El Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky, apunta una denuncia por Asociación Ilícita, administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado. La presentó el empresario Fabián De Sousa, privado de su libertad en diciembre de 2017, y la jueza María Servini de Cubría delegó la instrucción en el fiscal Guillermo Marijuan
La denuncia por asociación ilícita y administración fraudulenta involucra a Macrì; a su hermano de la vida, Nicky Caputo; a su jefe de asesores, José Torello; al ex director de la AFIP, Alberto Abad; al ex vicejefe de gabinete de ministros, Mario Quintana y al asesor Fabián Rodríguez Simón. También menciona a otras personas, como empresarios que estuvieron involucrados en el intento de apoderarse de las empresas de Cristóbal López y De Sousa, hasta periodistas seleccionados para la gerencia de contenido del multimedio que el Grupo Indalo le compró al exitoso aventurero Daniel Hadad.
Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Uno de los puntos de la denuncia sostiene que el despido del periodista Roberto Navarro fue una de las condiciones del gobierno, que exigió a López y De Sousa el control de la pantalla de la señal de cable C5N. La maniobra fue un tiro en el pie oficial, ya que López y De Sousa siguen detenidos, pero no cedieron el control de sus medios, y C5N acentuó un perfil opositor, con periodistas jóvenes y creíbles, y por primera vez en su historia aventajó en audiencia a las demás señales de noticias, incluyendo la nave insignia del Grupo Clarín.
De Sousa recapitula las etapas de crecimiento del Grupo Indalo, que constituyó en 2001 junto con Cristóbal López, en Comodoro Rivadavia. Oil M&S era prestadora de servicios petroleros. En 2006, adquirieron Álcalis de la Patagonia. En 2009, el paquete de la constructora Comercial del Plata. En 2011, el fondo de comercio de Petrobras con el que constituyeron Oil Combustibles, propietaria de una red de estaciones de servicio y de una planta refinadora en San Lorenzo. En una fecha que no especifica adquirieron el multimedio de Hadad (C5N y un grupo de radios: 10, One, Vale, Pop, Mega) además de otras empresas alimenticias, inmobiliarias, de infraestructura, seguro y bancos. Entre ellos, Finansur, del que habían comprado el 70% en 2012 y el Banco Central aprobó en 2015. El grupo daba trabajo a 20.000 personas.
“A partir del proceso eleccionario que tuvo lugar en octubre de 2015, comenzamos a recibir una serie de advertencias por parte de personas vinculadas al ingeniero Maurizio Macrì, a través de las cuales se nos exigía que los medios de comunicación fueran puestos a disposición de la alianza política encabezada por el nombrado”. También que se sumaran al “ataque mediático” contra los funcionarios que integraron el gobierno de CFK. Para ello, López y De Sousa fueron citados a diversas reuniones en las que “en algunos casos de manera sutil y en otros de forma mucho más agresiva, se nos hizo saber que de otro modo el Grupo Indalo iba a tener que afrontar gravísimas consecuencias”. Las presiones se incrementaron luego de la asunción de Macrì. Según la denuncia, Fabián Rodríguez Simón llamó a Joaquín Labougle, abogado de las empresas de explotación de casinos de Cristóbal López y le advirtió que “la guerra del gobierno contra el grupo Indalo había comenzado”. Con este mensaje “de características mafiosas” comenzó una campaña en los medios de comunicación afines al gobierno, que se extendió “al plano administrativo y judicial”.
Rodríguez Simón, derecha, instruye a Irurzun, quien exigió que el encuentro fuera en un lugar público
Entre el despliegue mediático menciona:
- Una tapa de La Nación del 13 de marzo de 2016, afirmando que Oil Combustibles adeudaba a la AFIP 8.000 millones de pesos.
- Entrevistas televisivas de Macrì con Luis Majul, en las que se refirió a López con tanta extensión como “si se tratara de una cuestión de interés nacional” y anunció que se le trabarían embargos para que pagara los 8.000 millones de pesos mencionados.
