El padre de Facundo, Hugo Molares, juez de paz en Chubut, explica: “Hace una semana el abogado logró verlo y corroboró que está en peligro la vida de mi hijo. Por una gestión del letrado, el médico de la unidad penitenciaria extendió una autorización para que se le haga una revisión médica general y se lo pueda llevar a un centro oftalmológico fuera de la cárcel. Pero todo este trámite burocrático tardará, aproximadamente, diez días o más, debido a que fue puesto en prisión en el departamento de Santa Cruz y actualmente está en La Paz, entonces todo trámite tiene que ser autorizado por las autoridades de ambos departamentos”.
La pesadilla de Facundo comenzó el 11 de noviembre, día en que lo internan en el Hospital de Montero. Allí, al entrar como NN, los médicos dan alerta a la policía, quienes al buscar en sus antecedentes encuentran que pertenecía a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Con esa información, el ministro de Gobierno Arturo Murillo presenta el caso ante los medios, y se le abre una causa en la que se lo imputa por dos homicidios ocurridos el 30 de octubre, los de un dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista y un mototaxista. Dichos crímenes tuvieron lugar en el Puente de la Amistad, ciudad de Montero, de los cuales no existe ninguna prueba.
El padre de Facundo indica que su hijo no tiene causas pendientes en Colombia ni en Argentina: “Viajó a Bolivia enviado por la revista digital Centenario del Partido Comunista de la Argentina y, estando allí, se enfermó, pero no participó en ningún enfrentamiento. Eso se puede constatar porque no tiene ninguna herida de bala”.
El 2 de diciembre, sin tener el alta hospitalaria, hecho denunciado por el director médico del hospital Japonés donde se encontraba internado y mediando la negativa por escrito del juez del caso por su delicado estado de salud, Facundo fue trasladado al penal de Palmasola. La operación solo fue posible por el accionar del servicio de inteligencia FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) con una certificación de la médica forense Katherine Ramírez Gamon, quien nunca lo atendiói. Tres días después fue trasladado a la prisión de Chonchocoro en La Paz. “Al día de hoy, todos los imputados por la causa que tiene Facundo están en libertad. Solo él sigue en prisión, condenado a morir o a que le queden graves secuelas en su cuerpo si no es atendido en los próximos días”, se lamenta Molares padre.
Hugo, con mucha tristeza, señala: “Tanto en el gobierno de Mauricio Macri como en el actual, no tengo respuestas concretas. También realicé gestiones legales ante la CIDH, Cruz Roja, Iglesia y Naciones Unidas, pero, al día de hoy, ningún organismo realizó una acción concreta y efectiva para salvar la vida de mi hijo”. En este caso, al igual que en el del periodista Sebastián Moro, que falleció en los días del golpe de Estado, hay un silencio por parte de los grandes medios y poca empatía por sus colegas de la prensa grande.
El pedido de Hugo es la repatriación a la Argentina. Pero lo que más le importa hoy es que se concrete la internación de Facundo para que se le hagan todos los estudios médicos pendientes.
El caso del periodista Sebastián Moro y el silencio de los grandes medios
Si hoy ponemos en el buscador de Google el nombre de Sebastián Moro veremos que solo Página 12 (medio donde trabajaba) y Tiempo Argentino publicaron algo referido a la muerte del periodista argentino. En el resto del espectro de los grandes medios de la Argentina y del mundo, existe un silencio llamativo
El golpe de Estado en Bolivia fue el 10 de noviembre. Ese también fue el día en que encontraron a Sebastián Moro inconsciente en su casa del barrio Sopocachi. Estuvo internado seis días y finalmente falleció. El informe médico de la clínica boliviana indicó muerte por ACV isquémico, pero su hermana Penélope Moro declaró que su cuerpo presentaba “golpes, moretones, rasguños en la piel y el oído destrozado”. Agrega que, hasta el momento, los médicos forenses argentinos califican su muerte, por lo menos, de “dudosa”, y que el ACV pudo haber sido producto de esta agresión.
