El gobierno británico acaba de dar curso al pedido de extradición de Julian Assange para enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos y una posible sentencia de hasta 170 años de cárcel. Se trata de una medida de rutina al cumplirse dos meses desde el pedido inicial, el plazo legal para que Estados Unidos termine de presentar su caso, según el tratado de extradición entre ambos países. La justicia británica no está atada a la decisión de su gobierno pero es muy probable que termine por ordenar el traslado del fundador de WikiLeaks al país requiriente, más allá de la férrea defensa que interpondrá el equipo de abogados de Assange encabezado por Baltazar Garzón. Así parecen indicarlo la estrechísima e histórica alianza de seguridad entre los dos países, la coincidencia de gobiernos conservadores a ambos lados del Atlántico y sobre todo un tratado de extradición tan favorable a Estados Unidos que el año pasado el gobierno británico creó una comisión bicameral en el Parlamento para estudiar formas de reformarlo, cuestión que no terminó ocurriendo.
La firma del pedido de extradición, entonces, era esperable y de rutina, y no debería afectar el juicio en curso, que indefectiblemente tardará al menos varios meses, incluyendo una audiencia programada para mañana. Pero las declaraciones de hoy del ministro de Interior británico, Sajid Javid, anunciando la firma y agregando que está “muy satisfecho” con la detención de Assange, no dejan de ser llamativas al menos por dos razones. Por un lado, envía un mensaje (o una presión) al juez del caso, remarcándole los intereses geopolíticos en juego y el deseo (o compromiso) ya indisimulable del gobierno británico. Por otro lado, las palabras de Javid demostrarían que Assange tenía razón al sospechar que Gran Bretaña lo entregaría a Estados Unidos apenas pudiera, razón por la cual se asiló durante siete años en la embajada ecuatoriana en Londres. Recordemos que el 11 de abril el editor de megafiltraciones fue enviado a una prisión de máxima seguridad por un crimen menor, violar su libertad condicional, mientras la cancillería británica anunciaba que él estaba detenido también a pedido de Washington por un delito informático también menor. Al mes siguiente el gobierno de Trump amplió su acusación a espionaje, publicación de documentos secretos y poner en riesgo a colaboradores encubiertos. A su vez WikiLeaks denunció al gobierno de Theresa May de colaborar abiertamente con la investigación del FBI estadounidense que derivó en la acusación, al punto de entregarle las pertenencias y archivos de Assange, incluyendo su defensa legal, después de que autoridades ecuatorianas permitieran el allanamiento de su sede diplomática y la detención del ciberactivista, que en sus últimas semanas en la embajada lucía un collar de pent drives precisamente por esa razón.
Más allá del carácter rutinario, casi burocrático, de la medida anunciada ayer por el gobierno británico, es casi imposible sobreestimar la importancia de este caso para el futuro del periodismo a nivel global. Ya se han pronunciado al respecto diversos organismos de la ONU y las principales ONG que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos. Incluso los grandes medios que en su momento contribuyeron a la demonización de Assange, por celos, competencia, o diferencias de estilos y relaciones, como el New York Times, The Guardian o El País, han cambiado de postura tras la violenta e irregular detención de Assange, y ahora publican todo tipo de editoriales y comentarios en favor de su colega y en contra del proceso al que está sometido.
El problema se hace evidente al leer el pedido de extradición. Assange está siendo acusado de hacer lo que hacen todos los periodistas de investigación: buscar, curar y publicar información secreta. No sólo eso: lo acusan de hacerlo con los mismos documentos que fueron publicados por los grandes medios del mundo. De ahí a enjuiciar a cualquier periodista que quiera publicar un documento secreto de Estados Unidos hay solo un pasito. Y de ahí a enjuiciar a cualquier medio que publique información sensible para el gobierno de turno, llámese Panamá Papers o Moroleaks, también. El gobierno de Trump eligió anunciar la acusación de espionaje en contra de Assange el mes pasado a través del jefe de seguridad nacional del Departamento de Justicia, John Demers, en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas. Allí argumentó: “El Departamento toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia, pero Julian Assange no es un periodista”. O sea, el problema no es qué hizo, sino quién lo hizo. Pero si aceptamos esta insólita, llamémosla “doctrina Demers”, entonces será el gobierno el que decida quién es periodista y quién no. Y no hace falta ser un genio para intuir que el gobierno elegirá a damas y caballeros de su círculo social, comunicadores corporativos que lo último que buscan es revelar secretos que pongan nerviosas a sus fuentes.
