Entre 2016 y 2019 las cuatro jurisdicciones más grandes del país invirtieron más de 45 mil millones de pesos en concepto de publicidad oficial, lo que representó alrededor de un 20% del mercado publicitario argentino. El dato muestra la injerencia estatal tanto en la economía, como en el desarrollo del sistema de medios argentino. Un análisis de su distribución da cuenta de su utilización electoralista, propagandística y discrecional para premiar a los grandes medios que también dice mucho (¿o todo?) sobre la estrecha relación que une los devenires de los gobiernos y de las empresas mediáticas. A continuación los detalles de una delicada relación que pone en riesgo la libertad de expresión.
La pauta oficial es un recurso central para el funcionamiento del sistema. Su gestión habilita discusiones políticas pero también sobre dinero, en un contexto de crisis en los medios tradicionales. Los datos de su administración en el país permiten identificar lógicas de gestión compartidas más allá del color político, el tamaño de las “cajas” y las jurisdicciones.
Las inversiones en publicidad de actos de gobierno de la administración nacional (bajo la presidencia de Mauricio Macri), de la Jefatura de Gobierno de CABA (Horacio Rodríguez Larreta) y de las gobernaciones de Buenos Aires (María Eugenia Vidal), Córdoba (Juan Schiaretti) y Santa Fe (Miguel Lifschitz) son las que, sumadas, muestran un gasto promedio de $11.400 millones por año. Todo calculado en pesos constantes, es decir, equiparando los valores en pesos tomando en cuenta los índices de inflación (del INDEC y del IPC Congreso) de los distintos años.
De las cinco jurisdicciones, la Nación fue la que más redujo el gasto: pasó de $6,3 millones en 2016 a los $3,5 millones en 2016, casi 47% menos. Córdoba fue la que más creció: pasó de menos de un millón en 2016 a $1,77 millones en 2019, con un crecimiento del 87%. La gestión de CABA fue la que más dinero invirtió por habitante: $712 de promedio por año, casi el doble que Córdoba, segunda en ese ránking.
La publicidad oficial es un tema que ocupa la agenda de los medios de comunicación. Es la cuestión más enfocada de las políticas de comunicación y las más fácil de debatir, porque la discusión es sobre plata. Claro que cada medio lo expone de acuerdo a si la distribución lo beneficia o perjudica. Es un movimiento casi intuitivo que respeta el dicho popular: “el que no llora, no mama”.
El dinero con el que los distintos gobiernos contratan espacios en medios -que sirven tanto para difundir actividades como para hacer lisa y llanamente propaganda política, según el caso- es cada vez más importante en la economía del sistema mediático. Y aquí se combina la falta de regulación integral, la carencia de criterios claros que guíen las decisiones y el uso del recurso como lubricante de la relación entre los gobiernos y las empresas u organizaciones que gestionan medios. Así se explica, por ejemplo, que mientras los anunciantes privados eligen cada vez más las plataformas digitales, y atienden así los cambios en los comportamientos de las audiencias, los gobiernos pautan en medios tradicionales como si nada hubiera cambiado.
El peso del dinero público sobre la economía de los medios de comunicación es determinante. Y los estándares internacionales definen que cuanto mayor es la incidencia de este recurso en el financiamiento, mayor es la vulnerabilidad y exposición del sistema. Como mostró el Monitoreo sobre la Propiedad de los Medios (MOM) en 2019 –informe elaborado por Reporteros Sin Fronteras y Tiempo Argentino- en nuestro país resulta riesgoso que la publicidad financiada con dinero del Estado represente una quinta parte del total pautado en medios ($219.000 millones a valores de 2019, según datos de la Cámara Argentina de Agencias de Medios y, en particular, de la Agencia Havas). Y mucho más cuando los destinos de estos fondos no se encuentran acordados bajo criterios preestablecidos mediante una ley.
