La Cámara del Trabajo resuelve este lunes la suerte de los trabajadores despedidos de la agencia oficial de noticias. La trama secreta del plan de despidos.
Rodolfo Pousá, presidente de TelAm, estalló de furia. Su abogado, Juan José Etala, niño mimado del gobierno, le había prometido el día más feliz de sus casi cuatro años de áspero mandato al frente de la agencia pública. Esa mañana, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo debía refrendar una decisión reglamentaria interna -inocua a primera vista- pero que, indirectamente, implicaba un aval decisivo al plan de despidos masivos que Hernán Lombardi le ordenó ejecutar en 2018 y que, a esa altura, representaba un calvario personal.
Pero la felicidad fue ajena. Aquel día, jueves 28 de abril, los jueces del fuero del Trabajo finalmente le dieron más vida a las medidas cautelares que ordenaban la reincorporación de los despedidos de TelAm y él se sintió, otra vez, en el peor de los mundos. No fue para siempre. Es, al final de cuentas, un hombre de fe. Y no tardó en encontrar un nuevo redentor: se llama Leonardo Jesús Ambesi, proviene del think thank de la Universidad Católica y acaba de jurar como juez de la Nación. Se lo presentaron como la esperanza blanca para recuperar la dignidad del gobierno en el conflicto sindical de TelAm. Este lunes sale a la cancha.
TelAm vive su propio microclima. El gobierno ya diseño el presupuesto 2019 con fondos para pagar los salarios de los 743 trabajadores de la agencia desde el primer al último día del año, pero su Directorio –y también el ex ministro Lombardi- se juegan sus destinos personales y buscan un golpe de retirada para llevarse un pergamino del conflicto sindical que provocó 119 días de huelga y ocupación en la planta de TelAm.
No fue el conflicto más extendido del gremio de prensa, donde todavía hay rastros de la pelea del primer Tiempo Argentino en la primavera alfonsinista y de La Razón en los albores del menemismo. Pero sí el único que le dobló la muñeca a un gobierno.
Por ese gran argentino. Leonardo Jesús Ambesi juró este miércoles como juez de la Sala X de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Este lunes 20 se cruzará por primera vez con sus pares en Lavalle 1554 para celebrar un “Acuerdo General”, el encuentro mensual donde todos los camaristas de la Justicia Nacional supervisan la conflictividad laboral sin que nadie se entere. Los debates no se registran. La prensa no accede.
En su primer día de trabajo no andará pidiendo permiso. Será el encargado de plantear la posición afín a la Casa Rosada destinada a despojar definitivamente a los jueces naturales asignados –por sorteo- a los expedientes de los trabajadores de TelAm. Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo, dos antiguos jueces de la Sala V, resolvieron en agosto de 2018, en favor de los trabajadores, las primeras cinco reincorporaciones. El gobierno busca impedir ahora que ese fallo se irradie a la totalidad de los despedidos. Y para esa tarea, por fuera del código de procedimiento, nada mejor que un recién llegado.
Nunca nadie mejor que quien llega cargado de compromisos. Se concursaron tres asientos en la Cámara del Trabajo para cubrir vacantes en las Salas IV, V y X. Pero Ambesi no salió primero, ni segundo ni tercero. Y llegó igual. Salió 10mo. con 161,5 puntos, bien lejos del tope (187,5). Tampoco le fue muy bien a Manuel Pablo Díez Selva, otro de los finalmente ganadores, que se ubicó octavo en el concurso. Sus designaciones causaron escozor. No sólo por alterar el orden de mérito sino porque, además, desplazaron a dos mujeres (Laura Castagnino y Viridiana Díaz Aloy, dos juezas de primera instancia). No pareció el mejor momento: el Poder Judicial todavía no procesa debidamente la denuncia por violencia de género y abuso de autoridad que pesa sobre el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el juez Juan Carlos Geminiani.
