La idea central de la Coalición, desde su inicio, fue considerar la Comunicación como un Derecho humano básico y por eso celebramos el dictamen del DNU 690/2020 que afirma que “el derecho humano al acceso a las TIC y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables".
En nuestro pronunciamiento de Nuevos 21 Puntos, de marzo de 2016, expresamos la necesidad de que el derecho a la comunicación abarque “todas las formas de comunicación de las personas, incluyendo todos los medios y soportes, cualquiera sea la tecnología utilizada para la difusión y recepción de contenidos", subrayando la "obligación del Estado de asegurar que en el acceso a los servicios de comunicación audiovisual y de las TIC esté prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o de nacionalidad, edad, discapacidades, condición social o económica, condiciones de salud, religión, sexualidades, identidad de género o cualquier otra que atente, anule o menoscabe la dignidad humana, los derechos y libertades de las personas".
De la misma manera, solicitamos al Estado la adopción de "todas las medidas pertinentes para asegurar, con independencia de la localización geográfica, el acceso universal en condiciones de calidad y a precios justos y razonables." En tal sentido, reclamamos la necesidad de restablecer el "abono social a los servicios de comunicación audiovisual y de los operadores convergentes", que el macrismo derogó por decreto.
Asimismo, coincidimos con los fundamentos de la medida en cuanto a que "es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso" a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), estableciendo además planes accesibles e inclusivos que garanticen una prestación básica universal obligatoria".
Recordamos que diversas organizaciones y la misma CCD veníamos proponiendo que “el acceso y permanencia en el sistema infocomunicacional es un derecho y no un privilegio”, por ese motivo consideramos que los servicios que comprenden internet, telefonía celular y TV por suscripción “deben ser tutelados por el Estado a partir de declararse como Servicios Públicos Esenciales y Estratégicos para el país”, siendo considerados como servicios públicos esenciales en competencia.
Reafirmamos que debemos pensar en una Argentina Integrada desde la comunicación, que priorice el acceso y permanencia de los ciudadanos y las ciudadanas en el sistema digital e infocomunicacional, donde nuestras mujeres, jóvenes, niñas y niños, mayores, sectores de la economía popular y PyMEs tengan un lugar de equidad a la hora de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la comunicación”.
Finalmente, mantenemos el desafío de actualizar la regulación audiovisual, desarmada por DNU de Macri, y el tratamiento de la TV de pago como servicio de comunicación audiovisual, tutelando la libertad de expresión y los derechos de acceso y participación de ciudadanos y ciudadanas en todo el país.
Coalición por una Comunicación Democrática
El jefe de la cátedra de Derecho a la Información de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Damián Loreti, se manifestó hoy "de acuerdo" con la calificación de servicio público dispuesto por el Gobierno para la telefonía celular y fija e Internet, pero advirtió que en el caso de la televisión paga "debería respetarse la regla de servicio de comunicación audiovisual".
"Me parece bien, estoy de acuerdo", manifestó el especialista en declaraciones a Télam sobre la decisión del Gobierno de definir como servicio público a la telefonía celular y fija e Internet.
Loreti, en cambio, dijo que en el caso de la televisión paga, también comprendida por el decreto presidencial como servicio esencial, "debería ampliarse a los servicios por catálogo, como se hizo en Europa".
En ese sentido, explicó que "eso permitiría fortalecer la industria audiovisual argentina, el pluralismo, la diversidad".
"Para mi debería volverse a la regla de servicio de comunicación audiovisual en el marco de la TV por cable o del vínculo radioeléctrico y ampliar el alcance de servicio de comunicación audiovisual al modelo europeo, donde entran contenidos que se ofrecen por catálogo", expresó.
El experto, que participó en la redacción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en 2008 y 2009, recordó que "antes del gobierno de Mauricio Macri, cuando existía la Ley de Medios, llamada de Servicio de Comunicación Audiovisual, la televisión por cable era como un servicio cultural o educativo, protegido por la convención de diversidad cultural de UNESCO".
"Eso establecía que el cable tuviera ciertas obligaciones de programación, como por ejemplo la grilla o la obligación de pasar los canales abiertos de cada lugar", explicó Loreti y sostuvo que "había una regla de abono social, con contenidos mínimos".
En ese sentido, destacó que "todo eso el gobierno de Macri, con el decreto 267, lo derogó y mandó a la televisión por cable y a la televisión cerrada por vínculo radioeléctrico, lo que se llamó los Servicios Multicanal de Distribución Multipunto los mandó a la consideración de servicio TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación)".