- Procesos administrativos y judiciales para trabar medidas cautelares contra el Grupo Indalo y sus accionistas. Entre ellas una denuncia de la AFIP contra ambos empresarios con la afirmación de que habían incurrido en insolvencia fiscal fraudulenta, cosa que niega. “Jamás fueron retirados activos de las empresas con el fin de disminuir su solvencia patrimonial. La jueza Verónica Straccia descartó la existencia de ese delito.
- Allanamientos en la sede de las diversas empresas.
- Inspecciones contra las empresas del grupo y ejecuciones por el pago de tributos.
- Inhibición general de bienes de ambos empresarios y de 70 empresas del Grupo Indalo, lo que derivó en la liquidación del banco Finansur que, según Clarín, López intentaba vender al político de negocios José Luis Manzano, cosa que De Sousa también refuta.
- Imposibilidad de canjear deudas tributarias por espacios de publicidad, tal como hacen los demás medios.
- Denuncias como la de Elisa Carrió ante el fiscal Gerardo Pollicita, señalando que habían incumplido con sus obligaciones tributarias y obtenido ilegítimos planes de facilidades de pago de la AFIP. Esta causa fue sobreseída por inexistencia de delito por el juez federal Sebastián Ramos, y consentida sin apelar por el fiscal Carlos Rívolo (es la causa que ahora tramita ante el Tribunal Oral Federal 3).
- La Cámara Contencioso Administrativa también rechazó las medidas cautelares que la AFIP solicitó para que el Grupo Indalo no pudiera alterar su paquete accionario, modificar su sede social, y la designación de veedores. La Cámara dijo que no tenía fundamentos fácticos ni jurídicos.
- Una conferencia de prensa del recaudador Alberto Abad, quien violando el secreto fiscal dijo que Oil Combustibles retenía los impuestos que pagaban los consumidores. Algo que De Sousa reputa como “absolutamente falso” porque no había ninguna retención de tributos, dado que el impuesto a los combustibles líquidos lo abona el propio contribuyente, y no había mora de ningún tributo, que la empresa pagaba a su vencimiento o los incorporaba a planes de facilidades de pago que la AFIP “concedía con carácter general desde 2001”. Uno de ellos lo había concedido el propio Abad una semana antes de su conferencia de prensa.
El gobierno mostró el concurso preventivo de acreedores como si fuera una maniobra delictiva, pese a que la propia AFIP se presentó a verificar sus créditos, como corresponde. Pero aun así continuó con las acciones ofensivas en diversos fueros y además de querellante se constituyó en actor civil para reclamar el pago del mismo crédito que había verificado en el concurso.
Para fundamentar el “carácter mafioso” de la ofensiva en su contra, De Sousa narra que en 2013 adquirieron a una firma española la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas. En 2016, el director de Vialidad Javier Iguacel solicitó que se levantara la inhibición de la empresa, para que se autorizara un aumento de capital, de modo que, a cambio de una suma irrisoria, pasara a ser controlada por un denominado grupo Alberdi. Como no tuvo aval judicial procedieron de hecho y la concesión de la autopista fue revocada, luego de lo cual se actualizó el precio del peaje, devolviéndole rentabilidad a la concesión.
En agosto de 2016, Oil Combustibles propuso a Abad abonar en efectivo el 35% del monto reclamado y el resto en tres años, con las debidas garantías. Pese a que de ese modo hubiera podido cobrar todo el crédito verificado en el concurso, la AFIP se negó y en noviembre de 2016 prohibió que esa empresa pudiera acceder a una moratoria, como hicieron miles de contribuyentes. Esos planes serán abordados en el juicio oral que realiza el TOF 3, en las audiencias de la semana próxima. Se presume que también pedirán la palabra López y De Sousa.
