La última vez que vi a Julian Assange parecía cansado y decaído.
Vestido correctamente con ropa de negocios informal, el fundador de Wikileaks estaba sentado en un banquillo de paredes de vidrio, en la parte de atrás de una sala de juicios adjunta a la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, flanqueado por dos funcionarios penitenciarios.
Yo me había desplazado desde Estados Unidos para observar la vista. Él se había desplazado por un túnel desde su celda hasta la sala.
Hoy, Julian Assange comparece de nuevo ante un tribunal para la reanudación de las actuaciones en las que se decidirá en última instancia sobre la petición de extradición formulada por la administración Trump. Esta mañana, han negado el acceso remoto a Amnistía Internacional a la audiencia. Alegan que no se formalizó la petición, lo cual no es verdad.
Pero en el banquillo no estará sentado sólo Julian Assange. Junto a él se sentarán los principios fundamentales de la libertad de prensa que sustentan el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información. Si se silencia a este hombre, Estados Unidos y sus cómplices amordazarán a otras personas, propagando el miedo a la persecución y a ser enjuiciados/as en una comunidad global de medios de comunicación que ya es blanco de ataques en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo.
Es mucho lo que está en juego. Si Reino Unido extradita a Assange, éste sería juzgado en Estados Unidos por cargos de espionaje por los que podría ser condenado a décadas de prisión, posiblemente en un centro reservado para reclusos de máxima seguridad y sometido a los regímenes más estrictos, incluida la reclusión prolongada en régimen de aislamiento. Todo por hacer algo que los editores de noticias hacen en todo el mundo: publicar información de interés público facilitada por sus fuentes.
De hecho, el presidente Donald Trump ha calificado a Wikileaks de “vergonzoso” y ha afirmado que su actividad, al publicar información clasificada, deberían conllevar la pena de muerte.
El efecto disuasorio sobre otros profesionales de la edición, periodistas de investigación y cualquier persona que se atreva a publicar información clasificada sobre actuaciones indebidas de un gobierno sería inmediato y grave.El efecto disuasorio sobre otros profesionales de la edición, periodistas de investigación y cualquier persona que se atreva a facilitar la publicación de información clasificada sobre actuaciones indebidas de un gobierno sería inmediato y grave. Y Estados Unidos iría descaradamente más allá de sus fronteras con su largo brazo para alcanzar a personas no ciudadanas como Assange, que es australiano.
Julia Hall, experta de Amnistía Internacional en antiterrorismo y derechos humanos en Europa
La implacable persecución del gobierno de Estados Unidos a Assange —y la participación voluntaria de Reino Unido en su caza y captura— ya ha llevado a éste a una prisión reservada normalmente a delincuentes avezados. Lo ha reducido física y emocionalmente, a menudo hasta el punto de la desorientación. Doblegarlo aislando a Assange de su familia, amistades y equipo jurídico parece parte integrante de la estrategia de Estados Unidos; y parece funcionar.
No hace falta conocer los altibajos de la ley de extradición para comprender que los cargos contra Assange no sólo son “delitos políticos” clásicos y, por tanto, están excluidos de la ley de extradición, sino que, lo que es más crucial, los cargos tienen motivación política.
Los 17 cargos formulados por Estados Unidos en aplicación de la Ley de Espionaje de 1918 podrían llevar aparejados 175 años de prisión; añádase a ellos la sentencia condenatoria de un solo cargo de fraude informático (que, se dice, complementa la Ley de Espionaje en la era de la informática) y se obtendrán otros cinco años arbitrarios. Assange es el único editor afectado hasta ahora por este tipo de cargos de espionaje.
No hay duda de que los cargos tienen motivación política en esta administración estadounidense, que prácticamente ya ha declarado culpable a Assange en la esfera pública. El secretario de Estado Mike Pompeo ha afirmado que Wikileaks es un “servicio de inteligencia hostil” cuyas actividades deben “mitigarse y gestionarse”. El enjuiciamiento flagrantemente injusto de Assange es un ejemplo de lo lejos que está dispuesto a llegar Estados Unidos para “gestionar” la entrada de información sobre actuaciones indebidas del gobierno y menoscabar así el derecho del público a saber.
