Los juicios justos, con todas las garantías, para los acusados del genocidio, son la carta de presentación de nuestras instituciones que más orgullo produce.
Sin embargo, ha sido casi imposible juzgar la pata civil de la dictadura y más aún la periodística.
El caso emblemático de Papel Prensa con su saga de muerte y tortura para sus propietarios al inicio de aquel régimen genocida es la muestra acabada de lo que decimos. No solo fue imposible juzgar de modo creíble aquellos hechos sino que sus consecuencias las padecemos día tras día en forma de concentración mediática, censura y manipulación de la información.
Hoy la historia se repite.
Venimos de un régimen que durante cuatro años tuvo presos políticos, utilizó espionaje ilegal con fines partidistas, conformó una “Mesa Judicial” con el objeto de extorsionar jueces y fiscales, se llegó al extremo de encerrar un senador para echar un juez que desagradaba al gobierno. Los casos de tortura, violencia institucional, represión a la protesta social, infiltración de marchas para generar hechos violentos, son un oprobio que debe ser reparado judicialmente toda vez que se violaron todas las garantías del estado de derecho.
Fueron cuatro años de censura, de encarcelamiento a dueños de medios que no se alinearon con el régimen, de estigmatización y maltrato a periodistas opositores, como el caso de 678, de amenazas abiertas del ex presidente a periodistas que pondría en “un cohete a la luna”.
Ese régimen actuó en asociación con jueces, fiscales, medios y periodistas.
Por supuesto todo periodista es libre de escribir y decir lo que quiera, de hacer la propaganda que le venga en gana, así sea la mentira más grande. No es libre, en cambio, de participar de delitos penales, lo mismo que cualquier ciudadano. No es libre de extorsionar empresarios o participar de operaciones ilícitas de espionaje o de falsificar pruebas judiciales.
Hay periodistas que han sido señalados como partícipes de esos delitos y la sociedad necesita que las instituciones funcionen a pleno. Que tengan todas las garantías pero que los procesos avancen hacia la verdad de los hechos.
Vemos con mucha preocupación el lobby del grupo Clarín y periodistas que acompañan a los implicados y que pretenden ponerse fuera del alcance de la legalidad. Ya nos pasó una vez. No dejemos que se repita.
Jueces y fiscales no deben ceder a estas presiones.
Instamos a la ciudadanía a exigir que los procesos avancen con celeridad.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos