Reed Hastings, CEO y cofundador de Netflix
Por: Eduardo FernándezNo sólo los seguidores de las series están atentos a Netflix; también los gobiernos de la Unión Europea. La financiación de RTVE, en parte asumida por grupos audiovisuales y operadores de telecomunicaciones que operan en España, es uno de los futuros compromisos que se ciernen sobre nuevas plataformas como Netflix, HBO y Amazon Prime Video. Fuentes del sector confirman a El Mundo que el Ministerio de Economía ha manifestado su voluntad de extender a estas plataformas la obligación de asumir una tasa de la radiotelevisión pública, para lo que se ha establecido contacto con los homólogos del Ejecutivo de Francia.
El escenario galo sirve de referencia para España porque en ambos países se puso fin a la publicidad en las cadenas públicas. Como vía alternativa para la financiación de éstas, se estableció en España, entre otras medidas, una tasa a pagar por los canales privados en abierto (el 3% de sus ingresos brutos), de pago (1,5%) y las empresas de telecomunicaciones (un 0,9%). Telefónica, Orange y Vodafone, telecos afectadas, han llegado hasta el Tribunal Supremo en su intento de revertir la decisión, sin éxito.
Primero, la ley audiovisual
La intención del Ministerio pasaría por que la tasa alcance también a Netflix en un futuro, según ha avanzado El Confidencial. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado este lunes que la única tasa de momento prevista por su departamento es la llamada tasa Google, un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (ISDI) que estaba recogido en el frustrado proyecto de Presupuestos Generales.
La Ley de Financiación de RTVE supone una consecuencia indirecta de la trasposición nacional de la nueva normativa audiovisual europea. Además de la Ley 8/2009 para la radiotelevisión pública, condicionada indirectamente, la adaptación de la directiva comunitaria 2018/1808 implica inevitablemente la modificación de la Ley 7/2010, que rige la comunicación audiovisual española.
El proceso de trasposición sigue actualmente sus cauces, aún prematuros; cerró su consulta pública (un período no obligatorio) el pasado 22 de febrero; y todavía no ha iniciado la fase de audiencia pública (ésta obligada), en la que de nuevo se recabarán las opiniones del sector. El siguiente paso consistiría en la redacción y presentación de un borrador de anteproyecto de ley.
En la consulta pública, se han lanzado ya preguntas a asociaciones y competidores como por ejemplo ¿qué opinión le merece la armonización de las reglas aplicables a servicios lineales y servicios a petición? o ¿considera que el vigente marco regulador es acorde con la situación actual del sector o considera que ha quedado desfasado? Plataformas OTT como Netflix parecen estar implícitamente aludidas en esas preguntas del Ministerio.
Un 30% europeo en el catálogo
Sin embargo, las nuevas leyes audiovisual y para RTVE están en un estado embrionario. Distintas fuentes del Ministerio de Economía explican que habrá que esperar al próximo curso, una vez finalizado el verano, para tener novedades al respecto. Los debates abiertos son numerosos, aunque dos copan las conversaciones; a saber, si las nuevas plataformas deben soportar la financiación de RTVE y si tienen que cumplir con un mínimo de producción comunitaria.
En su artículo 13, la directiva 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo se especifica que los "Estados miembros velarán por que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a petición sujetos a su jurisdicción dispongan de un porcentaje de al menos el 30% de obras europeas en sus catálogos y garanticen la prominencia de dichas obras".
Las nuevas plataformas, consultadas por este diario, declinan comentar normativas aún no perfiladas, si bien subrayan que en todo caso darían cumplimiento a cualquier ley. Fuentes cercanas a Netflix han recordado a El Mundo que el cumplimiento de una cuota del 30% de producción europea en catálogo podría resolverse, por ejemplo, con un menor porcentaje de obra de otros continentes, lo que en ningún caso favorecería a los consumidores de este continente.
Netflix, que este año se encontrará con nuevos competidores como Disney+, subió nuevamente sus tarifas la pasada semana: el plan Estándar se encarece un euro mensual, hasta el coste de 11,99, y el Premium alcanza el precio de 15,99 euros, tras incrementarse en dos euros.
Queja de cadenas y 'telecos'
En la televisión tradicional se ha criticado en numerosas ocasiones la falta de obligaciones para los nuevos operadores, en lo que incidió el presidente de Mediaset España, Alejandro Echevarría, en la última junta de accionistas del grupo de Telecinco y Cuatro: "Internet crece en un contexto de total impunidad: no hay protección de menores, ni control de la publicidad en términos cuantitativos y cualitativos, no hay obligación de invertir en cine, ni obligación de financiar a RTVE, ni, en fin, de pagar impuestos en España (...) Resulta trascendental proceder, cuanto antes, a una armonización de las obligaciones impuestas a los medios audiovisuales".
Los operadores de telecomunicaciones han ido más lejos aún, pues soportan más de 150 milones de euros anuales en concepto de tasa RTVE. No obstante, el Tribunal Supremo, en España, y el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo, han avalado dichas tasas, en la línea de lo ocurrido con el caso de Francia. Ese país continúa figurando como referente para las medidas que puedan actualizar la financiación de RTVE.
Fuente: Diario El Mundo