El párrafo del artículo en cuestión, el artículo 72, sostiene que los jueces deberán “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
Partiendo del concepto de responsabilidad social de nuestro oficio; de la defensa irrestricta de la libertad de expresión y del derecho a la información de todos los ciudadanos, decimos:
1. Consideramos que el proyecto de reforma judicial no sólo es legítimo por parte de la fuerza política que gobierna, sino también que es una necesidad. Y todo más allá de los puntos que se omiten o la profundidad de una reforma que, en los considerandos, intenta devolver el prestigio menguado del Poder Judicial. Pero en la loable intención, consideramos yerros graves en la formulación descripta, que no lleva a otra cosa que alimentar el fervor de los segmentos más reaccionarios que por estos días se manifiestan de todas formas, incluso en la calle, con demandas difusas aunque todas por igual retrógradas y claramente autoritarias y contrarias al interés general: desde el desconocimiento de medidas sanitarias por una pandemia, hasta la exaltación de un modelo patriarcal, pasando por aventar fantasmas como ataques hacia la propiedad privada o desvíos autoritarios de parte de un gobierno democrático.
2. ¿Es necesario incorporar esa enmienda? ¿No es una contradicción en sí misma? Porque si de realzar el papel de la Justicia se trata, dotándola de herramientas que potencien su independencia, buscando agilizar los procedimientos, en definitiva creando condiciones para el servicio de justicia que nuestro pueblo se merece, en realidad estamos colocando a jueces y fiscales en un lugar de debilidad frente a los poderes fácticos. Como dice el constitucionalista y experto en temas de prensa y libertad de expresión Miguel Rodriguez Villafañe: “Si no podés tolerar la presión no podés ser Juez".
3. La información al Consejo de la Magistratura de “presiones”, necesariamente requiere más precisiones. ¿Es la mejor manera de evitar las presiones? Sin desconocer el hecho emblemático, vergonzoso, de un periodista llamando a escrachar a los hijos de un juez que falló de tal manera, ¿no ameritaría una acción contra el agresor, sin importar su oficio?
4. Si la intención es resguardar y proteger a los magistrados de cualquier hostigamiento, en particular de los grandes poderes concentrados, minorías acostumbradas a presionar a los poderes del Estado para conservar sus privilegios, lo cierto es que flaco favor le hace a la imprescindible recuperación de confianza en nuestra Justicia. Estamos, en todo caso, frente a un reconocimiento de las debilidades e incompetencias de los funcionarios del Poder Judicial, pilar del sistema democrático. Con este desatino, tomamos distancia de la idea primera de esta Reforma: apuntalar a los hombres y mujeres encargados de dictar Justicia, en un país sumido en desigualdades y tratos sesgados del Poder Judicial según la condición social de los demandantes de ese servicio esencial a la hora de construir una sociedad más equitativa.
CiSPren