Loreti, en ese contexto, aclaró que "una cosa son los celulares, que son servicios de conexión, que no están amparados por las reglas de UNESCO, y otra cosa son los servicios de comunicación audiovisual por vínculo físico, como el cable".
"A mi me parece que una buena solución para que Argentina vaya a un proceso de soberanía cultural, promoción de industria audiovisual, defensa de contenidos locales, incentivo a la producción, es devolverle la condición de servicio de comunicación audiovisual a la televisión por cable", opinó.
Asimismo, manifestó que "no estoy a favor de mantener a los servicios de televisión por cable adentro de las reglas de las licencias genéricas de tecnología de la información y de la comunicación".
Becerra dijo que DNU sobre telecomunicaciones "hay que entenderlo en contexto crítico de pandemia"
El investigador del CONICET y especialista en medios de comunicación, Martín Becerra, consideró hoy que el decreto del presidente Alberto Fernández que califica como servicio público a la telefonía, Internet y la televisión paga "hay que entenderlo en el contexto crítico de la pandemia" de coronavirus y afirmó que la iniciativa "evita un aumento" en el costo de esas prestaciones.
El decreto "repone la noción de 'servicio público en competencia' a las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación), que había votado el Congreso en la Ley de Telecomunicaciones que (Maurico) Macri derogó con un decreto" , sostuvo el especialista en declaraciones a TelAm.
En ese sentido, Becerra manifestó que la medida dispuesta ayer por Fernández "suspende aumentos, el último fue en marzo, hasta diciembre por la pandemia".
"Y establece que la telefonía móvil, ahora catalogada como servicio público, tendrá planes básicos universales, lo que es razonable dada su imperiosa necesidad para acceder a servicios de salud, educación o al trabajo mismo", explicó.
Becerra consideró que el decreto "hay que entenderlo en el contexto crítico de la pandemia" y destacó que "evita un aumento que hubiera castigado aún más la economía de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".
Consultado sobre si la medida puede ser utilizada por las empresas como excusa para no invertir en esas actividades, dijo que "las telecomunicaciones son un sector que precisa inversiones, pero que no puede desentenderse de la situación crítica y de las brechas que padece la ciudadanía".
"O sea, no puede hacerse a expensas de un aumento tan fuerte como el que se había anunciado", sostuvo Becerra.
El investigador estimó que "una mesa de diálogo entre el gobierno y los operadores hallará respuestas adecuadas mientras la suspensión de aumentos dure".
Y, citó a modo de ejemplo que "el Gobierno dispuso que el 30% de los aportes al Fondo de Servicio Universal, que deben hacer las empresas, pueda ser justificado mediante inversiones".
"Esta decisión es de hace sólo dos meses", destacó Becerra y consideró que "obviamente, eso sigue vigente y se inscribe en el diseño de políticas que busquen alentar las inversiones sin castigar aún más los ingresos de la sociedad en este contexto".
Ante una consulta sobre si la categorización de servicio público en derecho significa servicios de titularidad estatal, respondió: "no es así, la telefonía básica en la Argentina es servicio público y es privada desde 1990".
Fuente: Agencia TelAm
Telefonía, internet y TV paga: servicios públicos esenciales
El Sindicato de Prensa Rosario respalda el camino hacia el derecho humano a la comunicación
El Sindicato de Prensa Rosario saluda y celebra la decisión del gobierno nacional de declarar servicios públicos esenciales a la telefonía fija y móvil, a los servicios de internet y a la televisión paga. Se trata de un avance muy importante en la concepción de derecho humano y bien social que tiene la comunicación y la información, atacada desde la llegada del marismo al gobierno en favor del concepto de ganancia de las grandes corporaciones multimediáticas.
La pandemia por el Covid-19 dejó en claro la necesidad imperiosa de que toda la población acceda a los servicios de comunicación, indispensables para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos- Pacto de San José de Costa Rica incorporado a la Constitución Nacional. Hoy la educación, la salud, el conocimiento, los vínculos familiares, sociales y de organización dependen de estos servicios que deben estar protegidos por un Estado presente, sin lugar para mezquinas especulaciones de poder económico.
Democratizar el derecho a la comunicación y la cultura que en los días en que vivimos dependen del acceso a internet y de la necesidad de contar con dispositivos adecuados, supone caminar hacia un mayor equilibrio en los derechos ciudadanos, tan golpeados y con tantos excluidos por los cuatro años de anti democracia e injusticia social que vivimos.
Sindicato de Prensa Rosario