La dirección del diario ha confirmado que los juristas de Prensa Ibérica, el grupo editor del periódico, están estudiando todos los aspectos de la intervención ordenada por el juez Miguel Florit, que además de la requisa del teléfono del periodista Kiko Mestre instaba a la entrega de sus ordenadores o cualquier otro soporte electrónico.
El periódico, que se negó a entregar esos equipos, considera que la actuación judicial apoyada por la Fiscalía Anticorrupción vulnera el derecho al secreto profesional amparado por el artículo 20 de la Constitución, y por ello ejercerá acciones legales contra los responsables.
La subdirectora Marisa Goñi ha resaltado que desde la tarde del martes han recibido cientos de llamadas en su centralita, desde la isla, el resto de Baleares y la península, de personas que han expresado su apoyo a Diario de Mallorca y su rechazo a la intervención policial.
En su editorial de este miércoles el rotativo señala que la orden judicial no tiene precedentes y recuerda que se llevó a cabo "a instancias de dos imputados en una macrocausa de corrupción que afecta a empresarios poderosos, policías, funcionarios y políticos".
El diario considera "gravísimas" las consecuencias inmediatas de la actuación contra su redactor, que son "la identificación de las fuentes de información y la coacción a su trabajo periodístico", cuyo objetivo final es "impedir que se publique información sobre el caso".
La dirección en Baleares del otro medio afectado por la operación instada por el juez del caso Cursach, Europa Press, ha indicado que los servicios jurídicos de la agencia estudian su respuesta.
News Media Europe condena los registros policiales a Europa Press y Diario de Mallorca
News Media Europe (NME) ha mostrado en un comunicado su "rechazo enérgico y su más firme condena" a los registros policiales que tuvieron lugar este martes 12 de diciembre en la sede de la agencia de noticias Europa Press en Baleares y en el periódico Diario de Mallorca, con el objetivo de requisar documentación, móviles personales y materiales corporativos en el marco de la Operación Cursach
De este modo, la Asociación Europea de Editores condena lo que supone un "claro ataque contra los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de los medios de información".
Asimismo, News Media Europe recuerda a las autoridades policiales y judiciales que no pueden obtener información confidencial de los profesionales de los medios de comunicación que ejercen su labor bajo el amparo del derecho fundamental a proteger sus fuentes.
La causa
El juez Miguel Florit, que instruye la macrocausa contra el magnate de la noche Bartolomé Cursach, ordenó ayer a la Policía Nacional que requisara el teléfono móvil del periodista de "Diario de Mallorca" Kiko Mestre, así como la documentación que tuviera en las oficinas del rotativo. El propósito de la actuación es dar con la fuente que facilitó el informe redactado por la propia policía sobre las presuntas irregularidades económicas del empresario, informe que había sido publicado el pasado 6 de julio por el rotativo de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este diario.
Agentes de la Policía Nacional se personaron en las instalaciones del diario pasadas las cuatro y media de la tarde, y se marcharon minutos después tras constatar la negativa de la dirección del periódico y del redactor Kiko Mestre a hacerles entrega de ningún tipo de material voluntariamente. Al despedirse, los efectivos advirtieron a los responsables del medio que volverían con una orden judicial. Unas horas antes tres agentes, dos policías encargados de la investigación de Cursach y un experto en informática, habían conseguido que Mestre les entregara su móvil profesional y personal en los juzgados, donde se encontraba trabajando por estar especializado en información judicial. Los agentes le convocaron en jefatura y después, por teléfono, le citaron en el juzgado, donde les entregó sin oposición el dispositivo tras ser advertido de que no podía negarse por la existencia de una resolución judicial apoyada además por la Fiscalía.
La diligencia del juez Florit se hizo extensiva a Europa Press, que también se había hecho eco del informe policial obrante en una causa bajo secreto de sumario. Los agentes se personaron en la redacción de la agencia al filo de las tres y media de la tarde y la redactora, Blanca Pou, se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes. Los agentes le negaron la posibilidad de contactar con los servicios jurídicos de la empresa y, amparándose en el mandato judicial, se llevaron su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de la información publicada también por "Diario de Mallorca".
La diligencia del juez Florit ordena "la intervención para su posterior volcado y estudio del teléfono móvil" de los dos periodistas, así como "la intervención o requerimiento para entrega voluntaria de cualquier documento policial o judicial en cualquier formato relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivadas. Se intervendrán también o se requerirá la aportación de memorias externas o pendrives que pudieran contener los documentos interesados". El juez deja claro que "se pretende y se autoriza el estudio de Whatsapps, correo electrónico y otras redes sociales a fin de detectar posibles envíos de datos, filtrados por parte de los investigados, así como la intervención de cualquier documento o archivo relacionado con la investigación del caso Cursach y sus derivados".
Ninguno de los dos periodistas objeto de esta medida sin precedentes están investigados en la causa, ni siquiera han sido citados como testigos, solo han informado sobre ella.
La noticia publicada por "Diario de Mallorca" y Europa Press cuyo origen indaga el juez Florit reproducía un informe policial en el que se asegura que el fraude fiscal en las sociedades que controla el magnate Tolo Cursach supera los 51 millones de euros. A esta cifra había que añadir otros 14,7 millones de euros por impago de cuotas de la Seguridad Social de los empleados que trabajan sin contrato. Un posterior informe de la Agencia Tributaria negó la existencia del fraude fiscal y el juez lo persigue ahora por presunto delito contable.
El empresario Bartomeu Cursach estuvo un año en prisión preventiva y ha sido condenado por tenencia ilícita de armas. Salió en libertad tras conseguir en cinco horas reunir una fianza de un millón de euros. En estos momentos, se le investiga al menos en tres causas judiciales, dos de ellas relacionadas con supuestos pagos a funcionarios y policías locales para beneficiar a sus negocios, avisarle de inspecciones y perseguir a la competencia. En las causas también se investiga a políticos que habrían sido pagados con prostitutas y drogas a cambio de favores empresariales al magnate del ocio nocturno.
Fuente: Agencia EFE, Europa Press y Diario de Mallorca