Para ingresar a la audiencia, cada participante firmó en una planilla. El objetivo del registro, según dijo el propio juez Ángel Moia, a cargo del Juzgado que dirige el concurso preventivo de SAER, fue volcarlo en formato digital al expediente.
La audiencia tuvo tres puntos a tratar, dos de ellos estuvieron vinculados al pronto pago de deudas que tienen carácter alimentario, es decir cómo y cuándo se va a pagar.
En el lugar estaba Andrés Arias, actual director del medio y presidente de SAER y decenas de ex empleados, abogados laboralistas y representantes sindicales.
El vaciamiento
Uno de los primeros puntos que se aclaró fue que la causa por el vaciamiento que tramita la jueza de Transición Paola Firpo, podrá tener incidencia o no en el concurso preventivo. Así lo respondió el juez Moia, cuando uno de los trabajadores le pidió precisiones al respecto. “Lo que tramitamos acá es el pasivo de Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER) y cómo atenderlo”, puntualizó.
Se denunciaron 307 acreedores de SAER por 178 millones de pesos. “Tenemos un cuello de botella para definir cómo se liquida el primer pronto pago y estamos tratando de consensuar y coordinar con jueces de Trabajo, a los fines de poder dar respuesta a todos”, dijo Moia.
El pasivo laboral
Hay una resolución de pronto pago que colocó a los acreedores laborales como privilegiados para cobrar. En una segunda resolución, se estableció que el crédito reconocido hasta hoy está dividido en dos: la primera parte fija cuánto de lo que se debe son créditos considerados privilegiados y sujetos a pronto pago (es decir que se vaya pagando durante el concurso); y una segunda parte que verifica todos los créditos.
El último informe mensual de la Sindicatura a cargo del concurso, arrojó un dato neto sobre la facturación SAER. Por eso se convocó a audiencia. Sobre esa facturación hay un porcentaje que fija la ley que es del 3% para distribuir entre todos los acreedores de pronto pago, es decir con derechos laborales.
Hubo un plazo prolongado desde la apertura del concurso preventivo hasta poder contar con los informes de la Sindicatura. Hace aproximadamente un año que SAER entró en concurso preventivo de acreedores.
“Este informe es el primero que fija una pauta del estado de las finanzas y liquida ese 3% que define la ley de concursos”, acotó Moia. Ese 3% es sobre los ingresos brutos de la empresa.
Algunas copias del documento fueron repartidas entre los presentes.
¿Y los números en pesos?
Se pidió que el porcentaje del 3% sea traducido a números. Se respondió que “en el mes de marzo, el primer 3% que se aplica fue de $135.215,68. En el mes de abril es de $ 131.067,13”.
Esos montos serían a cobrar mensualmente entre todos los acreedores laborales, lo cual implica, hasta ahora, poco más de 1.000 pesos por mes por ex empleado, mientras el concurso esté abierto.
La pauta oficial
Entre los trabajadores presentes surgió la inquietud sobre las pautas oficiales reconocidas que no se efectivizaron a SAER por estar en concurso preventivo, concretamente a SAER se le debe publicidad del gobierno de Entre Ríos. Cabe señalar que en medio de los conflictos gremiales, antes de ser los despidos, un grupo de trabajadores se reunió con la ministra de Gobierno Rosario Romero por este tema.
Esa consulta puntual no se pudo responder en ese momento. “Es algo que estamos analizando, todo el pasivo y todo el activo de SAER”, dijo Mariana Cerini, a cargo de la Sindicatura del concurso.
¿Hay algún tipo de informe respecto de los créditos que tiene la empresa y todavía no cobró sobre lo cual se pueda aplicar ese 3%?
Esa pregunta se hizo al menos tres veces antes de que los trabajadores consiguieran una respuesta concreta.
Las facturas cedidas
Inmediatamente, los trabajadores volvieron al punto de la pauta oficial que debe el gobierno de Entre Ríos. “Nosotros entendemos que hay pauta oficial que debe cobrar la empresa, que es anterior a la apertura del concurso preventivo. Teníamos entendido que es un ingreso de dinero muy importante y que se iba a destinar a las deudas laborales”, explicaron. “Concretamente queremos saber si está determinado cuánto es la deuda del Estado provincial con El Diario y si ese monto que es pre-concursal se afecta a ese 3% y se destina en su totalidad al pago de las deudas laborales”.
Moia reconoció que parte de esas facturas fueron cedidas a acreedores, que no son acreedores laborales. “Parte de lo que está liquidado a nombre de SAER habría sido cedido a otros acreedores”, admitió el juez.
En plena audiencia salió que esas facturas cedidas fueron a parar, por ejemplo, a una mutual.
El abogado laboralista César Bechetti marcó que la cesión de esas facturas de pauta oficial a acreedores que no son trabajadores, es un eje central en la discusión. “La facturas cedidas, en su gran mayoría, fueron objeto de una incidente que hoy está ejecutoriable. Eso significa que ninguno de los cesionarios, deberían estar cobrando esas facturas cedidas. Ergo, esas facturas cedidas deberían estar ingresando a lo que se conocen como fondos líquidos de donde se deduce el 3%. La pregunta es si tanto la Sindicatura como el Juzgado y la empresa adoptaron medidas para saber que esa resolución que fue objeto de incidente se esté cumpliendo. Es decir que los cesionarios no estén cobrando algo que hoy no deben cobrar”, advirtió.
