Por: Alfonso de Villalobos - @alfondevil
Los trabajadores de prensa del principal diario de papel y el segundo portal Web de noticias más importante a nivel nacional –ambos integrantes del primer grupo mediático y de comunicaciones del país- están inmersos en un plan de lucha contra el intento unilateral de la empresa de abonar el 40% del salario el 22 de mayo. Con quites de firmas y ceses de actividades reclaman que la empresa retroceda en su decisión adoptada horas después de que, con patrocinio del gobierno, la CGT sellara un acuerdo con la UIA para reducir salarios en hasta un 25 por ciento.
Francisco “Paco” Rabini, delegado de Clarín, señaló a Tiempo que “esto tiene una gravedad enorme. No hay registro del diario incumpliendo su obligación salarial en tiempo y forma”. Rabini destacó que “el Grupo se vanagloria de estar primero en audiencia y cotiza en bolsa con números exorbitantes. Tiene espalda suficiente para soportar una crisis como esta. Y si no tienen las finanzas, podrían pedir un crédito como hacemos nosotros cuando peloteamos las tarjetas de crédito con intereses usurarios”.
De lo que se trata es de un embate empresario que ve en la desorganización social que implica la pandemia la oportunidad de avanzar aún más sobre los derechos de los trabajadores de prensa. Una actitud similar a la que tomó la multinacional Techint al despedir a 1450 empleados a días de dictada la cuarentena.
Agustín Lecchi, secretario de organización del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) explicó a Tiempo que “el 1 de mayo estuvimos en la calle porque nuestra actividad es esencial pero, mientras nos exponemos a la pandemia, los empresarios atacan nuestras condiciones laborales”. El dirigente confirmó que “Clarín es la punta de lanza de un ajuste que lleva años y que ahora avanzó en Atlántida, Publiexpress, Diario Popular y Radio Metro”.
Es que en otras empresas se asumió una actitud idéntica. Publiexpress, que edita la Revista Pronto (la más vendida del país), cerró su redacción y su planta gráfica IPESA para, según sus delegados, reabrir con personal fuera de convenio. La empresa, gerenciada por Eduardo Lerner y Abel Nahon, decidió desoír la conciliación obligatoria y pasar por alto el decreto 329/20 que prohíbe los despidos. Editorial Atlántida, en tanto, despidió a una cuarentena de trabajadores reteniendo el pago de salario y forzándolos a “acuerdos voluntarios”. Diario Popular, tercero en ventas, presentó un preventivo de crisis para despedir y reducir salarios.
En la rama televisiva, América TV/A24 anunció el pago del salario en cuotas, al igual que se viene haciendo en C5N.
Sobre llovido, mojado
La ofensiva actual se desarrolla sobre un gremio que arrastra una pérdida del poder adquisitivo del 50% en siete años. Rabini cuenta que “hicimos una encuesta interna. El punto trascendental es que más del 40% de los trabajadores de Clarín están por debajo de la línea de pobreza. Es el diario más grande y con los mejores salarios. ¿Qué le queda al resto? ¿Cómo puede hacerse periodismo digno sin salarios dignos?”.
La paritaria salarial de 2019, que venció el 30 de abril, solo fijó un incremento del 15% para los trabajadores de prensa entre mayo y octubre del año pasado. El SiPreBA no participa de la negociación salarial, pues es llevada adelante por un viejo sindicato con personería gremial pero casi sin afiliados, la UTPBA.
El cuadro en otras provincias del país es peor. Miguel Lademarco, prosecretario de interior de la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPren) explicó a Tiempo que “según el convenio 541/08, el salario bruto de un redactor es de $35.900, muy por debajo de la línea de pobreza”. Iademarco refirió que el grupo que encabeza el empresario Aldrey Iglesias impuso a sus trabajadores de los diarios La Capital, de Mar del Plata, La Voz de Tandil y el histórico La Prensa, de Capital Federal, el cobro del 50% del salario por dos meses apelando a los hechos consumados y amenazas.