Penélope, quien llegó a Bolivia al día siguiente de la internación de su hermano, contó: “Su domicilio se encontraba, en apariencia, ordenado. Pero faltaban su cuaderno, un grabador, un chaleco de periodista; y los últimos mensajes con su jefe habían sido borrados”. El día anterior, José Aramayo, jefe de Sebastián, había sido secuestrado, atado a un árbol y humillado por hordas fascistas cuyo nivel de violencia aumentó progresivamente.
Penélope explica que los restos de su hermano debieron ser incinerados, ya que, de otra forma, el gobierno de facto de Jeanine Añez no permitía repatriarlo durante los días más violentos del golpe de Estado.
En diálogo con Radio Nacional de Mendoza, el abogado Rodolfo Yanzón, quien representa a la familia del periodista, indicó: “Nuestra principal preocupación ahora es tratar de juntar a quienes pueden ser los testigos de aquel evento”. Contó además que, en conversación con el relator por la libertad de expresión de la CIDH, pudo saber que desde ese organismo se estaban investigando varios casos que habían afectado la libertad de prensa durante los días de inicio del golpe de Estado, ya que había un control férreo de la información que salía desde Bolivia hacia el exterior.
El periódico Prensa Rural era un medio clave para la comunicación en Bolivia, debido a que la CSUTCB es uno de los sindicatos más grandes e influyentes. En las últimas semanas, viendo la urgencia de lo que estaba sucediendo en Bolivia, Página 12 convocó al periodista para escribir casi diariamente. Allí iba desenmascarando a los, en apariencia, “cívicos democráticos”.
Moro también había incorporado un espacio semanal para Radio Comunidad, la radio del sindicato boliviano en conexión con Buenos Aires. Esto ayudaba a romper el cerco mediático de los grandes monopolios de la comunicación: tanto los argentinos como los del país vecino.
El golpe en Bolivia, como explica el periodista Alan MacLeod de MINT-PRESS, se hace para amordazar a los periodistas y a los medios disidentes. Cuenta que “uno de los primeros gestos que hizo el golpe de Estado de los Estados Unidos contra Manuel Zelaya en Honduras fue cerrar la radio comunitaria y arrebatar a los periodistas. Los periodistas torturados fueron arrojados a la carretera como una advertencia para los demás. Los afortunados vivieron. El golpe en Bolivia parece estar en la misma curva de aprendizaje”.
En su último artículo para Página 12, al que tituló “Un golpe de Estado está en marcha en Bolivia”, Sebastián explica la llegada de “grupos de choque de distintos puntos del país para presionar aún más sobre Plaza Murillo y la Casa Grande del Pueblo”. Estos grupos violentos asediaron La Paz, Cochabamba y Santa Cruz durante las semanas previas al 10 de noviembre, al punto de generar actos de vandalismo contra instituciones y personas afines al Movimiento al Socialismo y así llevaron, junto con las fuerzas del orden, a Evo Morales a la renuncia de su presidencia.
Durante el tiempo que Sebastián estuvo internado, desde Argentina, todos los medios nacionales enviaron varios corresponsales para cubrir en vivo el golpe de Estado que se estaba llevando a cabo. Roxana Lizárraga, la entonces ministra de Comunicación del gobierno de facto, amenazó a los trabajadores de prensa y, llamativamente, estos comenzaron a ser asediados en las calles paceñas y a ser reconocidos en las redes sociales, donde se incentivaba a atacarlos y a echarlos del país.
En una clara posición antidemocrática, la ahora ya ex ministra de Comunicación del gobierno de facto amenazó con enviarlos a prisión por “sedición”. En consecuencia, la embajada argentina tuvo que realizar un operativo de emergencia para resguardar la vida de quince periodistas que tuvieron que salir de Bolivia, y así dejar sin cobertura internacional las calles de La Paz o Cochabamba, donde se daban las situaciones de mayor rechazo al golpe.
Fuente: Red Eco
Ver también: "Los infinitos modos de matar del neoliberalismo", El periodista argentino muerto en Bolivia: ¿ACV o brutal agresión?