viernes, 13 de diciembre de 2019

Bolivia: Cuestionan proyectos para cerrar radios comunitarias

El líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, consideró que el gobierno de Jeanine Añez es de transición y que sólo debe convocar a elecciones y no tocar decretos y leyes
El ejecutivo de la Central, Juan Carlos Huarachi (foto), cuestionó el proyecto de Decreto Supremo "La recuperación de la libertad de expresión en Bolivia", que entre otros puntos, contempla la "reasignación" de las radios originarias en el espectro radiofónico. El líder de la COB indicó que las emisoras no solamente informan sobre el acontecer nacional, sino también el sectorial y regional.

"Las radios comunitarias eran para mantener informada a la población no solamente en el ámbito nacional, sino también en el sectorial y regional porque muchas de las actividades que se realizan en muchas de las regiones a nivel nacional, no conoce el pueblo boliviano", sostuvo Guarachi.

De la misma forma, el dirigente de la COB manifestó que el gobierno transitorio de la presidenta Jeanine Añez tiene que limitarse a cumplir el mandato de convocatoria a elecciones y que, por lo tanto, se debe dar continuidad al programa de gobierno y no se deben "tocar" los decretos y leyes.

"El gobierno de transición está en la obligación de cumplir ese mandato constitucional de convocar a elecciones y, por ende, hacer la continuidad del programa de gobierno en gestión, que cumple este 22 de enero. Hasta ahí no se deben tocar decretos, leyes (y) otras cosas que no corresponden", acotó.

El artículo 4 del mencionado proyecto de DS, sobre las radios en los pueblos originarios, señala que el Ministerio de Comunicación "asumirá las medidas necesarias para la asignación y/o reasignación de las Radios de los Pueblos Originarios - RPO's, en el marco de la inclusión social".

Durante la gestión de Añez en la presidencia y de Roxana Lizárraga en el Ministerio de Comunicación, los canales extranjeros TeleSur y RT en español suspendieron sus emisiones en los sistemas de cable autorizados, lo que fue calificado por diversos sectores como una afrenta a la libertad de expresión e información.
Fuente: Pagina Siete