Lo que debería liquidarse ya
En segundo lugar, el abogado contó que en diciembre interpuso un incidente de pronto pago frente a la mora procesal. “Ese porcentaje (es decir el 3%) está previsto en la ley, pero la ley no prevé la mora procesal, sino regularidad. Estamos pidiendo saber si se va a afectar con retroactividad un 3% de los fondos que ingresan desde la apertura del concurso. Esto no es menor porque los Juzgados de Trabajo levantaron de oficio los embargos sobre las facturas cedidas y fueron destinados a la cuenta judicial del concurso. Los fondos que hoy existen en la cuenta judicial del concurso que son las facturas cedidas más este 3% que se logró determinar, debería liquidarse ya, en forma inmediata con afectación a los créditos pronto pagables, lo que tornaría esto más prolijo para los acreedores laborales”, señaló.
Prometieron mejorar el porcentaje
Andrés Arias, presidente del Directorio de SAER respondió a Bechetti. Pidió en primer lugar que el 3% no sea retroactivo a la apertura del concurso preventivo. Luego dio marcha atrás con esa idea y aseguró estar de acuerdo con que el 3% sea retroactivo a la apertura del concurso. Ese cambio de opinión sobrevino a una advertencia de la contraparte: la mora judicial tiene que ver con las prórrogas que la propia empresa pidió, porque no entregaba toda la documentación.
Por otro lado, el representante de SAER prometió que mejorarían ese porcentaje de acá en adelante. “La decisión de la concursada es hacer una propuesta superadora al 3%”, remarcó Arias, aunque no contó cuánto más van a pagar.
Los trabajadores reclamaron que la propuesta superadora sea presentada la primera semana después de la feria judicial, que comienza la semana próxima.
Por otro lado, Arias aseguró que la idea de la empresa es hacer acuerdos grupales con demandas similares en los Juzgados de Trabajo.
Los que están en la Secretaría de Trabajo
En el lugar también estuvo Fernando Quinodoz, secretario de Trabajo de la provincia, porque allí aún se tramitan algunos casos. “Pueden presentarse a la homologación en sede administrativa que tiene carácter de sentencia, lo que pedimos es que el porcentaje requerido a la deudora debe ser racional para que el acuerdo sea homologable, al igual que el modo de pago”, dijo.
Los que no llegan a un acuerdo en sede administrativa, pasan a la vía judicial. “Todos los que estamos acá, estamos bajo la Ley de Concursos y Quiebras”, acotó Moia, en referencia a que el 3% sobre los ingresos que debe pagar SAER también corre para los casos que tramitan en la Secretaría de Trabajo.
Resoluciones
- La liquidación del 3% debe hacerse contra informe de la Sindicatura que se presentará el 26 de julio.
- La concursada tiene un plazo de diez días para definir una propuesta superadora del 3%.
En el último tramo de la audiencia que se extendió más de dos horas, Carlos Ramírez, un trabajador con más de 35 años en El Diario contó: “Con mi esposa nos conocimos trabajando en El Diario, nos casamos y tuvimos un hijo. Usted habló de que la empresa está en terapia intensiva, nosotros estamos en terapia intensiva. Tenemos un muy mal recuerdo de la instancia en la Secretaría de Trabajo (en referencia a cuando el área era conducida por Oscar Balla). Pedimos consideración sobre las mentiras de la empresa. Los linyeras que están en Plaza de Mayo hoy pueden mostrar más patrimonio que lo que puede mostrar el doctor Arias. Los que tuvimos trayectoria en El Diario sabemos cómo se manejaron los números. Le voy a pedir que si hubo recursos que nos pertenecían, nosotros fuimos los que quedamos en la calle, que considere que venimos de años de mentiras y engaños. Como saben, Ramiro Nieto es el socio mayoritario y ellos no están en terapia intensiva. Ustedes no imaginan lo que es quedarse después de 35 años sin cobrar un peso. A nosotros no nos pueden engañar, somos los verdaderos damnificados. Pareciera que nosotros tenemos que ser psicólogos de estas personas sin escrúpulos. Analicen esas situaciones. No tuvieron escrúpulos en mentir ni en llevarse lo que no era de ellos. Pido disculpas por mi modo de hablar pero la experiencia que tuvimos es terrible. Nos partieron al medio y de eso nos otorgan un 3% vaya a saber de qué facturación, así que tengan en cuenta mi caso y el de todos mis compañeros”.
Su intervención provocó el aplauso cerrado de los presentes.
“Queremos que en la medida de las posibilidades, el secretario de Trabajo gestione, si es que existen fondos publicitarios de organismo oficiales que no se efectivizaron a la empresa porque está en concurso, para que nos paguen ese 3% de base”, se requirió por último.
Los otros acreedores
El concurso preventivo tiene además de la Sindicatura conformada un comité de control que conforman la empresa Magnus SA (con sede en Salta y dedicada la comercialización de instrumental médico y odontológico); la Mutual América y la Mutual 10 de Abril, los acreedores de mayor envergadura.