“Tan ilegal fue esta última medida que el propio contador Abad tuvo que dejarla sin efecto. En esta situación de estrangulamiento, sin financiación bancaria, el gobierno nos hizo llegar una advertencia final de que todas las empresas serían liquidadas si no transferíamos nuestra titularidad de los paquetes accionarios a las personas que ellos mismos designarían”. En septiembre de 2017 apareció el interesado: un grupo empresario dirigido por el mendocino Osvaldo Terranova e integrado también por Gustavo Casir y Gerardo Molinaro. Sin recibir nada a cambio, debían entregar todas sus acciones, que pasarían a formar parte de un fideicomiso. Al mismo tiempo “se nos hizo saber que los medios de comunicación debían dar señales concretas en favor del gobierno nacional y cesar cualquier crítica respecto de la gestión de Maurizio Macrì. Como una de las primeras medidas se nos impuso la obligación de desvincular al periodista Roberto Navarro”.
(Fue el momento en que yo me incorporé al programa de Navarro, Economía Política, donde desarrollé la participación de la familia presidencial en el blanqueo de capitales, que había anticipado en PáginaI12. Su propietario, Víctor Santamaría, fue amenazado por el gobierno de padecer la detención, como ocurriría poco después con López y De Sousa, y me censuró una nota sobre el blanqueo y otra sobre el doctor Glock, quien lleva una de las causas que amenazan al portero. Quien intercedió por Santamaría ante Macrì fue el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. Macrì le preguntó por qué le interesaba tanto. “Porque es el jefe del principal partido de la oposición en la Ciudad, con el que tengo que negociar para sacar las leyes”, respondió. Así es: los mayores negocios inmobiliarios no hubieran sido posibles sin los votos que maneja el propietario de Página/12. Simultáneamente, Macrì dijo que el país avanzaría si pudiera enviar a medio millar de personas en un cohete a la luna. Ese fue el origen de este viaje que ustedes comparten desde diciembre de 2017, en el que sentimos la satisfacción moral de un acto de libertad, como le llamaba Rodolfo Walsh al ejercicio de la libertad de expresión en circunstancias adversas).
De Sousa agrega que desde el gobierno les informaron que Casir y Molinaro recibían instrucciones directas de Mario Quintana y José Torello, en reuniones en la Jefatura de Gabinete de las que también participaba Nicky Caputo. Por razones que De Sousa no conoce, el gobierno cambió luego de representantes y el lugar de Terranova fue ocupado por Damián Burgio, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre Balestra, a quienes debieron transferir sus acciones a cambio de la suma simbólica de 100 pesos. La condición que pusieron los empresarios extorsionados fue que se obtuvieran las autorizaciones judiciales y administrativas pertinentes, en particular la del juez Julián Ercolini, que había inhibido sus bienes. Los nuevos directores “llevaron a cabo una gestión ruinosa contra las compañías, que implicó que Oil Combustibles dejara de pagar sus impuestos a la AFIP y que la refinería de San Lorenzo se quedara sin reservas de petróleo. Además “se dispuso a nuestro respecto la prisión preventiva. Bajo el falso argumento de que habíamos vendido las empresas sin autorización judicial, pese a la intervención solicitada de Ercolini».
“La alevosa arbitrariedad con que fuimos detenidos” quedó establecida en marzo de 2018 en la decisión de liberarlos firmada por los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Macrì volvió a manifestarse en un reportaje de Majul, en el que se declaró indignado. En otra entrevista con la animadora Mariana Fabbiani, que sonreía embobada, dijo “esto no es lo que habíamos acordado”. El 19 de marzo, Clarín sostuvo que el juez Ballestero había recibido del jefe de la AFI, el amigo presidencial Gustavo Arribas, indicaciones sobre cómo debía fallar. En pocos días más se pudo apreciar el carácter performático de la palabra presidencial, que se tradujo en actos: Farah “fue forzado a pedir su traslado hacia otro tribunal” y Ballestero renunció. Macrì explicitó que la liberación de López y De Sousa “lo enloqueció” y que esos jueces “se animaron pensando que no iba a haber reacción, pero la hubo”. En abril de 2018 y siguiendo un procedimiento abreviado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó las libertades de ambos empresarios, que hasta hoy siguen en prisión preventiva. Esto precipitó la quiebra de Oil Combustibles y la cesación de pagos de las principales empresas del Grupo Indalo y comenzó la liquidación de activos, “malvendidos a precio vil”. Una de las consecuencias de esta acción oficial es que la AFIP no pueda cobrar su crédito.