El 29 de agosto de 2009, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner colocaba la piedra fundacional a través de un decreto firmado en la cumbre de presidentes de la Unasur, realizada en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde también se firmó la adhesión de la Argentina a la norma de transmisión ISDB-T, compartida con Brasil. Allí nació la TDA y no fue simplemente un plan diseñado para acelerar el proceso de migración de las viejas señales analógicas a las nuevas, digitales. Fue mucho más que eso. Fue, una política de Estado que intentó abordar la igualdad y la accesibilidad como acto de justicia en el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
La televisión digital se materializo en la Ley 26.522 y permitió la aparición de nuevos actores del medio, representados en cientos de productoras de contenidos –sobre todo, en el interior del país. Alentó el cumplimiento del 30 por ciento de cuota de pantalla local y el 15 por ciento de contenidos independientes. Mejoró las condiciones de accesibilidad a la televisión abierta, tanto desde lo geográfico como desde lo social. Incorporó la posibilidad de que las personas con discapacidad, especialmente sordos y ciegos, puedan también sumarse al uso de este medio, federalizó contenidos, generó más espacios en el espectro radioeléctrico de los que nunca hubo y sobre todo, aportó múltiples innovaciones sobre la forma tradicional en que la televisión se vincula con la gente.
Pero este gran sueño a poco de su despegue, quedó trunco. Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) la TDA fue desarticulada y abandonada literalmente. Las obras de infraestructura se paralizaron y hasta hubo despidos masivos en el área de contenidos y en todos los medios públicos. La política satelital fue cajoneada, se desregularon los mercados a favor de sectores privados. El plan satelital que comprendía productos y servicios de uso cotidiano, como por ejemplo la Televisión Digital Abierta (TDA) desapareció bajo la gestión “macrista”. Las antenas no recibieron ningún tipo de mantenimiento, ni se construyeron ninguna de las estaciones programadas. Tampoco se abrieron concursos para que más señales privadas emitan en el sistema. El proyecto TDA estatal durante el “macrimo” había firmado su sentencia de muerte.
Hace pocos días, Alberto Fernández, publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece como «servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a la telefonía celular, la Internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió «cualquier aumento de precios o modificación de los mismos» hasta el 31 de diciembre. La medida remarca que, durante la gestión de Cambiemos, «mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación».
En ese sentido, Guillermo Rus, actual vicepresidente de Arsat, subrayo que: “En el marco del anuncio presidencial, la TDA toma aún más relevancia como servicio gratuito para todos y todas, al ser una herramienta que viene a garantizar el derecho a la información y a la comunicación que tienen todos los ciudadanos de nuestro país. En ese sentido, hoy la TDA todavía tiene desarrollos pendientes de cara al apagón analógico, que se pueden resumir en tres grandes puntos: Terminar de digitalizar la transmisión. Terminar de digitalizar a las personas que están dentro de la cobertura terrestre y aún tienen televisión analógica y por último, desplegar la TDA satelital”.
Ojalá este sea un buen punto de partida para saldar la deuda que tiene la TDA con los sectores más vulnerables con vistas a un futuro que achique la brecha digital.
*Co-directora del Centro de Investigación y Desarrollo en Comunicación, Industrias Culturales y Televisión (CeID-TV) y profesora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP
Fuente: Universidad Nacional de La Plata