Iademarco también advirtió sobre la situación en Corrientes, donde la empresa dueña de El Litoral, el principal medio de esa provincia, “pagó salarios desdoblados y sin el aumento de emergencia establecido por decreto en enero. La patronal no garantiza las condiciones sanitarias mínimas e impone una brutal sobrecarga de tareas luego de los despidos (entre ellos los de un delegado) que se produjeron el año pasado”.
Los abusos empresarios son violatorios de la legislación vigente y los decretos dictados por el gobierno en cuarentena. Rabini confirmó que “las empresas no acatan. Le exigimos al gobierno su intervención. Se han presentado proyectos de ley de emergencia laboral pero el lobby de las patronales la bloquea. Lo mismo con la personería gremial al SiPreBA”.
En la misma sintonía, Lecchi señaló que “los decretos del gobierno en defensa del trabajo son importantes, pero los empresarios se sienten impunes y cuentan con el aval de un sector de la CGT. Nuestro rol es pelear desde cada asamblea y en unidad con todos los sectores que defiendan los intereses de la clase trabajadora. Para eso nació el SiPreBA”.
La pandemia también es excusa para modificar las condiciones de trabajo. Por caso, Editorial Perfil decidió volcar toda su producción al formato digital y, con esa excusa, busca extender la jornada laboral.
Diego Pietrafesa, delegado de SiPreBA de Telefe, señaló a Tiempo que “a los trabajadores de prensa televisada nos preocupa mucho el ahora pero aún más el después. Con la excusa de la pandemia se está instaurando un modelo de negocio periodístico que hace ajena la participación de los trabajadores de prensa”. Pietrafesa explicó que “vía Skype u opinadores se quita al trabajador de prensa su función esencial. Se están haciendo la misma cantidad de horas de aire, o más, con menos personal y el material generado por los trabajadores de prensa no supera el 10 por ciento”.
En un mensaje enviado a los trabajadores de Perfil el 1 de mayo, Jorge Fontevecchia, dueño de la editorial, señaló que “es hora de pasar intensamente a ser un multimedio. Con el espíritu de reinventarnos quiero anunciar un cambio: desde el lunes comenzaremos un viaje al futuro siguiendo el camino a la evolución, fotógrafos que pasarán a ser camarógrafos y periodistas de texto que pasarán a hacer audiovisuales”.
Un futuro que los trabajadores de prensa buscarán torcer en favor de sus derechos.
El jueves pasado se cumplió una década de la salida del último ejemplar impreso del diario Crítica. Aquel día, el empresario español Antonio Mata, que había tomado las riendas del diario fundado por Jorge Lanata, decidió dejar de pagar salarios. Sus 172 trabajadores comenzaron un paro con ocupación que duró varios meses y que incluyó un fondo de lucha y la edición de los primeros números de lo que es hoy la Revista Cítrica.
Esa lucha permitió que muchos trabajadores, entre ellos el entrañable Diego Paruelo, fueran reinsertados en el diario BAE o Tiempo Argentino, entre otros medios de comunicación.
El conflicto fue un punto de inflexión para los trabajadores de prensa, que inauguró un nuevo ciclo de ascenso gremial que derivaría en la fundación del Sindicato de Prensa de Buenos Aires.
Medios recuperados reclaman respuestas oficiales
Uno de los sectores que no ha sido alcanzado por medidas que implementó el gobierno en el marco de la pandemia es el de las cooperativas de trabajo. Las políticas alcanzaron a empresas y monotributistas pero no a aquellos que laboran agrupados sin patrones.
Silvina Tamous, del diario El Ciudadano, de Rosario, abandonado en 2016 por el Grupo Indalo y que ahora sostiene 60 puestos de trabajo, explicó que “aguantamos los cuatro años del macrismo tratando de llegar hasta acá. Imaginábamos una situación más tranquila pero eso no ocurrió”.
Para la periodista, “hay un gran olvido en las medidas que están surgiendo desde el Estado. Cuando ves las operaciones de los medios se entiende, cada vez más, la necesidad de que se afiancen los medios cooperativos como alternativa de información”.
Fuente: Tiempo Argentino