Luego de preguntarse cuál es el límite de la libertad de expresión, el senador Luenzo afirmó que "los medios digitales han contaminado este debate". Paso seguido dio la palabra al primero de las cuatro oradores que expusieron.
Agustín Lecchi, en nombre del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, inició su presentación diciendo que el debate tiene "el contexto de la pandemia y que en él se presenta la libertad de expresión". Sostuvo que "en los últimos 4 años se perdieron 4500 puestos de trabajo; cerraron 55 medios de prensa escrita y 44 de medios radiales y televisivos en todo el país". También puntualizó que "los salarios se redujeron en un 50 por ciento".
"La concentración creció como nunca antes y eso es un problema, como también es un problema las condiciones de trabajo en las que realizamos nuestras tareas", sostuvo.
Consideró importante "discutir la renta que genera el trabajo periodístico". Destacó que "las grandes plataformas de internet, en muchos casos, viven del trabajo periodístico y los periodistas no reciben ninguna compensación por ello". Cuestionó que pese al decreto que impide los despidos en el contexto de la pandemia, "hubo despidos en la Editorial Atlántida que edita Billiken y en Publiexpress que edita la revista Pronto", aunque aclaró que "no se trata de despidos formales".
Lecchi denunció que durante la gestión de Macri se vivió "la situación más crítica desde la vuelta a la democracia en nuestro país" para el periodismo, con "la pérdida de 4.500 puestos de trabajo a nivel nacional" y "57 empresas de prensa escrita y 45 empresas de radio menos".
La directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Larisa Kejval, inició su presentación señalando que en "una mirada liberal clásica el término libertad de expresión es una coraza para impedir la intervención del Estado". Sostuvo que en un segundo enfoque, la libertad de expresión es un derecho social. En ese punto dijo que "las regulaciones deberían garantizar la pluralidad y la diversidad".
Reclamó una legislación que "garantice una democrática y federal distribución de la publicidad oficial", así como una plan nacional que "garantice la conectividad y acceso a internet". La directora de la carrera de Comunicación de la UBA consideró necesario el impulso de una ley que "garantice la equidad en la representación de género en los medios".
Luego de esta intervención, y de solicitarle a la expositora que acerque sus puntos de vista a la comisión, Luenzo respondió que "muchos de los temas a los que hizo referencia Kejval, ya están en la agenda legislativa de la comisión".
Posteriormente habló Silvia Naishtat de la Academia Nacional de Periodismo. Mencionó que la Academia busca "propiciar el debate sobre este punto (libertad de expresión) y sobre otros tantos" ya que "admitió que los periodistas estamos sometidos a muchas presiones".
Resaltó que "acusar e intimidar a los periodistas es un argumento para limitar la libertad de expresión". Al margen de esto señaló que FoPeA "está revisando su código de ética y revisando autocríticamente el actual momento de la profesión".
La Directora General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort Colombi, destacó que "la libertad de expresión hace mucho que dejó de ser el derecho del individuo para impedir que el Estado lo calle, para ser un derecho social". En este sentido subrayó que "no es atendible que un Estado censure. Como tampoco es atendible que por el manejo de los medios se intente moldear desde un solo sector la opinión del público". Defendió el acceso a la conectividad como "un derecho humano" y dijo que "la concentración de las carreteras por las que circula internet es dramática". En ese punto consideró que "el tema de las redes de comunicación necesita una regulación específica".
Recordó que para obtener el turno para gestionar el documento nacional de identidad es necesario hacerlo por internet y que en muchos casos quienes no tienen acceso a ella y para lograrlo deben concurrir a un locutorio, tienen que pagar por lo menos un café. Resaltó que es prioritario "garantizar el acceso a las redes y que eso permita garantizar derechos".
Al referirse la libertad de expresión y al trabajo periodístico, Peñafort Colombi afirmó que "los medios no son jueces, no son fiscales, ni abogados defensores. Lo que no pueden es no honrar la verdad". Sostuvo que "todos tenemos derecho al honor" y que en ese sentido el conflicto se presenta "entre el derecho a la información versus las conductas tendenciosas".
"La libertad de expresión es un derecho sistémico de la democracia ya que no hay democracia sin libertad de expresión", a la vez que opinó que "es imposible ejercer la libertad de expresión sin la tolerancia". Concluyó que "hasta que no tengamos tolerancia y comprensión no habrá libertad de expresión".
Fernando Ruiz denunció que ese mecanismo "se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción". La abogada y funcionaria de la Cámara alta le respondió
La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, y el titular de FoPeA, Fernando Ruiz, se cruzaron este viernes durante una reunión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, convocada por su presidente, Alfredo Luenzo, para debatir sobre la problemática.
La discusión se originó cuando Ruiz sostuvo que "es importante que los dirigentes políticos de nuestro país no incentiven el odio contra periodistas ni fomenten en la ciudadanía el rechazo ni la hostilidad frente al periodismo".
"Acusar de torturadores, de extorsionadores o de espías a periodistas profesionales que realizan investigaciones sobre corrupción es un mecanismo de intimidación pública que afecta directamente a la libertad de expresión", denunció.
El titular de FoPeA agregó entonces que el denominado lawfare "se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción".
"Decir lawfare es como decir off side en el fútbol: se suspende la jugada y no hay que prestarle atención a la denuncia que se ha realizado. Por supuesto -concedió- existen las malas praxis periodísticas, pero el argumento del lawfare se usa contra varios de los mejores periodistas del país".
Además, señaló que "los periodistas más atacados suelen ser los que más investigan; eso nos hace pensar que son sus aciertos, y no sus errores, lo que hace que sufran persecución política".
Tiempo después, Peñafort, quien también participaba como invitada en la reunión, pidió la palabra para responderle a Ruiz: "Puedo entender quienes no comparten la crisis del lawfare, pero el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo he exigido a medios que me llamen y me pidan las pruebas. No quiero que escriban bien de las causas que yo llevo; quiero que escriban la verdad".
La abogada recordó a su "cliente y amigo" Héctor Timerman y el fuerte cruce que mantuvo con el periodista Joaquín Morales Solá por una nota titulada "El uso político de una muerte", la del excanciller.
"Le contesté doblada de dolor, porque lo acababan de enterrar", recordó, al borde de las lágrimas, y añadió: "No me preocupa que publiquen cualquier cosa, pero por lo menos pregunten".
"Me preocupa el espionaje y también la falta de sentido crítico respecto de algunas cuestiones que vemos en el periodismo. No me asusta que los periodistas hablen de mi o de mis clientes, lo que me asusta es cuando no han leído o no tienen ni idea de lo que están hablando", cuestionó Peñafort en la reunión de comisión.
La letrada sostuvo que "los periodistas no son jueces, fiscales ni abogados defensores" y "lo que no pueden es dejar de honrar la verdad".
En ese sentido, se refirió a las reacciones por la muerte del empresario Fabián Gutiérrez: "Yo puedo pensar que Cristina Fernández de Kirchner es mala, o puedo pensar que es buena, pero lo que no puedo es decir que es una asesina".
"Hace dos fines de semana tuvimos a periodistas imputándole a la vicepresidenta de la Nación un delito, y lo que es más grave: imputándole al Gobierno encubrir este delito. Una cosa es no tener coincidencias políticas, y otra cosa bien distinta es imputar delitos a una persona sobre la que no había ninguna prueba de que había cometido ese delito", aseveró.
Fotos: Comunicación Senado
Fuentes: Senado y Parlamentario