“Por resolución de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se puso a disposición de las grandes empresas y grupos concentrados la infraestructura en comunicaciones que es propiedad de la provincia y las cooperativas”, alertó Ziliotto.
De ser así, la medida afectaría a la fibra óptica de Aguas del Colorado, las red de distribución de energía, las columnas de las cooperativas y otro tipo de infraestructura que de un modo u otro está relacionada a las telecomunicaciones.
Ziliotto subrayó que “es una aberración constitucional disponer de bienes de la provincia por vía de una simple resolución” y reitero que “una vez más el gobierno de ‘Cambiemos’ no duda en poner los bienes del Estado al servicio de sus amigos empresarios”.
El diputado nacional dijo que esta “pretensión había sido incluida en el texto de la denominada Ley Corta, cuya sanción se frustró en el Congreso de la Nación”.
“La intención del gobierno de Macri con esta resolución –añadió- es regular el uso de dicha infraestructura y su precio según las definiciones del mercado. Algo que volvemos a rechazar, porque sabemos del esfuerzo del gobierno provincial y las cooperativas para generar la infraestructura que les permita ofrecer un servicio de comunicaciones digno y de calidad a los pampeanos”, remarcó el candidato a gobernador.
Detalles de la Resolución
El Gobierno Nacional, mediante la Resolución Nº 3/19 de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, aprobó el Reglamento de Compartición de Infraestructura que reglamenta el procedimiento y las condiciones relativas al acceso y uso compartido de la infraestructura pasiva de propiedad de las cooperativas y de los estados provinciales, por parte de las grandes prestadoras de servicios de cable y telefonía celular.
“Por dicha Resolución se avasallan facultades legislativas y se obliga a los propietarios o poseedores de torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos, dispositivos o cualquier otro recurso análogo a compartirlo y ponerlo a disposición de esas grandes prestadoras para que suministren los mismos servicios, y otorga amplias facultades al Ente Nacional de Comunicaciones -como Autoridad de Aplicación- para definir cuestiones técnicas y económicas de los convenios que deben formalizarse”, sostuvo Ziliotto.
“Cabe recordar que el Estado Nacional, reconociendo que la cuestión debe ser tratada y regulada mediante una Ley, había enviado al Congreso de la Nación en el mes de abril de 2018 un proyecto de Ley, denominada Ley Corta, por medio del cual, en sus dos primeros artículos se modificaba la Ley Nº 27.078, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y se propiciaba la regulación de estos aspectos relacionados con el uso compartido de la infraestructura de las pequeñas de cable y telefonía por parte de las grandes compañías telefónicas y de cable”, explicó
“Dicho proyecto hoy cuenta con media sanción del Senado de la Nación y se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados; y respecto de esta temática, en el legislativo se había logrado un texto legal consensuado con cableros, y pequeñas y medianas prestadoras de estos servicios”, añadió el diputado nacional.
Por último, Ziliotto remarcó que con esta resolución, el Gobierno Nacional, “en beneficio de las grandes corporaciones de cable y telefonía celular no solo avasalla las facultades legislativas del Congreso Nacional, sino que además vulnera el derecho de propiedad, y pone en crisis la subsistencia todas las PYMES del interior del país que prestan servicios de cable y televisión y las deja a merced de las grandes operadoras del mercado, desamparando también a sus trabajadores”, concluyó.
Por resolución del #ENACOM se puso a disposición de las grandes empresas y grupos concentrados la infraestructura en #comunicaciones que es propiedad de la #provincia y las #cooperativas.— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) February 12, 2019
Alfredo Luenzo cuestionó la resolución oficial sobre compartición de infraestructura
“No respetan la propuesta superadora que debatió el Senado”, advirtió el senador sobre el reglamento publicado en el Boletín Oficial
El titular de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, Alfredo Luenzo cuestionó el reglamento de compartición de infraestructura que publicó el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial, a través de la resolución 13/2019, y advirtió que “no respetan la propuesta superadora que debatió el Senado”.
Luenzo rechazó la decisión del Gobierno nacional de fijar “a espaldas del consenso legislativo” la normativa para la compartición de infraestructura pasiva mediante una “simple resolución administrativa” de la Secretaría de Tecnologías de la Información, que depende de la Jefatura de Gabinete.
“No respetan la propuesta superadora que debatió el Senado y que ahora está en Diputados. Esta resolución es un ‘copio y pego’ del proyecto que envió el Ejecutivo y que fue modificado con amplia participación de los cableros del interior, la televisión abierta y los que prestan servicios de TICs y las organizaciones intermedias del sector”, se quejó Luenzo.
El legislador chubutense aseguró que la iniciativa aprobada en julio por la Cámara alta aporta “una cuota de federalismo muy alta” y que ratifica el concepto de que “la compartición de infraestructura tiene que ser simétrica, con carácter democrático y equilibrado, transparente”.
“Genera preocupación esta resolución 3/19 tal como fue publicada en el Boletín Oficial, ya que no vemos ninguno de los principios y conceptos que hemos consensuado por el Senado”, añadió.
Luenzo ratificó la necesidad de cuidar “los puestos de trabajo, las pymes del interior y las cooperativas”, y subrayó que “la posición dominante de los grandes jugadores de la comunicación están muy lejos de lo que puedan ofrecer los cableros pequeños, las cooperativas, que con mucho esfuerzo nos dan televisión e Internet”.
Asimismo, el legislador cuestionó las “amplias facultades” que le otorgan a la ENaCom para intervenir en las negociaciones entre las partes vinculadas a la infraestructura pasiva, incluso fijando precios en forma unilateral.
“Este reglamento vulnera el derecho de propiedad y cuestiones básicas en materia comercial y civil que puede afectar gravemente a las empresas del interior”, dijo al respecto.
Luenzo sostuvo que la resolución del Poder Ejecutivo devela, además “una fuerte visión centralista”.
“De la forma cómo lo están fijando, tendremos muchos casos en donde una pyme del interior o una cooperativa que hizo el esfuerzo para invertir y llegar a un pueblo de su provincia, que llevó el cableado y los postes a una zona de difícil acceso, se vea obligado a cederle todo ese esfuerzo a uno de los grandes jugadores de las telecomunicaciones sin que este otro tenga que invertir un solo peso en la provincia”, manifestó al respecto.
“Tampoco le dan tiempo al sector a adaptarse al nuevo marco normativo en un período de tiempo razonable y que proteja a las unidades económicas que generan puestos de trabajo locales. En el Senado fijamos 2 a 4 años según la población. En este reglamento les dan 30 días para presentar sus cuestionamientos pero no son vinculantes”, manifestó.
Por otro lado, el senador sostuvo que “esta situación puede derivar posteriormente en vulneraciones a los derechos de los consumidores y afectar en materia de contenidos al universalizar la difusión de contenidos de las grandes urbes en detrimento de las industrias culturales locales”.