La democracia, decía mi padre, Guillermo O´Donnell, puede morir de a poco. No hace falta un golpe. Las libertades y los derechos se pueden ir perdiendo de a poco. En este caso, el caso Assange, urge decir que no es la primera vez que los derechos a la información y a la libre expresión entran en conflicto con otros, como el derecho a la privacidad, a la propiedad o a la seguridad nacional. No será la primera vez pero podría ser la última, si perdemos la posibilidad de decirnos y enterarnos lo que está pasando en los centros de poder donde se toman las grandes decisiones.
Reino Unido firma la orden de extradición de Julian Assange a EEUU
El Gobierno de Donald Trump pidió el pasado martes formalmente la extradición del fundador de WikiLeaks. Si bien tendrán que ser los tribunales británicos los que decidan el siguiente paso
Javid se refirió al caso Assange en declaraciones a la emisora británica BBC Radio 4: "Estoy muy satisfecho de que la policía finalmente lo haya capturado y que se encuentre ahora encarcelado porque ha infringido la legislación británica", dijo.
El ministro ha indicado que el australiano "está correctamente tras los barrotes". "Hay una solicitud de extradición de Estados Unidos que se abordará en los tribunales mañana, pero ayer firmé la orden de extradición y la certifiqué, y eso irá ante los tribunales mañana", ha explicado.
Los abogados de Assange se espera que contesten la decisión de Javid, allanando el camino para un largo proceso de apelación en los tribunales británicos.
El Gobierno estadounidense ha acusado a Assange de conspirar con la antigua analista de Inteligencia militar Chelsea Manning para filtrar material clasificado en 2010. El fundador de Wikileaks permanece recluido en la prisión de Belmarsh, en Londres tras su arresto por la Policía en la Embajada de Ecuador el 11 de abril, tras pasar refugiado en ella siete años para evitar su arresto.
Assange fue condenado a 50 semanas de cárcel el pasado 1 de mayo después de ser declarado culpable de infringir las condiciones de su libertad bajo fianza en relación con una solicitud de extradición previa de Suecia, que le buscaba para que respondiera a unas acusaciones de violación y agresión sexual.
Tras visitarle en el hospital de la prisión este martes, el artista disidente chino Ai Weiwei aseguró que la salud de Assange se está "deteriorando".
Un periodismo que protegió a muchas personas
El pasado 2 de mayo, el australiano ya rechazó su entrega a EE.UU. al defender su apuesta por un periodismo "que ha protegido a muchas personas".
Previamente, el día 1, otro tribunal londinense, el de Southwark, le había condenado a una pena de 50 semanas de cárcel por haber roto en 2012 las condiciones de su libertad condicional.
Assange infringió las condiciones de su libertad condicional cuando el 19 de junio de 2012 se refugió en la embajada de Ecuador de Londres para no ser llevado a Suecia, que lo requería en relación a presuntos delitos sexuales que él siempre ha negado.
Tras extinguir todos los recursos legales en este país, acudió al anterior Gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, que le permitió refugiarse en su legación londinense durante casi siete años.
El australiano siempre ha mantenido que le daba miedo que Suecia lo entregara a EE.UU., donde temía por su vida.
El pasado 11 de abril, Assange fue detenido por agentes británicos poco después de que el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, zanjara el asilo diplomático.
EE.UU. acusa al activista de conspiración para infiltrarse en sistemas informáticos, al acordar descifrar la clave de un ordenador del Pentágono con información clasificada.
Según sostiene Washington, en marzo de 2010, el australiano se coordinó con la exsoldado Chelsea Manning -por aquel entonces analista de Inteligencia del Departamento de Defensa bajo el nombre de Bradley Manning- a fin de acceder a material clasificado del Gobierno.
Ese tándem posibilitó la filtración mediante WikiLeaks de más de 700.000 documentos confidenciales con información sobre los conflictos de Irak y Afganistán y cables del Departamento de Estado norteamericano. Esa divulgación masiva de información reservada asestó un duro batacazo a la diplomacia norteamericana.
Fotos: Victoria Jones Pa Wire - DPA, Daniel Leal-Olivas - AFP
Fuentes: Diario PáginaI12 y Europa Press