El Gobierno recibió un nuevo revés judicial en su batalla contra la industria de las telecomunicaciones. El Juzgado Federal Número 1 de Cordoba aceptó sumar a la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y extender a todas las empresas asociadas a esa entidad la cautelar que, a pedido de una empresa (Catrie Televisora Color), había concedido contra el decreto de Alberto Fernández que, en agosto, declaró a la telefonía celular, Internet y televisión por cable como "servicios públicos esenciales". En consecuencia, ordenó suspender toda medida derivada de esa decisión, como los límites a los aumentos de los abonos y la prestación básica universal y obligatoria (PBU), hasta tanto haya una sentencia definitiva sobre el conflicto.
Así lo informó Telecom, en una nota publicada ya en la noche del miércoles, en la autopista financiera de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Ya en febrero, el mismo juzgado federal de Córdoba había concedido una cautelar solicitada por otra operadora, TV Cable Color S.A.
Ahora, según informó Telecom al mercado, el tribunal hizo lugar a la intervención de tercero que solicitó la ATVC y, en consecuencia, decidió encauzar el proceso ya no como un reclamo individual, sino como uno colectivo. Delimitó el alcance a las industrias del cable y servicios de telecomunicaciones (TIC) que se encuentran asociadas a la ATVC. Y ordenó "al Estado Nacional que suspenda la aplicación y ejecución del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020, como así también de toda norma que se haya dictado como consecuencia y fundamento de aquel, debiendo el Poder Ejecutivo Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichas normas, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos, con respecto a todas las empresas que conforman la clase certificada en este proceso".
El conflicto entre el Gobierno y las telcos comenzó en agosto pasado, cuando Fernández firmó el DNU que declaró a sus prestaciones como servicios públicos esenciales. En ese momento, suspendió ajustes en los valores de sus abonos -que estaban congelados desde marzo, por la pandemia- y, dada la nueva situación legal del sector, cualquier futuro aumento sería decidido, tanto en tiempo como en monto y forma, por el Estado Nacional.
A fines de diciembre, además, el Gobierno anunció la creación del PBU e informó que sólo habilitaría incrementos en los planes de hasta un 5%, en el caso de las grandes operadoras, y del 8%, para las pequeñas empresas y cooperativas. Los principales jugadores ya les habían anunciado a sus clientes aumentos del 20% a partir de enero.
Las empresas ya estaban en pie de guerra, con advertencias sobre el perjuicio que el DNU significaba para la inversión -y, en consecuencia, la calidad de servicio- de la industria. Telecom fue la más férrea, con un comunicado en el que aseguró que el Gobierno "estrangulaba" a la actividad, "destruyendo la ecuación económica" del sector. En su caso, entorpeció la refinanciación de sus pasivos bancarios -la compañía ya había cerrado con éxito un canje de obligaciones negociables- y la forzó a revisar su plan de inversiones, de u$s 600 millones.
Gustavo López, número dos del ENaCom y alfil del Instituto Patria en el organismo, tomó la lanza de esa cruzada, que incluyó reclamos en distintos juzgados del país. En enero, el funcionario difundió un fallo de Mar del Plata, que intimó a Telecom a devolver el dinero cobrado por encima del aumento autorizado por el Ejecutivo. López prometió sanciones.
En marzo, el ENaCom llegó a un acuerdo con Claro y Movistar (Telefónica) para devolver ese 15%, compensado con los aumentos aprobados para ese mes y el previo. En el caso de febrero, las operadoras se comprometieron a devolver la diferencia entre ese 15% adicional y el 7,5% autorizado para ese período. Para marzo, se había permitido un ajuste del 2,5 por ciento.
López aseguró que Telecom sería sancionada, con multas más intereses punitorios. La empresa, en ese momento, respondió: "Actualmente, está bajo el amparo de un fallo de la Justicia de Córdoba, que dictaminó una medida cautelar que suspende el Decreto 690/20 y todas las medidas administrativas dictadas con posteridad. Por lo tanto, Telecom ratifica su capacidad de fijar sus políticas comerciales y la actualización de precios informada a los clientes oportunamente, continúa plenamente vigente".
Esa postura se refuerza con la nueva decisión judicial, de permitir el ingreso de la ATVC al reclamo y extender la cautelar a todas sus asociadas.
Telecom es dueña de Cablevisión y Fibertel, los principales prestadores de televisión paga y accesos de Internet del país. Al 31 de diciembre, tenía 3,5 millones de usuarios en el primer servicio (0,7% más que un año antes) y 4,1 millones en el segundo (+0,6%). La compañía está controlada por Cablevisión Holding, sociedad que, a su vez, tiene como accionistas principales al fondo Fintech, del inversor mexicano David Martínez, y a los socios mayoritarios del Grupo Clarín (Héctor Magnetto, José Aranda, Lucio Pagliaro y los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera).
En 2020, Telecom perdió $ 5104 millones. Sus ventas consolidadas sumaron $ 301.596 millones, con ingresos por servicios ($ 283.994 millones) 6,3% menores a los del año previo, medidas en términos reales.
Fuente: Revista Apertura