Periodistas comprados, operaciones mediáticas para ensuciar a adversarios y tácticas de desinformación, colocan a la prensa argentina entre las seis peores del mundo en lo que respecta a credibilidad.
La impunidad con la que actúan los grandes medios de comunicación ha permitido la instalación de una “realidad” acorde a los intereses y necesidades de la clase dominante. Durante el macrismo, la relación del poder político con sus voceros a sueldo ha sido casi pornográfica. El gobierno de Cambiemos utilizó a la prensa amiga del mismo modo que lo hizo con la Justicia. La guerra mediático-judicial impuso una agenda periodística en la cual la estigmatización del adversario se transformó en una práctica constante.
Tan escandaloso fue el proceso de falsedades impuesto por los medios hegemónicos que, ahora, un grupo de juristas españoles ha decidido crear un tribunal ético para investigar a los periodistas que formaron parte de este entramado. El tribunal analizará y dictará sentencia sobre procesos judiciales y mediáticos entre los que se encuentran los de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva.
El Tribunal Ético contará con la participación del consitucionalista argentino Eduardo Barcesat. Las investigaciones estarán encabezadas por el exjuez Baltasar Garzón. Según se adelantó, la resolución se difundirá en noviembre de 2020.
El Tribunal se conformó en noviembre de 2019 y está conformado por el exmagistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón junto a Renata Ávila, abogada de Julian Assange. También forma parte del mismo el constitucionalista argentino y consejero sobre derechos humanos de la UNESCO Eduardo Barcesat.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas para Ejecuciones Sumarias, Agnes Callamard, junto con los abogados del expresidente de Brasil Lula da Silva, Valeska Teixeira y Cristiano Martins son los miembros que completan el Tribunal que surgió desde el Common Action Forum (CAF).
El exjuez Baltasar Garzón será el encargado de realizar las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de periodistas y jueces que denunciaron y encarcelaron a políticos opositores durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri. La sentencia de este tribunal ético se conocerá en noviembre del 2020 y entre los investigados destacan las figuras más representativas del periodismo de guerra de derecha como Jorge Lanata y Luis Majul. Claudio Bonadío, el juez que persiguió a Cristina Fernández de Kirchner y cuya misión era encarcelarla con o sin causas, también será investigado por Garzón.
El tribunal investigará, además, la participación de periodistas en las denuncias contra los presidentes Rafael Correa y Dilma Rousseff.
AdEPA rechaza tribunal ético presentado en España
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) expresó este viernes su 'absoluto rechazo' al 'tribunal de ética' que el exjuez español Baltasar Garzón presentó en noviembre pasado en Madrid (España) y que a juicio de la organización incluirá el 'cuestionamiento' de la labor de periodistas.
En un comunicado, AdEPA manifestó su 'preocupación' por la creación, 'por parte de sectores vinculados a la defensa de políticos y funcionarios', de un tribunal para el juzgamiento del Lawfare (guerra judicial), con sede en Madrid pero 'con implicancias locales, y que incluye el cuestionamiento, ya anticipado, de la labor de periodistas'.
El 24 de noviembre pasado, Garzón presentó en una rueda de prensa este 'tribunal ético', que integrarán juristas internacionales y que se dedicará a analizar y dictaminar sobre casos y procesos que consideren relevantes de 'persecuciones' judiciales, 'genocidios, crímenes de lesa humanidad, de guerra y medioambientales'.
El exjuez, que cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, precisó que el denominado 'Tribunal de Acción Común' no es un órgano jurisdiccional y, por tanto, no emitirá sentencias, sino 'dictámenes'.
Su acción, subrayó en ese momento la guatemalteca Renata Ávila, abogada de Rigoberta Menchú y Julian Assange, se basará en los principios de 'imparcialidad y objetividad' y en el 'más alto rigor jurídico' de sus miembros como mecanismo que ayude a denunciar 'deficiencias' judiciales en el mundo y avanzar en los derechos humanos.
En esa presentación se precisó que, en 2020, este órgano se ocupará de casos de utilización política de la justicia y de los aquellas personas que son perseguidas por denunciar corrupción ('alertadores').
Para AdEPA, este 'autoproclamado tribunal del Lawfare', al que adelantó su 'absoluto rechazo', parte de la hipótesis de una 'supuesta estrategia orquestada entre sectores del Poder Judicial y la prensa, con objetivos ajenos a los de sus respectivas funciones en la sociedad'.
'Sin autoridad alguna, pretende determinar lo que denomina 'distorsiones a la verdad'. Y llega incluso a mencionar nombres de periodistas de reconocida trayectoria, con un claro objetivo de represalia y estigmatización', cuestiona la asociación.
El comunicado difundido remarca que, en el terreno de la prensa, este 'insólito tribunal ético' persigue el mismo objetivo: 'deslegitimar la labor periodística y perseguir a quienes quieren investigar y denunciar al poder, que es una de las funciones básicas del periodismo profesional'.
'El trabajo de distintos medios y periodistas en la Argentina permitió que se destaparan grandes tramas de corrupción y que la Justicia avanzara luego en su esclarecimiento, como sucede desde hace décadas en todas las democracias modernas', enfatiza AdEPA.
En su intervención al presentar la iniciativa, Garzón denunció la 'utilización política' de la Justicia y citó casos en Iberoamérica como el del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva para decir que se constata 'una especie de sumisión del poder judicial al ejecutivo' o que aquel se pone 'al servicio' de éste según convenga.
Fuentes: Nueva Tribuna y Agencia EFE