Tras cuatro años de la Alianza Cambiemos, el FoMeCA sigue vivo. Paralizado primero y subejecutado después, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual deberá ser una de las políticas públicas que el nuevo gobierno ponga en valor prioritariamente para garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios.
La mutilada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) establece en el artículo 97 que se debe destinar específicamente y de forma concursable el 10% de los fondos recaudados en concepto de gravámenes a “los servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de pueblos originarios”. Con el FoMeCA, los medios comunitarios y de pueblos originarios contaron por primera vez en su historia con una política pública de fomento destinada exclusivamente a promover su desarrollo y sostenibilidad. Esta discriminación positiva les permitió acceder a equipamiento técnico; mejorar la infraestructura física de sus emisoras; fortalecer los procesos de gestión organizacional; y realizar producciones audiovisuales de calidad, que aportan a la diversidad, el pluralismo, la construcción de ciudadanía y la inclusión social.
El FoMeCA comenzó a implementarse en julio de 2013. Hasta 2019 la recaudación del fondo según la LSCA acumuló más de $1.500 millones. Sin embargo, en seis años solamente se asignó al fondo más de $640 millones de los cuales se pagaron tan solo $340, es decir alrededor de un 23% del fondo previsto por ley. Así, el FoMeCA posee un remanente (dinero no ejecutado) que supera los $1000 millones, que debería reasignarse en los futuros concursos, tal como reclaman desde hace años las redes de medios comunitarios, populares y alternativos.
Cambiemos intervino y disolvió la autoridad federal de aplicación para dar lugar a un ente gubernamentalizado que despidió a más de 400 trabajadorxs y jibarizó al área encargada del FoMeCA. En paralelo, se encargó a la SIGEN una auditoría “integral” sobre los fondos otorgados entre 2013 y 2015, que duró siete meses y sirvió para congelar los pagos de años anteriores y frenar nuevos concursos por casi un año. A partir de ahí se demonizó a la comunicación comunitaria e indígena y se cuestionó la pertinencia del Estado para apoyar y promover al sector. Además, se hiper burocratizaron los mecanismos y requisitos para presentarse, se cuestionaron las rendiciones con objeciones arbitrarias e infundadas, y se instauraron procesos administrativos interminables que prolongaron aún más los tiempos del FoMeCA. En 2019 aún se pagan concursos de 2017 y todavía no se saldaron deudas de 2014 y 2015, las cuales son afectadas por la espiral inflacionaria.
Resulta vital que el nuevo gobierno comience a revertir la política comunicacional que durante cuatro años buscó asfixiar y vaciar a los más de 330 medios y proyectos comunitarios e indígenas. Para ello, será imprescindible: pagar las deudas del pasado y reasignar el dinero remanente de años anteriores; llamar a concursos con más frecuencia atendiendo a las demandas prioritarias de los medios; simplificar y agilizar los procesos de presentación y análisis; establecer reglamentos estables y acordes a las necesidades y características del sector no lucrativo; capacitar y acompañar presencialmente; nombrar jurados idóneos y vinculados a la temática; y restituir a los medios comunitarios e indígenas su lugar de participación e incidencia en los organismos de promoción y aplicación. Porque #SinMediosComunitariosNoHayDemocracia.
*Profesora de Filosofía (UBA) - @Brendinit1
**Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) - @sajaneiro
Foto: RNMA
Fuente: Diario PáginaI12