Conocer quiénes y cuánto reciben y son beneficiados por la distribución de la publicidad oficial permite decir mucho sobre la economía del sistema de medios y la incidencia de la pauta en las finanzas de las empresas. Para completar el mapa es necesario que todos los gobiernos informen los destinos. En nuestro país, eso solo se puede saber en Nación, Santa Fe y CABA (sin 2019) y Córdoba (parcialmente). La gestión Vidal no informó lo suyo.
El Grupo Clarín es el más beneficiado de todos al facturar más de $6.824 millones (a pesos constantes de 2019) a los distintos gobiernos. Lo siguen VIACOM (dueño de la cadena de canales de Telefe) con $3.295 millones, el Grupo América con $1.942 millones, Indalo con $1.260 millones y Prisa-Albavisión que completa el club del billón de pesos con $1.002 millones. En un escalón medio se encuentran La Nación ($860 millones) y Cadena 3 ($811 millones). Bastante más lejos de esas cifras se encuentran Perfil ($345 millones), Octubre ($226 millones) e Infobae ($206 millones). Siempre al valor indicado del peso en 2019.
Los medios del Grupo Clarín recuperaron el liderazgo de la pauta oficial en el período 2016-2019 gracias a la gestión de Cambiemos en el gobierno nacional. Y son los más pauta reciben de CABA y Córdoba también. La excepción es Santa Fe, donde el privilegiado es América, que en ese período contó con medios como La Capital, LT8 y el UNO.
Es significativo que Clarín esté al tope en casi todas las jurisdicciones. Quiere decir que sus medios reciben pauta sin relación a que produzcan contenidos en el lugar. En Córdoba, por ejemplo, lo que prima es el criterio de la masividad que también los tiene al frente.
La pauta oficial representó para Clarín al menos el 10,5% de su facturación en 2016, el 8% en 2017 y el 5,5% en 2018. Esto implica que el liderazgo estuvo acompañado de una reducción de la incidencia en sus ingresos globales. La diferencia entre 2016 y 2018 se explica, en parte, porque la pauta que recibió de Nación bajó un 65% aproximadamente. Esto se explica en la caída del gasto que mostró la gestión nacional, ya que las facturaciones del grupo no son tan diferentes entre esos años.
Los montos y porcentajes computados corresponden a todos los distritos que divulgaron información. Y no contemplan las unidades de Cablevisión, Fibertel y Personal, corazón del Grupo pero cuya modelo de negocios es otro.
Los presupuestos de publicidad gubernamental no se invierten de la misma manera ni implican exactamente el mismo tipo de campaña que en Argentina, pero sí se puede tomar la inversión de los gobiernos centrales (nacionales) para contratar espacios publicitarios en medios para comparar. Por ejemplo, y a modo de referencia, el gobierno nacional de Mauricio Macri gastó en 2018 US$ 76 millones y en 2019 US$ 69.7 millones.
Ese monto es muy menor a los US$476 millones gastados por el gobierno de Enrique Peña Nieto en México durante 2018. De hecho, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador puso entre sus objetivos reducir esos montos. En Ecuador, las cifras corresponden a 2017, año de transición entre Lenin Moreno y Rafael Correa, cuando el gasto fue de US$ 52 millones. Chile invirtió US$ 42 millones en 2018. En el mismo año, Martín Vizcarra en Perú gastó US$ 37 millones. Michel Temer en Brasil alcanzó los US$ 100 millones de inversión, Evo Morales en Bolivia utilizó US$ 75.1 millones. Por último, un dato europeo: en España en 2018 cuando Pedro Sánchez tomó el poder el gasto fue de US$ 23.7 millones.
La comparativa de gasto en publicidad por habitante de estos países muestra a Argentina en una línea media de US$ 1,7 por habitante en el año. Por encima se ubican Bolivia (US$ 6,7), México (US$ 3,8) y Chile (US$ 2,3). Por debajo se encuentran Perú (US$ 1,2), Ecuador (US$ 1), España (US$ 0,5) y Brasil (US$ 0,5).
Ilustración: Pablo Barruti
Gráficos: Agustín Espada
Fuente: Tiempo Argentino