Assange estuvo también en el radar de Barack Obama, pero la administración Obama rehusó enjuiciarlo. Sin embargo, el actual fiscal general estadounidense, William Barr, ha dictado no una, sino dos actas de acusación formal desde 2019, la más reciente a finales de junio. Esta segunda acta de acusación formal fue una sorpresa no sólo para el equipo de defensa de Assange, sino también para la Abogacía de la Corona y la jueza, que tampoco sabían nada del nuevo procesamiento.
Hace unos meses, sentada a unos seis metros de Julian Assange, me impresionó cómo se había convertido en una sombra de lo que fue. Durante esa semana de vistas, se levantó espontáneamente varias veces para dirigirse a la jueza. Le dijo que se sentía confuso. Le dijo que no podía oír bien las actuaciones. Dijo que las barreras en la prisión y en la sala le habían impedido consultar con su equipo jurídico. Aunque técnicamente no le estaba permitido dirigirse directamente a la jueza, lo hizo en varias ocasiones, como destellos de la agresiva táctica empleada en el pasado para defenderse y defender los principios que preconiza.
La extradición de Julian Assange tendría amplias consecuencias para los derechos humanos, pues sentaría un precedente disuasorio para la protección de quienes publican información clasificada o filtrada de interés público.
La publicación de este tipo de información es una piedra angular de la libertad de prensa y del derecho de la ciudadanía a acceder a información. Debe protegerse, no criminalizarse.
La vista sobre la extradición de Assange será una prueba de fuego para la justicia británica y la estadounidense
En ella se decidirá la solicitud de la administración Trump de extraditar a Julian Assange a Estados Unidos, donde podría ser condenado a un máximo de 175 años de prisión por publicar materiales que documentan posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas estadounidenses.
"Esta vista es el más reciente y preocupante asalto del ataque en toda regla lanzado contra el derecho a la libertad de expresión. El enjuiciamiento de Julian Assange, si se produce, podría tener un efecto disuasorio para la libertad de prensa y hacer que editores y periodistas se autocensuren por miedo a las represalias", dijo Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa.
Esta vista es el más reciente y preocupante asalto del ataque en toda regla lanzado contra el derecho a la libertad de expresión"La extradición de Julian Assange tendría amplias consecuencias para los derechos humanos, al sentar un precedente disuasorio para la protección de quienes publican información clasificada de interés público".
Nils Muižnieks, Amnistía Internacional
La solicitud de extradición de Estados Unidos se basa en una serie de cargos derivados directamente de la publicación de documentos clasificados como parte del trabajo periodístico de Assange con Wikileaks. La publicación de este tipo de información es una piedra angular de la libertad de prensa y del derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público, y debe protegerse y no criminalizarse.
En Estados Unidos, Julian Assange podría ser juzgado por 18 delitos, 17 de ellos en aplicación de la Ley de Espionaje y uno en virtud de la Ley de Abuso y Fraude Informático. También correría un riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos, como condiciones de reclusión que podrían constituir tortura y otros malos tratos, como la reclusión prolongada en régimen de aislamiento. Julian Assange es el primer editor que se enfrenta a un enjuiciamiento en aplicación de la Ley de Espionaje.
El hecho de que Assange haya sido blanco de una campaña pública negativa de autoridades estadounidenses del máximo nivel menoscaba su derecho a la presunción de inocencia y lo pone en peligro de ser sometido a un juicio injusto.
"Reino Unido debe cumplir las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe el traslado de personas a un país donde sufrirían violaciones graves de derechos humanos".
Información complementaria
A Amnistía Internacional le preocupa también el bienestar físico y mental de Julian Assange, sobre todo debido a la propagación de la COVID-19.
En las prisiones y centros de detención de Reino Unido, las condiciones son precarias. Es esencial que se establezcan protocolos de salud y seguridad para reducir el riesgo de contraer la COVID-19 a la vez que se garantiza la protección de los derechos de las personas detenidas y presas. Se deberá plantear la posibilidad de excarcelar bajo fianza o poner en libertad a las personas detenidas o presas que tienen problemas médicos graves preexistentes y corren un riesgo especial de contraer la infección.
Fotos: AFP y Reuters
Fuente: Amnistía Internacional