita estaba la sentencia desde antes, que el secretario volvió de hablar con el juez, colorado como un tomate, para decir que no había preguntas. Así como leen. Fue un momento insólito en 20 años de ejercicio profesional.
Llegamos al momento de juicio oral y fue tan claro todo, que el juez terminó absolviendo a todos los funcionarios… menos a Sabbatella, a quien impuso una pena mínima. Desde la lógica de Comodoro Py era lo más lógico que podía hacer el juez. Darle algo a Clarín. Porque hacer lo contrario era un descuido casi irremediable de las posaderas de su señoría. Lo que se olvidó el juez fue de encontrar la conducta delictiva. La decisión de adecuar de oficio al Grupo Clarín se había tomado en base a informes técnicos que Clarín jamás intentó siquiera probar que eran falsos o equivocados, porque no lo eran. Tanto no lo eran, que absolvió a los técnicos que los habían elaborado. También Clarín intentó decir que tenía sentencias a su favor que señalaban que la resolución de su adecuación de oficio era arbitraria e irrazonable. Salvo por un detalle que señalamos en el juicio: todas las sentencias que alegó tener Clarín eran sobre medidas cautelares. En todos, pero en todos los casos, Clarín había conciliado las causas con el Estado, sin llegar a discutir el fondo del asunto, esto es la legalidad de dichos informes.
Fuimos entonces a Casación. Y el miércoles, en voto dividido, Casación ratificó la sentencia. De nuevo sin poder señalar la conducta delictiva. Y de nuevo sabiendo que, desde la lógica de un juez deportista y amante del paddle, este no podía sino confirmar la injusticia. Asumo que para el magistrado en cuestión, la idea de tener a los medios de comunicación sacando a relucir ciertas lides deportivas le produce algo así como ataques de pánico. Tanto que le impidió siquiera explicar su voto. En un párrafo adhirió a otro voto.
A la fecha de esta nota y mientras escribo el recurso extraordinario, señalo que nadie ha podido decirme cuál es la conducta delictiva que habría cometido Martin Sabbatella. Tomó una decisión legal en un directorio de cinco personas, basado en informes verdaderos y con documentación que probaba que lo que decían los informes era cierto. Tomó una decisión legal, tanto en el procedimiento como en la cuestión de fondo.
Y digo esto sabiendo que nadie va a escribir cuál es el delito que cometía Martin Sabbatella, porque no existe en el Código Penal. Pero sí existe en la conciencia de jueces y de algunos fiscales: el delito del que se acusa a Martin Sabbatella es la osadía de pretender que los medios de comunicación cumplan las leyes.
¿Y saben algo? En la Argentina no existen varios Códigos Penales. Y hasta que el Poder Judicial lo entienda, asumo que seguirán poniendo a buen resguardo sus culos y no haciendo lo que por ley están llamados a hacer, que es aplicar las leyes vigentes.
La concentración mediática es un arma apuntando a la cabeza y al corazón mismo de la democracia y de la República. Y aunque queramos negarlo o no verlo de inmediato, es un arma que además de apuntar, también dispara.
Fuente: El Cohete a la Luna