En materia de comunicación el año 2018 finaliza profundizando la tónica impuesta por el gobierno de la Alianza Cambiemos desde que asumió la conducción del país en diciembre del 2015: se toman decisiones que implican, directa o indirectamente, graves restricciones al derecho a la comunicación de los ciudadanos y de las audiencias y se generan cada vez más atribuciones para los actores económicos y comerciales del sistema de medios.
Pocos días después de hacerse cargo de la Presidencia, Mauricio Macri desguazó por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y modificó la Ley de Argentina Digital (27.078) para crear, mediante decreto 265/2015 el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). Según se dijo entonces, uno de los propósitos de Cambiemos era la elaboración de una nueva ley que atendiese a la realidad de la comunicación en la Argentina, a la que pretenciosamente se denominó “ley convergente”, con el argumento fundamental de que las leyes antes mencionadas “nacieron viejas y desactualizadas”. Nada de lo prometido ha sucedido y no hay proyecto de ley. Mientras tanto, el Gobierno sigue habilitando procesos de concentración mediática de la propiedad y poco o nada hace para garantizar la diversidad y la pluralidad de la información y de la comunicación.
Por el contrario en los últimos días del año se produjeron hechos que ratifican la orientación de la política de comunicación de Macri instrumentada por su ejecutor en el área, el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi. El jueves 20 de diciembre los trabajadores de Radio Nacional, la TV Pública y la agencia TelAm fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad cuando reclamaban contra la decisión oficial de “paritaria cero” en el centro porteño. La acción policial –totalmente desmedida para contener un reclamo pacífico y no masivo– desencadenó entre otras consecuencias la renuncia de la directora de Radio Nacional, Ana Gerschenson. La periodista, que desde febrero de 2016 fue la encargada de desarticular la propuesta anterior de la radio estatal generando entre otras consecuencias la significativa pérdida del nivel de audiencia, argumentó ahora que “no puedo acompañar la decisión de no otorgar una paritaria en un año difícil como el que termina”.
Los trabajadores de los medios públicos han venido denunciando durante todo el año “vaciamientos” en empresas del sistema. Consecuencia de esa decisión es también la evidente pérdida de audiencia de los medios estatales. Uno de los picos de conflicto fue el despido masivo de profesionales en la agencia estatal TelAm, hecho que pese a que fue revertido por la Justicia laboral no ha logrado la normalización de la actividad porque Lombardi desconoce las decisiones judiciales.
En los últimos días se produjeron también novedades en la Defensoría del Público de Comunicación Audiovisual, un organismo creado por la LSCA y que, si bien sobrevivió al desguace de la norma, se encuentra acéfalo desde noviembre de 2016 cuando terminó el mandato de la defensora Cynthia Ottaviano, oportunamente designada por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de los temas de comunicación. Desde entonces, y por decisión de la propia Comisión, el funcionamiento básico de la Defensoría quedó a cargo de María José Guembe, directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, a la espera del acuerdo político para la designación del nuevo titular. Sin embargo, el 26 de septiembre último, la Comisión Bicameral decidió nombrar al abogado Emilio Alonso, vinculado al radicalismo y ex funcionario de la Presidencia, para hacerse cargo de las funciones “conservatorias y administrativas” por sesenta días, mandato que luego fue prorrogado hasta el 15 de marzo próximo, postergando nuevamente la designación del Defensor en los términos que lo establece la ley.
Durante el tiempo que lleva Alonso en su interinato y a pesar de que un informe producido por él mismo afirma que “la Defensoría en cuanto a su organización interna se encuentra funcionado de manera regular” se han adoptado medidas restrictivas de distinto carácter que han llevado a la cancelación de más de cuarenta actividades programadas por el Área de Capacitación y Promoción. Entre estas determinaciones se incluyó la suspensión del tercer y último encuentro de la Carrera de Comunicación Popular, que debía realizarse en Santiago del Estero, dedicado a la producción y con el que se daría por terminado un ciclo conjunto de la Defensoría con el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero). Una de las observaciones hechas por Alonso en su informe indica que la Defensoría demuestra “falta de equidad”, cuestionando “el marco teórico” con que se encara la tarea, la distribución de las capacitaciones, tanto porque destina los mayores esfuerzos a los medios comunitarios como por la “ausencia de instituciones con las cuales articular las actividades”, mencionando entre tales ausentes a la Universidad de San Andrés, la Universidad Austral, la Universidad Di Tella, FoPeA y AdEPA.
La gestión gremial y política permitió que en diciembre 17 contratos de trabajadores y trabajadoras de la Defensoría que vencieron en noviembre hayan sido prorrogados hasta el 28 de febrero próximo. Sin embargo, en la última semana laborable del año, Alonso tomó la determinación de desplazar de su cargo, “por razones políticas”, al director del Área de Capacitación y Promoción, Ernesto Lamas, decisión que si bien no implica un despido del funcionario sí supone el relevamiento de sus responsabilidades y una significativa reducción en sus remuneraciones. Según un comunicado emitido por la Comisión interna de ATE, la disposición paraliza “aún más las acciones del sector que desarrolla la mayor parte del trabajo territorial de la Defensoría y que responde a las demandas de diferentes sectores de la sociedad mediante capacitaciones y actividades orientadas a promover y garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación”.
Lamas es por el momento el único director separado de su cargo. No obstante el abogado José Miguez Iñarra, asesor del Sistema Federal de Medios Públicos, fue designado en el puesto de director general de Protección de Derechos, quedando bajo su responsabilidad la Dirección de Protección de Derechos que dirige María José Guembe, y la de Relación con las Audiencias, encargada de recibir denuncias, reclamos y pedidos del público.
Sin Defensor del Público designado, sin que exista siquiera un borrador de la prometida ley de “convergencia digital”, mientras se desguaza también el sistema de medios públicos y con la industria editorial en crisis, con la colaboración de los diputados Marcos Lavagna y Diego Bossio, promotores del proyecto, el oficialismo impulsó antes de finalizar el año la aprobación en ambas cámaras del Congreso de una ley para eliminar la regulación sobre el papel para diarios que favorece a la principal empresa productora de ese insumo en el país, Papel Prensa, de la que son socios Clarín, La Nación y el Estado nacional.
Todos son componentes –si bien no los únicos– de un escenario comunicacional cada día más lejano al ejercicio efectivo del derecho a la comunicación, que no refiere ni siquiera exclusivamente a la libertad de información y de comunicación, sino que está claramente atravesado por condiciones efectivas para garantizar derechos ciudadanos de acceso y participación restringidos por motivos económicos de grupos y empresas aliadas con intereses políticos y culturales que afectan seriamente a la democracia.
Fuente: PáginaI12