Los nuevos camaristas cultivan su currículum lejos de los sinsabores de la carrera judicial. Ambesi fue transplantado desde el Poder Ejecutivo al Judicial sin que ningún republicano se indignara. Fue -hasta recién- asesor del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, como parte de un selecto grupo destinado a promover la reforma laboral. En esa faena fue compañero de banco de Etala, hoy caído en desgracia, pero que en sus días de gloria le habrá narrado los pormenores del plan de despidos que el mismo ideó para la agencia TelAm. Ambesi no es un improvisado. Sabe atender los intereses del momento. Basta observar sus laboriosas notas de doctrina sobre el derecho a huelga, con una posición restrictiva que aspira a restarle entidad “universal” y a acotarlo como “un derecho ajeno a la normalidad social” en consonancia con la embestida que los empleadores han propulsado en el seno de la Organización
Internacional del Trabajo en los últimos años, intentando despojar a la huelga de anclaje en el derecho internacional.
Más pedestre es el recorrido de Díez Selva, aficionado al esgrima y hombre del Jockey Club. Quién mejor para entender la sensibilidad patronal en la Cámara del Trabajo. Por las dudas, Díez Selva mostró sus credenciales como miembro del estudio Chevallier- Boutell, asesor de la Unión Industrial Argentina y muchas de las ART que ahora Diez Selva tiene que controlar desde la Justicia. El hombre recibió una ingeniosa impugnación cuando se discutía su pliego en el Senado de la Nación por ser miembro de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, que le reclama a sus miembros absoluta fidelidad al Vaticano.
Diez Selva salió rápido de la encrucijada: renunció a la Orden. No son tiempos para jactarse de ser Caballero.
Las aguas bajan turbias
Claro que la Justicia del Trabajo tiene sus propios anticuerpos y no se recibe de buena gana a cualquier forastero que no respete una praxis más antigua que la de todos sus miembros. El que lo sabe mejor que nadie es Luis Alberto Catardo, el actual presidente
de la Cámara, que mira con recelo las fulgurantes apariciones en su Sala de Acuerdos.
Catardo no es precisamente un campeón de los principios sociales pero tiene el cuero curtido y sabe cuando hay agua en la pileta. Y en el caso de TelAm, insiste en encontrarla vacía. “Muchachos, acá pasó de todo, de acá se sale en primera, aplicando la ley”, le recomendó a dos camaristas que fueron a su auxilio esta semana. Catardo no compra microclimas ajenos, vive sus propias disputas. Está obsesionado con que el conflicto de TelAm no manche el decoro de su presidencia y, por debajo de la mesa, exuda odio hacia su predecesor, Mario Fera. Catardo está convencido que los desmanejos de la causa TelAm, por acción o por omisión, son responsabilidad de su antecesor, que dejó el cargo en diciembre, y no quiere pagar culpas ajenas. Trata de salir de la encrucijada leyendo código de procedimiento y atándose a su texto. No pasa todos los días en la Justicia.
La misma preocupación observan todos los miembros de la Cámara, donde anidan peronistas, radicales, oportunistas y algún que otro hombre formado en un fuero forjado para defender la posición vulnerable de los trabajadores. Todos comparten la preocupación por salir indemnes frente a un conflicto que, habitualmente clandestino, ahora genera que todas las semanas el edificio de tribunales amanezca con afiches con el rostro de alguno de ellos. Un grupo de secretarios de primera instancia, que tiene la rutina de encontrarse todos los días a media mañana en un conocido bar de tránsito leguleyo, hacen apuestas todas las semanas sobre quién es el próximo magistrado en ser víctima de un escrache.
Luis Raffaghelli y Carlos Posse, otros dos camaristas del fuero, que influyen y representan a sectores bien distintos de ese cuerpo, clamaron en medio del desconcierto por imponer la legalidad en el conflicto de TelAm. Pusieron su firma el 26 de abril en una lapidaria resolución que entendió que las cautelares de los trabajadores de TelAm debían ser resueltas por los jueces naturales, aquellos que fueron designados por sorteo, y que son Arias Gibert y Brunengo. Estos dos jueces, mirando más afuera de la cancha que los expedientes, en su momento decidieron “excusarse” con una ambigua explicación que nadie entendió. Raffaghelli y Posse les devolvieron el expediente de mal modo y, de paso, y hasta les mojaron la oreja recordándoles lo que sabe cualquier estudiante primerizo de derecho: que la excusación de un juez debe realizarse en su primer acto, no luego de seis meses de tratar la causa.
