Los diarios de Bolivia manifestaron el lunes su “profunda preocupación” por un reciente decreto de la presidenta interina, Jeanine Áñez, que amplía las restricciones a la libertad de expresión en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
En un comunicado emitido el lunes, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) también expresó “su inquietud" por declaraciones atribuidas al partido del expresidente Evo Morales “que han puesto en duda la existencia de la pandemia, generando alto riesgo a la salud pública".
Añez aprobó un decreto al inicio de la cuarentena el 20 de marzo que penaliza la “difusión de información que ponga en riesgo o afecte a la salud pública". El fin de semana, una enmienda a esa norma amplia la sanción penal “a personas que inciten el incumplimiento de la cuarentena o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa y/o artística que afecte a la salud pública".
“La libertad de expresión está garantizada, pero el gobierno es víctima de una campaña política que llama a la desobediencia civil a la cuarentena”, justificó el viceministro de Gobierno, Wilson Santa María. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aclaró que la norma no penalizará el trabajo de los periodistas. “El decreto es sólo por la pandemia”, acotó.
Desde Argentina, donde está refugiado tras su renuncia el pasado noviembre, Evo Morales acusó a Áñez mediante Twitter de “violar los derechos humanos ampliando las restricciones y sanciones contra la libertad de expresión” y denunció que su partido sufre “hostigamiento”.
El gobierno de facto de #Bolivia cada día llega más lejos en la violación de Derechos Humanos. Ahora, aprobó un decreto que amplía las restricciones y agrava las sanciones contra la libertad de expresión e información "escrita, impresa y artística" como delitos penales.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 11, 2020
El expresidente Carlos Mesa, quien buscó la presidencia enfrentando a Morales en los polémicos comicios que llevaron a su renuncia, también manifestó su “preocupación” argumentando que la norma restringe la libertad de expresión.
Añez afronta críticas de diversos sectores a su gestión durante la pandemia, sobre todo por la falta de dotación de equipos y otros medios para combatirla, y a un creciente descontento en varios sectores por la prolongación de la cuarentena.
Su gobierno acusó al partido de Morales de propalar en las barriadas el rumor de que el coronavirus es un invento de la mandataria para prolongar su interinato. Las nuevas elecciones —que debían llevarse a cabo a inicios de mayo— han sido suspendidas y sin fecha para realizarse en medio de presiones del partido de Morales para realizar los comicios a finales de julio o principios de agosto, cuando la pandemia podría alcanzar su pico.
El gobierno ya recibió críticas de organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW), sobre todo en lo referente al anuncio de “ciberpatrullaje” contra supuestos desinformadores en redes sociales. Varias personas han sido detenidas bajo la la sospecha de desinformar por motivaciones políticas.
El presidente del Comité de Asuntos Externos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Eliot Engel, instó la semana pasada al gobierno a acabar con la “patrulla cibernética” al considerarla un intento de acallar a los opositores.
Asociaciones de Prensa piden eliminar disposición que penaliza la libertad de expresión
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazan la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo 4231 promulgado el 7 de mayo de 2020, debido a que establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión, y piden que sea eliminada.
Dicha disposición señala que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo (sobre la cuarentena) o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.
La ANPB y la APLP señalaron un decreto supremo, de inferior rango jurídico, no puede vulnerar los artículos 21.5, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, que fija las condiciones de validez del resto del ordenamiento jurídico y de las decisiones y resoluciones de las autoridades públicas y que garantiza, en territorio nacional, el ejercicio del derecho humano y fundamental a la libertad de expresión.
Según las asociaciones, la disposición viola el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incentivan un amplio ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión.
Advirtieron que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos recomienda que se evite la imposición de sanciones penales, como lo hace la señalada disposición adicional, al derivar la conducta presuntamente vulneratoria de difundir información “escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento” al Código Penal y, en cambio, aconseja que si hay una restricción se establezcan preferentemente sanciones civiles.
Para la representación de la Prensa, tampoco es un argumento válido, como ha señalado el Gobierno, que los periodistas están al amparo de la Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925, porque el artículo 1 de esta norma, con la gran claridad expositiva de sus creadores, señala que se trata no de una ley exclusiva para los periodistas, sino que “todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”.
Como aclaración, recordaron que en el tercer período del expresidente Evo Morales también rechazaron el intento de penalizar el derecho a la libertad de expresión, cuando se pretendió aprobar un nuevo Código Penal.
Fuentes: Agencia Associated Press y ERBOL