Un poco de contexto. La causa fue iniciada a partir de una denuncia de Dolores Etchevehere en el año 2013. Ella misma fue quien aportó documentación y pruebas a la causa que desde entonces, fue cajoneada. El pasado 30 de octubre, en el marco del conflicto en Casa Nueva, el juez Ríos activó la causa y llamó a indagatoria a todos los acusados: los hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, su madre, Leonor Barbero, Walter y Viviana Grenón, y los actuales dueños de El Diario.
Desde entonces, todos ellos han desfilado por los tribunales de Paraná en extensas declaraciones indagatorias que aún no terminaron. El primero fue Luis Miguel Etchevehere, quien sorprendentemente reconoció todas las maniobras fraudulentas. La última es Leonor Barbero Marcial que comenzó a declarar el viernes 12 de marzo y aún continúa.
En el medio, los Grenón pidieron la prescripción del delito y la exclusión de Dolores Etchevehere de la querella, lo cual significa un escándalo para la Justicia de Entre Ríos ya que fueron ellos mismos quienes cajonearon durante 9 años la causa, a pesar de la enorme cantidad de documentación y pruebas aportadas por Dolores Etchevehere y por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
La responsable de decidir si la causa prescribe o no es la jueza Carolina Castagno, quien ordenó el desalojo de Dolores Etchevehere y Proyecto Artigas de Casa Nueva que terminó con el encarcelamiento de la propia Dolores en un operativo que tuvo más de 150 efectivos policiales.
Recientemente, el dictamen del fiscal federal Federico Delgado dejó en ridículo aquel fallo de la jueza Castagno por dos motivos: en primer lugar, porque Delgado probó que la documentación que Castagno utilizó como argumento para ordenar el desalojo carece de validez jurídica y además, es apócrifa; en segundo lugar, porque Castagno ignoró la perspectiva de género que el juez Flores había tenido en su fallo de primera instancia –recordemos que había dictado medidas de protección para Dolores y restricción perimetral para los Etchevehere- y el propio fiscal Delgado ratificó el encuadre jurídico de género entendiendo que se trata de un caso de violencia de género del tipo económica.
Fuente: Proyecto Artigas