Ese camino trazado por Raffaghelli y Pose es el que seguirán mañana muchos camaristas, algunos por convicción y otros por conveniencia. El anucnio electoral del sábado ayudó en la decisión del alguno.
En ese contexto, la que no quiere levantar el perfil es Beatriz Ferdman, que también juró como camarista este miércoles –junto con Ambesi y Diez Selva- pero por derecho propio: ella sí ganó el concurso.
La nueva magistrada, de cepa radical, ya tomó distancia, más no sea por pudor, del destemplado protagonismo con el que irrumpirán los otros noveles camaristas. Tiene motivos propios: ocupará un lugar en la Sala V, junto con Arias Gibert y Rodríguez mBrunengo y es posible que el destino la lleve a tener que dictaminar sobre el fondo de la controversia de los despidos en TelAm. Ferdman se ha rebelado más de una vez ante las presiones, especialmente como cuando –como en este caso- están absolutamente disociadas de la ley- pero intenta evitar ubicarse sola debajo de la guillotina.
Catardo observa todo el mapa y sufre. Mañana un elegante Renault Fluence con chapa oficial MLH393 lo depositará frente a la Cámara de Trabajo. Deberá gambetear la concentración de los trabajadores de TelAm, que prometieron movilizar desde el amanecer hasta que los jueces ofrezcan respuestas.
Sueña con que mañana, allá por las 13.30, al final del horario judicial, su presidencia no haya quedado signada por un maleficio.
Por esa misma huella
No fue una estrategia de matices la que Etala y Lombardi proyectaron sobre TelAm. Primero le iniciaron juicio político a Arias Gibert y Rodríguez Brunengo con ánimo de removerlos; y luego promovieron una reforma al reglamento de sorteos de la Justicia que, para beneficiarse en ellos en TelAm, perjudicó los intereses del gobierno en otras causas (una maniobra que, tardíamente, advirtieron en el Gabinete y ahora se la facturan al coordinador de los medios públicos). Ahora aceleraron el nombramiento de nuevos camaristas para recontar los porotos en las votaciones del pleno.
Nada de eso es gratis. Lo sabe bien el propio Etala. Sus movimientos no sólo le depararon corrillos a sus espaldas de sus propios empleados en el estudio Salvat, Etala & Saraví sino que le abrieron un expediente en el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal (expediente 31.007) a raíz de sus presiones desembozadas a los jueces. Un trabajador de Radio Nacional que observó que las maniobras de Etala, como daño colateral de la onda expansiva de TelAm, estaban dañando su causa, dio el primer aviso. El Colegio de Abogados, presidido por Eduardo Awad, de cordial relación con el gobierno, intenta no quedar pedaleando en el difícil equilibrio de quedar bien -al mismo tiempo- con los abogados de a pie y con los grandes estudios que representan los interés de las corporaciones.
No pasa todos los días que los abogados estrella de la matrícula deban rendir cuentas por su conducta. El derrotero de Etala es observado con angustia por otros operadores del gobierno.
Las cuarenta
TelAm despidió a 357 trabajadores, el 40,35 por ciento de su planta. Más de 200 medidas cautelares prosperaron en la Justicia y ordenaron las reincorporaciones. No por razones políticas ni por sensibilidad. Por violar una ley, la 24.013, que ordena un procedimiento cuando una empresa, pública o privada, dispone despidos masivos. El gobierno no cumplió en TelAm ni un solo punto de ese protocolo.
No se trata de la simpleza del enigma jurídico a resolver. Lejos de cualquier romanticismo, los jueces de la Cámara del Trabajo obran más cercanos al pragmatismo cínico. Rezan lo mismo que aquel tango que cantaba Edmundo Rivero: “Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo/sé del beso que se compra, sé del beso que se da/del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga/y sé que con mucha plata, uno vale mucho más”.
Por eso escuchan el rezo de la Casa Rosada; pero jugan a varias puntas: también oyen los bombos que resuenan fuera de sus despachos todos los días y –sobre todo- clavan la mirada en el calendario electoral, ahora atizado por la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.
Los operadores pasan. Los jueces duran toda vida. Y ninguno quiere correr el riesgo que lo bauticen gil.
Fuente: InfoNews